UCAYALI
Decomisan madera por malas prácticas
(El Comercio, 20 de marzo).-La Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales realizó una inspección en la concesión de la empresa Project World Green Perú, y descubrió prácticas ilegales tales como el uso de sierras eléctricas para la tala, por lo que se decomisó la madera aserrada. La carga quedará bajo custodia de la comunidad de Puerto Azul, cuyos pobladores habían alertado sobre este hecho.
Más información:
Inforegion
AIDESEP
SERVINDI
(Inforegion, 16 de marzo de 2010).-A solicitud de la comunidad nativa de Puerto Azul, una fiscal especializada en medio ambiente inspeccionó el último lunes la concesión forestal de la empresa Proyect Word Green Perú con el objetivo de verificar si existe tala ilegal o contaminación de las aguas por derrame de combustible en la zona.
La intervención fiscal, que se realizó con el apoyo de la Policía Nacional, se efectuó en el área de la concesión que se encuentra ubicada en las Unidades de Aprovechamiento 538,539, 540 y 541 del Bosque de Producción Permanente de Ucayali.
La comunidad cacataibo de Puerto Azul, que es asesorada por la ONG Instituto del Bien Común (IBC), el año pasado denunció los presuntos hechos ante diferentes instancias y en especial ante el Organismo Supervisor de los Recursos Forestales (OSINFOR).
Este último organismo realizó una inspección a la zona y sus funcionarios determinaron la suspensión de actividades de la empresa forestal y le inició un proceso de caducidad, con el fin de anular el contrato de concesión.
Se defiende
El gerente de la empresa Proyect Word Green Perú, Tomás Benavente, señaló que esas acusaciones son falsas y tendenciosas, y precisó que los comuneros de Puerto Azul estarían siendo engañados y manipulados por el IBC.
El empresario maderero explicó que viene cumpliendo el Plan General de Manejo Forestal y su Plan Operativo Anual, sin afectar los derechos de los nativos y a los pobladores de otras comunidades mestizas.
Ver aquí
La Defensoría del Pueblo a través de la Adj. Del Medio Ambiente Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, a sacado el Informe de Adjuntía Nº 030-2009-DP/AMASPPI-MA - El Estado Peruano y el Aprovechamiento Sostenible de los Bosques Naturales. Seguimiento del Anexo 18.3.4 "Sobre el manejo del Sector Forestal" del Protocolo de Enmienda al Acuerdo de Promoción Comercial entre Perú y Estados Unidos de Norteamérica
http://www.defensoria.gob.pe/inform-varios.php
Servindi, 24 de noviembre, 2009. Un video publicado a fines del mes pasado en You Tube muestra la deforestación que realiza la concesión de aproximadamente 8 mil hectáreas entregadas al proyecto Palmas del Shanushi, en la región amazónica de Loreto, para la producción de agrocombustibles.
El titular de la concesión es Agropecuaria del Shanushi S.A., una de las empresas del Grupo Romero, y el área se ubica en el distrito de Yurimaguas, provincia de Alto Amazonas, región Loreto.
El predio se entregó en concesión a un valor aproximado de 18 soles la hectárea (6 dólares) sin considerar que dentro de ella habitaban 60 familias del pueblo quechua-lamista de San Juan de Pacchilla, cuyos predios fueron arrasados a pesar de haber sido delimitados por el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri).
La actividad habría generado la contaminación del agua de la quebrada Yanayacu, según lo confirmó el año pasado una comisión multisectorial de Yurimaguas que verificó que “no es apta para consumo humano”.
El Frente de Defensa de Alto Amazonas (FREDESAA) ha reclamado de manera insistente la expulsión inmediata de la empresa.
Lo misma actividad de deforestación y afectación de pobladores estaría sucediendo con posesionarios del sector Capulí, entre los límites de la comunidad de Naranjal (distrito de Cainarachi) y San Juan de Pacchilla (distrito de Barranquita) informó el diario La Primera.
En similar situación se encuentra la comunidad de “Bella Selva”, que ya no está en Loreto sino en Barranquita, San Martín, además de otros posesionarios con más de diez años en el lugar.
La deforestación se estaría también realizando en la cuenca del río Caynarachi donde opera el proyecto “Palmas del Oriente” a nombre de la empresa Agrícola del Caynarachi, también asociada al Grupo Romero.
El obispo del Vicariato Apostólico de Yurimaguas, monseñor José Luis Astigarraga Lizarralde, es una de las personalidades que ha cuestionado la decisión del gobierno de entregar la concesión en la cuenca del Caynarachi por que se ha perjudicado a miles de indígenas que utilizaban esas tierras para cultivar productos de autoconsumo.
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Para más información leer:
http://www.diariolaprimeraperu.com/online/noticia.php?IDnoticia=16579
El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR) realizó el Tercer Encuentro Regional con la Sociedad Civil y los Organismos del Estado e inauguró su tercera oficina desconcentrada en Pucallpa.
El evento contó con la presencia del biólogo Richard Bustamante, presidente ejecutivo de la entidad supervisora; Nicanor Saldaña, secretario general de OSINFOR, y Cecilio Soria, en representación de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.
“Somos la institución responsable de hacer cumplir la legislación forestal, teniendo como premisa la protección de la flora y la fauna silvestre. Para ello se efectuará un trabajo específico en cada una de las regiones donde existen concesiones forestales”, remarcó el presidente de OSINFOR.
Publicado en OSINFOR
El pasado 18 de Octubre comenzó en la ciudad de Buenos Aires (Argentina) el Congreso Forestal Mundial (CFM). Una serie de organizaciones llevan a cabo actividades paralelas al congreso oficial, para manifestar sus preocupaciones en torno al mismo. Integrantes de diversos movimientos sociales se reunirán para discutir e intercambiar experiencias de lucha y resistencia entre comunidades afectadas por los monocultivos de árboles, pero sobre todo para debatir los temas que realmente importan como la Soberanía Alimentaria de las comunidades afectadas por el avance de los monocultivos.
Como contribución al proceso, el WRM ha preparado una seria de materiales vinculados al Congreso Forestal Mundial, a los que se puede acceder a través de la portada de nuestra página web. Allí se puede encontrar una serie de materiales, entre los que destacamos:
* “¿Por qué nos preocupa el Congreso Forestal Mundial?”, donde se resumen los aspectos del Congreso que generan mayores inquietudes en materia social y ambiental.
* “El fraude de la ‘neutralidad en carbono’ en el Congreso Forestal Mundial”. El Congreso se ha declarado “carbono neutral” y para esto comprará créditos de carbono a una empresa celulósica brasilera que recientemente ha sido denunciada por la Defensoría Pública de Brasil. El artículo denuncia además el fraude del mercado del carbono.
* “Declaración de las mujeres sobre los impactos de la expansión de los monocultivos de árboles exóticos sobre la pradera”. Quienes promueven las plantaciones muchas veces utilizan entre sus argumentos de que ésta es una actividad que redunda en beneficios para las mujeres. Sin embargo, mujeres de Brasil, Argentina y Uruguay desenmascaran y denuncian en esta declaración los impactos negativos diferenciados de las plantaciones que ellas sufren.
* “Argentina: Misiones - pinos, pasteras y mentiras”. Dado que Misiones es descrita como la “principal provincia forestal del país”, seguramente será mostrada como el “ejemplo” en materia de desarrollo forestal. En este artículo se difunden testimonios locales que muestran la gran mentira del desarrollo forestal.
Por entrevistas en Buenos Aires: (+ 598 98) 407572
Por información adicional: wrm@wrm.org.uy / www.wrm.org.uy/inicio.html
Información obtenida de WRM
(Semanaeconomica.com, 21 de agosto de 2009).- El gobierno culminará dentro de 30 días a más tardar el texto del proyecto de ley de la nueva Ley Forestal que reemplazará a decreto Legislativo N° 1090, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que fue derogado por el Congreso de la República, informó hoy el ministro de Agricultura, Adolfo de Córdova.
Cabe indicar que el Congreso de la República aprobó el 18 de junio una ley que derogó el Decreto Legislativo N° 1090, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, pero eso originó que el Perú caiga en una situación de incumplimiento en el marco del tratado de libre comercio con Estados Unidos. Posteriormente, el Ministerio de Agricultura y el Mincetur decidieron establecer a mediados de julio una mesa de diálogo con representantes de las comunidades amazónicas para concertar el texto del proyecto de ley.
El ministro indicó que el gobierno ha priorizado este proyecto de ley debido a que es importante para la implementación del TLC y para fomentar el desarrollo de la amazonía peruana, con el manejo adecuado de los recursos naturales que existen.
Lucila Pautrat: Gobierno utilizó TLC con EE.UU. como pretexto para no derogar decreto 1090
Por: Ideeleradio
Ideeleradio.- El gobierno utilizó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC) como pretexto para no derogar el Decreto Legislativo 1090, porque lo que realmente busca es aperturar el mercado de tierras de la Amazonía para otorgarlas a los inversionistas ligados al negocio de los biocombustibles, afirmó Lucila Pautrat, coordinadora del Equipo de Bosques de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
“El TLC se ha usado como pretexto para no derogar el decreto legislativo 1090. Las autoridades señalaron que si lo derogaban se afectaba el TLC con Estados Unidos, pero eso no es así. Con el 1090 modificado, ya estamos incumpliendo el TLC, porque algunas regulaciones no se han cumplido. (…) El gobierno lo que busca es abrir el mercado de tierras de las comunidades que el señor presidente (Alan García) había denominado en su discurso del Perro del Hortelano como tierras ociosa”, afirmó en el programa "No Hay Derecho" de Ideeleradio.
“Han existido errores de algunas autoridades que han tratado de justificar el decreto 1090, señalando que favorece a la reforestación de tierras deforestadas, lo que no es verdad, porque las tierras deforestadas están en Tocache, en el Valle del Monzón, en las zonas cocaleras y no en la Amazonía. Esas zonas no son las que se van a entregar para los biocombustibles”, agregó.
La ex comisionada de la Adjuntía para los Servicios Públicos y Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo, aclaró que detrás de estas normas, existen grandes intereses de inversionistas privados.
“Lo que está detrás es el negocio de los biocombustibles, se necesitaba aperturar el mercado de tierras de la Amazonía de la selva baja, para otorgar tierras a los inversionistas privados que ya han solicitado al Ministerio de Agricultura, miles de hectáreas para la promoción de biocombustibles”, refirió.
“Con la modificatoria del 1090 se deja la posibilidad de hacer un cambio de uso de las tierras forestales y eso genera un incentivo perverso al tráfico de tierras porque actualmente COFOPRI viene entregando títulos de propiedad a pequeños colonos parceleros que deforestan, queman y abren chacras para poder acceder a un título o certificado de posesionario y después vender las tierras”, explicó.
Señaló que el gobierno no sólo ha violado el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sino también el protocolo de enmienda del TLC con Estados Unidos, pues aseguró que ambos documentos afirman que se debe realizar una consulta previa a las comunidades nativas.
“Se ha debilitado la institucionalidad forestal y la misma administración forestal no cuenta con los recursos suficientes para cumplir con el TLC, que señala la consulta previa. Si realmente se quisiera cumplir, no hay los recursos necesarios para garantizar un mejor control de la tala ilegal. No se ha avanzado nada en esto”, refirió.
“Las comunidades nativas tienen temor, porque la sobrevivencia de las comunidades depende de la calidad del bosque. Ellas (las comunidades) están bien alimentadas, pero en un bosque alterado, con invasiones y actividades contaminantes, éstas tienen afectaciones a su calidad de vida”, añadió.
Cuestionó la “forma arbitraria” en la que el Estado aprobó los cuestionados dispositivos legales, sin cumplir con los procedimientos correspondientes, como la pre publicación de las normas, la participación ciudadana y la consulta a las comunidades nativas.
En ese sentido recomendó que se abra un debate amplio sobre los decretos legislativos que atentan contra la Amazonía y se elabore una nueva Ley Forestal, pero con la previa consulta a “las comunidades, a los presidentes regionales, a los sectores industriales y a los organismos ambientalistas”.
“Las políticas de comercio de exterior y desarrollo, no pueden estar por encima de los derechos de los ciudadanos, afectar sus vidas y estar por encima de la Constitución”, concluyó.
El Decreto Legislativo 1090 y 1064 referidos a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre fueron suspendidos con 57 votos a favor, 47 en contra y una abstención. Esto provocó gran descontento del grupo nacionalista del Congreso, puesto que los apristas en la voz de Aurelio Pastor plantearon que primero se debata la suspensión y no la derogatoria como fue propuesto inicialmente por los congresistas nacionalistas.
Al terminar el Pleno del Congreso, la bancada Nacionalista se quedó en las instalaciones del Hemiciclo como una medida de protesta por decisión tomada. María Sumire dijo que permanecerá allí hasta que se derogue el paquete de decretos que es cuestionado por la Amazonía. “Estoy en huelga de hambre”, dijo la legisladora, mientras que su colega de bancada, Cayo Galindo, confirmó que los miembros de la bancada nacionalista no abandonarán las instalaciones del Congreso.
“La responsabilidad del Congreso ante el país era derogar el decreto, no suspenderlo. Con esto, el Gobierno y sus aliados han pisoteado la democracia y quieren demostrar que saldrán a reprimir con todo a la población”, denunció la congresista Juana Huancahuari.
Luego de ello, el día de ayer estos congresistas fueron suspendidos sin goce de haber por 120 días
Los congresistas del Partido Nacionalista sancionados:
- María Sumire,
- Hilaria Supa,
- Nancy Obregón,
- Juana Huancahuari,
- Rafel Vásquez,
- Cayo Galindo,
- Janeth Cajahuanca.
Una mecida más
El Pleno del Congreso sesionará hoy miércoles desde las 10 de la mañana y en la oportunidad se debatirá un proyecto de ley para suspender por 90 días la vigencia del Decreto
Se suspendió el debate y la votación de la derogatoria del Decreto Legislativo 1090, luego de aprobarse una cuestión previa consistente en la presentación de una propuesta de derogatoria, modificatoria o ratificación de los decretos legislativos por la Comisión Multisectorial conformada por representantes del Poder Ejecutivo y AIDESEP. Esta cuestión previa fue presentada por el parlamentario aprista Mauricio Mulder.
En la votación de hoy, la propuesta de Mulder tuvo 38 votos a favor, 21 en contra y 9 abstinencias. El Presidente del Congreso Javier Velásquez Quesquén inició la votación a las 10 de la mañana, cuando sólo algunos congresistas del Partido Nacionalista se hallaban en sus curules.
Maria Sumire presentó un pedido de reconsideración para que descarte la cuestión previa presentada por Mulder y vuelva al pleno el debate del decreto legislativo 1090. Tal como dicta el reglamento, Velásquez Quesquén dio pase a la votación.
Sin embargo, este pedido no tuvo los votos suficientes ya que se necesita mayoría calificada (1/3 de aceptación en el pleno) para aprobar una reconsideración. La referida solicitud sólo obtuvo 31 votos a favor, frente a 40 en contra y 8 abstenciones.
La ministra de Comercio Exterior, Mercedes Aráoz, reiteró que la derogatoria del Decreto 1090, generaría un caos, porque es una norma integral que defiende la equidad de la tierra. “Hay intereses políticos subalternos en la búsqueda de la derogatoria de la Ley 1090, sobre todo de los humalistas que quieren que no haya un TLC con Estados Unidos y así paralizar el desarrolo del país”, afirmó, al tiempo de añadir que el Gobierno busca todas las formas promover el diálogo con los indígenas; sin embargo, ella no tiene en cuenta que el decreto legislativo 1090 fue considerado inconstitucional por la Comisión de Constitución al considerar que vulnera el derecho a la consulta previa reconocido en el Convenio 169 de la Organizacion Internacional del Trabajo (OIT), firmado por Perú y que tiene rango constitucional. .
Como se sabe, Alberto Pizango, titular de la Adeisep, asociación de indígenas que promueve las protestas en la Amazonía, dijo que sería una buena señal que el Congreso derogue el decreto 1090 para evaluar si suspendían su medida de fuerza, que ha generado una crisis en la selva.
Fuente: CNR, RPP, 24 Horas Libre
Foto: 24 Horas Libre
La Red Muqui, Red de propuesta y Acción, mediante una nota de Prensa hace nuestro conocimiento los conflictos con los derechos humanos que presenta el Decreto Legislativo 1090, la llamada Ley Forestal. Un primer problema con el Decreto Legislativo 1090 es que en el proceso de su aprobación se ha pasado por alto la consulta a los pueblos indígenas y demás poblaciones que habitan la amazonía peruana.
Sin embargo, existen otros problemas. El Dec. Leg. 1090 excluye de la definición de recursos forestales a las plantaciones forestales y tierras de uso mayor de producción forestal. Es decir, ya no son consideradas como parte del patrimonio forestal nacional.
A partir de esta norma, los bosques que solo podían ser entregados en concesión para la explotación de madera u otros recursos no maderables, ahora pueden darse en propiedad y cambiar su uso. La finalidad de ello sería beneficiar la producción de agro combustibles. Por esta razón, el Dec. Leg. 1064 (nueva ley de tierras) comprende dichas tierras en las de uso agrario.
Otro tema que preocupa es la incorporación de la “Concesión por Iniciativa Privada” como nueva modalidad de aprovechamiento forestal con fines maderables, lo que elimina la exigencia de una subasta o concurso público, tal y como lo establecía la anterior ley. Con el cambio operado, un particular puede solicitar directamente al Estado la entrega de un terreno boscoso.
Asimismo, incorpora como modalidad de aprovechamiento de fauna silvestre a los Cotos de Caza “Forestal”.
De otro lado, la participación civil es reducida al mínimo, pues elimina la figura de los comités de gestión de bosques y el órgano consultivo representado en la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR.
De igual modo, el Decreto Legislativo 1090 no fortalece el sistema de control y supervisión de las concesiones forestales para evitar la tala ilegal.
Finalmente, como lo han señalado varios especialistas, el 1090 permite legitimar productos de origen controversial al señalar que “los usuarios deben acreditar la legitimidad de su derecho de acuerdo a las condiciones y requisitos establecidos por el Ministerio de Agricultura”. Esto equivale a ratificar los mecanismos del adquiriente de buena fe utilizado en los últimos años por el Ministerio.
Por las razones expuestas, la Red Muqui considera que el Pleno del Congreso debe derogar dicha norma y dar otra que verdaderamente proteja el patrimonio forestal del país.
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Más información:
Muqui "Red de Propuesta y Acción"
Página web: www.muqui.org
Email: prensaredmuqui@gmail.com
El presidente del Congreso, Javier Velásquez, informó que la derogatoria será debatida en la sesión de pleno del próximo miércoles. Una cuestión de orden presentada por el Partido Nacionalista para que el tema se viera de inmediato, debido a la urgencia de resolver la paralización amazónica, fue rechazada por la mayoría.
Mientras miles de pobladores esperan en la Amazonía un avance para la solución de sus demandas, el Parlamento pierde el tiempo en discusiones bizantinas (innecesariamente complicadas), señaló ayer el vocero nacionalista Fredy Otárola.
Si ya la Comisión de Constitución dijo que el DL 1090 es inconstitucional, por qué no se procede a su inmediata derogatoria y se hace esperar a la gente de la Amazonía una semana más, expresó.
Fuente: La Primera
Por siete votos a favor, seis en contra y una abstención la Comisión de Constitución se pronunció hoy por la inconstitucionalidad y el archivamiento del Decreto Legislativo N° 1090, que aprueba la ley forestal de fauna silvestre y era uno de los impugnados por dirigentes de pueblos indígenas.
Tras dos horas de discusión en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea, con el voto de los parlamentarios Edgard Reymundo (BP), Alda Lazo (AN), Marisol Espinoza (PNP), Daniel Abugattás (PNP), María Sumire (PNP), Rolando Sousa (AF) y Aldo Estrada (UPP) se aprobó el informe en minoría del legislador Daniel Abugattás que establece la inconstitucionalidad de los DL.
Mientras los apristas Aurelio Pastor, Jorge del Castilllo, Javier Valle Riestra, Mauricio Mulder, José Vargas (presidente de la comisión de Constitución) y Javier Bedoya (UN) votaron en contra.
Por su parte, Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) agradeció a los legisladores por concluir en que el DL 1090 es inconstitucional. “Es un importante paso para la solución definitiva y perdurable”, sentenció el dirigente.
Durante la exposición de argumentos en la comisión de Constitución, la parlamentaria María Sumire destacó que el Cconvenio 169 de la OIT, que establece el derecho a la consulta, fue declarada por el Tribunal Constitucional como un tratado en materia de derechos humanos con rango constitucional.
Marisol Espinoza, en tanto, detalló que el artículo 21 del DL 1090 otorga al Ministerio de Agricultura la función de autorizar la deforestación de los bosques para operaciones petroleras, mineras e industriales.
Más adelante, Javier Valle Riestra enfatizó que las comunidades amazónicas no son una colonia de Lima y opinó que estamos actuando como mistis, porque “pontificamos sobre una realidad social que no se domina”.
Optó por proponer que se le dé atención a la acción de inconstitucionalidad presentada por los demás decretos legislativos.
Fuente: CNR y Congreso de la Republica
Foto: Congreso de la Republica
(EFE, 2 de mayo de 2009).- El Gobierno de Estados Unidos creó hoy un comité gubernamental para supervisar las importaciones de madera de Perú e impedir la tala ilegal de árboles amazónicos, en el marco del acuerdo de libre comercio conjunto.
El nuevo órgano lo integran representantes de los departamentos de Estado, Justicia, Interior y Agricultura, y su presidente será un miembro de la Oficina del Representante de Comercio Exterior de Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés), según el memorando emitido por la Casa Blanca.
El comité puede impedir la entrada a Estados Unidos de cargamentos de madera peruana si determina que fue extraída de forma ilegal o si el Gobierno de Perú no coopera suficientemente en la verificación de su origen.
La introducción de estas salvaguardas y la creación del comité responden a las quejas de algunos líderes demócratas en el Congreso sobre el derribo ilegal de árboles de la Amazonía peruana, especialmente de caoba, una madera de gran valor económico.
La administración de George W. Bush aceptó en 2007 la introducción en el acuerdo que ya había sido negociado con Perú de las nuevas cláusulas para garantizar su aprobación en la Legislatura y Lima también les dio su visto bueno.
"La tala ilegal supone una amenaza grave para las plantas y animales de Perú", dijo el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara Baja en un comentario oficial que justifica las nuevas cláusulas. "Es clave que se pare la tala ilegal", añadió.
Un anexo del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Perú establece que el comité recién creado puede solicitar al Gobierno peruano que lleve a cabo una auditoría con un productor maderero para comprobar si cumple con las leyes de su país.
También puede pedir a Perú que verifique el origen de un cargamento específico de madera y que un representante de Estados Unidos participe directamente en ese proceso.
Una vez recibido el informe de Perú, el comité decidirá si acepta o no la entrada de ese producto a Estados Unidos.
El comité gubernamental está obligado a informar con frecuencia al Congreso de las medidas tomadas para poner en práctica las disposiciones contra la tala ilegal contenidas en el acuerdo.
El pacto establecía que Washington debía crear el comité como máximo 90 días desde su entrada en vigor, que ocurrió el pasado 1 de febrero.
(La República, 10 de abril de 2009).- Anexo forestal en la mira. Se comprometió a proteger la biodiversidad y vigilar su comercio.
Después de un año y medio de firmarse el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, el Perú fue denunciado ante la Oficina de Comercio de ese país por incumplir con la implementación del anexo Forestal a que se obligó.Perú incumplió compromiso del TLC con EEUU.
La denuncia fue hecha por tres de las ONGs más importantes que velan por la conservación de los ecosistemas en el mundo: Environmental Investigation Agency (EIA), Natural Resources Defense Council (NRDC) y World Wildlife Foundation (WWF).
Ani Youatt, de NRDC, dijo que estas organizaciones informaron a Peter Allgier, representante comercial de los Estados Unidos, que la nueva Ley Forestal 1090 no permite identificar el origen de la madera que se tala en la Amazonía.
También señaló que el cambio de uso de las tierras que señala esta ley, apelando al concepto de “interés nacional”, justificaría la conversión de áreas protegidas y territorios indígenas, dijo Youatt. El 17 de abril llegarán a Lima miembros de la oficina norteamericana para verificar la denuncia.
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Conclusiones del conversatorio sobre la Ley 29317 versus las acciones del Poder Ejecutivo
(OPINA: Alfredo Gaviria, Subdirector de Tsiroti.com)
(Tsiroti.com, 14 de abril de 2009).- “En el Perú no existe una política forestal definida” fue la principal conclusión del conversatorio “Implicancia de la Ley 29317 que modifica el D.L. 1090, Ley Forestal y de Fauna Silvestre”, realizado el pasado 31 de marzo, en el Auditorio “A” del Colegio de Ingenieros del Perú. ¿Pero es realmente así o el Poder Ejecutivo está aplicando claramente una política forestal orientada hacia la privatización de los bosques y la promoción del cambio de uso de tierras para favorecer la producción de biocombustibles en manos de grandes empresas?
Las exposiciones del conversatorio estuvieron a cargo de Gustavo Suárez de Freitas, del Ministerio de Agricultura; Sandro Chávez, del Foro Ecológico del Perú; y Hugo Che Piu, de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR). Los panelistas invitados fueron Iván Lanegra, de la Defensoría del Pueblo; Fernando León, del Ministerio del Ambiente; Erick Fisher, de la Asociación de Exportadores del Perú (ADEX); y Milo Bozovich, Decano de la Facultad de Ingeniería Forestal de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM).
“EN EL PERÚ NO EXISTE UNA POLÍTICA FORESTAL DEFINIDA”
La primera conclusión a que arribaron los tres expositores es que en el Perú no existe una política forestal definida. Se argumentó que las leyes y otros dispositivos legales son instrumentos de implementación de las políticas; y que para ponernos de acuerdo en las leyes y reglamentos, primero nos debemos poner de acuerdo en las políticas. Resulta indispensable iniciar un proceso amplio, participativo y transparente para definir esta política de Estado, que oriente reformas legales o institucionales ya aprobadas o por aprobarse. Para muchos de los participantes, el Decreto Legislativo 1090 es inconstitucional y urge derogarlo.
Hugo Che Piu, Director Ejecutivo de DAR, indicó en su presentación que el Decreto Legislativo 1090 y la Ley 29317 son una gran modificación de la anterior Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley 27308), con 38 diferencias en total, que van desde el cambio del concepto de recursos forestales hasta la adquisición de productos ilícitos. El actual marco legal e institucional hace muy difícil que se pueda concertar una política en el sector. Se necesita un espacio más efectivo y de mayor nivel que la planteada Subcomisión Forestal y de Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura, para permitir un diálogo a nivel político con la participación de la sociedad civil… Agregó Che Piu.
Sandro Chávez, Presidente del Foro Ecológico del Perú, recordó que el Acuerdo de Promoción Comercial Perú – Estados Unidos (TLC Perú-EEUU) entró en vigencia y ejecución el 1 de febrero de 2009; y que quedan 17 meses para implementar los compromisos del Protocolo de Enmienda de este TLC. Opinó que existe escasa voluntad política del Gobierno Central para dotar con recursos y las facultades necesarias a la Autoridad Forestal para poder cumplir con los compromisos pactados en dicho Protocolo de Enmienda.
La conclusión de la presentación del ingeniero Gustavo Suárez de Freitas, Director (e) de la Dirección General Forestal y de Fauna del Ministerio de Agricultura, es que “se ha corregido deficiencias del Decreto Legislativo 1090 y podría entenderse como una mejora, pero visto en conjunto, la aprobación del Decreto Legislativo 1090 y de la Ley 29317, no significan una mejora sustantiva para el sector. El tema continúa abierto. Esperemos que el futuro permita un proceso más participativo.”
¿EN EL PERÚ NO EXISTE UNA POLÍTICA FORESTAL DEFINIDA?
Concuerdo con los asistentes al evento en señalar la ausencia de una política forestal nacional, en el sentido que no hay una BUENA política forestal. ¿Pero realmente no existe una política forestal nacional en el Perú? ¿Cuál es la actual política forestal peruana? ¿Hacia adónde se orienta? Mi opinión es que en el Perú sí existe una política forestal definida; y está orientada hacia la privatización de los bosques y la promoción del cambio de uso de tierras para favorecer la producción de biocombustibles en manos de grandes empresas. Me atrevo a afirmar también, que la respuesta de muchos forestales apunta a señalar conclusiones similares.
Una de las evidencias de la aplicación de esta política forestal es la emisión del Decreto Legislativo 1090 y su modificatoria la Ley 29317; y es justamente respecto de estas normas que la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y sus bases regionales han manifestado una posición totalmente contraria. Una de esas manifestaciones es el paro amazónico que desde el jueves 9 de abril se realiza exigiendo la derogatoria esta nueva Ley Forestal y de una decena de otros decretos legislativos promulgados ese mismo 28 de junio de 2008, y que en opinión los pobladores indígenas y amazónicos en general, atentan contra sus legítimos intereses. Más instituciones, como la Asociación de Productores Forestales de Ucayali, ONGs y organizaciones productivas y sociales, también han manifestado una posición contraria a este Decreto Legislativo 1090 y las otras normas.
Por otro lado, hace ya dos meses y medio, en el Foro “Nuevos desafíos para el desarrollo sostenible de la amazonía peruana”, realizado el 30 de enero de 2009 por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuano, Ambiente y Ecología del Congreso de la República; se explicaron las bases para la Ley Marco del Desarrollo Sostenible de la Amazonía, la cual tiene como base más de quince proyectos presentados por diferentes bancadas del Parlamento. Precisamente a través de esta Ley Marco se propone también conseguir la derogatoria de la Ley N° 29317 – Ley que modifica e incorpora diversos artículos al Decreto Legislativo Nº 1090, Ley Forestal y de Fauna Silvestre; y de la Ley N° 29316 - Ley que modifica, incorpora y regula diversas disposiciones a fin de implementar el Acuerdo de Promoción Comercial suscrito entre el Perú y los Estados Unidos de América.
Decreto Legislativo 1090 o nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que emitió el Poder Ejecutivo el año pasado, es según todos o casi todos los análisis de los organismos y profesionales relacionados con el tema, una norma inconstitucional; y por lo tanto, su modificatoria también. El interés por evitar más de estos “errores” del actual gobierno, que pongan en riesgo los bosques de la amazonía y la calidad de vida de las poblaciones que la habitan, hace que la sociedad civil haga esfuerzos por tratar de mejorar la situación. Aparte del Capítulo de Ingenieros Forestales en Lima y el Congreso de la República, el tema también ha sido debatido y analizado por el Grupo Regional de Bosques de Loreto y otras organizaciones y círculos académicos en Lima, Madre de Dios, San Martín y Amazonas.
Pero no pensemos que solamente con derogar, elaborar o promulgar leyes vamos a solucionar el problema forestal del país o la problemática del desarrollo selvático. No es por falta de leyes que la amazonía no se desarrolla: nada menos que 18 mil normas acerca y para la amazonía se han dado entre 1821 y 1990, la mayoría de ellas centralistas, contradictorias y cortoplacistas, emitidas de espaldas a la amazonía. Recordemos que las leyes tienen la fuerza y la vigencia que le imprimen los funcionarios encargados de su control y las personas, instituciones y empresas obligadas a su cumplimiento.
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Por Gil Inoach Shawit*
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