(Ideeleradio, 25 de marzo de 2010).- La delegación peruana que representó al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, estuvo mal preparada, porque no formuló compromisos concretos, ni respuestas satisfactorias, afirmó David Lovatón, director del Instituto de Defensa Legal (IDL).
Fue al citar como ejemplo, dos casos en los que el Estado no respondió con argumentos valederos: El reclutamiento de menores por las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y Sendero Luminoso (SL), y el del eventual pedido de la justicia castrense de solicitar jurisdicción para procesar a un grupo de policías por el caso Bagua.
“A nivel de menores enrolados a FF.AA., cuando fueron devueltos a sus familias, [se hizo] una pregunta muy concreta en la comisión: si estos fueron reparados. Y lo que contesto el Estado fue que sí, pero como eran menores de edad, no podían revelar qué tipo de reparación. […] Esto revela una mala preparación y creo que hay un nuevo comisionado mexicano, José Jesús Orozco, que ha ofrecido este año o a más tarde el próximo, hacer una visita in loco al Perú, para investigar las denuncias que hemos hecho”, manifestó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.
“Veo [esto] con mucha preocupación porque el Gobierno Peruano reitera [por otra parte] que hay Estado de Derecho en el país, sin embargo este tipo de actitudes o mala defensa del estado no tranquilizan a la Comisión. […] Yo espero que con el nuevo ministro de justicia, la defensa del Estado, sea mucho más directa en cuando a comprometerse a cosas muy concretas y no decir generalidades como las que dijo el Presidente del Poder Judicial, que el Perú se respeta el Estado de Derecho. La comisión lo que quiere es compromisos concretos en relación a las obligaciones internacionales que tiene el gobierno peruano”, indicó.
Incumplimiento de obligaciones internacionales | Inicio
Lovatón Palacios relató que tanto la Comisión y el staff de abogados que tiene, tomaron nota y vieron con preocupación que en un proceso democrático en el Perú, todavía puede darse graves violaciones a los derechos humanos, como ocurre en Colombia y Venezuela.
“Se han desarrollado un total de cuatro audiencias, en las que hemos participado directa o indirectamente como Coordinadora de Derechos Humanos o como IDL, pero lamentablemente se ha vuelto a relevar frente a la comisión el incumplimiento de una serie de obligaciones internacionales por parte del Estado Peruano en temas claves como los derechos de los niños o de menores de edad, el derecho a la consulta de los pueblos indígenas y, finalmente, en relación a las garantías a la libertad de expresión, a propósito de los últimos hechos ocurridos en el país”, indicó.
“A manera de resumen creo que ha sido importante este periodos de audiencias porque ha revelado una vez más ante la comisión, la falta de cumplimiento de obligaciones internacionales del Estado en estos temas, más allá de las justificaciones que la delegación que el gobierno peruano trajo, absolutamente inaceptables para la comisión en estos temas”, puntualizó.
Estado no dijo nada sobre derecho a la consulta | Inicio
Refirió que el Estado formuló argumentos poco aceptables, en el caso de la implementación del derecho a la consulta de las comunidades indígenas, así como, el del uso de menores de edad en conflicto armado interno, tanto de Sendero Luminoso como de las Fuerzas Armadas.
“Respecto a esto, la representación del Estado trató de justificar este tema diciendo que era una forma que los menores de edad salgan de la pobreza; frente a eso la comisión dijo que mas allá de diversas motivaciones económicas y sociales, era inaceptable que en un Estado permitiera que menores de 18 años hicieran servicio militar, porque eso va en contra de las obligaciones internacionales del Estado Peruano en esta materia”, declaró.
“Lo segundo en relación al derecho a la consulta de los pueblos indígenas hubo una buena audiencia pública en relación a lo pueblo asháninca y ahí en realidad, quedó claro que el Gobierno trató de justificar que ha implementado todo un sistema de participación ciudadana y los peticionarios relevaron que no se estaba discutiendo esto, sino el derecho a la consulta, sobre lo cual Estado no dijo nada”, anotó.
Mala presentación sobre CSJM y Bagua | Inicio
Remarcó que tampoco hubo una buena presentación por parte de la delegación del Estado Peruano, en el caso de la Justicia Militar y las declaraciones del actual presidente del Consejo Supremo de la Justicia Militar (CSJM), Carlos Mesa Angosto, quien declaró que los jefes policiales responsables del operativo en Bagua deberían ser juzgados en la justicia militar.
“Es absolutamente inaceptable, porque era evidente que ellos habían ido a Washington para decir que eso lo estaba viendo la justicia común, y cuando se vieron frente a una declaración que no podían negar -porque la conocían y porque además porque el almirante [Carlos] Mesa fue a la audiencia como espectador-, no hubo una respuesta categórica de la representación peruana, simplemente se pusieron a decir que es una expresión del almirante en su ejercicio de libertad de expresión cuando no lo ha hecho como ciudadano común sino como autoridad”, expresó.
Precisó que esto ocurrió en la audiencia referida a criminalización de la protesta social en la que frente a la delegación del Estado Peruano, estuvo el representante del Ministerio Publico, Víctor Cubas y el presidente del Poder Judicial, Villa Stein.
Finalmente, explicó que en materia de libertad expresión, hubo una audiencia regional andina en la que participaron cinco países, donde se señaló que existen tendencias muy preocupantes en relación a la libertad de expresión, los mismos que se presentan con intensidad.
“[Se habló de] concentración de la propiedad de los medios de comunicación, la manipulación de procedimientos administrativos, [que] creo son temas que tocan al Perú también, pero además hay problemas regionales que hay que tratar con mucho cuidado”, concluyó.
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