Ante la CIDEH, Gobierno responderá por Criminalización y Represión a la protesta social en el Perú

Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Gobierno responderá por Criminalización y Represión
a la protesta social en el Perú

En el marco del 138º Periodo de sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará el martes 23 de marzo la audiencia denominada “Criminalización y Represión a la protesta social en el Perú”, en donde el gobierno deberá responder sobre las restricciones al libre ejercicio a la libertad de expresión, reunión, asociación y vulneración al derecho a la vida, en el marco de la conflictividad social existente en el Perú.


“Si bien el gobierno ha ensayado diversas estrategias para afrontar el fenómeno de la conflictividad social, esta se ha incrementado en el país y ha sido acompañada de una creciente vulneración de derechos fundamentales por parte del Estado, con un impacto preocupante en las organizaciones gremiales, indígenas y de derechos humanos”, señaló Miguel Jugo, director de Proyección Institucional de la Asociación Pro Derechos Humanos, quien se encuentra en Washington para participar en esta audiencia solicitada por APRODEH y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

“Lamentablemente esta situación no ha cambiado sino que, por el contrario, se viene agudizando. Ello se evidencia con los atentados contra el derecho a la vida e integridad física de las personas que han participado en protestas pacíficas; el uso excesivo de la fuerza; la intervención de las Fuerzas Armadas en las protestas; la suspensión de las licencias y/o decomiso de equipos de varias emisoras radiales en contextos posteriores a los conflictos sociales; los hostigamientos judiciales contra dirigentes sociales (como el caso de Pedro Condori, Secretario General del Sindicato de Casapalca); entre otros hechos ante los que el gobierno peruano debe dar una respuesta”, sostuvo.

Jugo agregó que estas violaciones a los derechos humanos se manifiestan como parte de un proceso de criminalización de la protesta social, el cual ha sido denunciado ante la CIDH por organizaciones sociales e indígenas. “Los informes evidencian que, en nuestro país, lejos de resolver los problemas de fondo y las vulneraciones de derechos subyacentes a la conflictividad social, lo que se busca es convertir en delincuentes comunes o criminales a quienes dirigen las protestas”, remarcó.

Datos:
Entre las afectaciones, producto de la criminalización de la protesta social, figuran:
- Afectaciones contra el derecho a la vida y a la integridad física –32 muertos desde agosto de 2006 a la fecha–, así como el uso desproporcionado de la fuerza y tortura;
- Impunidad de los excesos policiales, evidenciados ampliamente con los hechos de Bagua: existen 4 investigaciones en etapa de instrucción por la muerte de 24 policías y ningún proceso penal abierto por los 10 civiles muertos;
- Hostigamientos judiciales contra dirigentes sociales y defensores de derechos humanos: 600 personas detenidas, denunciadas o procesadas como consecuencia de su participación en algún acto de protesta, entre ellos los casos de Alberto Pizango, Santiago Manuin, Teresita Antazú, entre otros; el caso del dirigente Pedro Condori, Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Casapalca; Freddy Palomino, Presidente del Frente de Defensa de Agricultores y Campesinos de la Selva Central–;
- Vulneraciones a la libertad de expresión como lo demuestran las clausuras, suspensión de licencias y hostigamientos de 20 emisoras radiales, entre ellas, Radio Cutivalú, Radio La Voz de Bagua, entre otras;
- Endurecimiento de las penas para prácticas asociadas a la protesta (hasta 25 años de cárcel);
- Recorte de garantías a los procesados, etc.