Mediante la Resolución Ministerial Nº 0019-2010-AG, declaran concluido el Proceso de Efectivización de la Transferencia en materia agraria al Gobierno Regional de Ucayali, de las funciones específicas consignadas en los literales “e” y “q” del art. 51 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
Las funciones transferidas son las siguientes:
Artículo 51.- Funciones en materia agraria
e) Desarrollar acciones de vigilancia y control para garantizar el uso sostenible de los recursos naturales bajo su jurisdicción.
q) Otorgar permisos, autorizaciones y concesiones forestales, en áreas al interior de la región, así como ejercer labores de promoción y fiscalización en estricto cumplimiento de la política forestal nacional.
Se autoriza a la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre efectuar las acciones administrativas necesarias para la transferencia de funciones.
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El decreto legislativo 1064, según el Informe elaborado por el abogado, Pedro García Hierro, especialista en derechos indígenas, tiene sólo una vía: la derogatoria. Y tal como él lo previera, derogación inminente, estamos en la línea que este informe "seguirá interesando por la exigencia del estándar que define y aplica."
Obtenido del Blog de Bartolome Clavero
Informe de Pedro García
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Hace menos de una semana la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales presenta un informe titulado "Hechos y aspectos vulneratorios de los Decretos legislativos 1090 y 1064".
Con este informe serían 4, los que sustentan el conflicto de estas normas con la legislación peruana.
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La presidenta en funciones de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Daysi Zapata Fasabi, expresó esta mañana su intención de que el gobierno aprista “ya no se equivoque más” con medidas como lo ocurrido con los decretos legislativos sobre la amazonía, dos de los cuales fueron derogados ayer jueves por el Parlamento.
“Para nosotros, como Aidesep, ayer (jueves) fue un día muy importante porque se han derogado dos decretos legislativos, pero aún quedan otros siete que esperamos se resuelvan también”, señaló en una entrevista radial.
La representante de los pueblos indígenas pidió por el contario a todos los sectores sociales y políticos entenderse en este nuevo espacio de reconciliación en el que el gobierno ha dado un paso atrás para derogar las cuestionadas normas 1090 y 1064.
“Dejemos ese espacio para la reconciliación. Con esta experiencia el gobierno va a consultar a los diferentes gremios con criterios, para que el entendimiento sea más viable”, indicó.
Desbloqueo
Informó que la Aidesep ya emitió un pedido a las comunidades indígenas que desbloqueen las carreteras de Yurimaguas y de la selva central, toda vez que ya se aprobó la derogatoria de los decretos y se publicó esta mañana la norma en referencia.
Zapata dijo esperar reunirse con los demás dirigentes de las diversas cuencas amazónicas para reunirse el lunes y seguir conversando en la mesa de diálogo.
Reiteró que los pueblos indígenas no tienen culpa alguna en la matanza en la Estación 6 de Petroperú en Cóndorcanqui, Amazonas, porque había un diálogo permanente con los efectivos policiales que prestaba seguridad en el lugar con quienes convivían, pero que el gobierno los cambió por otro grupo que finalmente derivó en estos lamentables hechos.
Persecución
También, Zapata insistió en que cese la persecución al líder indígena y titular principal de la Aidesep Alberto Pizango Chota. “En ningún momento él (Pizango) autorizó a las bases de ORPIAN (Organización regional de Pueblos Indígenas de Amazonas Norte) para que los indígenas atacaran a los policías, como se ha dicho.
Sobre la interpelación al primer ministro Yehude Simon y a la ministra del Interior Mercedes Cabanillas, dijo que la Aidesep se mantiene ahora al margen de las decisiones que pueda tomar el Poder Legislativo.
Lima, 19 de junio de 2009
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A nombre de los pueblos indígenas, la presidenta en funciones de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Daysi Zapata, expresó hoy su satisfacción por la decisión del Congreso de la República de derogar los cuestionados decretos legislativos 1090 y 1064.
“Hoy es un día histórico, estamos agradecidos porque la voluntad de los pueblos indígenas ha sido escuchada”, enfatizó.
Acompañada de decenas de dirigentes nacionales y regionales con quienes acudió al recinto legislativo, Zapata saludó la actitud del gobierno de Alan García por darles la razón al retroceder con sus decretos que las comunidades nativas consideraron atentatorio contra la amazonía.
“Hoy mismo desde AIDESEP estaremos llamando a nuestras bases para que levanten sus medidas de lucha”, señaló. Mis hermanos de Yurimaguas –agregó- afirmaron que volverán a sus comunidades, apenas los congresistas deroguen los decretos legislativos.
La representante de Aidesep pidió, asimismo, que se deroguen los siete decretos legislativos restantes. Demandó además al Ejecutivo levantar cuanto antes el estado de emergencia y toque de queda instaurados en la ciudad de Bagua, la persecución política y hostigamiento a seis dirigentes de Aidesep, incluyendo al líder indígena Alberto Pizango.
Sobre el presidente de Aidesep, Zapata expresó sus deseos de que retorne pronto de Nicaragua al Perú, por lo que pidió a las autoridades cesar todo tipo de persecución.
“Quiero agradecer a los hermanos peruanos de la costa, sierra y selva por todo el apoyo que nos han dado”, dijo.
Zapata aclaró que ni la dirigencia ni los hermanos indígenas han sido manipulados por organismos no gubernamentales. “Trabajamos con las bases regionales que son las que llevan la voz de los pueblos indígenas. Nosotros no estamos manipulados ni por las ONG ni por los grupos políticos, defendemos los justos derechos de los pueblos indígenas”, precisó.
Invocó a la mesa directiva y a la representación nacional levantar la suspensión aplicada a los siete congresistas que fueron –dijo- injustamente sancionados por defender los derechos de los indígenas.
Lima, 19 de junio de 2009
OFICINA DE COMUNICACIONES AIDESEP
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NOTA DE PRENSA CINDES
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DECRETOS QUE PONEN EN PELIGRO LOS RECURSOS
Y LOS TERRITORIOS ANCESTRALES DE LA AMAZONIA
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El conflicto indígena amazónico es una legitima lucha de nativos indígenas contra el gobierno de Alan García, quien mediante varios decretos rompen la soberanía nacional y ponen en peligro los recursos y los territorios ancestrales de la amazonia.
¿Derogatoria de qué decretos demandan los indígenas?
(1) El Decreto Legislativo 994: Promoción de Inversión Privada en Proyectos de Irrigación: que pone en peligro las tierras comunales sin título de propiedad, que compromete a más de 1200 comunidades campesinas, podrían revertir a favor del Estado y este, al amparo de la norma, entregarla en concesión o venta al gran capital privado. Lo mismo puede pasar con Comunidades Nativas,
(2) El Decreto Legislativo 1064: Aprueba el Régimen Jurídico para el Aprovechamiento de las Tierras de Uso Agrario: lo cual dejaría sin efecto el requisito del acuerdo previo y afectaría directamente a los propietarios de las tierras rurales,
(3) El Decreto Legislativo 1020: Promoción de la Organización de los Productores Agrarios y la Consolidación de la Propiedad Rural para el Crédito Agrario: que embusteramente regula la conformación de las Entidades Asociativas Agrarias, así como su inscripción en el Registro Administrativo, que llevará el Ministerio de Agricultura; para lograr el apoyo al Crédito Agrario Nacional,
(4) El Decreto Legislativo 1083: Promoción del Aprovechamiento Eficiente y la Conservación de los Recursos Hídricos: que pretende la privatización del agua a favor de los grandes grupos de poder económico (entiéndase mineras),
(5) Decreto Legislativo 1081: Creación de Sistema Nacional de Recursos Hídricos: que entrega a la inversión privada el aprovechamiento del agua, otorga seguridad jurídica de contrato ley de uso y usufructo de este preciado recurso, lo que conllevaría al incremento del precio de su consumo en desmedro del humilde poblador peruano,
(6) El Decreto Legislativo 1089 Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Rurales: Norma que allana el camino a la expropiación y explotación de predios rústicos a nivel nacional,
(7) El Decreto Legislativo 1079, supedita las medidas que garantizan el patrimonio de las áreas naturales protegidas, al marco del Acuerdo de Promoción Comercial: ablanda el marco regulatorio, simplificació n administrativa, debilita el fortalecimiento institucional de la gestión ambiental, y propicia la modernización del Estado solo de forma y no de fondo. Esta medida criminal origina la disponibilidad de nuestras áreas naturales, con la finalidad de aprovechamiento del recurso renovable y no renovable (Concesiones Forestales, mineras y Petroleras),
(8) Decreto Legislativo 1090, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, reduce la definición del patrimonio forestal dejando fuera del régimen forestal a cerca de 45 millones de hectáreas de tierras con capacidad forestal, es decir el 64% de los bosques del Perú incluida la valiosa biodiversidad de flora y fauna que serian rematadas a las transnacionales,
(9) La Ley Nº 29317, Ley que modifica el DL 1090 Ley Forestal y de Fauna Silvestre, orientada hacia a la privatización de los bosques y la promoción y el cambio de uso de tierras para favorecer la producción de biocombustibles en manos de grandes empresas transnacionales que de manera criminal propiciarían el cultivo para la industria energética abandonando el cultivo de alimentos básicos de pan llevar,
(10) Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos; ley que regula el uso y gestión de los Recursos Hídricos, norma que regula no solo el uso del agua como un recurso sino los bienes asociados a el, sean estos naturales (fajas marginales cauces, glaciares, etc) o artificiales( captaciones, almacenamiento, conexión, étc) llegando así a su privatización, estos son los argumentos por los cuales los nativos se mantiene en lucha y están muriendo y el resto del Perú no puede aceptar con normalidad semejantes crímenes.
Agradecemos su difusión
DEPARTAMENTO DE PRENSA Y COMUNICACIONES DE CINDES
Lima, 13 de junio 2009
Información obtenida de Mapuexpress
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Parece que con la derogación de los decretos "conflictivos" la problematica indígena se soluciona. Lamentablemente no es así. La prensa nacional y en general los medios de comunicación van apaciguando el clima de Bagua. Ahora ya no importa que esta pasando allá, si hay detenidos que no tienen defensor, si se han encontrado a todas las personas desaparecidas, si los heridos se encuentran en buen estado, etc.
El Congreso de la República convocó a sesión plenaria con el objetivo de derogar los decretos legislativos 1090 y 1064, por ser inconstitucionales y como propuesta del ejecutivo.
El proyecto aprobado resume en dos artículos nueve proyectos de ley presentados con anterioridad con el mismo propósito.
En la primera votación, el documento fue aprobado con 82 votos a favor y 12 en contra; y fue sancionado en segunda votación, con 82 votos a favor y 14 en contra. En ninguno de los dos casos hubo abstenciones.
La presidenta de la Comisión Multipartidaria, Gloria Ramos, manifestó que si hubiera habido esa voluntad antes de los penosos sucesos acaecidos el 5 de junio último, este acto sería el más responsable que el gobierno haya demostrado a su población, pero no es tarde, agregó.
“En la Comisión que presido se acaba de aprobar el informe de la Consulta Previa para que a través de un mecanismo jurídico se pueda modificar el reglamento interno del Congreso de la República y poder integrar la consulta previa a las normas del parlamento peruano; esta es una tarea ineludible que se tiene que cumplir en respeto a los acuerdos internacionales y a los derechos de nuestra población indígena”, puntualizó. (19-06-2009)
Despacho de la congresista Gloria Ramos.
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Hoy, la Defensoría del Pueblo ha presentado una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto Legislativo Nº 1064, por vulnerar los derechos de identidad cultural, de la propiedad y de consulta previa a los pueblos indígenas, previstos en la Constitución y el Convenio Nº 169 de la OIT.
Ir a la Demanda de Inconstitucionalidad
La Defensoria del Pueblo argumenta que si bien el Decreto Legislativo precisa que su objeto es “crear las condiciones necesarias para el desarrollo de la inversión privada en el sector agrario”, lo que en realidad está normando es la modificación y afectación del régimen jurídico de las tierras de las comunidades campesinas y nativas.
El inciso 19 del artículo 2 y el artículo 89 de la Constitución Política prescriben una protección especial de las referidas comunidades, de acuerdo con los Tratados
Internacionales suscritos y ratificados por el Perú, así como con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y los órganos de control de la OIT.
Para la Defensoría del Pueblo, la afectación resulta agravada porque el Decreto Legislativo también vulnera el artículo 6 del Convenio N° 169 OIT, el cual reconoce el derecho fundamental de los pueblos indígenas a ser consultados respecto de las medidas susceptibles de afectarlos directamente, consulta que no ha sido realizada en el presente caso, de acuerdo con los parámetros establecidos internacionalmente.
La demanda muestra cómo, al emitir el Decreto Legislativo N° 1064, el Poder Ejecutivo ha excedido los límites de la delegación de facultades que le otorgara el Congreso de la República, contraviniendo de este modo el artículo 104 de la Constitución. Asimismo se evidencia la imposibilidad de que el Poder Ejecutivo regule derechos
fundamentales como el de identidad cultural, mediante un decreto legislativo, toda vez que, conforme a la Constitución, esta es una materia que solo puede ser legislada por el Congreso de la República.
En ese sentido, la Defensoría del Pueblo precisa que el Congreso de la República solo
autorizó al Poder Ejecutivo a regular aspectos relacionados con la implementación del
Acuerdo de Promoción Comercial Perú–Estados Unidos, y que este ámbito de delegación
no puede ser interpretado de manera extensiva, como se ha hecho en este caso, más aún
cuando se afectan derechos fundamentales de las personas.
Fuente: Nota de Prensa sobre la Inconstitucionalidad
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La Revista Agraria cumple diez años de existencia y para esta edición publica un artículo sobre la Amazonía y las protestas indígenas que vuelven a poner sobre el tapete los desencuentros entre las petroleras y los pueblos indígenas. Esta vez se trata del Lote 117 a cargo de la empresa brasileña Petrobrás. La zona de influencia de este proyecto extractivo afecta a los pueblos Kichwas y Secoyas de la cuenca del Alto Putumayo y Alto Napo. A su vez también afecta a Pueblos Indígenas en Aislamiento. De hecho este martes próximo, se instala la Comisión Multisectorial (INDEPA) encargada de la categorización de la Reserva Indígena Napo - Tigre. Esta reserva se superpone al lote 117, lo cual es incompatible con el principio de no contacto y con la supuesta política de protección y respeto a los derechos de los pueblos en aislamiento.
Sobre este tema y sus diversos aspectos son entrevistados Alberto Pizango, presidente de la Asociación Interetnica de Desarrollo de la Selva Peruana y, Carlos Soria, especialista en Derecho Ambiental.
Leer artículo completo sobre Lote 117...
Por otro lado, LRA nos trae un artículo sobre los nefastos aspectos de los Decretos Legislativos 1064 y 994. Este último por ejemplo, exige la titulación de los predios y con ello desconoce el derecho de posesión de las comunidades. Para dar cuenta de la gravedad del asunto, se viola la Constitución y el Convenio 169 de la OIT.
Leer artículo sobre DL 1064 y 994...
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El Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano, comunica la instalación de la Comisión Multisectorial que tiene por finalidad evaluar las propuestas de reconocimiento de las Reservas Indígenas que se encuentran en Situación de Aislamiento Voluntario y en Situación de contacto inicial de la Región Amazónica. Se llevará a cabo en Iquitos, este 31 de marzo. INDEPA hace extensiva la invitación a las entidades interesadas
Sobre la Comisión Multisectorial
1. Ley 28736
18 de mayo de 2006
Ley para la Protección de Pueblos Indígenas u originarios en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial.
El objeto de esta ley es establecer un régimen espacial transectorial de protección de los derechos de Pueblos Indígenas que se encuentran en situación de aislamiento (PIAV) o en situación de contacto inicial, garantizando en particular sus derechos a la vida y a la salud salvaguardando su existencia integridad.
Mediante esta ley el Estado garantiza los siguientes derechos a los PIAV, como a la vida y salud; a la decisión en torno a la forma y el proceso de su relación con el resto de la sociedad; a su cultura y sus modos tradicionales de vida; a poseer sus tierras; y al acceso y uso extensivo de sus tierras y recursos naturales.
Se establece las Reservas Indígenas que son tierras delimitadas por el Estado con una intangibilidad transitoria. Sin embargo, si un recurso natural es susceptible de aprovechamiento cuya explotación resulte de necesidad publica para el Estado, se procederá de acuerdo a Ley.
Se prevee autorizaciones excepcionales de ingreso a las reservas en caso de riesgo de salud de las poblaciones, contaminación de los recursos, actividades ilegales u otras situaciones de riesgo.
En las disposiciones finales se indica que dentro de un plazo de 60 días calendario posteriores a la promulgación de esta Ley, se adecuará la situación de las reservas indígenas para adquirir tal categoría. Dispone además, la sustentación de la creación de la reserva mediante un estudio, el mismo que debe ser realizado por una Comisión Multisectorial dirigido por el INDEPA y debe contar con la opinión del gobierno regional.
Casos como el de la Reserva Territorial a favor del grupo étnico Ischonahua creada mediante Resolución Directoral Regional Nº 000201-98-CTARU/DRA-OAJ-T, del 11 de junio de 1998 deberán pasar por este proceso. En la actualidad, no hay información acerca del funcionamiento de la Comisión Multisectorial encargada de la adecuación de las reservas indígenas.
Así también, esta Comisión deberá estudiar propuestas de creación de Reservas Indígenas como es la propuesta para la protección del Pueblo Indígena Cacataibo, ubicadas una, junto al Parque Nacional Cordillera Azul(Ucayali) y la otra en el límite entre Huánuco y Ucayali.
2. Reglamento de la Ley 28736
5 de octubre de 2007
La Comisión Multisectorial esta conformada de la siguiente manera:
a. Un representante del MINDES
b. Un representante de la Defensoria del Pueblo
c. Un representante del Ministerio de Agricultura
d. Un representante del Ministerio de Salud
e. Un representante del Ministerio de Educación
f. Un representante del Gobierno Regional en cuya circunscripción se encontrase, el pueblo en situación de aislamiento y en situación de contacto inicial.
g. Un representante del gobierno local o Provincial
h. Un representante de la facultad de Antropología de una Universidad Nacional, designada por la Asamblea Nacional de Rectores
i. Un representante de la facultad de Antropología de una Universidad Particular, designada por la Asamblea Nacional de Rectores.
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NOTA DE PRENSA
05 de marzo de 2009
La próxima semana se realizará segunda votación del documento
Una vez más el Congreso modifica dictamen del proyecto de Ley de Recursos Hídricos
- Acusan a presidente de la Comisión Agraria de negociar los cambios con empresas mineras.
En medio de un accidentado debate sobre la Ley de Recursos Hídricos, el Congreso de la República decidió postergar la segunda votación de la referida norma para la próxima semana, a fin de que sean incorporadas nuevas modificaciones al proyecto elaborado por la Comisión Agraria.
La nueva versión retoma el texto debatido el 27 de enero en la Comisión Permanente y deja de lado los cambios introducidos y aprobados, en primera votación por el Pleno, el domingo último.
Durante la sesión, el presidente de la Comisión Agraria, Mario Alegría Pastor, solicitó un cuarto intermedio, luego del cual presentó la nueva propuesta que incluía cambios planteados por Unidad Nacional y la bancada aprista. Ello ocasionó el rechazo y protesta del grupo parlamentario nacionalista.
La congresista Juana Huancahuari (PNP) acusó al presidente de la Comisión Agraria de negociar con las empresas mineras, y otras, los cambios operados a la norma y de no tomar en consideración los aportes de la bancada nacionalista, aprobados en el Pleno durante la primera votación.
La Red Muqui considera que se ha tergiversado el debate, no priorizando los temas fundamentales que éste debería tener. Es necesario que la discusión lleve ha establecer una estructura descentralizada y participativa de la gestión, así como una regulación que garantice la protección de los recursos hídricos, entre otros temas.
Agradecemos la difusión
Muqui "Red de Propuesta y Acción"
Página web: www.muqui.org
Email: prensaredmuqui@gmail.com
IN SITU
Alcances en ley de recursos hídricos
El proyecto de la ley de recursos hídricos, aprobado por el Congreso el domingo en primera votación, dispone establecer una mayor coordinación del Gobierno para el uso y explotación de las aguas subterráneas en el país y, además, fijar una tarifa por el servicio de monitoreo y gestión de los acuíferos, que deberá pagar la población.
Para Iván Lanegra, adjunto de la Defensoría del Pueblo para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, este punto no debería ser modificado en la ley que deberá aprobar el Pleno del Legislativo, pues involucra a la población en el uso responsable de estas reservas. “El actual proyecto deberá considerar a las aguas subterráneas como un recurso importante para el país y fortalecer su uso y extracción legal”, agregó.
El proyecto de ley de recursos hídricos dispone, entre otros puntos, crear una autoridad nacional para el manejo del agua.
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NOTA DE PRENSA DEL MINAM: PERU AVANZA HACIA EFICIENCIA AMBIENTAL (Publicado integramente por La República y Andina de Noticias)Llama la atención que dos diarios publiquen integramente la Nota de Prensa del Ministeiro del Ambiente.
COMENTARIO A PARTE.- El avance que se ha dado es sólo a nivel normativo, es decir, en el papel. Es crucial que el gobierno peruano no sólo se preocupe por figurar entre los más rankeados como los "eficientes ambientales" sino que de alta prioridad en la búsqueda de medidas y acciones concretas que ayuden a cerrar la "brecha de implementación" hacia una implementación efectiva.
Al Estado le toca establecer mecanismos de consulta y participación sobre toda medida de alcance general o particular que afecte a los pueblos indígenas, y debe poner especial atención a la legislación, recursos naturales y proyectos de desarrollo. Más eficiente sería se adopten medidas hacia leyes reglamentarias y orgánicas necesarias en consulta con las instituciones representativas de los pueblos indígenas.
Nota de Prensa:
Con la creación del Sistema Nacional de Fiscalización y Evaluación Ambiental (SINEFA) dada hoy mediante Ley Nro. 29325, publicada en el diario El Peruano, nuestro país no sólo avanza en el cumplimiento de la legislación ambiental sino también en el fomento y seguridad para nuevas inversiones, considerando el uso racional y sostenible de los recursos naturales, de manera amigable con el entorno.
La implementación de este sistema, cuya rectoría está a cargo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental OEFA, permitirá prevenir impactos ambientales en los ecosistemas, reducir la contaminación del medio ambiente, y minimizar los costos de remediación, recuperación, y otras acciones correctivas; a favor de la población y del Estado peruano.
En ese sentido, el SINEFA establecerá los principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos que organicen las funciones de fiscalización, supervisión, control y sanción a cargo de las diversas entidades del Estado. Posteriormente, el OEFA, rector del sistema mencionado y organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, fiscalizará a quienes no cumplan con la normatividad ambiental e implementará oficinas en el interior del país en coordinación y colaboración con los gobiernos regionales y locales dadas sus competencias y responsabilidades en evaluación, supervisión y fiscalización ambiental.
A la dación de la ley del SINEFA, se suma el proceso de consulta nacional sobre la propuesta de Política Nacional del Ambiente que el MINAM viene realizando desde el 19 de febrero, con el fin de lograr la aprobación del documento final que busca conservar la calidad de vida de las personas, garantizar la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales en el largo plazo; y el desarrollo sostenible del país, mediante la prevención, protección y recuperación del ambiente y sus componente. (El documento puede descargarse en nuestra página web institucional: www.minam.gob.pe).
Cabe recordar que el año pasado a pocos días de la creación del Ministerio del Ambiente, en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza) se dio a conocer el Ranking Mundial de Eficiencia Ambiental, en el cual nuestro país ocupa el puesto 60 de 149 países. En ese sentido, el Ministro del Ambiente, ha señalado que la meta al 2020 es lograr que Perú se ubique en el puesto 20, lo que implica contar con una política nacional ambiental con metas concretas.
En este sentido, el Ministerio del Ambiente viene trabajando en la Política Nacional del Ambiente por lo que al culminar, el próximo 12 de marzo, los ocho talleres en Lima y provincias para recoger opiniones de representantes de universidades, ONGs, Cooperación internacional y sectores, así como de la ciudadanía en general que opina a través de la página web institucional www.minam.gob.pe, presentará una nueva versión del documento para su aprobación final.
5 de marzo 2009
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Esta vez Bartolmé Clavero da luces acerca de la maraña normativa producto de la implementación del TLC con EE.UU. respecto de los derechos de pueblos indígenas y el auténtico empecinamiento de unas políticas que están de continuo atropello a los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas.
"Hay algo mucho más serio y urgente, un conflicto de políticas con derechos, de las actuales políticas peruanas con los derechos de los pueblos indígenas. Ahí radica el problema de este enredo normativo. La salida está clara. No es cuestión embrollada para que la desenrede el Congreso. Ni lo es oscura para que la diluciden constitucionalistas ni internacionalistas. Es cuestión cristalina para que la hagan valer pueblos y comunidades. Y esto antes de que el Congreso meta al Convenio 169 entre las normas que no se aplican."
Ingresar al enlace, Blog de Clavero
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