El horror de la Mesa de Diálogo

El artículo titulado ¡HORROR! llega a nosotros a través de una lista de suscripción, lamentablemente al parecer es anónimo. Sin embargo, hemos decidido publicarlo por el agudo análisis que presenta de la Mesa de Diálogo.

lea en el siguiente enlace

Continuar leyendo... Leer más...

El Burro del Hortelano

Por Rafo León

No tenemos un gobierno ni unos congresistas ni una derecha ni una prensa promedio capaz de entender los matices indispensables para encarar con lucidez la crisis de Bagua. Hay demasiado prejuicio, estupidez y cerrazón, lo prueba un Alan García tan herido en su ego ante lo que está sintiendo como una derrota –el que se esté planteando la posibilidad de revisar y eventualmente revocar el Decreto 1090- que como en los peores discursos que encargó Leguía a su funcionario Carlos Rey de Castro en la época del caucho, se habla y se vuelve sobre el salvajismo de los nativos y su escasa representatividad numérica en relación con el total de la población del Perú.


Por eso intentar que les entre el tema de la cosmovisión de los pueblos amazónicos en la que no encaja el principio de la propiedad privada, en la que subyace un fundus guerrero que responde con muerte a la muerte, donde el animismo dota de vida a los elementos naturales que podrán cobrarse venganza si petroleros o agricultores se meten a agredir sus espíritus; intentar ese camino creo que es como darle alfajores a las vacas. Son demasiado brutos y pueden, con el aplauso de la canalla, responder con argumentos como “Ah, si es así entonces hay que respetar la cosmogonía de los narcotraficantes, de los violadores y de los secuestradores y se instala el caos en el país, ahora que tan bien nos va”. Lo he escuchado decir y con menor sofisticación.

Por eso me gusta más la argumentación pública que la antropóloga Margarita Benavides está empleando, y que anoche (9-06-09) usó de manera magistral en la entrevista que el hizo de Althaus, en la que la especialista en amazonía le pone una piedra en la boca al periodista y lo deja mudo, con las cejas más enarcadas que nunca.

Benavides propone analizar el tema dentro de lo estrictamente legal, en el entendido de que las leyes están dadas para todos y para que sean entendidas por todos. En esa lógica, el Decreto 1090 hay que entenderlo en el conjunto de decretos de urgencia que se dieron para ajustar la legislación peruana a los acuerdos tomados para el TLC.

Vistos los decretos en conjunto demuestran que la finalidad del nuevo sistema legal para el manejo de tierra- y no solo en la amazonía, en todo el territorio nacional- busca dotar al gobierno de argumentos para declarar como eriazas o abandonadas cada vez más cantidad de tierras, ya que estas son las que se entregarán en concesión privada previo cambio el uso, de modo que si estamos frente a un bosque depredado, pueda ser reforestado para madera, o convertido en campo para el cultivo de insumos para etanol.

Lo que no se establece en ese conjunto de decretos es quién y con qué criterios determina la condición de tierra abandonada o eriaza. Porque en un caso puede estar en efecto, hablándose de un bosque depredado. Pero en otro, de una restinga, una porción entre la orilla y el agua del río que en temporada de lluvias se inunda pero que después queda como la mejor tierra, y es ahí que los nativos la usan. O simplemente bosques que no tienen circunscripció n ni titulación alguna pero que sirven para la sobre vivencia de los nativos porque allí está su cacería y su pesca, actividades que no pueden ser delimitadas tan fácilmente y menos cuando hay una ocupación humana creciente, que aleja a los animales y por tanto demanda más distancias para encontrar las piezas de caza.

Planteadas las cosas así, se entiende mejor por qué García se pasó por alto el requisito del consentimiento libre, previo e informado por parte de los pueblos amazónicos. De haberse sometido los decretos a consulta, esto habría saltado, dejando sin argumento al perro del hortelano.

Ahora, en la historia del cinismo García ha reincidido en el primer puesto con lo que ha repetido respecto a este punto: “la gente habla sin estar informada sobre los decretos”. A ver, ¿cómo va a estar informada si precisamente no se hizo el esfuerzo para que lo estuviera? Y dos: que agradezca a diosito que la gente no haya estado tan informada como Margarita Benavides, sus decretos no hubieran resistido cinco minutos de debate. Tremenda situación, muertos de todos lados, mentiras, decepción, y Alan García sigue sacando pecho cuando lo que debería hacer es zafar culantro.

Continuar leyendo... Leer más...

¿Cuánto vale la vida de un peruano?

* José Álvarez Alonso

Iquitos, 9 de junio, 2009.- Nos duele, nos debe doler en el alma a todos, cada vida perdida de un peruano, vida valiosa e irremplazable. Se han enfrentado innecesariamente peruanos con peruanos...

...¿Y de la obstinación del Gobierno, quién habla? Hasta los obispos de la selva peruana exigieron al Gobierno que derogara esos ignominiosos decretos. ¿Vale más un decreto promulgado de forma inconsulta que la vida de decenas, quizás de cientos de peruanos?...

---

Iquitos, 9 de junio, 2009.- Nos duele, nos debe doler en el alma a todos, cada vida perdida de un peruano, vida valiosa e irremplazable. Se han enfrentado innecesariamente peruanos con peruanos, jóvenes con uniforme y jóvenes con pinturas tradicionales. He visto las caras de las madres y esposas de los policías, y las de los familiares indígenas que lloraban también a sus muertos, y ambas me duelen.

No importa si son indígenas o policías, han muerto peruanos que tienen padres, madres, esposas, hijos. Han muerto gratuitamente, porque sus muertes no solucionan nada, echan más leña a una hoguera ya demasiado caliente. La violencia engendra más violencia, siempre. Miles de indígenas se están sumando a la rebelión indígena en varios puntos de la Amazonía, y algunos hablan ya de riesgo de guerra civil. Se impone la calma, la conciliación y la serenidad, en ambos lados.

El duelo nacional debe ser por todos, aunque algunos parece que sólo se duelen de “sus” muertos: siguen considerando a los indígenas como ciudadanos de segunda clase, “esos llamados nativos”, como los calificaron despectivamente algunos. Mientras se muestra en televisión las escenas de dolor de los valerosos policías muertos en cumplimiento de su deber, se ignora o minimiza la cifra de muertos indígenas, que algunos calculan en más de un centenar, quizás dos; ya se han encontrado más de una docena de cadáveres hinchados de indígenas arrojados al río Marañón, y se habla de cadáveres incinerados y enterrados en fosas comunes. Esos ciudadanos tienen derechos que han sido violados, y tienen familias que hoy lloran a sus muertos tanto como las dolidas madres de los jóvenes policías. El dolor no tiene color político ni racial.

Mientras la Iglesia, la Defensoría del Pueblo y otros sectores siguen haciendo llamados al cese inmediato de la violencia, a la serenidad y al diálogo, se sabe que se sigue cazando casa por casa a los indígenas y otros civiles en Bagua, como si fuesen animales, y se está planeando el debelamiento por la fuerza de los bloqueos en la carretera a Yurimaguas, en Andoas, en Trompeteros y otros lugares. ¿Qué se busca, otra masacre?

No se puede criminalizar a todo un pueblo, a un sector de la población, acusándoles de criminales, salvajes e ignorantes, por defender lo que consideran con justo derecho suyo. Los insultos racistas van a alimentar más la violencia. Si ha habido violencia y han muerto policías y ciudadanos, que se castigue a los culpables, pero no se insulte o condene a todo un pueblo.

¿Quién es responsable de este desastre?

Lo que ocurrió en Bagua es la historia de una masacre anunciada. Sabíamos que bastaba una chispa para desencadenar el desastre. ¿Tan poco conocen nuestros gobernantes a la Amazonía y a sus pueblos? ¿No pudieron asesorarse con expertos en antropología amazónica? Los Awajún son un pueblo que nunca se dejó conquistar por el imperio inka; es el único pueblo indígena que se rebeló con éxito contra el imperio español. Mandar a un pelotón de policías armados con bombas lacrimógenas y armas de fuego a atacar una masa de indígenas fue mandarlos a una masacre anunciada. Es una torpeza que le está costando muy cara a decenas de familias y al país, y que tiene responsables políticos, los mismos pésimos manejadores del conflicto indígena.

No estoy de acuerdo con algunas de las formas de protesta que se salen del marco de la ley, y mucho menos con cualquier acto de violencia, pero junto con los obispos de la selva, comprendo la desesperación de los indígenas, marginados y expoliados de sus recursos por décadas. Y la desesperación de pueblos que sienten amenazado su futuro y sufren día a día el hambre de sus hijos no se puede enfrentar con bombas y armas.

¿Pudo evitarse la masacre de policías e indígenas? Por supuesto. Situaciones más difíciles en el mundo se han solucionado de forma pacífica, negociando. Pero cuando uno se sienta a la mesa sin la mínima intención de ceder, porque hay grandes intereses económicos en juego, no se puede encontrar soluciones…

Matando al mensajero

Se habla de la obstinación de Alberto Pizango, y ahora se lo ha convertido en chivo expiatorio de la masacre. ¿Es culpable Pizango de “intransigencia”, de los hechos de violencia como le acusa el Gobierno? Eso es desconocer totalmente la cultura e idiosincrasia indígena.

Como bien explicó en una entrevista a RPP el P. Jaime Regan, uno de los antropólogos más reconocido en temas amazónicos, Pizango no tiene facultades delegadas por los pueblos indígenas para cambiar términos de negociación, él es simplemente un portavoz de sus demandas. Los indígenas amazónicos nunca tuvieron gobernantes, practicaron una democracia sui géneris que apenas delegaba facultades parciales a sus curacas en tiempo de guerra.

Una democracia bien diferente a la que practican nuestros congresistas, que una vez elegidos hacen lo que les da la gana en el Congreso. Cuando Pizango firmó un acta en la mesa de diálogo con el Premier, aceptando revisar decreto por decreto, inmediatamente salieron los apus de muchas comunidades a desconocer ese acuerdo, “porque eso debía ser consultado con las bases”. Por eso tuvo que retirar su firma. ¿Es culpable por eso?

“Por qué le echan la culpa a Pizango, si él sólo transmite lo que le exige su gente”, me comentó Doña Marina, con la sabiduría de una madre de familia de Iquitos. Esto que entiende Doña Marina no lo entiende o no lo quiere entender el Gobierno. En la antigüedad existía la salvaje costumbre de matar al mensajero que traía malas noticias de una batalla. ¿Qué culpa tenía el mensajero? ¿Creen que si Pizango hubiese firmado alegremente un acta de acuerdo se habría solucionado el conflicto?

¿Y de la obstinación del Gobierno, quién habla? Hasta los obispos de la selva peruana exigieron al Gobierno que derogara esos ignominiosos decretos. ¿Vale más un decreto promulgado de forma inconsulta que la vida de decenas, quizás de cientos de peruanos? Ni la vida de uno… La sangre de peruanos inocentes salpica también a las empresas y consorcios que han presionado al Gobierno a sacar esos decretos para favorecer sus intereses.

Espero que se pudra en los bolsillos de los responsables cada dólar corrupto que esté detrás de esa obstinación en defender unos decretos legislativos no pergeñados a exigencia de EE.UU. para la aplicación del TLC (ya fue desmentido por el embajador de este país), sino para facilitar el acceso a las tierras y recursos de la Amazonía de los grandes capitales.

La conjura internacional

¿Están manipulados los indígenas por intereses extranjeros? La teoría de la conjura extranjera siempre ha sido usada por los gobiernos autoritarios para tratar de justificar sus problemas internos y para unir a los ciudadanos frente a un potencial enemigo común.

Los indígenas no son niños, son ciudadanos inteligentes, que saben lo que les conviene, y hoy tienen entre sus filas a profesionales muy bien capacitados. Se oponen al gobierno porque rechazan un modelo de desarrollo que, definitivamente, no les beneficia gran cosa, más bien pone en riesgo su modo de vida y su único patrimonio, sus bosques y sus ríos.

¿No los creen capaces de pensar por sí mismos? Calificarlos de manipulados por foráneos es racismo. ¿Por qué no califican así a los empresarios que protestan por un nuevo impuesto o una nueva política económica? Lo que no se puede negar es el oportunismo de algunos partidos políticos para sacar ventaja apoyando la causa indígena. Pero este “aprovechamiento político” de una causa justa, común en nuestra arena política, no invalida ni descalifica en absoluto a la causa indígena.

Se usa el argumento de que necesitamos los recursos del subsuelo, y especialmente el petróleo, para desarrollar al país. Creo que pocos pongan en duda eso, incluyendo quien escribe estas líneas. Necesitamos explotar éste y otros recursos naturales, pero no a cualquier precio, violando las normas constitucionales (como el derecho a la consulta previa establecida en el Convenio 169), o envenenando a la gente que está encima, como se ha hecho, con bendición del Estado, por 30 años en el río Corrientes.

El derecho a la consulta de los indígenas no es sinónimo al derecho a la participación que tenemos todos los peruanos. Los indígenas tienen un privilegio, como pueblos originarios, y la obligación de consultarlos y lograr su aceptación sobre proyectos o leyes que les afecten es vinculante para el Gobierno, lo que quiere decir que los decretos legislativos cuestionados son inválidos de origen, como bien determinó ya la Defensoría del Pueblo y la Comisión Multipartidaria del Congreso.

¿Demasiada plata, demasiada tierra?

Muchos han hablado de los cuatro y pico millones de dólares que ha recibido AIDESEP en cuatro años, como si hubiesen llegado a las manos de Pizango para que haga lo que quiera con ellos. “A ver qué escuelas ha construido con esa plata”, dicen algunos corifeos del poder. Este dinero está repartido en decenas de proyectos ejecutados por sus organizaciones regionales descentralizadas en los confines más alejados de la Amazonía, y me consta que son supervisados estrechamente por las entidades financieras.

Incluyen proyectos de educación intercultural bilingüe para profesores y niños indígenas (como el prestigioso programa FORMABIAP, con sede central en Iquitos), proyectos de salud, proyectos para titulación de tierras y ampliación de territorios, proyectos de fortalecimiento de capacidades para la gestión de sus recursos, y otros muchos. Si bien tiene derecho el Estado a supervisarlos, es repugnante que se difame alegremente a los indígenas de malos manejos de este dinero, sin fundamento.

Se habla de los 12 millones de hectáreas tituladas a los 400,000 indígenas reconocidos como tales por el Estado peruano. Tocan a unas 30 ha por cada uno. “Es demasiado”, dicen algunos, queriéndolos comparar quizás con las tres o cuatro hectáreas que tienen algunos campesinos en la sierra o en la costa. Es como si quisiéramos comparar el apartamento de 100 m² un neoyorquino en la 7ª Avenida con el lote de 250 m² de un habitante de un barrio peruano como Las Malvinas o Huaycán, y dijésemos: ¿de qué te quejas, cholito?

Es ridículo. Primero, que los indígenas son los pueblos originarios de la Amazonía y son los legítimos propietarios de esas tierras, que es cierto, ahora también son en cierto modo de todos los peruanos, pero prioritariamente de ellos. Y segundo, los indígenas no son campesinos que viven de cuatro cosechas, son “bosquesinos”, que viven de los recursos silvestres, de la caza, de la pesca, de la recolección: necesitan para su subsistencia grandes extensiones de bosques, con lagos, ríos y quebradas sanos, para garantizar su subsistencia y la sostenibilidad del ecosistema, de acuerdo a su modo de vida tradicional. Están en su derecho, conforme a la ley peruana y al derecho internacional. Pero acerca de esto abundaremos más en otro artículo.

—-
* José Álvarez Alonso, es Master en Ciencias, Biólogo de profesión, e Investigador del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP).

Continuar leyendo... Leer más...

García como peligro

César Hildebrandt Columnista. Diario La Primera.

Lima 9 de junio del 2009.

La morralla del Apra salió a dar la cara ayer en una lamentable sesión de la Comisión de Defensa Nacional.

Pocas veces he escuchado tamaña cantidad de imbecilidades. Y pocas veces se ha visto tan concertada alianza de débiles mentales.

A ese coro de ceniza se sumó, por supuesto, la irremediable señorita Lourdes Alcorta, empeñada siempre en ser tanto ordinaria como fascista.

“Váyanse a vivir a Venezuela”, les gritó la irremediable señorita Alcorta a quienes alcanzaron a protestar por su discurso de sargenta canuta. Demostró así que podría ser la canciller de un gobierno presidido por el cura Romaña.



Mientras ella hablaba, en RPP gruñía la doctora Hildebrandt, especialista en victorias sin sobrevivientes. ¿Su mensaje? ¡Mano dura!



Horas antes, en un ataque radicalmente psicopático, el presidente de la República había alentado el enfrentamiento fratricida comparando a los policías asesinados en Bagua con los peruanos que defendieron –como él jamás lo haría- el morro de Arica en la infame Guerra del Pacífico.



¿Es que García está convencido de que los aguarunas-huambisas son chilenos que invaden nuestro territorio y libran una guerra de rapiña? ¿A estos delirios está llegando?

García tenía ayer voz de Duce, ademanes de matón, mensaje de irresponsable, regodeo de “general victorioso” (en el mejor estilo de Hermoza Ríos).



Daba vergüenza el presidente de la República.



Pero daba más vergüenza la Comisión de Defensa apagando las luces para que todos vieran “la prueba decisiva” que demostraría la intromisión del Partido Nacionalista –y por ende de Venezuela, Bolivia y hasta Ecuador- en el asunto de la selva alzada.



Y se apagaron las luces y apareció, rescatada del harén periodístico de Montesinos y de las oficinas del señor Schutz padre, la señora Mónica Delta.



“Vean ustedes qué congresistas alentaban a los nativos”, dijo la señora Delta disfrazada de Cecilia Valenzuela y alertando al país desde el canal del ciudadano israelí (y deudor nativo de la SUNAT por 54 millones de soles) Baruch Ivcher Bronstein.

Y, en efecto, una voz de reportera urgida salió de las tinieblas para decir que ahora sí los televidentes tendrían ante sí la pieza que faltaba.



¿Y cuál era esa pieza?



Pues que cuatro congresistas del Partido Nacionalista estaban en la selva, en una asamblea comunal, alentando a los huelguistas, adhiriéndose a su pliego peticionario y, en suma, haciendo la clase de política que la Constitución les permite, la ley de partidos no les veta y el sentido común no les puede prohibir.

Para decepción de la resurrecta señora Mónica Delta y de la muy recia señorita Alcorta, no se escuchó a ninguno de esos congresistas nacionalistas instigar a la violencia, recomendar la matanza de policías o plantear que la negociación con el gobierno era imposible.



Y, sin embargo, la morralla del Apra y todas las Alcortas del regimiento siguieron hablando, al igual que García, de conspiraciones imaginarias y designios de potencias extranjeras.

Rodeado por la muerte –una acompañante habitual de su carrera política-, García demostró ayer, con palabras incendiarias, que no ha aprendido nada y que aspira a más “sangre purificadora”.



Hay que decirlo con todas sus letras: este señor García ya empieza a ser un riesgo para la seguridad del país y la estabilidad democrática.



Cree García que ha triunfado porque el país ha perdido, del modo más atroz y en manos de criminales sin discusión, a 25 policías.

No, señor García. No hay triunfo alguno. Hay horror y hay repudio. Horror por lo visto y sucedido, repudio por el modo en que usted trata de evadir su responsabilidad. Hay problemas cuya difícil solución exige la lucidez que usted ha perdido, la serenidad que le está negada y la grandeza a la que renunció desde que se hizo malamente rico.



No es posible seguir callando.



Si el Apra no disciplina a García con el mensaje centrista que le viene de la doctrina y de lo menos tóxico de su pasado, García seguirá derrapando y tomando decisiones que terminarán en nuevos baños de sangre. Que no se queje el Apra de un país ingobernable si permite que García, como lo recordó ayer Víctor Andrés García Belaunde, prevalezca en su intento de vender –ni siquiera concesionar- la selva.



El asesinato vil de los policías no deslegitima la demanda de nuestros selváticos. Ni convierte los decretos de urgencia de García en buenos para el país. Ni oculta la incompetencia de los mandos policiales y la ineptitud, sin vergüenza ni sintaxis, de Yehude Simon.



Que García se entere: no va a salirse esta vez con la suya.

Continuar leyendo... Leer más...

No es tiempo para permanecer callados

Alberto Chirif

Los antecedentes son conocidos. Aprovechando facultades legislativas otorgadas por el Congreso, el Ejecutivo se despachó con una centena de decretos de diverso corte y que por cierto van mucho más allá del objetivo de la delegación recibida, que era adecuar ciertas normas nacionales para poder implementar mejor el Tratado de Libre Comercio, suscrito por el Perú con los Estados Unidos. Entre ellos, por ejemplo, hay uno que exime de juicio a los policías que maten o hieran civiles “en cumplimiento de sus funciones” y que permite la detención de personas sin mandato judicial. Y hay varios que la enfilan contra los pueblos indígenas, que a lo largo de años han conseguido que se les reconozcan una serie de derechos, tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

Los análisis jurídicos han sido ya hechos por muchos abogados, unos especialistas en temas indígenas y otros en asuntos constitucionales y, no siendo nuestra especialidad, no queremos abundar en el tema que ellos han examinado con propiedad. Sobre el tema, recomendamos leer el contundente informe de Francisco Eguiguren, a quien nadie podrá acusar de responder a intereses políticos partidarios (humalista o cosas por el estilo), ni siquiera de tener vinculaciones con el movimiento indígena. Hoy muchos alegan que el gobierno debe mantener el estado de derecho, pero pasan por alto que el primero en transgredirlo ha sido precisamente el gobierno al promulgar leyes que no tienen nada que ver con el TLC y que son anticonstitucionales por violar el derecho de consulta, por afectar derechos reconocidos a los indígenas en la Constitución y las leyes y por derogar normas de mayor jerarquía.

La masacre acaecida el fin de semana anterior es consecuencia de una larga sucesión de agresiones, del Ejecutivo en general y del presidente García en particular, contra los indígenas, a quienes desde el comienzo calificó de "perros del hortelano", para indicar que tenían recursos que no aprovechaban, pero que al mismo tiempo no dejaban que fuesen explotados por otros. Los indígenas, que no tienen porqué saber de refranes españoles ni de hortelanos, recibieron el mensaje claro de ser calificados como perros por el presidente, y lógicamente reaccionaron con respuestas escritas y comentarios a sus artículos, que de esta manera había comenzado a exacerbar sus ánimos.

La gesta de los achuares del Corrientes en defensa de su salud y la de su medio ambiente comenzó una serie de protestas indígenas el año 2006. Frente a ellas, el gobierno, al igual que ahora, al igual que siempre, negó las evidencias de contaminación y dilató asumir su responsabilidad de defender a sus ciudadanos. Sin embargo, la irresponsable táctica de dilación para cansar a quienes reclaman no funcionó en este caso y los achuares, exacerbados por el gobierno, tomaron las instalaciones y, luego de una situación tensa, lo obligaron a asumir su rol. El acta de Dorissa, que selló los acuerdos de los indígenas con la empresa y el Estado para comenzar a sanear la zona (reinyectando las aguas de formación), recogiendo los desechos de petróleo acumulado en pozas y reconociendo demandas sociales (educación y salud, que por cierto no han sido atendidas) es presentada por el ministro del ambiente, Antonio Brack, como una muestra de que la extracción minera y de hidrocarburos es ahora una operación “limpia” y que la contaminación es problema del pasado. Mundo de fantasías el que presenta el ministro, porque remediar los estragos ambientales y recuperar la salud de la gente afectada por la presencia de metales pesados en su sangre tomará muchos años y porque en zonas donde la población no ha tenido la fuerza de los achuares para reivindicar sus derechos las cosas siguen empeorando año a año. El caso de Doe Run, en La Oroya, a la cual, por cuarta vez, el Estado le ha dado nuevo plazo para cumplir con el PAMA (Plan de Adecuación al Medio Ambiente) es significativo. Al César lo que es del César, señor ministro, y usted debe reconocer que los cambios que se han producido en el Corrientes se deben a entereza de los reclamos de los indígenas y no a la voluntad del gobierno, que más bien a aceptarlos hasta último momento. Que el gobierno saque una lección de allí y no repita como cacatúa sus manoseados argumentos sobre indígenas manipulados, intereses de países extranjeros que no quieren que el Perú progrese y otros por el estilo.

Pero el gobierno no ha aprendido la lección. En este caso, otra vez el gobierno ha apelado a la misma táctica de dilatar, de intentar aburrir a la gente, de pelotearla. Frente a los reclamos de AIDESEP ante el Ejecutivo para la derogatoria de los decretos, la respuesta fue que la organización tenía que hablar con el Legislativo, ya que el tema era de su responsabilidad. Y frente al pedido expreso de derogatoria ante el Congreso, formulado esta vez por la Comisión de Constitución y avalado por una demanda en este sentido de la Defensoría del Pueblo ante el Tribunal Constitucional, la mayoría legislativa respondió que tenía que esperar el resultado del diálogo entre los indígenas y el Ejecutivo. Se trató de una actitud evasiva, irresponsable y cobarde de la mayoría parlamentaria.

La perfecta sucesión entre la negativa del Congreso para derogar los decretos y el ataque al día siguiente a los manifestantes aguarunas y huambisas que tenían tomada la carretera cerca de Bagua, habla acerca de una estrategia planificada por parte del gobierno. El Congreso no esperaba los resultados del diálogo entre los representantes indígenas y el Ejecutivo, tal como lo dijeron congresistas de la mayoría, sino que aguardaba la represión violenta de quienes habían capturado la carretera. Es también claro que la respuesta violenta del gobierno ha sido para adelantarse a la respuesta del Tribunal Constitucional, ante quien la Defensoría del Pueblo había presentado, un par de días antes, la demanda de inconstitucionalidad contra el decreto 1064.

Las mentiras después del asalto a quienes bloqueaban la carretera se suceden y refuerzan día a día. El argumento de la manipulación externa, que culpa a los presidentes de Venezuela y Bolivia de las protestas, o al líder del Partido Nacionalista, es patético no sólo por falso, sino porque es una manera del gobierno de seguir evadiendo su responsabilidad frente a las causas que están en la raíz de las protestas. La mentira no es buena consejera, ni sirve para que la gente asuma sus errores y busque soluciones a los problemas. El mismo presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simons, ha apelado a esta estrategia en una reciente entrevista televisada, al referirse de manera indirecta que detrás del levantamiento indígena estaba el gobierno de Ecuador, con la finalidad de dañar la capacidad productiva petrolera del Perú y evitar la competencia. Siendo benévolos, podríamos pensar que se trata de una expresión de ignorancia total acerca de lo que sucede en ese país, donde los indígenas atraviesan por problemas similares a los del Perú y protestan contra las petroleras y contra el gobierno con similar energía que en el nuestro. Como ejemplos podemos mencionar el juicio a Texaco interpuesto por los cofanes, y las demandas de los kichwas de Sarayaku contra la Compañía General de Combustibles de Argentina y de los shuares contra otras empresas petroleras. Pero nos cuesta trabajo pensar que gente que gobierna un país pueda ser tan ignorante, razón por la cual pensamos que el argumento ha sido maliciosamente diseñado para distraer la atención.

La asociación de los reclamos con el terrorismo y el narcotráfico es también otra burda mentira. A ninguna organización terrorista ni dedicada al narcotráfico se le ocurriría levantar tal polvareda como la originada por las manifestaciones indígenas en gran parte de la Amazonía, porque sería un acto suicida quedar así al descubierto. Sorprende escuchar al señor Simons sumándose a este coro de falsedades, dado que él mismo, hace algunos años, fue víctima de acusaciones similares, que logró superar gracias a la solidaridad de ciudadanos que denunciaron el atropello contra su persona y al rol de algunas instituciones, entre ellas, ONG y la Defensoría del Pueblo a las que ahora él desacredita.

Lo acaecido en Bagua es lamentable por la muerte de policías e indígenas, cuyas familias se han truncado y deben acostumbrarse a continuar su vida con esposas viudas y descendientes huérfanos. Luego de más de una década de violencia, el enfrentamiento entre peruanos es algo que nunca debió volver a ocurrir. Aunque no se trata de establecer una competencia de muertos, las noticias actuales nos producen profunda desconfianza y pensamos que deberá pasar un tiempo para que se descubra la verdadera dimensión de esta tragedia. El gobierno deberá responder por la muerte de los indígenas y de los propios policías, a quienes mandó para resolver un asunto que debió haber solucionado por la vía política y no de la represión armada.

Lo que sí es objetivo es que la violencia fue originada desde el gobierno, primero con los ataques del perro del hortelano, luego con la promulgación de decretos confiscatorios y, finalmente, con el ataque armado empleando armas de guerra contra población que sólo tenía lanzas, como lo ha reconocido el propio director general de la Policía Nacional, general José Sánchez Farfán, en una entrevista televisada. También sobre esto se ha mentido al decirse que los indígenas dispararon contra un helicóptero, cuando en realidad este hecho sucedió en la zona del VRAE, a cientos de kilómetros de Bagua, y en un contexto en el cual, efectivamente, se enfrentaba el Ejército contra narcotraficantes. Voceros del gobierno han distorsionando las noticias buscando impresionar a la ciudadanía.

Todo acto de crueldad debe ser sancionado, pero antes hay que probarlo, y en las circunstancias actuales, con las noticias dominadas por el gobierno, no hay condiciones que garanticen la objetividad de la información. Así como circulan noticias de actos de barbarie cometidos por los indígenas, hay otras que refieren atrocidades realizadas por la policía. Caer en su difusión es colaborar a confundir las cosas, en vez de buscar soluciones. Sin embargo, el gobierno y algunos medios están avivando antiguas imágenes sobre los indígenas que los presentan como salvajes y, a la vez, aprovechando la situación para declarar una caza de brujas contra el movimiento indígena y contra el presidente de AIDESEP, Alberto Pizango. Presentarlo a él como responsable de la masacre de Bagua es absurdo. La incursión de la policía se realizó en el más absoluto secreto, apenas unas horas después de la mentira del Congreso de que esperaría los resultados de la negociación del Ejecutivo con AIDESEP. Su rol ha sido actuando como vocero de una posición definida por las bases. Ha sido el gobierno quien ha desencadenado la reacción de los manifestantes al atacarlos con armas de guerra.

Para aguarunas y huambisas la agresión externa y la venta de sus de recursos por el gobierno a empresas extranjeras no sólo está en la letra de los decretos como posibilidad futura, sino que es algo que ya se plasma en la realidad. Desde hace un par de años, el gobierno ha firmado contrato con HOCOL para explotar recursos petroleros en parte del alto Marañón, sin haberse dado la más mínima molestia para intentar consultar la medida antes de tomarla. Por otro lado, la empresa minera, Dorato Perú, subsidiaria de una transnacional canadiense, se ha instalado en la zona de la Cordillera del Cóndor con la finalidad de explotar oro. El Ministerio de Energía y Minas ha dicho que ella no tiene permiso para trabajar allí, pero tampoco ha realizado ningún esfuerzo por echarla. Como ha denunciado el periodista César Hildebrandt y un especial de La Primera hace apenas una semana, esta empresa, que opera en zona de frontera vedada por la Constitución a extranjeros, tiene como gerente general nada menos que a Carlos Ballón, asesor principal en cuestiones de minería del plan de campaña del actual gobierno.

Aguarunas y huambisas son culturas de antigua tradición guerrera, con gran capacidad de unión frente a agresiones externas, como lo han demostrado a lo largo de la historia. Lo que está sucediendo ahora es muestra de eso y el gobierno debería saberlo a fin de detener su irresponsable cadena de provocaciones que puede generar situaciones nefastas para el desarrollo de la paz en el país.

Aunque es difícil que en las condiciones actuales el gobierno rectifique su accionar y acepte su responsabilidad en todo este cúmulo de barbaridades, debemos pedir que haga eso como única manera de plantear condiciones claras y sanas para el diálogo con los pueblos indígenas.

Continuar leyendo... Leer más...

¿Genocidios Afines? Bolivia-2003, Perú-2009

Cuando el 17 de octubre de 2003 Gonzalo Sánchez de Lozada, Presidente de Bolivia, y parte de sus ministros huyen del país tras haber ordenado una acción militar contra la propia ciudadanía que produjo decenas de muertos y centenares de heridos, nadie hubiera dicho que, cinco años y medio más tarde, la Corte Suprema de Justicia habría iniciado juicio por aquellas responsabilidades, como efectivamente ha ocurrido en estas últimas semanas. Aquella represión sangrienta pretendía salir al paso de unos bloqueos de comunicaciones que ante todo respondían a un movimiento de oposición a la almoneda gubernamental de recursos naturales a favor de empresas extractivas. La mayoría de las víctimas fueron indígenas. ¿No recuerda todo esto a Perú incluso en el detalle de que el juicio parecía impensable cuando se produjeron los hechos?


¿Genocidios Afines? Bolivia-2003, Perú-2009

Bartolomé Clavero
Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas

Cuando el 17 de octubre de 2003 Gonzalo Sánchez de Lozada, Presidente de Bolivia, y parte de sus ministros huyen del país tras haber ordenado una acción militar contra la propia ciudadanía que produjo decenas de muertos y centenares de heridos, nadie hubiera dicho que, cinco años y medio más tarde, la Corte Suprema de Justicia habría iniciado juicio por aquellas responsabilidades, como efectivamente ha ocurrido en estas últimas semanas. Aquella represión sangrienta pretendía salir al paso de unos bloqueos de comunicaciones que ante todo respondían a un movimiento de oposición a la almoneda gubernamental de recursos naturales a favor de empresas extractivas. La mayoría de las víctimas fueron indígenas. ¿No recuerda todo esto a Perú incluso en el detalle de que el juicio parecía impensable cuando se produjeron los hechos?

La historia no se repite por supuesto. No todo es igual, porque sea parecido, en un caso y en el otro, el boliviano y el peruano. En Bolivia, comparativamente con Perú, el comportamiento gubernamental y militar fue al principio, no al final, algo menos, tampoco mucho, despreciativo de la vida humana. Por parte del Gobierno y de algunos de sus ministros, hubo intentos de diálogo, si no enteramente sinceros, ciertamente comprometidos. Y las fuerzas armadas no comenzaron a disparar a muerte a la primera orden del Gobierno. Bien al contrario, los militares bolivianos exigieron una orden por escrito del Presidente Sánchez de Lozada antes de asumir la responsabilidad de emplear medios letales contra la ciudadanía. Con lo uno y con lo otro, había tantos militares como políticos queriendo guardarse las espaldas por supuesto, pero también cierta conciencia de la gravedad del paso de la intervención armada. En Perú se ha tenido el gatillo más fácil. Alguna relación guarda con una inferior conciencia, si alguna hay en Perú, de solidaridad ciudadana interétnica. No digo que Sánchez de Lozada la tenga, sino que en la propia nomenclatura alguna existía en Bolivia. No es un eximente del crimen, sino una explicación de diferencias.

El juicio comienza en Bolivia sin poderse desarrollar respecto a todos los imputados. Sánchez de Lozada huyó a los Estados Unidos, como también lo hicieron algunos de sus ministros, el de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, el de Hidrocarburos, Jorge Berindoague, y el de Agricultura, Guido Núñez. Al Perú huyeron otros, la ministra de Participación Popular, Mirtha Quevedo, y los ministros de Salud, Javier Torres, y de Desarrollo Económico, Jorge Torres. De ninguno se ha logrado aún la extradición, dándose el agravante de que los huidos al Perú gozan de reconocimiento como refugiados por parte de organismos locales de Naciones Unidas. Entre los miembros de aquel Gobierno, afrontan el juicio los ministros de Asuntos Financieros, Dante Pino, de Desarrollo Sostenible, Erick Reyes, y de Trabajo, Adalberto Kuajara. En cuanto a los huidos, son declarados en rebeldía, a la espera de que sean aprehendidos. El juicio así procede con respecto a políticos y militares que no han contado con facilidades para la huida o que han tenido más dignidad que los huidos. Es notorio que la Embajada de Estados Unidos estuvo detrás del Gobierno, apoyándolo hasta el final, incitándole a que no cediera a diálogos perniciosos para los intereses empresariales. No hay ningún estadounidense acusado, ni siquiera en rebeldía. La condición diplomática no ampara en crímenes de sangre.

Sánchez de Lozada, como responsable superior y autor de la orden por escrito, es uno de los que está acusado de genocidio, lo que en el derecho boliviano actual, el que habrá de aplicársele aunque se reforme el Código Penal, tiene una pena máxima no muy rigurosa para tratarse de un delito de lesa humanidad, la de veinte años. En todo caso, por derecho internacional, se trata de un delito imprescriptible, aparte de que la declaración de rebeldía ya produzca la interrupción de la prescripción. Aunque, al contrario que Bolivia, Estados Unidos no sea signatario del Estatuto de la Corte Penal Internacional, lo es de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, lo mismo que Bolivia. Tiene la obligación internacional de extraditar a Sánchez de Lozada ahora que la acusación se formula y motiva por parte de la Corte Superior de Justicia. No ha sido fácil desde luego llegar a este punto. El arranque, decisión, empeño y la constancia de familiares de las víctimas, de alguna organización no gubernamental como la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia y de abogados como Rogelio Mayta han conseguido que el juicio finalmente se abra.

Es una lección para la sociedad civil del Perú, para la incontaminada de racismo que puede recibirla y hacerse cargo. En casos tan atroces, precisamente en éstos, no es fácil poner a la justicia en marcha, ni en Perú ni en Bolivia ni en tantos sitios. Hace de verdad falta arranque, decisión, constancia y empeño. También es aconsejable actuar en nombre de todas las víctimas, si esto se consigue de ellas o, para las fallecidas, de sus familiares, pues todas lo son de un mismo crimen.

Continuar leyendo... Leer más...

“La mesa de diálogo con el Gobierno fracasó”

(Radio Fecunda, 2 de junio de 2009).- Miguel Palacín, coordinador general, de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), quien comparte las recientes declaraciones del líder indígena Alberto Pizango, acerca del fracaso de la mesa de diálogo con el presidente del Consejo de Ministros Yehude Simon.
(Naira Rivas)


Escuchar audio

Continuar leyendo... Leer más...

Ataques y mentiras contra los derechos indígenas

Por: Alberto Chirif y Frederica Barclay.

En un artículo periodístico, titulado “El radicalismo indígena”, aparecido en el diario El Comercio (15/5/09), el periodista Jaime de Althaus insiste en restarle importancia al derecho de consulta previa, libre, informada y de buena fe, consagrado en la legislación peruana desde hace 15 años, fecha en la que entró en vigor en el Perú el Convenio 169 de la OIT. Como los indígenas han tenido que batallar en la arena internacional para lograr el reconocimiento de éste y otros derechos, Althaus alega que se trata de un complot internacional destinado a cercenar el territorio nacional.

---

El derecho de consulta

Según sus palabras: “El pecado original –y quizá el único- de los decretos rechazados por las comunidades nativas movilizadas por Aidesep es que, efectivamente, no fueron consultados. Ese es un pecado general de la institucionalidad peruana, un rezago de la cultura autoritaria: ni las leyes ni los decretos suelen ser consultados ni con los especialistas, se imponen respondiendo con frecuencia a intereses específicos”.

Para Althaus el incumplimiento de este compromiso y derecho no sería sino una mala “costumbre” de la “institucionalidad peruana”, un pecadillo menor, que disculpa señalando que así es siempre, en todos los casos. Este ninguneo a la consulta nos lleva a pensar que él no ha entendido que se trata de un derecho que emana de su condición de pueblos originarios y no de una graciosa concesión del Estado. Que el Estado no consulte decretos con especialistas está muy mal, ya que hacerlo abonaría en favor de una concepción más amplia de la democracia y de posibles planteamientos mejor sustentados. Sin embargo, para el caso de los pueblos indígenas pasar por alto la consulta es violar un derecho reconocido por la ley que, como señala la Defensoría del Pueblo, “posibilita el ejercicio de otros derechos de los pueblos indígenas”. Estamos así ante realidades diferentes.

La consulta es un derecho perfectamente definido en el Convenio 169 (Ley Nº 26253). Éste señala que los gobiernos deberán: “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”; y que estas consultas “deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas” (Art. 6º, incisos 1 y 2).

Queda claro entonces que las consultas tienen que ser previas, mediante procedimientos apropiados, de buena fe, deben realizarse a través de sus instituciones representativas y, muy importante, tiene por finalidad llegar a un acuerdo. Por su naturaleza lo que establece el Convenio 169 al respecto es vinculante, es decir, obligatorio, no facultativo, como se ha pretendido señalar. El convenio, entonces, es concluyente en el hecho de la obligatoriedad de realizar la consulta, cuya violación invalida automáticamente cualquier decisión o norma que tome el Estado de manera unilateral.

En un reciente documento (Informe Nº 011-2009, mayo 2009), la Defensoría del Pueblo plantea tres posibles resultados de una consulta. En caso de consentimiento de los pueblos indígenas, “la entidad estatal competente debe enriquecer su decisión con los aportes derivados del proceso de consulta, respetando íntegramente los acuerdos adoptados en la Resolución que aprueba la medida”. Si el consentimiento es parcial, dicha entidad “debe enriquecer su propuesta con los aportes de los representantes indígenas formulados en el proceso de consulta, a fin de adecuar la medida o desistirse de ella”. Por último, si no se llegara a un acuerdo, “el Estado debe evaluar su decisión de adoptar la medida, adecuarla o desistirse de ella. Así mismo, debe fundamentar su decisión en las consideraciones derivadas de los hechos y el derecho. Adicionalmente, le corresponde informar a los representantes de la población involucrada la decisión adoptada, así como las razones que lo motivan”.

¿El gobierno ha actuado de esta manera y se ha enfrentado a las opciones planteada por Defensoría de aprobación de la materia de la consulta, de consentimiento parcial o de desaprobación total? No, nunca. Jamás ha hecho una consulta. Frente a una decisión arbitraria del Estado luego de una consulta, los pueblos indígenas podrían cuestionada judicialmente por carecer de fundamentación. Pero el problema es que en el Perú el gobierno (éste y los anteriores) ni siquiera hace consultas de mala fe.

La Comisión de Expertos en aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha señalado que “la consulta es el instrumento previsto por el Convenio para institucionalizar el diálogo, asegurar procesos de desarrollo incluyentes y prevenir y resolver conflictos” (citado en Informe Nº 011-2009 de la Defensoría del Pueblo, antes mencionado). La Defensoría señala que la consulta “es un ‘derecho instrumental’ que posibilita el ejercicio de otros derechos de los pueblos indígenas, por ejemplo: a la identidad cultural, a la propiedad, a la integridad, al desarrollo, etcétera. Su ámbito de ejercicio es el sector público”. Es decir, el derecho a la consulta es un derecho central de la legislación peruana referida a pueblos indígenas y está también ampliamente reafirmado en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU.

Para los casos de explotaciones mineras, el Convenio señala que la consulta debe llegar a “determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras”. Y remata diciendo que: “Los pueblos interesados deberán participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como resultado de esas actividades” (Art. 15).

¿Algo de esto ha hecho alguna vez este gobierno o los anteriores? No, nunca. ¿Por qué? Porque al parecer el Estado no sabe lo que firma o porque, tratándose de indígenas, ¡qué diablos!, por qué hacer tanto alboroto. A fin de cuentas, como ha señalado el presidente Alan García, “las tierras de la Amazonía son de todos los peruanos”, lo que significa borrar de un plumazo los derechos legales de propiedad de las comunidades nativas y campesinas, hacer una declaratoria por la vía rápida de libre disponibilidad de las tierras de la región y convocar al caos para que se encargue de cancelar los derechos indígenas.

El gobierno actual trata de confundir a la ciudadanía haciendo pasar la participación como consulta, como si se tratara de lo mismo. Pero, como la propia Defensoría del Pueblo ha señalado: “El derecho a la consulta corresponde solamente a los pueblos indígenas”, mientras que “El derecho a la participación ciudadana le corresponde a todas las personas. Es un derecho que salvaguarda y propicia la libre intervención en el ámbito político, económico, social y cultural. No tiene por finalidad lograr un acuerdo o consentimiento. Su ámbito de ejercicio es el sector público y privado” (Ver Informe de Defensoría antes citado).

El gobierno ha introducido esta confusión interesada en el DS Nº 012-2008-EM, “Reglamento sobre participación ciudadana para la realización de actividades de hidrocarburos”, y en la práctica, con resultados desastrosos. Un caso concreto sucedió en Santa María de Nieva, capital de la provincia de Condorcanqui, en marzo de 2008, cuando funcionarios de PERUPETRO y del MEM convocaron a un “evento presencial” (así los llama ese reglamento) para informar a la población nativa sobre la suscripción de un contrato de exploración con la empresa petrolera HOCOL en diciembre de 2006, es decir, un año y tres meses antes. Los pobladores, lógicamente, reaccionaron de manera violenta y largaron a toda la delegación, también integrada por el inefable representante de CONAP.

¿Qué derechos vulneran los decretos cuestionados por las organizaciones?

El análisis de la inconstitucionalidad e impactos negativos de los decretos ha sido ya efectuado por diversas instituciones, incluidas la Defensoría del Pueblo y el CAAAP, y especialistas, como Francisco Eguiguren: (ver “Informe jurídico Análisis de la conformidad constitucional del uso de las facultades legislativas otorgadas por el congreso al poder ejecutivo mediante la ley N° 29157”) Patricia Urteaga y Pedro García, que se han referido a esto en varios documentos, unos publicados y otros de circulación más restringida.

No obstante, sí podemos señalar al DL 1064 como uno de los más nocivos para las comunidades indígenas, porque atropella el derecho de imprescriptibilidad de sus tierras y permite que invasores con cuatro años de establecidos se apropien de tierras comunales. ¿Será por esto que el presidente Alan García ha dicho que las tierras de la Amazonía son de todos los peruanos, contradiciendo por cierto lo que había dicho en su primer gobierno, cuando afirmó públicamente los derechos preferenciales de los indígenas porque estaban “antes que los Pérez y los García”? También expropia terrenos comunales usados para servicios públicos o declara como propiedad del Estado todas las tierras eriazas no tituladas, aunque estén poseídas y pretendidas por los pueblos indígenas y las pone en condición de adjudicables a inversores.

Esta misma norma coloca nuevamente el tema del abandono sin definirlo, lo que significa un grave riesgo para las comunidades que utilizan sus territorios de manera extensiva y con un sistema de rotación perfectamente adaptado a los suelos amazónicos, suprime el acuerdo del minero con el dueño del suelo, permite que mediante un expediente técnico se cambie el uso de la tierra y deroga todo el régimen comunitario desconociendo la necesidad de una legislación especial, tal como señala el Convenio 169 y el propio Código Civil. Por último, todos los decretos tienen defectos formales que los hacen inconstitucionales por el hecho de no haber sido consultados y de legislar, algunos de ellos, sobre temas no permitidos por delegación de funciones legislativas al Ejecutivo.

Un ataque integral

Pero la arrogancia y prepotencia del gobierno va más allá de los actuales decretos. El perro del hortelano fue algo así como el “marco teórico” y la clarinada para el ataque que vendría de inmediato. El presidente García pretende que los proyectos y las medidas dictadas se orientan a la lucha contra la pobreza y devastación de los bosques amazónicos. Para darse un aire técnico y convocar el apoyo a sus medidas los voceros del gobierno han señalado una y otra vez que hay 11 millones de hectáreas deforestadas, que efectivamente existen, pero ninguno ha mencionado dos cosas: la primera, que la devastación de los bosques no es consecuencia de la actividad de los pueblos indígenas, que han vivido en la región durante siglos sin poner en riesgo ni el bosque, ni otros recursos naturales, como los suelos y la fauna; y la segunda, que la deforestación es producto de la colonización impulsada desde fines del siglo XIX por el Estado y potenciada durante los dos gobiernos del presidente Fernando Belaunde, a través de la Carretera Marginal y de proyectos especiales, financiados con deuda externa contraída por el Perú con organismos internacionales, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y US/AID.

¿Saben ustedes cuál fue la razón que dieron ése y otros gobiernos para emprender estos programas de colonización?: Superar la pobreza. Ahora el presidente García se ilumina y sin cuestionar el rol del Estado y la responsabilidad que a él mismo le toca, en la medida que ya estuvo a la cabeza de éste en 1985-90, emprende una nueva búsqueda para “superar la pobreza”. Lo que está en cuestión es si a los anteriores gobiernos les interesaba la pobreza de los peruanos o más bien buscaban engañarlos con promesas ilusorias de tierras ubicadas en el Dorado amazónico. Y al actual gobierno, ¿le interesa la pobreza o satisfacer las demandas de empresarios ávidos de terrenos para plantaciones de biocombustibles?

El gobierno, si es que el tema le interesa de verdad, no debe buscar la pobreza en lugares tan alejados como la Amazonía, sino en Lima y en las demás grandes ciudades del país, donde un gran porcentaje de la población no tiene trabajo y sobrevive con ingresos ínfimos. La pobreza que sí afecta a indígenas amazónicos está precisamente en las zonas que han sido devastadas por la colonización y por las industrias extractivas, que han contaminado el medio ambiente, afectado su salud y destruido sus redes sociales de solidaridad. Pero las políticas del gobierno no se dirigen hacia la solución de estos problemas, sino hacia su expansión.

El ataque a los pueblos indígenas desatado por este gobierno no se limita a socavar su derecho al territorio sino que procura acabar con ellos a través de la medidas destinadas a debilitar sus lenguas y culturas. Es con esta finalidad que hay que entender las sucesivas medidas tomadas por el Ministerio de Educación, como la exigencia de la nota 14 para los postulantes a institutos superiores pedagógicos. Es verdad que esta norma es general y afecta a todos los candidatos: durante los tres años que lleva de vigencia no ha habido ingreso a dichos institutos en el país, porque la dispersión de quienes superaron la valla (alrededor del 3% de más de 14.000 postulantes) no he permitido conformar un número suficiente para justificar el funcionamiento de un año lectivo.

Una vez más el Estado castiga a quienes son víctimas de su mala política, en este caso, educativa. Aunque el ministro de educación ha recibido, de parte de muchas instituciones, explicaciones fundamentadas sobre las consecuencias de la norma, entre ellas, el déficit de profesores bilingües, mantiene su decisión inmutable. El ataque a la identidad de los pueblos indígenas se demuestra, además, por medidas como el rechazo de fondos de la cooperación internacional para educación intercultural bilingüe o la negativa del ministerio de participar en eventos sobre EBI.

¿A quién defiende el Estado?

La consigna del gobierno (y en esto no se diferencia de los anteriores) es negar la evidencias, enterrando bien su cabezota de avestruz en un hoyo. Hace cerca de tres años, cuando los achuares del río Corrientes hicieron pública sus denuncias sobre la contaminación de las fuentes de agua y sus recursos para la vida y, en general, del medio ambiente de su territorio, y de cómo ésta estaba afectando la salud de los pobladores, el Estado negó con desparpajo que esto fuese verdad, a pesar de que el Ministerio de Salud y el de Producción habían comprobado, mediante análisis de laboratorio, la magnitud del daño.

Solo una protesta descomunal por parte de los indígenas, con toma de campamentos petroleros y pozos y cierre de válvulas de estaciones de bombeo, lo llevó a reaccionar, aunque su primera opción fue por la recaptura de las instalaciones por la vía violenta, lo que en realidad quería decir que seguía negando que la actividad afectaba la salud de la gente y el medio ambiente. La presión fue tan grande que tuvo luego que dar marcha atrás y reconocer la veracidad contenida en las denuncias y suscribir, junto con la empresa y la federación indígena, el acta de Dorissa, mediante la cual Pluspetrol y el Estado se comprometían a remedir la situación en un plazo perentorio. En buena hora que haya sido así, pero ¿no pone esto en evidencia el hecho de que el gobierno mintió al negar primero los estragos negativos causados por la extracción de petróleo? El hecho de que hoy día el ministro Brack trate de hacer aparecer los cambios en la legislación sobre explotación de hidrocarburos como un logro del gobierno y no de los indígenas, nos parece un hecho carente de sinceridad.

Pero esa reacción del gobierno fue apenas coyuntural y producto de una presión formidable ejercida por las organizaciones indígenas, la sociedad civil y algunas instituciones pública, como la Defensoría del Pueblo, que antes como ahora ha jugado un papel destacado. Ahora el Estado niega una vez más la realidad de que el petróleo y las industrias extractivas en general son fuente de contaminación e impactos negativos para los pobladores locales. Toda la contaminación, afirma, es cosa del pasado. Ignoramos qué alcance querrá darle el gobierno a su noción de pasado, pero lo cierto es que el gasoducto se rompió cinco veces durante el primer año de funcionamiento, lo que es un indicador de irresponsabilidad y, probablemente, de corrupción, por el uso de tubos en mal estado o de segunda mano, como lo estableció una auditoría ambiental independiente que luego, para seguir con la costumbre nacional, fue silenciada.

Pero el anterior no es el único caso, ya que las denuncias de contaminación causadas por industrias extractivas o de transformación de minerales van desde el Callao y, pasando por La Oroya (donde el gobierno, una vez más, ha prolongado el plazo de Doe Run para cumplimiento del PAMA, mientras la población se ahoga en humos y los índices de plomo y otros metales pesados aumenta en su sangre), se expande por otras zonas.

Y no es un problema sólo de derrames, sino, de manera más global, de impactos en el medio ambiente en que viven indígenas y campesinos. En el Urubamba, durante la época de instalación del proyecto del gas del Camisea, un promedio de 200 barcazas diarias “batían” o “licuaban” las aguas del río, contaminando y alterando el hábitat de los peces, fuente principal de las proteínas que consumen los pobladores. Los matsiguengas que habitan la cuenca han sido “compensados” temporalmente por la pérdida admitida de capacidad de pescar en ése y otros ríos de la zona con un sol diario, lo que apenas alcanza para adquirir una lata de conserva a la semana.

¿Quién es el responsable de crear pobreza en los pueblos indígenas? Que no se diga que la contaminación es cosa del pasado porque ahora hay estándares, pues éstos existen desde 1993 y los achuares, quichuas y urarinas sólo consiguieron que se supervise la actividad de las empresas y se les obligue a cumplir las normas después de 13 años de continuas denuncias.

El problema es que al gobierno y a mucha gente le parece normal que los indígenas paguen los costos del llamado desarrollo. Si sus chacras son destruidas, también el monte que utilizan para cazar y realizar actividades forestales, poco importa. La idea es que esos espacios valen poco frente a la riqueza que producen las industrias extractivas. También sus vidas y las de las generaciones por venir valen poco, lo que es un indicador más del racismo que impera en el país. Nos preguntamos qué pasaría si 200 barcazas batieran diariamente el agua del mar en los balnearios del sur de Lima. La protesta sería masiva y apoyada por la prensa, porque se consideraría que se está afectando propiedad privada valiosa de gente que vale más.

Los indígenas y la seguridad nacional

En los últimos tiempos, se acusa cada vez más a los indígenas de constituir una amenaza a la seguridad nacional. Cancillería se niega a dar pase a la creación de dos reservas comunales y a un parque nacional, ubicados en la zona comprendida en el curso alto de los ríos Napo y Putumayo, alegando razones de seguridad nacional. Dice temer que los 700 secoyas peruanos y los 300 ecuatorianos, que por lo demás provienen de familias peruanas que emigraron antes del conflicto de 1941 y que luego no pudieron volver, puedan afirmar derechos territoriales y conformarse en un Estado independiente.

Es para no creerlo, sobre todo considerando que tanto las reservas como los parques son áreas naturales protegidas de propiedad pública. Ha dado la misma razón para justificar el recorte del parque nacional Ichigkat Muja, en la Cordillera del Cóndor, pero en cambio permite la presencia en la parte cercenada de la empresa Dorato Perú, pantalla de la transnacional canadiense Dorato Resources Inc., cuyo gerente general, Carlos Ballón, fue asesor principal en cuestiones de minería del plan de campaña del actual gobierno, como ha puesto a la luz César Hildebrandt en un reciente artículo. ¿Resulta ser entonces que una transnacional es mejor defensora de la seguridad nacional que el propio Estado, que, reiteramos, es el dueño de parques nacionales y otras áreas naturales protegidas? Eso se llama tener confianza en las instituciones propias e ideas muy claras sobre la defensa nacional.

La lista de las ventas del patrimonio nacional y de empresas privadas a un país como Chile, con el cual el Perú, por desgracia para la paz, mantiene conflictos pendientes, es inacabable. Más aun, este gobierno quiso venderle incluso parte del terreno del Ministerio de Defensa, lo que tal vez no signifique nada en términos de seguridad nacional comparándolo con lo que ya el Estado peruano había ya vendido a capitales chilenos (en especial, las industrias estratégicas), pero no se puede negar que el simbolismo del hecho resulta grotesco. Podemos también mencionar la profusión de decretos que suspenden la norma constitucional que prohíbe que “dentro de cincuenta kilómetros de las fronteras, los extranjeros no pueden adquirir o poseer, por título alguno, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía, directa o indirectamente, individualmente ni en sociedad” (Art. 71º), alegando para esto razones de necesidad nacional.

Cuando la excepcionalidad de levantar la prohibición por razones de “necesidad pública” se convierte en norma, debemos sospechar de la existencia de otros intereses. El papel aguanta todo. Algunos ejemplos: Petrobras en el lote 117, en el extremo norte del país, en la zona frontera con Colombia y Ecuador; Pacific Stratus Energy, en los lotes 135, 137 y 138, en la frontera con Brasil; y la lista sigue. También podemos mencionar que hace apenas unos años, las denuncias públicas pusieron en evidencia que la empresa maderera Newman Lumber Company de los Estados Unidos había construido una carretera de 150 Km a lo largo de la frontera con Bolivia para extraer caoba de manera ilegal, sin que las autoridades políticas ni las Fuerzas Armadas del Perú se hubiesen dado cuenta, o al menos así lo dijeron. Ni qué decir del ingreso cotidiano a territorio peruano de madereros colombianos por la frontera del Putumayo, sin que los numerosos puestos de las Fuerzas Armadas peruana hagan nada por frenarlos. Frente a todo esto, ¿podemos seguir sosteniendo que son los indígenas una amenaza a la integridad nacional?

Para terminar queremos referirnos a las dimensiones que ha tomado la actual protesta indígena. Su impacto se debe a la movilización masiva de familias y organizaciones indígenas amazónicas, incluyendo entre ellas algunas que eran consideradas como bases de CONAP, como las awajun del Alto Mayo; y a la amplia solidaridad que ha convocado su causa en diversas instituciones y personalidades de los más diversos sectores sociales. Además del carácter justo de los reclamos, esta solidaridad expresa el desagrado de la ciudadanía con un gobierno que le ha mentido de la manera más burda. La lista de mentiras es larga, pero la que mejor describe la traición es el ofrecimiento electoral de renegociar los contratos petroleros y mineros, que terminó con la genuflexión de estirar la mano para esperar una propina, según la voluntad de las empresas, que por supuesto no tienen ninguna.

Confrontado por un periodista con las contradicciones entre las promesas de la campaña y las medidas tomadas por el presidente ya en el ejercicio del poder, el congresista aprista José Vargas respondió: “Una cosa es lo que se dice en la campaña y otra la que se hace cuando se llega al poder”. Estamos frente a una buena muestra de las “interpretaciones auténticas” que podemos esperar de este personaje que se desempeña como presidente de la Comisión de Constitución. Nada menos.

Ir al enlace: Viajeros Online

Continuar leyendo... Leer más...

¿El Comercio quiere parecer solidario con la protesta indígena?

¿El Comercio quiere parecer solidario con la protesta indígena?

Nuevamente la portada de El Comercio trata sobre la problemática indígena. Sin embargo, a diferencia de la anterior hoy presenta una postura solidaria, en apariencia.

Realiza una entrevista a Beatriz Merino, representante máximo de la Defensoria del Pueblo, tal vez la única entidad que desde la institucionalidad estatal muestra visos de real conocimiento sobre la temática de los pueblos indígenas.


Beatriz Merino hace una crítica tenaz a las infaustas declaraciones de la Ministra de Justicia, quien indicó su deseo respecto a la detención de Alberto Pizango. Con ello no sólo muestra desinformación sobre la denuncia de sedición sino tal vez una intención de frustrar el diálogo, dejo entrever Beatriz Merino.

Así también en la entrevista notamos temor hacia tener posiciones como NO AL PETROLEO. ¿Por qué? ¿Existe algún caso de éxito en la Amazonía peruana donde la explotación de hidrocarburos conviva en equilibrio con la vida de los pueblos indígenas? ¿En alguna parte de la Amazonía? ¿Tal vez en alguna parte del mundo? ¡¡¡Pagamos por ver!!! y sí es así: INVERTIMOS en PETROLEO.

¿Cómo es la relación entre las comunidades amazónicas y las compañías petroleras?
Pasa lo mismo que con la minería. Los nuevos inversionistas son víctimas de los pasivos previos. Ahora hay normas de reinyección para las petroleras. El conflicto de los achuar con Pluspetrol es un caso de éxito. En parques nacionales de otros países se hacen explotaciones petroleras limpias donde se respeta la biodiversidad. Es tarea del Ministerio del Ambiente dar a las comunidades la seguridad de que la inversión se hace respetando la naturaleza.

Pero los dirigentes amazónicos no quieren la inversión.
Ellos dicen que quieren desarrollo e inversión, pero con garantía. Ahora, que hay personas y ONG con agendas ideológicas y políticas opuestas a la inversión, es verdad. Pero no me toca a mí, siquiera si lo supiera, comentarlo. Apostemos por la inversión, pero hagámoslo bien.


Saludamos esta posición:

El Gobierno dice que no puede dialogar bajo presión.
El Estado tiene que dialogar siempre. Ya lo dijo el último premio Nobel de la Paz, hay que dialogar siempre.

Compartimos esta mirada:

¿Ve voluntad de diálogo en Aidesep?
Subestimar a Aidesep y concentrar todo en la figura de Pizango es un error. Es una asociación con muchísimos años y varios dirigentes. Mi impresión de ellos es que buscaban canales para no llegar a la violencia.

Por otro lado, destacamos la correcta denominación que hace Merino al referirse a los que realizan la protesta como pueblos indígenas o indígenas y, no utilizar términos como nativos, aborígenes, etnias o grupos, característico de personas poco informadas y conocedoras de derechos.

Finalmente, nos queda solo comentar el titular de El Comercio: "No hay peruanos de primera, segunda ni de tercera clase". Esto quiere decir que sí lo hay, que si lo hubo (al menos), que espera que no lo haya más. Por que si no lo hubiese, entonces no sé dice nada o ¿no?.

Vale la pena leer toda la entrevista:

Entrevista completa

Continuar leyendo... Leer más...

Entrevista: ¿Por qué protestan los pueblos amazónicos?

Vladimir Pinto, del Programa de Defensa de los Derechos Indígenas, explica algunos de los principales Decretos Legislativos que tienen a la selva en pie de lucha.


El Decreto 1064: Decreto que impone la servidumbre, no hay posibilidad de diálogo.
Es inconstitucional por el artículo 7 que no respeta la imprescriptibilidad de las tierras comunales.

El Decreto 1089: Promueve la formalización de la propiedad rural. El antecedente es el proyecto 1770, el que no paso la votación del Congreso. Refleja la política del Estado de promover titulación individual.

Ver Video


Obtenido de Alerta Peru

Continuar leyendo... Leer más...

En respuesta al Sr. Althaus

Por Pedro García-Hierro*

Siempre lúcido, muy bien ubicado y con una sencillez que reluce Pedro García da respuesta a la nefasta editorial en la que lo mencionan -lease difaman-.

Puede el editorialista consultar en los manuales qué es lo que eso significa. La libre determinación de los pueblos, que Perú ha suscrito al firmar la Declaración, supone que estos pueblos determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural pudiendo disponer, libremente para el logro de sus fines de sus riquezas y recursos naturales. En este contexto la consulta previa, a la hora, por ejemplo, de declarar un lote petrolero o minero o de dictar una ley que les afecte, no es una cortesía o un trámite. Es una consecuencia obvia del derecho de libre determinación que tienen todos los pueblos y naciones del mundo sobre sus propios recursos.


---

Por segunda vez un editorialista de El Comercio, el señor Althaus, toma mi nombre para introducir el relato, francamente alucinado, de una intriga que intenta ubicar la problemática indígena nacional en el contexto de una maquinación internacional perversa orientada a terminar con el capitalismo internacional. O algo así.

Se trata con ello, al igual que la primera vez, de desorientar a la opinión pública del verdadero problema de las comunidades y pueblos indígenas del Perú. Pero a decir verdad, el señor Althaus practica un periodismo tan predecible y evidencia tanta sujeción a intereses económicos específicos que realmente siempre se puede adelantar por dónde irán sus opiniones, se trate de indígenas, de la sentencia a Fujimori, del TLC o de cualquier otro tema de interés nacional.

Su desinformación, fruto de su desmesurado fundamentalismo, sería preocupante en el seno de un diario serio como El Comercio si no fuera porque, a mi parecer, genera en amplios sectores de la intelectualidad nacional sentimientos de rechazo para las causas que defiende, generando benéficas suspicacias en relación a su información.

Comienzo por refutar sus afirmaciones sobre mi persona para salirnos de lo anecdótico: dice que hice un pronunciamiento ideológico radical que fue plasmado en un documento solicitado por Ibis en 1992: Ibis en ese tiempo no existía en el Perú; dice que soy asesor de AIDESEP, lo fui y con mucho orgullo hasta 1994, hace mas de 13 años; dice que se trata de una intriga internacional puesto que yo soy un abogado español: soy además abogado peruano y he viajado a España en los últimos 37 años solo para conocer a mis nietas.

Digo que fui asesor de AIDESEP con mucho orgullo. Porque, entre otras cosas, ha sido una institución capaz de promover permanentemente los derechos indígenas a nivel nacional e internacional y porque se debe al impulso de AIDESEP la titulación de la mayor parte de las tierras y territorios indígenas del Perú; por ello cuenta con un amplio historial de reconocimientos internacionales.

AIDESEP o alguno de sus programas o filiales ganaron premios como el AntiSlavery (por combatir la esclavitud generada por los madereros en Atalaya), el Bartolomé de Las Casas y el Andrés Bello (por haber instituido FORMABIAP un programa de formación de profesorado bilingüe e intercultural modélico para América) y otra vez el Bartolomé de Las Casas (para la FENAMAD de Madre de Dios por su defensa del medio ambiente frente a la extracción petrolera irregular).

Sus representantes, tildados por Althaus como personajes secuestrados por ideologías perversas, han sido reconocidos con premios como el Goldman, en dos ocasiones (por defensa del medio ambiente) o el Right Livelihood Award - “Premio Nobel Alternativo” (del Parlamento sueco por su contribución al desarrollo y defensa de los derechos humanos). Como puede entenderse, las alucinaciones del Sr. Althaus son tan solo lo que parecen ser.

Se dice que AIDESEP, y su estrategia internacionalista, está ampliamente financiada por instituciones radicales extranjeras. No sé a cuáles se refiere pero en mi tiempo AIDESEP fue financiada, por poner un ejemplo, por agencias o programas vinculados a AECI (oficina de cooperación española), DANIDA (sistema de cooperación del gobierno danés) HIVOS y otras pertenecientes al sistema de cooperación holandés, Terra Nova, del sistema de cooperación italiano, GTZ y otras del sistema de cooperación alemán, NORDECO del sistema de cooperación nacional de Noruega, etc.

Si todas estas instancias son de corte radical y fueran por ello estigmatizadas, Perú debería salir definitivamente fuera del circuito internacional de la cooperación solidaria. Por lo que hace a la amplitud de ese financiamiento, el Sr. Althaus, como suele ocurrir con personas mucho menos formadas, insinúa perversamente cifras faraónicas. Es fácil concretar esa información que personalmente desconozco. La tiene el Estado, la supervisan las instituciones competentes, la auditan los donantes. Dudo mucho que la mayor parte de los empresarios y políticos que defienden los intereses que AIDESEP combate puedan mostrar la misma apertura y disponibilidad para el control. El Sr. Althaus demuestra muy poca seriedad periodística en sus afirmaciones.

Por lo que hace a los siempre mencionados sueldos fabulosos de los asesores de AIDESEP, o mucho han cambiado las cosas últimamente o le puedo asegurar que cualquiera de ellos cambiaría a ojos cerrados su cuenta bancaria por la del señor Althaus.

Con respecto al fondo del asunto: el Sr. Althaus habla de una supuesta estratagema subversiva orientada a generar territorios étnicos autónomos.

El editorialista se quedó en el siglo pasado al respecto del derecho internacional de los derechos humanos. Si observa textos como el Convenio 169 o la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros que no son del caso, verá que la tesis que él replica como inaceptable fue hace ya muchos años superada por el derecho internacional. Los pueblos indígenas no sólo tienen derecho a gobernar con autonomía sus territorios, eso ya era muy claro en los textos de la década del 90, sino que tienen reconocido por Naciones Unidas su derecho de libre determinación.

Puede el editorialista consultar en los manuales qué es lo que eso significa. La libre determinación de los pueblos, que Perú ha suscrito al firmar la Declaración, supone que estos pueblos determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural pudiendo disponer, libremente para el logro de sus fines de sus riquezas y recursos naturales. En este contexto la consulta previa, a la hora, por ejemplo, de declarar un lote petrolero o minero o de dictar una ley que les afecte, no es una cortesía o un trámite. Es una consecuencia obvia del derecho de libre determinación que tienen todos los pueblos y naciones del mundo sobre sus propios recursos.

En estados plurinacionales como los americanos(1), esto no es un más que un reto a la creatividad jurídica, al diálogo entre iguales, a la modernización y puesta al día de Estados fraguados por la mentalidad colonial y que necesitan entrar con una dignidad recuperada a los nuevos tiempos. El gritar que todo esto es inaceptable tiene un rancio sabor inquisitorial y pareceres como el expresado por el Sr. Althaus están destinados a ser condenados eternamente por la historia de este país, como ya lo dijera Haya de la Torre al dirigirse a aquellos que negaran a los indígenas sus derechos.

En cualquier caso sí es importante aclarar que por mucho que se recurra al pataleo y le parezca inaceptable al Sr. Althaus, la libre determinación de los pueblos indígenas es irreversible y más bien lo que resta es una progresiva concreción de ese derecho en las Constituciones de cada país americano. Por eso corre tanta prisa a determinados sectores económicos de Perú y Colombia para hacerse con los recursos y tierras indígenas antes de que ese derecho, ya establecido, se precise en su verdadero significado por sentencias de jurisdicción internacional.

El planteamiento de que con la autonomía territorial se atenta contra la soberanía nacional o se propicia el separatismo es ya muy antiguo y las organizaciones indígenas ya lo han escuchado en infinidad de ocasiones. Pero habitualmente fue esgrimido por gobiernos militares y no por un periodista civil de un diario decente.
Salvo algunos casos que se amparan en derechos históricos especiales (como pudiera ser el caso de la Mosquitia) no he escuchado a ningún pueblo indígena americano hablar de separaciones o cosas similares. No es ese el punto. Y por supuesto que los indígenas no aspiran, como insinúa el editorialista, a que no se cumpla la ley nacional en sus territorios. Muy por el contrario, sus luchas se orientan a que los Estados cumplan las normas y los compromisos jurídicos, que las empresas se sometan a los derechos constitucionales, que las reglas del juego no sean el arreglo furtivo y la exclusión.

En diversas ocasiones, el Sr. Althaus se ha mostrado preocupado por el carácter vinculante o no de los pactos y acuerdos internacionales que defienden los derechos indígenas (y que a él tanto le sorprenden por cuanto traslucen rebeldía internacional al sistema monopólico de concentración de poder económico y político en el que tan cómodamente se maneja).

En definitiva pone en duda si deben ser de obligatorio cumplimiento, o no, compromisos que Perú ha asumido en el seno de la comunidad internacional. Es una duda que podría aducir una banda de mafiosos, no el gobierno legítimo de un país democrático. Pacta sunt servanda, los romanos ya lo sabían. Los pactos son para cumplirlos y, en el caso de la Declaración, está obligación, se precisa de manera tajante con fórmula inusual en los textos internacionales: … los Estados promoverán el respeto y la plena aplicación de las disposiciones de la presente Declaración (artículo 42º).

Así lo ha entendido la Corte Interamericana que ya recoge la Declaración como fuente de derechos de manera reiterada en sus sentencias. Por cierto: la Declaración se alcanzó después de varias décadas de debates, no en una noche de serenata, y Perú fue, curiosamente, uno de sus impulsores más fervientes durante muchos años y hasta el propio día de su firma.

Al Sr. Althaus debe preocuparle que instituciones como la Defensoría del Pueblo o los obispos amazónicos o las diversas instancias especializadas de derechos humanos y los gremios del país o la comisión multipartidaria del Congreso de la República vean con ojos solidarios y comprensivos las pretensiones de los pueblos indígenas. ¿Es una trama? ¿Son todos contra el Sr. Althaus?

El Sr. Althaus reclama que el único problema de los decretos es que violaron el derecho a la consulta. Supongamos que fuera así, lo que dista mucho de la realidad, entonces, si las normas se han generado violando un derecho del más alto rango, deben ser derogados. Y se supera el problema. Punto, tranquilidad para todos. El poder judicial y el Tribunal Constitucional colombianos ya lo han hecho, por esa misma carencia de consulta, en repetidas ocasiones y con normas tan importantes como el régimen agrario y el forestal de aquel país.

Y no son solo los famosos decretos, hay mucha legislación anterior inconsulta y perjudicial, como todas las que diseñan el nuevo régimen de titulación de tierras, las servidumbres mineras y tantos otros. Así como diversidad de actos administrativos y concesiones realmente impactantes para la vida y los bienes de los pueblos indígenas que debieran ser revisados para ajustarse a ley.

El Sr. Althaus pide un diálogo extremo y hasta las últimas consecuencias, todos lo piden. Pero, los pactos internacionales reclaman una condición al diálogo: que sea de buena fe y que se busque obtener acuerdos o el consentimiento. La Mesa de Diálogo que se instaló por Decreto Supremo Nº 002-2009-MIMDES (por supuesto de manera inconsulta) es un complot entre amigotes, no una Mesa de Diálogo orientada por la buena fe: los acuerdos ya se habían establecido antes de constituir esa Mesa con determinadas contrapartes indígenas que, por supuesto, se prestaron al consentimiento ya hace algunos lustros. No hacen falta Decretos, hace falta diálogo honesto, voluntad política democrática, comprensión intercultural, respeto a las instituciones representativas, sumisión a los compromisos internacionales sobre derechos humanos y atención a las prioridades constitucionales.

A pesar de lo que quiere hacer creer el Sr. Althaus, y que ha sido repetido por políticos y demás interesados, los problemas indígenas no son problemas creados por ideólogos. Algunos, como el padre Bartolomé de Las Casas, los obispos de la selva o el actual Relator de Naciones Unidas, han generado discursos posiblemente mucho más “radicales” que el que yo haya podido aportar al movimiento indígena (y que, lejos de ser clandestino, está explícito en diversos textos accesibles en el entorno universitario).

Los problemas indígenas están originados en una historia de despojos y falta de respeto a las leyes y se mantienen hoy en base a una alianza mafiosa entre lo peor de un empresariado internacional extractivo y una maquinaria nacional corrupta de funcionarios que subordinan los intereses nacionales y que cuenta con impunidad y que, además, se la aseguran a largo plazo (con algunas inesperadas fallas del sistema como la sentencia a Fujimori).

Los efectos de esta conexión delictiva son nefastos para la economía nacional, muy contrariamente a lo que se propugna; es también letal para la democracia, la transparencia y la gobernanza del país.

Pero sobre todo está siendo criminal para la supervivencia de los pueblos que formaron el Perú, hoy inmersos en un marco territorial de concesiones viciadas en donde no se les quiere otorgar otro rol que el de víctimas, al margen de los discursos y fantasías con que se trata de ocultar una realidad que, para quienes conocen la selva, se evidencia a cada momento. Una realidad que la prensa citadina oculta apretando los dientes y muchos intelectuales olvidan oprimiendo su nariz.

¿Quiere saber el Sr. Althaus lo que yo creo que enerva a los comuneros?

- El saber que mientras que la titulación de sus territorios (ocupados durante cientos de años) está obstaculizada por toda una serie de requisitos burocráticos, colonos y grandes empresarios obtienen todas las facilidades para hacerse dueños de unas tierras que ni siquiera conocen.

- El saber que, aún las tierras tituladas no cuentan con las más mínimas garantías de parte de las instituciones del Estado de tal manera que, cada día, junto con sus esposas y sus hijos, los comuneros indígenas están sometidos a tensiones, riesgos y provocaciones que les impiden emprender su desarrollo familiar con tranquilidad. Y que este permanente menosprecio de la propiedad privada es avalado e impulsado por el propio gobierno.

- El ver que mientras que las empresas extranjeras disfrutan de todas las reglas de juego necesarias para explotar las materias primas del país (incluyendo la impunidad ecológica y laboral) el Estado no ofrece la más mínima atención al desarrollo de las comunidades ni a su conocimiento sobre la biodiversidad ni a sus tecnologías ni le ofreció nunca otro apoyo que la represión, la limosna y el olvido.

- El saber cómo se dictan diariamente normas tendientes a recortar más y más sus derechos y a fortalecer el derecho de sus agresores. El escuchar del señor presidente de la República sus afecto hacia el capital extranjero y su insulto reiterado a los pueblos originarios del Perú.

- El ver cómo el Estado intenta acabar con las propias instituciones educativas de los pueblos indígenas que, como FORMABIAP, fueron diseñadas para afrontar lo que el propio Estado no hace, educar profesorado bilingüe e intercultural, a fin de que los niños y jóvenes puedan estudiar no en un idioma desconocido sino en su propio idioma.

- El ver cómo se mantiene instituciones cercanas a la esclavitud en los escenarios locales del proceso de extractivo de la madera, mientras que ministros y especialistas amigos dan alabanzas al sistema y proclaman la necesidad de seguir extrayendo lo que ya prácticamente no existe gracias a la actitud depredadora de sus socios.

- El ver cómo cientos de niños y niñas indígenas se ven obligados a abandonar sus hogares y son explotados de manera abominable y desprotegida en las zonas mineras o de “expansión del desarrollo extractivo”, como Madre de Dios y Chanchamayo. El escucharle al Sr. Presidente que “las malas prácticas mineras” son cosa del pasado cuando vemos los desastres de Ananea, Inambari, Guacamayo, Carabaya, Huancabamba, o tantos otros, algunos propiciados por empresarios del entorno palaciego.

- El ver cómo después de 30 años de explotación petrolera en sus territorios, los achuar del Río Corrientes cuentan sus distritos entre los últimos de la lista de extrema pobreza del Perú y sus hijos sufren con enfermedades irreversibles y un altísimo porcentaje de plomo y otros metales en su sangre; el ver que el alimento que comían, los lugares donde se bañaban, el agua que bebían, el aire que respiraban ya no existe o se ha podrido a vista y paciencia de un Estado permisivo.

- El salir cada mañana a buscar comida a un monte o a un río que ya perdió su vitalidad y el regresar a ver a su familia enfermándose sin ninguna atención de los servicios de salud del Estado.

- El que miles de asháninkas dieran su vida por la pacificación del país mientras madereros y otros colonos azuzados por el aparato estatal invadían y usurpaban los territorios comunales que debieron abandonar para enfrentarse al terrorismo. Y que esos territorios hasta hoy no hayan podido recuperarse.

- El haber sido burlados una y mil veces en los trabajos concertados con el Estado, como el caso del Parque de Ichigkat Muja, componente sagrado del territorio awajum y lugar de extrema vulnerabilidad ecológica, que fuera acordado proteger como Parque Nacional para luego, por presión política ser recortado y entregado a empresarios mineros.

- El saber que esa frontera, para cuya defensa los awajum y wampis ofrecieron la vida de sus jóvenes durante el conflicto, estaba en esos mismos momentos siendo objeto de negociaciones con empresas mineras extranjeras, algunas vinculadas con el entorno castrense ecuatoriano y ver cómo hoy se va a instalar minería a cielo abierto allí donde están todas las nacientes de sus ríos.

- El ver cómo se silencia con el mayor celo la realidad de las comunidades indígenas amazónicas y andinas y cómo se confunde diariamente a la opinión pública a través de medios de comunicación bajo control de un círculo muy pequeño de la élite económica nacional; el observar cómo son insultados sus dirigentes y sus políticos; el sentir que para el país no son más que un recurso folklórico y para el gobierno el más molestoso obstáculo para el libre juego del despojo de las riquezas nacionales.

- El ver cómo se empobrecen en sus propias tierras y cómo se les acusa de empobrecerse y cómo se les aconseja salir de la pobreza practicando un poco más de lo mismo que les empobrece.

Podría seguir infinitamente porque he vivido a diario estas injusticias durante 39 años de mi vida. Lo que pasa a los pueblos indígenas es que ya no pueden más. Que se les ha cercado y que saben que no pueden sobrevivir como pueblos en las actuales circunstancias. Sienten que después de 500 años de resistir agresiones, el actual gobierno se ha empeñado en escribir el capítulo final a la Conquista y se rebelan por consideración a sus abuelos y a sus hijos.

Se dice que no quieren el desarrollo. Yo trabajé en las comunidades del Cenepa y Marañón durante 16 años, y allí se había logrado un desarrollo muy propicio, a pesar de que el Estado no tenía en aquel entonces la más mínima presencia. La Central del Cenepa contaba con un sistema de bazares bien organizado, vendía regularmente cacao, artesanía y otros productos agrícolas, molía y distribuía piensos, promovía gallineros, piscigranjas, había logrado un cierto desarrollo de la salud en base a servicios propios y capacitaba a sus sanitarios y laboratoristas, promocionaba talleres de costura y artesanía y vendía sus productos, realizaba capacitación técnica en muchos aspectos, habían incursionado en empresas tan modernas como el Serpentario o un incipiente tratamiento del oro extraído artesanalmente.

El gobierno del señor Alan García acabó con todo eso hundiendo en la hiperinflación los pequeños negocios que habían surgido. Como ocurrió con tantos a los que hoy el gobierno califica (¿o acusa?) de pobres y “apoya” con las limosnas humillantes de programas como Juntos o Crecer.

Y ahora este mismo Presidente, les acusa de perros del hortelano. Eso es lo que a mi juicio les enerva. Y a la ciudadanía debiera enervarle también.

En estos últimos días la impotencia, la rabia y la exclusión han llevado a los dirigentes de AIDESEP a expresar su hartazgo con medidas y proclamas que a todos nos han sumido en preocupación. No es otro cosa que furia ante el menosprecio. En términos prácticos significa muy poco más que eso.

Mucho más preocupante, y posiblemente mucho más amenazante en términos prácticos, es la nueva provocación del Sr. Presidente. En su expresión “las tierras de la Amazonía son de ustedes, son de todos los peruanos” hay un llamado explícito al Far-West, a la limpieza étnica, a la invasión. Porque no habló metafóricamente. Si así fuera, hubiera continuado diciendo que, en ese mismo sentido, son de todos los peruanos las fincas de Ica, los palmerales de Cainarachi, las haciendas azucareras, los terrenos del club de Golf o los solares y patios de cada vecino de Lima. Pero no dijo así, dijo “las tierras amazónicas”, buena parte de ellas propiedad privada o posesión legítima de las comunidades y pueblos indígenas. Lo que dijo es que una es la propiedad de los ciudadanos nacionales y otra cosa es la propiedad de los indígenas: esa es de todos. Es el retorno del General Custer. Una proclama tan imprudente e irresponsable como esta es un verdadero llamado al genocidio.

Ojalá la ciudadanía se de cuenta de ello.

En fin Sr. Althaus, no son los pueblos indígenas los que violan la soberanía nacional ni nunca lo pretendieron. Sí la violan aquellos que negocian los recursos mineros fronterizos, los que generan “los faenones” petroleros, los que negocian por debajo de las mesas la vida de los pueblos y la salud del ambiente, los que traicionan a sus ciudadanos originarios vendiéndoles dentro de lotes petroleros sin la más mínima consideración por su vida y su salud.

Si el Sr. Althaus, como dice, está dispuesto a “desnudar la verdadera naturaleza de ese movimiento” empiece por investigar los negociados del chuponeo telefónico y los entretelones de cada concesión minera o petrolera en este país, los nombres y las firmas detrás de cada habilitador forestal ilegal, las cesiones de tierras de San Martín a los grupos bancarios, las concesiones mineras fronterizas del Cenepa, …..Hay mucho por descubrir se lo aseguro. Y ahí obtendrá una explicación, mucho más sencilla que la que usted propone, de la intriga internacional que subyace a esta problemática.

Termino diciendo que estuve pensando en reaccionar judicialmente frente a las difamaciones del editorialista del Comercio, pero creo que ser difamado es un asunto más serio.

El que se ponga mi nombre al lado de los indígenas es normal, eso ha sido mi vida y no me queda ya mucho para cambiarla. Siempre me enorgullecerá el ubicarme de ese lado.

Pero sí quiero pedir disculpas a las organizaciones indígenas por la insolencia del Sr. Althaus de despojarles a ustedes de su protagonismo. Saben que siempre trabajé en una segunda fila y así me gustaría poder seguir colaborando.

Ocurre que los hay que todavía dudan de que ustedes tengan alma, de que piensen por sí mismos y de que no haya una mano negra que mueve sus inocentes designios. Ellos saben de eso: si no, ahí están los otros indígenas, los “indígenas buenos” que ofrecen al Estado sus servicios para doblegar a sus paisanos, como ha ocurrido desde siempre, por desgracia, en toda la historia de la conquista del Perú.

Notas:
(1) ¡Sí, ya veo al Sr. Althaus, retorcerse!: el derecho internacional me permite decir que los awajum o los asháninkas son una nación, y en caso de dudas lea el Artículo 9º de la Declaración.

---
* Pedro García-Hierro es abogado por la Universidad Complutense de Madrid y la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha trabajado durante los últimos 35 años con diversas organizaciones indígenas tanto peruanas como internacionales en temas referidos a los derechos colectivos de los pueblos indígenas y el impulso de reformas democráticas interculturales.

Obtenido de Servindi

Continuar leyendo... Leer más...