lunes, 9 de febrero de 2009

El Gobierno acelera inversiones mediante la reducción de plazos para certificados ambientales


El Gobierno publicó el viernes pasado el quinto paquete de normas para impulsar la economía nacional y contrarrestar así el efecto de la crisis externa. Hasta ahora suman cerca de 20 normas emitidas por el Ejecutivo (decretos de urgencia, decretos supremos, resoluciones, directivas) y 9 proyectos de ley que se han enviado al Congreso para su aprobación.

MEDIO AMBIENTE

El Decreto de Urgencia 017-2009, que manda a todos los ministerios que emiten certificación ambiental acortar los plazos máximos para sus trámites: 15 días para la clasificación del proyecto, 90 días para la presentación del estudio de impacto ambiental y 45 días para la revisión del estudio.

El decreto también da un plazo de treinta días al ministerio del Ambiente para que de medidas complementarias a los proyectos de inversión considerados prioritarios y dispone medidas de "ecoeficiencia" en el sector público.

Según Manuel Pulgar-Vidal, director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, el decreto publicado ayer acorta plazos que hoy no existen, pues la reglamentación que debía determinarlos no se ha emitido. Sin embargo, dijo que 90 días es un plazo muy corto para proyectos de gran alcance.

La viceministra de Gestión Ambiental, Ana María González del Valle, consideró reales los nuevos plazos. “Muchos de estos proyectos ya han sido declarados viables por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y tienen sus estudios de impacto ambiental avanzados”, explicó. González del Valle coincidió en que los proyectos de mayor envergadura implican más trabajo de evaluación, pero aun así consideró que 90 días era un plazo adecuado.

En opinión de la viceministra, la certificación podrá también agilizarse si mejora la calidad de los estudios de impacto ambiental. “Muchas veces estos estudios tienen errores y generan observaciones que alargan el plazo”, comentó González del Valle, cuyo despacho espera tener este mes terminado el reglamento que permita generar un registro de consultoras que emiten estudios con estándares de calidad.

Por su lado, el analista político Eduardo Toche dijo que, con la aceleración de estos plazos, "se puede deducir que se pasará de una situación de escaso control (en materia ambiental) a ningún tipo de control". "Nosotros tenemos ahora un Estado muy ineficiente a la hora de cumplir su propia normatividad. ¿Por qué sacar un dispositivo o norma de estas características?", se preguntó el analista.

La reducción de plazos para obtener certificados ambientales es parte del quinto grupo de medidas del Gobierno para fomentar el empleo y la inversión en infraestructura y servicios públicos.

El Gobierno anunció en diciembre pasado un plan anticrisis que incluirá la inversión de 18.000 millones de soles (unos 6.000 millones de dólares) en obras de infraestructura para promover un esquema contracíclico en 2009, que evite la caída en el consumo nacional.

OTRAS NORMAS DEL PLAN ANTICRISIS

Entre los nuevos proyectos de ley hay uno que ampliaría hasta fin de año el plazo para la evaluación de los programas sociales. En la ley de presupuesto se condicionan los fondos de la segunda mitad del año a una evaluación que debía hacerse en junio o julio.

OBRAS PRIORITARIAS

Entre las obras declaradas prioritarias por el Ejecutivo figuran puertos regionales, la autopista del Sol (Trujillo-Sullana), la carretera IIRSA-Centro, los aeropuertos del sur y las irrigaciones Chavimochic y Majes-Sihuas.

También hay proyectos de rehabilitación de hospitales, colegios y carreteras de penetración, así como la remodelación del Estadio Nacional.

Fuente: La República y El Comercio

Comentario a parte:

Ninguna de las normas y proyectos de ley hace mención a los derechos colectivos de pueblos indígenas. Nos preguntamos si esto cumple con el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas.

Recordemos que el Convenio 169 de la OIT tiene rango constitucional, por lo tanto su cumplimiento es de orden obligatorio y prima sobre cualquier proyecto de inversión.

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Es una iniciativa colectiva que se basa en las comunicaciones como herramienta para el ejercicio de derechos de los pueblos indígenas.

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