Pueblos Indígenas no reconoceremos TLC con la Unión Europea

Minga Global por la Madre Tierra: 12 al 16 de octubre

COORDINADORA ANDINA DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS – CAOI
Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina

Nunca fuimos consultados, como lo establece el Convenio 169 de la OIT. No avalaremos desintegración de la CAN ni mayor depredación de la Madre Tierra. Rechazamos apoyo de la UE a gobiernos violadores de derechos humanos.

Entre el 21 y el 25 de septiembre se realiza en Bruselas una nueva ronda de negociaciones entre dos países de la Comunidad Andina (CAN), Colombia y Perú, y la Unión Europea (UE). Una ronda que pretende ser la última, para dar paso a la firma de un tratado de libre comercio (TLC).


Los pueblos indígenas andinos y sus organizaciones advertimos que no reconoceremos TLC alguno con la UE, porque su contenido, pese a afectar de manera directa nuestros derechos territoriales, sobre los bienes naturales y nuestros conocimientos colectivos, jamás fue consultado con nosotros, como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Ni siquiera hemos sido informados a lo largo de todo el proceso de negociación.

Un proceso de negociación no solo hecho a puertas cerradas sino que ha significado un grave atentado contra la integración andina. La Unión Europea y los gobiernos de Colombia y Perú son responsables de la disolución de la CAN. El aislamiento de Bolivia, por su posición soberana, y la salida de Ecuador de las negociaciones, muestran el entreguismo de los gobiernos de Álvaro Uribe y Alan García, y la inconsecuencia de la UE, que inicialmente aseguró que la negociación sería “bloque a bloque” para fortalecer la integración andina.

Rechazamos también, una vez más, la hipócrita postura de la UE, que habla de “acuerdo de asociación” y “diálogo democrático”, y privilegia el diálogo y los acuerdos con los gobiernos de Colombia y Perú, severamente cuestionados por su sistemática política de vulneración de los derechos humanos y los derechos colectivos de los pueblos, como lo ha confirmado el reciente examen y recomendaciones formuladas a esos Estados por el Comité para la Erradicación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas, luego de los informes alternativos y denuncias presentadas por la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI) y la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) ante la 75 Sesión de ese organismo (agosto 2009). En la práctica, las negociaciones del TLC significan el respaldo de la UE a la criminalización de la protesta y persecución a los dirigentes indígenas y populares.

Advertimos que un TLC con la UE traerá nuevos conflictos. En el Perú, los decretos legislativos para implementar el TLC con Estados Unidos, que arrasan con nuestros derechos, tuvieron como consecuencia la Masacre de Bagua del 5 de junio. Ese es el resultado de intentar imponer a sangre y fuego la destrucción de nuestras comunidades para favorecer el saqueo de los bienes naturales y la depredación de la Madre Tierra. Y la UE se sienta a dialogar y respalda al gobierno responsable de esa masacre.

Son las multinacionales europeas, junto con las norteamericanas, las mayores responsables del calentamiento global, y el TLC con la UE solo profundizaría este problema. Por ello, la CAOI, junto a un amplio conjunto de movimientos sociales de todo el mundo, instalará en octubre próximo el Tribunal de Justicia Climática (TJC), para juzgar éticamente a esas transnacionales y sus gobiernos cómplices, en camino a constituir una Corte Internacional de Justicia Ambiental. Este TJC se instalará en el marco de la Minga Global por la Madre Tierra, una movilización mundial que se desarrollará en todo el mundo, del 12 al 16 de octubre.


Lima, 21 de septiembre de 2009.

Miguel Palacín Quispe
Coordinador General CAOI

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Yehude Simon acepta que el gobierno mintió cuando dijo que derogatoria de los decretos afectaría el TLC con EE.UU.

(AIDESEP, 03 de setiembre de 2009).- El ex premier Yehude Simon, en declaraciones para el programa radial No hay Derecho (Radio San Borja), aceptó que el gobierno mintió cuando sostuvo que la derogatoria de los decretos legislativos que atentan a la amazonía afectaría el TLC con EE.UU.; revelación gravísima pues se entiende que este gobierno recurría a cualquier artimaña para lograr objetivos turbios y que atentan contra la población.


“No hay que olvidarnos que yo abrí la negociación con los amazónicos, comprándome un pleito, un tema de Estado que nació mal, porque no se consultó como debía ser las leyes, por lo menos dialogar con los nativos. Los nativos tienen razón cuando dicen que no se les consultó. Segundo, cuando se dijo que estas leyes afectaban el Tratado de Libre Comercio, se cometió un error porque no era cierto, era una mentira”, manifestó.

Sin embargo, el ex premier no recuerda cuando la entonces ministra de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Aráoz, dijo que “cuando uno incumple una cosa, pasamos a un proceso de consultas. Ahora, un equipo técnico está conversando en Estados Unidos con senadores y explicándoles los eventos para sacar una nueva ley forestal que mantenga los compromisos del TLC".

También se refirió que el Apu Alberto Pizango Chota, presidente de la AIDESEP, estuvo mal asesorado. Sin embargo, nos preguntamos: ¿cómo confiar en quién mintió a todo el país? ¿Cómo sentarse a dialogar con un gobierno que apuesta hasta el engaño para lograr sus objetivos? ¿Cuántas mentiras más hay respecto a lo que sucedió en Bagua? ¿Debemos pensar que Cabanillas miente cuando dice que ella no sabía nada sobre la actuación de la policía en la Curva del Diablo?

Solamente el tiempo lo dirá.

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TLC CON UE NO GARANTIZARÍA CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES AMBIENTALES

Por Luis Vittor

En el marco de la negociación del Acuerdo Comercial Multipartes o TLC, entre Perú, Colombia y Ecuador con la Unión Europea, diversas organizaciones e instituciones nacionales e Internacionales, interesadas en el efectivo cumplimiento de los estándares ambientales y sociales el marco de los acuerdos comerciales, queremos expresar nuestra más alta preocupación por las inmensas limitaciones que tiene el TLC con la UE para dar efectiva garantía a este cumplimiento de obligaciones:


a. Gobierno peruano no toma lecciones de la crisis en la Amazonía
Nos sorprende que luego de la reciente crisis de Bagua – Amazonas, producto del cuestionado proceso de implementació n del TLC entre EEUU y el Estado peruano, en cuyo marco se dio lugar a la promulgación de diversos Decretos Legislativos (tales como el 994, 1015, 1064, 1073, 1089, 1090, entre otros), con los que el Ejecutivo pretende promover una profunda reforma en el régimen de acceso a los recursos naturales, así como facilitar el comercio y la inversión privada; el Gobierno Peruano insista en promover acuerdos comerciales poco transparentes, sin incluir obligaciones adecuadas que permitan garantizar el respeto a los derechos de los ciudadanos, así como el cumplimiento de los estándares sociales y ambientales alcanzados por la normatividad nacional e internacional.

b. UE aceptaría estándares menores a los existentes hoy en día en el Sistema General de Preferencias - SGP
En este contexto es también preocupante que la UE acepte un marco de protección laxo que no ofrece garantías efectivas de cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos laborales y estándares ambientales, lo cual constituye un retroceso ante el sistema vigente en el marco del SGP. Urge reconocer esta tendencia desfavorable a fin de revertirla antes del cierre de las negociaciones.

En tal sentido, ponemos a consideración algunas de las principales preocupaciones que deben ser solucionadas en el marco de la negociación del TLC con la UE en el capítulo de Desarrollo Sostenible. Se recomienda que estos lineamientos sean incorporados antes del cierre de las negociaciones, a fin de equilibrar las obligaciones del comercio e inversión, con el cumplimiento de estándares ambientales y sociales mínimos para el país.

1. TLC UE no asegura cumplimiento de estándares ambientales
El Capítulo de Desarrollo Sostenible, que incluye los estándares ambientales y laborales no cuenta con un mecanismo específico de solución de controversias que garantice el cumplimiento de los compromisos ambientales asumidos en el marco de las negociaciones. En el caso que nuestro país disminuya estándares ambientales de manera sistemática que afecten los flujos de comercio y/o inversión, no existirán mecanismos y procedimientos que generen obligaciones concretas a cumplir con dichos compromisos, y que pongan restricciones comerciales, de manera que los exportadores corrijan sus prácticas y que el gobierno peruano mejore su gestión y regulación en este aspecto.

Es preocupante que el mecanismo de sanción que se podría estar contemplando en el marco de este capítulo pueda estar vinculado al recorte de flujos de cooperación proveniente de la UE, cooperación necesaria para reforzar los compromisos asumidos, por lo que esta pretensión constituiría un mecanismo contraproducente.

> Para garantizar el cumplimiento de los estándares, el Capítulo de Desarrollo Sostenible debe estar vinculado al capítulo de solución de controversias del acuerdo, de manera que exista una instancia de seguimiento de los compromisos en materia ambiental.

2. UE no compromete recursos de cooperación para promover el mejor cumplimiento de estándares ambientales
La UE no ha hecho expreso su compromiso de proveer nuevos recursos en materia de cooperación que permitan mejorar la capacidad del Estado Peruano para el cumplimiento de los estándares ambientales comprometidos. Bajo el principio de corresponsabilidad y complementariedad, la capacidad de cumplimiento efectivo en todo el territorio nacional de los estándares ambientales, requiere no sólo el firme compromiso de los gobiernos de los países andinos, sino del apoyo por medio de la cooperación (técnica y financiera) por parte de la UE para el mejor cumplimiento y adecuación a los compromisos suscritos.

Resulta de gran preocupación el anuncio de la UE de no desembolsar recursos adicionales de cooperación en el marco del TLC UE, evitando asumir compromisos más concretos de cara al apoyo efectivo al cumplimiento de los estándares ambientales y sociales. Es importante mencionar, que en este caso la UE está siendo mucho más resistente que países como EE.UU. y Canadá, que en los TLCs suscritos comprometieron recursos de cooperación adicional, para promover el mejoramiento y efectivo cumplimiento de estos estándares.

> UE debe comprometer recursos adicionales de cooperación para impulsar el adecuado cumplimiento de estándares ambientales y laborales.

3. Se requiere fortalecer los mecanismos de participación ciudadana para el monitoreo del cumplimiento de los estándares ambientales y laborales en el TLC UE
Una de las principales preocupaciones en el seguimiento del cumplimiento de los compromisos ambientales y laborales de los TLC, es en qué medida los sectores directamente impactados por estos tienen la posibilidad de dar seguimiento y participar en el monitoreo específico de la implementació n de los mismos, así como la presentación de informes y la participación efectiva en el seguimiento de las recomendaciones que hagan las partes..

> TLC UE debe incluir mecanismos concretos de participación de las organizaciones de sociedad civil en el monitoreo del cumplimiento de los acuerdos convenidos. Para ello se debe garantizar: mecanismos de transparencia adecuados, posibilidad de presentar informes al Comité del acuerdo desde la SC sobre el estado del cumplimiento de los estándares ambientales y laborales.

4. Se deben incluir compromisos concretos para el cumplimiento (suscripción e implementació n) de los estándares ambientales
La inclusión de la mejora de los estándares ambientales es un compromiso importante a promover en el marco de la relación entre comercio y ambiente en el TLC. Sin embargo, existe una razonable preocupación que estos compromisos sean asumidos por las partes de manera meramente declarativa, por lo que consideramos necesario, que en materia de cumplimiento e implementació n de los estándares, los compromisos de las partes sean concretos y definan un cronograma de implementació n gradual.

> No basta que el Perú incluya la fórmula “hacer esfuerzos razonables”, sino que es necesario que comprometa plazos (años de cumplimiento) , procedimientos de adecuación y cumplimiento de los compromisos, recursos y designe las instituciones responsables, de manera que quede expresa no sólo la responsabilidad de los países andinos de cumplir con los estándares, sino de la UE de facilitar y apoyar este proceso, mediante compromisos concretos de cooperación.

5. Obligación de la realización de estudios de impacto socio-ambientales
Promover un verdadero desarrollo sostenible en el marco del comercio internacional y las inversiones, supone que exista una evaluación ambiental estratégica de las políticas y proyectos de inversión relacionados con las actividades comerciales, así como la realización estudio de impacto socio ambiental, principalmente para la evaluación de Proyectos de infraestructura vial, energética, o programas de promoción para el cambio de la matriz energética, como es el caso de los Biocombustibles.

> Se debe incluir la obligación de elaborar Evaluaciones Ambientales Estratégicas y Estudios de impacto socio-ambiental, que incluyan una activa participación de los pobladores locales, comunidades en torno a los proyectos relacionados al comercio y/o inversión que pudieran generar afectaciones al medio ambiente, los recursos o ecosistemas naturales.

6. Incluir como requisito el Consentimiento y Consulta previa a los Pueblos Indígenas
Para aquellos casos de inversiones europeas en zonas y territorios indígenas, así como de decisiones respecto del uso de recursos biogenéticos y conocimientos tradicionales, en el marco del acuerdo se debe garantizar el derecho de los pueblos a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, como condición de licencia social previa.

> Incluir el derecho a la consulta y conocimiento previo libre e informado de los pueblos indígenas con relación a sus tierras y territorios (Convenio 169), así como el acceso a los recursos biogenéticos y los conocimientos tradicionales (Convenio de Diversidad Biológica).

7. Cuidado con la inclusión de conceptos “verdes” sin obligaciones reales de sostenibilidad
Si bien reconocemos la importancia de promover energías renovables en el marco de la relación con la UE, consideramos necesario que la inclusión de estos temas en el capítulo de desarrollo sostenible, sólo se realice en la medida en la que la promoción de las energías renovables y eficientes se incluya siempre que se exijan estándares de sostenibilidad y eficiencia muy claros sobre las mismas. No se puede permitir que bajo el concepto de “energías renovables” se favorezcan intereses que no sean ambientalmente sustentables o que tengan impactos sociales. Esto sucede también con la promoción de conceptos como los de comercio justo y biocomercio. Estos dos conceptos deben quedar claramente precisados, y ser considerados como complementarios, asegurándose la sustentabilidad de ambos.

Expresamos nuestra preocupación por el interés de impulsar el crecimiento del sector biocombustibles en el país en el marco del TLC con la UE, tomando en cuenta que existen importantes intereses asociados a este rubro. La alta sensibilidad de la promoción de esta producción exige que se incluyan mecanismos muy precisos en el marco del capítulo de desarrollo sostenible, que generen obligaciones muy concretas de sostenibilidad ambiental y social..

> La inclusión de los temas de energías renovables, como de comercio justo y biocomercio, debe relacionarse con obligaciones concretas de cumplimiento de estándares ambientales y sociales, que aseguren la sustentabilidad de estos procesos. Existe una abierta preocupación por la abierta promoción del crecimiento del sector biocombustibles, urge garantizar el cumplimiento de estándares ambientales y sociales a este sector.

9. Sobre el sector pesquero
La inclusión de referencias sobre el sector pesquero en el Capítulo de desarrollo sostenible del TLC UE debe responder a un enfoque ecosistémico en la gestión pesquera y del ambiente marino (en la gestión de los recursos ictiológicos e hidrobiológicos) en general, según recomendación de la FAO. Esto debe ser explicitado en los compromisos que se asuman en esta materia en el capítulo. Se deben incluir obligaciones referidas a trazabilidad, mejora en estadísticas vinculadas a la pesca artesanal y gestión de entornos costeros.

> Se requiere que los compromisos en materia pesquera respondan a un enfoque ecosistémico en el manejo del ambiente marino y referencias sobre trazabilidad.

10. Adecuada protección del Sector Forestal
Se debe reconocer las obligaciones de las partes en el marco de CITES, para ello se debe hacer referencia a la necesidad de implementar la Convención CITES para todos los productos de flora y fauna silvestre amenaza incluida en todos los Apéndices de la CITES. En el marco de la relación con la Unión Europea, se recomienda implementar el sistema de Fortalecimiento de la Legislación, Gobernanza y Comercio de Productos Forestales - FLEGT (Por sus siglas en inglés) un criterio de gradualidad para asumir los compromisos que estos implican.

En este marco, para un adecuado cumplimiento gradual del sistema FLEGT se requiere el compromiso por parte de la UE en materia de cooperación para apoyar este proceso de incorporación de nuevas obligaciones en materia forestal.

> Se debe reforzar el marco de protección del sector forestal, para lo que se requiere el compromiso en materia de cooperación por parte de la UE y la voluntad de Perú de asumir gradualmente compromisos de cumplimiento de estándares ambientales.

11. Promover protección de áreas protegidas
Debe hacerse un reconocimiento a propósito del papel fundamental que las áreas protegidas terrestre y marinas cumplen como proveedoras de bienes y servicios importantes para el comercio y por ende asumir compromisos concretos de cooperación respecto de su adecuado establecimiento, planificación y gestión. La base más adecuada para el establecimiento de estas obligaciones serían los compromisos que tanto la UE como el Perú han suscrito en el marco del Programa de Trabajo de Areas Protegidas de la Convención de Diversidad Biológica.

> Incluir mecanismos y compromisos de cooperación para la protección de áreas protegidas en línea con los compromisos multilaterales asumidos previamente por UE y el Perú.


Para más información:

Red Peruana por una Globalización con Equidad – RedGE. Alejandra Alayza (aalayza@cepes. org.pe) . Tf 4336610

Derecho Ambiente y Recursos Naturales – DAR. Lucila Pautrat (lpautrat@dar. org.pe). Tf. 2662063

Foro Ecológico – Sandro Chávez (sandrochv@yahoo. com). Tf. 2213325

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Gobierno utilizó TLC con EE.UU. como pretexto para no derogar decreto 1090

Lucila Pautrat: Gobierno utilizó TLC con EE.UU. como pretexto para no derogar decreto 1090

Por: Ideeleradio

Ideeleradio.- El gobierno utilizó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC) como pretexto para no derogar el Decreto Legislativo 1090, porque lo que realmente busca es aperturar el mercado de tierras de la Amazonía para otorgarlas a los inversionistas ligados al negocio de los biocombustibles, afirmó Lucila Pautrat, coordinadora del Equipo de Bosques de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

“El TLC se ha usado como pretexto para no derogar el decreto legislativo 1090. Las autoridades señalaron que si lo derogaban se afectaba el TLC con Estados Unidos, pero eso no es así. Con el 1090 modificado, ya estamos incumpliendo el TLC, porque algunas regulaciones no se han cumplido. (…) El gobierno lo que busca es abrir el mercado de tierras de las comunidades que el señor presidente (Alan García) había denominado en su discurso del Perro del Hortelano como tierras ociosa”, afirmó en el programa "No Hay Derecho" de Ideeleradio.

“Han existido errores de algunas autoridades que han tratado de justificar el decreto 1090, señalando que favorece a la reforestación de tierras deforestadas, lo que no es verdad, porque las tierras deforestadas están en Tocache, en el Valle del Monzón, en las zonas cocaleras y no en la Amazonía. Esas zonas no son las que se van a entregar para los biocombustibles”, agregó.

La ex comisionada de la Adjuntía para los Servicios Públicos y Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo, aclaró que detrás de estas normas, existen grandes intereses de inversionistas privados.

“Lo que está detrás es el negocio de los biocombustibles, se necesitaba aperturar el mercado de tierras de la Amazonía de la selva baja, para otorgar tierras a los inversionistas privados que ya han solicitado al Ministerio de Agricultura, miles de hectáreas para la promoción de biocombustibles”, refirió.

“Con la modificatoria del 1090 se deja la posibilidad de hacer un cambio de uso de las tierras forestales y eso genera un incentivo perverso al tráfico de tierras porque actualmente COFOPRI viene entregando títulos de propiedad a pequeños colonos parceleros que deforestan, queman y abren chacras para poder acceder a un título o certificado de posesionario y después vender las tierras”, explicó.

Señaló que el gobierno no sólo ha violado el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sino también el protocolo de enmienda del TLC con Estados Unidos, pues aseguró que ambos documentos afirman que se debe realizar una consulta previa a las comunidades nativas.

“Se ha debilitado la institucionalidad forestal y la misma administración forestal no cuenta con los recursos suficientes para cumplir con el TLC, que señala la consulta previa. Si realmente se quisiera cumplir, no hay los recursos necesarios para garantizar un mejor control de la tala ilegal. No se ha avanzado nada en esto”, refirió.

“Las comunidades nativas tienen temor, porque la sobrevivencia de las comunidades depende de la calidad del bosque. Ellas (las comunidades) están bien alimentadas, pero en un bosque alterado, con invasiones y actividades contaminantes, éstas tienen afectaciones a su calidad de vida”, añadió.

Cuestionó la “forma arbitraria” en la que el Estado aprobó los cuestionados dispositivos legales, sin cumplir con los procedimientos correspondientes, como la pre publicación de las normas, la participación ciudadana y la consulta a las comunidades nativas.

En ese sentido recomendó que se abra un debate amplio sobre los decretos legislativos que atentan contra la Amazonía y se elabore una nueva Ley Forestal, pero con la previa consulta a “las comunidades, a los presidentes regionales, a los sectores industriales y a los organismos ambientalistas”.

“Las políticas de comercio de exterior y desarrollo, no pueden estar por encima de los derechos de los ciudadanos, afectar sus vidas y estar por encima de la Constitución”, concluyó.

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Pedido de suspesión de TLC con UE

Las redes Europeas Amigos de la Tierra Europa (FoEE), Grupo SUR y la red UECAN, junto con la red Latinoamericana ALOP, en el contexto que viene viviendo el Perú hacen un llamado a la Comisión Europea a mirar el hecho como una señal de alerta sobre las lamentables consecuencias que puede conllevar una negociación meramente comercial, llevada a cabo a espaldas de los pueblos afectados y en un contexto de marcadas desigualdades sociales. Solicitan a la Comisión Europea suspender las negociaciones y abogar por el esclarecimiento de los hechos y el restablecimiento de la situación analizando sus causas. Exhortan a la Unión Europea a revisar el enfoque que ha dado a la negociación y la importancia que reviste mantener una visión integral de las relaciones con los países andinos.

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Señor José Manuel BARROSO
Presidente de la Comisión Europea
Bruselas, 11 de junio 2009

Las redes Europeas Amigos de la Tierra Europa (FoEE), Grupo SUR y la red UECAN,
junto con la red Latinoamericana ALOP, quienes hemos venido siguiendo con
atención el curso de las negociaciones entre la Unión Europea y Ecuador, Perú y
Colombia recibimos con desconcierto e indignación el saldo de muertos y heridos
que ha dejado el enfrentamiento entre la fuerza pública y los indígenas movilizados
en el Perú, como reacción a los decretos legislativos impulsados por el gobierno para
dar cumplimiento al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

Consideramos que este lamentable hecho compromete la responsabilidad política del
Gobierno del Perú, con el cual la Unión Europea desarrolla un proceso de
negociación de un Acuerdo comercial regido por una cláusula democrática de
carácter sustantivo. A partir de este hecho Perú ha entrado en un nuevo marco de
situación caracterizado por un deterioro de la paz social acompañado de graves
violaciones a los derechos humanos que no puede pasar desapercibido en la mesa de
negociación.

En este contexto hacemos un llamado a la Comisión Europea a mirar el hecho como
una señal de alerta sobre las lamentables consecuencias que puede conllevar una
negociación meramente comercial, llevada a cabo a espaldas de los pueblos afectados
y en un contexto de marcadas desigualdades sociales. El propio Informe técnico del
Estudio de Impacto sobre Sostenibilidad encomendado por la Comisión Europea y
recientemente publicado, llama la atención sobre como en un contexto de conflictos
locales y nacionales en áreas rurales producidos por las explotaciones mineras y
petroleras, una explotación mayor puede conllevar un aumento de su impacto social
negativo.

En orden a lo anterior, solicitamos a la Comisión Europea suspender las
negociaciones y abogar por el esclarecimiento de los hechos y el restablecimiento
de la situación analizando sus causas. De la misma manera nos permitimos
exhortar de nuevo a la Unión Europea a revisar el enfoque que ha dado a la
negociación y la importancia que reviste mantener una visión integral de las
relaciones con los países andinos, permitiendo que los tres componentes que la
conforman se complementen, refuerzen y equilibren mutuamente, otorgando una
especial atención al dialogo político en materia de derechos humanos y desarrollo
sostenible.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirvan prestar a la presente y a la
espera de su respuesta.

Atentamente,

Dilcia FIGUEROA
Coordinadora
Grupo SUR

Miguel SANTIBAÑEZ
President
ALOP

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Estados Unidos crea un comité para impedir la tala ilegal en la Amazonía peruana

(EFE, 2 de mayo de 2009).- El Gobierno de Estados Unidos creó hoy un comité gubernamental para supervisar las importaciones de madera de Perú e impedir la tala ilegal de árboles amazónicos, en el marco del acuerdo de libre comercio conjunto.


El nuevo órgano lo integran representantes de los departamentos de Estado, Justicia, Interior y Agricultura, y su presidente será un miembro de la Oficina del Representante de Comercio Exterior de Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés), según el memorando emitido por la Casa Blanca.

El comité puede impedir la entrada a Estados Unidos de cargamentos de madera peruana si determina que fue extraída de forma ilegal o si el Gobierno de Perú no coopera suficientemente en la verificación de su origen.

La introducción de estas salvaguardas y la creación del comité responden a las quejas de algunos líderes demócratas en el Congreso sobre el derribo ilegal de árboles de la Amazonía peruana, especialmente de caoba, una madera de gran valor económico.

La administración de George W. Bush aceptó en 2007 la introducción en el acuerdo que ya había sido negociado con Perú de las nuevas cláusulas para garantizar su aprobación en la Legislatura y Lima también les dio su visto bueno.

"La tala ilegal supone una amenaza grave para las plantas y animales de Perú", dijo el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara Baja en un comentario oficial que justifica las nuevas cláusulas. "Es clave que se pare la tala ilegal", añadió.

Un anexo del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Perú establece que el comité recién creado puede solicitar al Gobierno peruano que lleve a cabo una auditoría con un productor maderero para comprobar si cumple con las leyes de su país.

También puede pedir a Perú que verifique el origen de un cargamento específico de madera y que un representante de Estados Unidos participe directamente en ese proceso.

Una vez recibido el informe de Perú, el comité decidirá si acepta o no la entrada de ese producto a Estados Unidos.

El comité gubernamental está obligado a informar con frecuencia al Congreso de las medidas tomadas para poner en práctica las disposiciones contra la tala ilegal contenidas en el acuerdo.

El pacto establecía que Washington debía crear el comité como máximo 90 días desde su entrada en vigor, que ocurrió el pasado 1 de febrero.

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