Comisionados de la CIDH respaldaron a Radio La Voz

(AIDESEP, 09 de noviembre de 2009).- Los integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), expresaron su respaldo a Radio La Voz de Bagua (Amazonas) cuya licencia fue cancelada en junio por la cobertura independiente realizada de las protestas de los pueblos indígenas. Así informó Carlos Flores, director y quien se presentó ante el organismo en EE.UU. para exponer los motivos por los que su radio fue clausurada.




El periodista destacó que, luego de escuchar sus argumentos y los del viceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba, los integrantes de la CIDH señalaron que lo ocurrido con Radio La Voz constituye "un atropello a la libertad de expresión" y refirió que el representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) dedicó su exposición a abordar aspectos técnicos y a mostrar cuadros sobre la cantidad de emisoras sin licencia que operan en el país, cuyo número alcanzaría el 78%.

Y sobre este hecho, Catalina Botero, relatora de Libertad de Expresión de la CIDH, habría consultado a Cuba porque si hay semejante cantidad de radios sin permiso se escogió justamente a Radio La Voz de Bagua; más aún cuando ésta se encontraba en pleno proceso de homologación de sus equipos.

De igual modo, Flores indicó que los comisionados no tomaron con agrado la ausencia del ministro de Justicia, Aurelio Pastor. En todo caso, dijo el periodista, los comisionados le aseguraron que "si en Perú no iba a encontrar justicia, en los mecanismos internacionales sí".

Por último, informó que -al haber agotado la vía administrativa- los abogados de Radio La Voz presentarán la semana entrante una demanda de amparo a la resolución viceministerial que ordenó el cierre de la referida emisora.

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Las razones de los Amazónicos

Informe especial publicado por el diario La Primera (1 de noviembre) sobre las razones de los pueblos amazónicos para continuar en la brega tras incumplimientos por parte del gobierno peruano. Presenta un análisis extensivo del conflicto amazónico, las razones detrás de la posible disolución de AIDESEP, la falta de transparencia en las concesiones y la situación de riesgo para los pueblos indígenas no contactados.

Entre otros, contiene una entrevista a la antropóloga Margarita Benavides, subdirectora del Instituto del Bien Común acerca del impacto de la política del gobierno en la Amazonia peruana, basada en la extracción de recursos naturales, que pone en peligro al ecosistema y a la población, en especial a las comunidades nativas y a los indígenas no contactados.

Asimismo, incluye el artículo "Piedras en el camino del diálogo", con entrevista a Carlos Soria, responsable del área de Incidencia Legal del Instituto del Bien Común, quien argumenta la imperiosa necesidad de continuar el proceso instaurado en el Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos a través de cuatro mesas de diálogo entre el Estado y diferentes organizaciones en pro de salvaguardar los derechos de los pueblos indígenas, evitando que se repitan sucesos tan nefastos como los ocurridos en Bagua en junio pasado.

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Información obtenida del Boletín de Noticias del Instituto del Bien Común

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INDIGENAS INICIAN MARCHAS DE SACRIFICIO DESDE SUS TERRITORIOS A LA CAPITAL DE LA REGION TACNA EN PROTESTA POR DESPOJO DE AGUAS Y RECURSOS NATURALES

Por Nasario MamaniTacna / Perú 6 de noviembre 2009.-

El día de ayer 5 de noviembre, las comunidades indígenas de Tacna procedentes de la Provincia Altoandina de Tarata, han iniciado las marchas de sacrificio que desde sus mismo territorios llegaron hasta la capital de la Región Tacna, en protesta contra el saqueo de aguas que pretender cometer las empresas mineras en sus territorios. Las comunidades recuerdan que hace 55 años la empresa minera del cobre les quitó las aguas de sus acuíferos subterráneos para lixiviar e industrializar el cobre y el oro que sacan de Toquepala, Asimismo recuerdan que hace 25 años, lo hizo el Proyecto Especial Tacna PET al sustraer el agua subterránea del tripartito en Ancomarca, desecando cientos de hectáreas de bofedales, llevando al exterminio a dichas comunidades por falta de agua para sus pastizales.


Hoy en día la empresa Minera NEWMONT de Estados Unidos pretendió ingresar a la comunidad Tarateña de Ticaco, pero los comuneros dijeron BASTA no han dado su consentimiento para que dicha empresa minera se instale en sus territorios, puesto que el saqueo de aguas que comete tanto el PET como la Mina de Toquepala solo ha dejado muerte y miseria en los Andes Tacneños, por tanto esta vez en pleno 2009 los comuneros ya no están dispuestos a dejar que se les invada sus territorios como lo hicieron en Toquepala y en el Ayro (Tripartito Perú, Chile, Bolivia).

Ayer 5 de noviembre, las madres de familia de Ticaco encabezaron la marcha de sacrificio, por más de 200 kms. desde los andes hasta la costeña ciudad de Tacna, capital de la Región del Mismo nombre, se dejaron sentir las voces de los campesinos y campesinas aymaras de Ticaco, Con lo cual se inicia una serie de marchas de sacrificio que harán las demás comunidades afectadas por el saqueo de oro y aguas. La manifestación fue apoyada por las familias tacneñas de origen Ticaqueño y el pueblo en General de Tacna, que vio en los rostros de las y los Ticaqueños, una muestra de firmeza en no permitir los abusos de los saqueadores de aguas, ni el Proyecto Especial Tacna, ni la Mina Toquepala , principales depredadores y saqueadores de Agua en Candarave y Ancomarca respectivamente, son repudiados por los campesinos indígenas de Tacna. Esta es una nueva etapa en las luchas de los indígenas por hacer respetar sus Derechos. El gobierno debe renunciar a su política de exterminio de indígenas que viene aplicando al dar concesiones sin el consentimiento de los pueblos indígenas afectados.

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Obama emite memorandum para implementar el deber estatal de consulta previa a pueblos indígenas

Para el mandatario, la ausencia o mínima consulta del gobierno federal con los pueblos indígenas es una de las principales causas de conflictos entre estado e indígenas

"La historia ha demostrado que el hecho de fallar en incluir las voces de los dirigentes de los pueblos indígenas en la formulación de políticas que afectan a sus comunidades con demasiada frecuencia ha dado lugar a reacciones adversas y, a veces, con resultados devastadores y trágicos."

"Nosotros sabemos la historia que compartimos. Es una historia de violencia, de enfermedades y privación. Tratados que fueron violados. Promesas rotas", dijo Obama al hablar ante la Conferencia de Naciones Originarias en la Casa Blanca.

Obama firmó un Memorandum para dar cumplimiento al deber de realizar consultas regulares entre el gobierno y los pueblos indígenas en el diseño de políticas que tienen efecto sobre los indígenas.

Texto del Memorandum, aqui:

http://www.politicaspublicas.net/panel/noticias/internacional/421-memo-obama.html




Centro de Políticas Públicas y Derechos Indígenas

www.politicaspublicas.net

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Grupo de representantes de APRODEH, AIDESEP y CNDDHH buscarán obtener un compromiso del gobierno peruano para superar conflicto del "Baguazo".

(24horaslibre, 3 de noviembre de 2009).- La Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) presentarán este martes 3 de noviembre, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el estado de los derechos humanos de la Amazonía, luego de los trágicos sucesos ocurridos en Bagua (Amazonas), a inicios de junio pasado.


“Se demandará al Estado Peruano la atención inmediata a los más de doscientos heridos y la reparación de todas las víctimas, tanto de los 23 policías como de los cinco indígenas y cinco civiles que perdieron la vida, así como continuar con la búsqueda del Mayor Felipe Bazán", informó Miguel Jugo, director de proyección institucional de APRODEH.

Jugo Viera dijo que la ocasión será propicia también para solicitar al Estado que cese el hostigamiento contra la AIDESEP, a la que pretenden disolver.

“Acudimos a una instancia supranacional para que se garantice un diálogo de buena fe y se detenga la persecución contra los líderes indígenas, tal como lo recomendó la Federación Internacional de Derechos Humanos, en su informe sobre los hechos de Bagua”, precisó.

En la audiencia Nº 137 de la Corte en Washington, el grupo de representantes buscará obtener un compromiso del gobierno peruano para superar el clima de conflicto que continúa afectando a las poblaciones indígenas de la zona nororiente del país.

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IIRSA vulnera derechos de los pueblos indígenas y de la Madre Naturaleza

OORDINADORA ANDINA DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS – CAOI

Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina

IIRSA vulnera derechos de los pueblos indígenas y de la Madre Naturaleza

Washington DC.- La violación del derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado quedó claramente establecida hoy en la Audiencia que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desarrolló sobre los impactos de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA).


La Audiencia se inició poco después de las 11:30 de la mañana con las exposiciones de los representantes de las organizaciones indígenas que la solicitaron, en las que detallaron los impactos que los megaproyectos de la IIRSA provocan en los derechos de los pueblos indígenas y de la Madre Naturaleza. Desplazamientos forzosos, pérdida de la biodiversidad, intromisión de enfermedades y delincuencia, degradación ambiental irreversible, fueron algunos de los severos impactos sustentados por los dirigentes indígenas participantes.

Al término de la Audiencia, Luz Patricia Mejía, presidenta de la Audiencia, señaló que las exposiciones de los demandantes brindan a la CIDH una visión mucho más amplia sobre la situación del cumplimiento del derecho a la consulta, reconocido por instrumentos internacionales, en los países suramericanos. Y que estos aportes serán incluidos en la relatoría que el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas está elaborando acerca del tema.

Derechos vulnerados

El primer expositor fue Leonardo Crippa, de Indian Law Resource Center, una de las organizaciones solicitantes, quien detalló que la IIRSA comprende 502 megaproyectos, de los cuales se incidiría en la Audiencia en tres: la Carretera Interoceánica Sur en Bolivia, el complejo hidroeléctrico del Río Madeira en Brasil y la misma carretera en el Perú.

Crippa hizo hincapié en que los megaproyectos de la IIRSA sirven para otros numerosos proyectos mineros, hidroenergéticos, de monocultivos y agrocombustibles en territorios indígenas, cuya ejecución implica la vulneración de derechos reconocidos internacionalmente. Y recordó que la IIRSA es financiada principalmente por el BID, FONPLATA Y BNDES.

Detalló que estos megaproyectos vulneran tres derechos en particular: a la propiedad colectiva de la tierra, al ser trazados sobre territorios indígenas; a la libre determinación y el autogobierno, al desconocer las formas de desarrollo, las autoridades y el proceso de toma de decisiones propios de los pueblos indígenas; y a la integridad y la salud, con la contaminación y la pérdida de la biodiversidad.

Casos específicos

Rodolfo López, Primer Cacique General de la Organización Indígena de la Chiquitanía, recordó que la idea de la Carretera Interoceánica Sur en Bolivia proyecta unir Santa Cruz y Puerto Suárez a través de 600 kilómetros de recorrido, en los cuales afecta directamente a 31 comunidades, amenazando su cultura, su biodiversidad y su integridad, porque permite la invasión de sus territorios.

Narciso Roca, Presidente de la Central de Comunidades de la zona, añadió que las tierras comunales no están tituladas, lo que les impide acceder a las compensaciones por reparación de tierras. Y que la carretera causa deforestación, caza indiscriminada por parte de comerciantes de carne silvestre a quienes facilita el acceso, contaminación del agua por el arrojo de combustibles, aceites y otros, y migración masiva a la zona.

Por su parte, Telma Delgado Monteiro, representante de las Comunidades Nativas de Pueblos Indígenas de Rondonia, Brasil, dijo que los proyectos hidroeléctricos en el Río Madeira tienen como verdadero objetivo favorecer el monocultivo de soja. Y denunció que los estudios de impacto ambiental que se han realizado nunca incluyeron los impactos transfronterizos Perú-Bolivia- Brasil.

“Las audiencias públicas no fueron realizadas y las licencias para las obras fueron otorgadas cuando éstas ya estaban ejecutándose, con lo que se ha violado el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado”, subrayó.

Precisó que las obras han provocado el desplazamiento de un millón de personas, causan degradación irreversible en la biodiversidad, inundan tierras fértiles, aumentan la incidencia de malaria, han incrementado la deforestación en 600% y afectan principalmente a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.

Otra integración

Miguel Palacín Quispe, Coordinador General de la CAOI, aclaró que los pueblos indígenas no están en contra de la integración, sino que tienen otra forma de mirar el desarrollo: “el buen vivir, en armonía entre los hombres y la Madre Naturaleza, es el aporte de los pueblos indígenas frente a la amenaza del calentamiento global”, enfatizó.

Indicó que la Interoceánica Sur proyecta unir tres puertos peruanos: Ilo, Matarani y Marcona con el Brasil, a fin de favorecer el acceso a los bienes naturales por las empresas transnacionales. Son 2603 kilómetros de carretera que implican un endeudamiento que supera los mil quinientos millones de dólares para el Perú.

La carretera, explicó, afecta los territorios de 3952 comunidades andinas y 78 comunidades nativas, tres parques nacionales y dos reservas naturales que suman más de cinco millones de hectáreas, las cuales albergan especies únicas que serán llevadas al borde de la extinción.

Entre los impactos más graves, mencionó el estímulo a la minería, la explotación de madera, la migración, la tugurización de las ciudades, los monocultivos, el desvío de cauces de ríos, la destrucción de sitios sagrados, la invasión de territorios, sobre todo de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, la división de comunidades, la delincuencia y la extinción de los pueblos.

En cuanto a la central hidroeléctrica de Inambiri, Palacín Quispe dijo que ésta afecta 46 mil hectáreas de tierras de cultivo en las regiones peruanas de Cusco, Puno y Madre de Dios, lo que causará el desplazamiento forzoso de los pueblos al ver destruido su modo de vida.

“Los pueblos indígenas –finalizó el Coordinador General de la CAOI- no estamos en contra de la IIRSA: es la IIRSA la que está en contra de los pueblos indígenas”.


Washington DC, Estados Unidos, 2 de noviembre de 2009

http://www.minkandina.org

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Se rompe diálogo entre líderes indígenas y la Hunt Oil

Planteamiento indígena fue desestimado por la Hunt Oil. "Primero queremos que se retiren de nuestra casa, luego los invitamos a dialogar", sostuvo una dirigente amarakaeri.

Salvación, 28 de octubre de 2009. El planteamiento que llevaron los líderes indígenas de la Reserva Comunal Amarakaeri de que la compañía Hunt Oil paralice sus actividades en su territorio ancestral, antes de continuar con cualquier proceso de diálogo, fue desestimado por sus representantes, lo que motivó el retiro general de nativos y campesinos presentes en la reunión.


De esta manera, el camino del diálogo abierto por los indígenas en Salvación, a donde acudieron y se encuentra el campamento principal de la Hunt Oil, para exigir el retiro de la compañía estadounidense, como última alternativa de solución, se interrumpe por la actitud evasiva de la empresa de cumplir con la ley y se ingresa al periodo de relaciones más crítico entre ambos. El diario El Comercio anuncia que "un nuevo conflicto social parece encenderse en la Amazonía peruana".
Esto se produce días después de que el presidente del ECA, Adan Corisepa, anunciara el desalojo de la Hunt Oil de su territorio por una serie de incumplimientos y por violar los derechos fundamentales indígenas.
Recordemos que la empresa estadounidense Hunt Oil ya ingresó al territorio sagrado de los pueblos Harakmbut, Yine y Machiguenga, sin la debida consulta normada en el tratado 169 de la OIT en el cual el Perú es signatario. Incluso se sabe que la Hunt Oil estaría a poco menos de dos meses para acabar la etapa de topografía antes de ingresar con los explosivos a la etapa de sísmica.
Lo curioso del caso es que el representante del Ministerio de Energía y Minas MEM, Martín del Alcázar, quien acudió a la cita, pidió explicaciones a la petrolera sobre estas denuncias de omisiones a la consulta, cuando según el decreto supremo N.012-2008-EM que regula la participación ciudadana en actividades de hidrocarburos, exige que el MEM vele por su implementación y cumplimiento.
La consulta es una forma de Participación Ciudadana que tiene por objeto determinar si los intereses de las poblaciones que habitan en el área de influencia directa de un proyecto de Hidrocarburos podrían verse afectados, a efectos de que antes de emprender o autorizar cualquier programa de actividades, se conozca y analice las principales preocupaciones manifestadas respecto a los posibles impactos...
...Este proceso garantiza el interés del Estado de promover una mayor Participación Ciudadana, conociendo las observaciones y opiniones de la población interesada...
Sobre los derechos de los pueblos indígenas, en la parte preliminar, del artículo III, dice textualmente:
En el desarrollo de las Actividades de Hidrocarburos, el Estado promueve el pleno ejercicio de los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas,... La Consulta, como forma de participación ciudadana, llevada a cabo por los pueblos indígenas deberá ejercerse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias con la finalidad de llegar al mejor entendimiento sobre los alcances del proyecto y sus beneficios...
Como era de esperarse, la respuesta a la pregunta de dónde estarían esos documentos de consulta a las comunidades nativas de la Reserva Comunal Amarakaeri para el ingreso de la actividad de hidrocarburos de la Hunt Oil, según la norma establecida por el MEM, y que se olvidó de mencionar el señor Martín del Alcázar en la reunión del 28 de octubre, nunca llegó satisfactoriamente.
La reunión se realizó en el exterior del local de Maestranza del distrito de Salvación, provincia del Manu, en la región de Madre de Dios. Acudieron además de Marín del Alcázar, del MEM, Marcos Pastor, director de gestión del SERNANP, Silvana Lay, gerente de relaciones comunitarias de la Hunt Oil, el presidente del ECA, Adan Corisepa, el presidente de la FENAMAD, Antonio Iviche, el presidente de la Federación Agraria de Madre de Dios, Vidal Salazar, el comandante de la sede policial del Cusco, Moisés Rojo, el alcalde Kosñipata, Juan Rodríguez, entre otros.
Lo real es que las empresas petroleras no han hecho la consulta a las comunidades nativas beneficiarias e integrantes de la RCA y el Estado por su parte no solo no ha hecho cumplir esta exigencia de la ley, sino que de modo irresponsable ha generado la autorización para que se inicien las actividades petroleras de exploración.

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Edgard Sulca
Oficina de Comunicaciones FENAMAD
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CIDH analizará casos de pueblos indígenas en Perú

La CIDH iniciará este lunes su 137 periodo de sesiones públicas, en el que destacan casos relacionados con la discriminación de indígenas, entre otros.

La jornada incluirá también las dos únicas audiencias privadas del periodo de sesiones, sobre la libertad de expresión y la institucionalidad democrática en Venezuela, país que ha solicitado además dos audiencias públicas, sobre los derechos humanos y la criminalización de la protesta social en su territorio.

Los países que más casos presentarán ante los siete comisionados de la CIDH son Perú, Colombia y México, con cinco audiencias cada uno, casi todos ellos relacionados con los derechos de las comunidades indígenas.

En el caso de Perú, la CIDH evaluará el martes las acciones del Estado ante las recomendaciones internacionales de legislar el derecho a la consulta de los pueblos indígenas y de reconocer la propiedad colectiva de estas comunidades.

En un calendario dominado por asuntos que la CIDH ya ha estudiado con anterioridad, como la libertad de expresión y los derechos de las mujeres, destacan además las denuncias relacionadas con las violaciones de derechos en Honduras, tras el golpe de Estado que en junio otorgó el poder al presidente de facto Roberto Micheletti.

En una de las audiencias, dos asociaciones civiles alegarán que las mujeres son el grupo más perjudicado por la presunta represión de las manifestaciones públicas que lleva a cabo el nuevo Gobierno.

Además, los siete comisionados de la CIDH mantendrán hasta el próximo 13 de noviembre reuniones de trabajo cerradas al público, para tratar peticiones en trámite, aprobar informes de fondo, y estudiar la posible admisión de nuevos casos.

Los Estados que asistirán al 137 periodo de sesiones de la CIDH son Estados Unidos, Jamaica, Guatemala, Chile, Bolivia, Argentina, Ecuador, Brasil, Nicaragua, Panamá, Honduras, El Salvador, Venezuela, Haití, Cuba, Perú, Colombia y México, según el calendario de audiencias. EFE

Fuente: La Republica

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CIDH realizará Audiencia sobre impactos de la IIRSA en los Pueblos Indígenas

COORDINADORA ANDINA DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS – CAOI
Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina

CIDH realizará Audiencia sobre impactos de la IIRSA en los Pueblos Indígenas
Megaproyectos de infraestructura regional suramericana jamás fueron consultados a las comunidades afectadas e impactan severamente en sus territorios, cultura, bienes naturales, biodiversidad, provocando desplazamientos forzados.


A solicitud de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas e Indian Law Reource Center, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizará el lunes 2 de noviembre una Audiencia Especial en la que analizará los impactos de los megaproyectos de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) sobre los pueblos indígenas.

Una delegación encabezada por el Coordinador General de la CAOI Miguel Palacín Quispe e integrada por representantes del Perú, Bolivia y Brasil, viajará a Washington DC, Estados Unidos, para presentar en la Audiencia de la CIDH los informes técnicos y jurídicos que sustentan la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas amparados por el Convenio 169 de la OIT, la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y las constituciones y leyes de cada país.

La IIRSA nació en agosto del año 2000, por acuerdo de la Reunión de Presidentes de los Países Suramericanos. Su objetivo central es conectar la infraestructura suramericana para facilitar la extracción de los bienes naturales. Comprende alrededor de 500 megaproyectos cuya ejecución impacta territorios indígenas y provoca severos daños al medio ambiente y la biodiversidad. Además, implica la multiplicación geométrica de la deuda externa de los países de la región. Es financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (FONPLATA) y el Banco Nacional de Desarrollo del Brasil (BNDES).

La propuesta central de la CAOI y sus organizaciones es la reestructuración estratégica de la IIRSA sobre la base de la consulta y el consentimiento previo, libre e informado a los pueblos indígenas sobre cada uno de los megaproyectos de esta iniciativa. En tanto se realice dicha consulta, la ejecución de los megaproyectos debe ser suspendida. Además, la conducción de esta iniciativa no debe estar en manos de las instituciones financieras, sino de la Unión Suramericana de Naciones (UNASUR), de acuerdo con sus postulados declarados de respeto al medio ambiente y a la pluriculturalidad de sus países integrantes.

La delegación de CAOI presentará ante la CIDH sus denuncias contra la IIRSA en general, pero también sobre algunos de sus megaproyectos específicos, como la Carretera Interoceánica Sur, la Central Hidroeléctrica de Inambari, la represa hidroeléctrica de Yacyretá, el gasoducto noreste argentino, entre otros.


Lima, 28 de octubre de 2009.

Coordinación General CAOI

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Norma Aguilar Alvarado
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Indígenas “amarakaeris” decididos a desalojar a la Hunt Oil

Convocan de urgencia comisión de alto nivel entre el Gobierno, la Hunt Oil y los indígenas

Al menos unos doscientos indígenas de la Reserva Comunal Amarakaeri se encuentran concentrados en Salvación, capital de la provincia del Manu, en Madre de Dios, al suroriente del Perú, para exigir el retiro de la compañía estadounidense Hunt Oil de su territorio.


Los indígenas se encuentran desde el lunes por la tarde en Salvación, donde está la base principal de operaciones de la Hunt Oil, después de surcar por varios días la zona alta del río Madre de Dios y de convocar a las comunidades nativas aledañas a la Reserva Comunal Amarakaeri. En total, las comunidades nativas participantes son Barranco Chico, Boca Inambari, Boca Isiriwe, San José de Karene, Puerto Azul, Diamante y Shintuya, y se espera que en las próximas horas se sume Shipetiari.

El lunes 26 se realizó una reunión entre los representantes de la Hunt Oil, los dirigentes indígenas y autoridades locales, ante la presencia del fiscal de la Nación y efectivos de la Policía, en donde se decidió convocar con carácter de urgencia una comisión de alto nivel, integrada por el primer ministro, Javier Velásquez, el ministro del Ambiente, Antonio Brack, el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, y altos ejecutivos de la Hunt Oil, para dar solución a los problemas generados en esta parte de la Amazonía peruana que la Defensoría del Pueblo activó como nuevo conflicto social.

La reunión se llevará a cabo este miércoles 28 de octubre en la localidad de Salvación. Los dirigentes indígenas “amarakaeris”, de las etnias Harakmbut, Yine y Machiguenga, expresaron su firme decisión de su pueblo de ir “desalojar” a la petrolera, si es que se persiste con la continua violación de sus derechos. Para ello, se tiene programado una serie de acciones a fin de informar y sensibilizar a la población local, nacional e internacional a fin de que se solidaricen con las demandas indígenas.

Los nativos denunciaron que la Hunt Oil ya estaría trabajando en el interior de la Reserva Comunal Amarakaeri, y que incluso habría más de mil trabajadores que estarían en la etapa final de topografía previa a la de sísmica, pese a la negativa de las comunidades nativas a la actividad de hidrocarburos y a la intensión de los ejecutivos de la Hunt Oil, Silvana Lay y Arturo Chávez, de respetar la voluntad del pueblo indígena.

Ante ello, y una serie de incumplimiento más, generados a partir de incumplimientos de la compañía estadounidense con sede en Texas, los indígenas han comunicado su acuerdo comunal de dialogar directamente con los propietarios de la Hunt Oil, los que “toman verdaderamente decisiones”, ya que sus actuales representantes no han sabido transmitir el clamor del pueblo indígena de Madre de Dios de no rechazo a la actividad de hidrocarburos de las empresas Hunt Oil y Repsol.

El pueblo “amarakaeri” lo conforman ocho comunidades nativas beneficiarias de la Reserva Comunal Amarakaeri más dos organizaciones indígenas, la FENAMAD y COHARYIMA, que lo administran a través del Ejecutor del Contrato de Administración, ECA-RCA conjuntamente con el Estado.

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Edgard Sulca
Oficina de Comunicaciones FENAMAD





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OSINFOR INAUGURA OFICINA DESCONCENTRADA EN PUCALLPA Y ORGANIZA ENCUENTRO CON SOCIEDAD CIVIL.

El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR) realizó el Tercer Encuentro Regional con la Sociedad Civil y los Organismos del Estado e inauguró su tercera oficina desconcentrada en Pucallpa.


El evento contó con la presencia del biólogo Richard Bustamante, presidente ejecutivo de la entidad supervisora; Nicanor Saldaña, secretario general de OSINFOR, y Cecilio Soria, en representación de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.

“Somos la institución responsable de hacer cumplir la legislación forestal, teniendo como premisa la protección de la flora y la fauna silvestre. Para ello se efectuará un trabajo específico en cada una de las regiones donde existen concesiones forestales”, remarcó el presidente de OSINFOR.

Publicado en OSINFOR

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Si Aidesep se disuelve, los pueblos se levantarán

(La Mula, 27 de octubre de 2009).- El pasado doce de octubre la Procuraduría del Ministerio de Justicia elevó al Ministerio Público el pedido de ordenar la disolución de la Asociación Interétnica de la Selva Peruana-AIDESEP aduciendo que no había cumplido con las funciones para las que fue creada y que por el contrario, alteraba el orden público.


Esto como se esperaba generó diversas reacciones, desde los propios miembros de la Aidesep o dirigentes amazónicos como Miguel Palacín, hasta el ex Premier Yehude Simon.

En esta entrevista con el Secretario General de la Aidesep, Saúl Puerta, él advirtió que de prosperar la iniciativa de la Procuraduría, los pueblos se levantarían en una legítima aunque negativa reacción.

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"La Central Hidroeléctrica del Inambari afectaría a nuestra biodiversidad"

Programa Radial Tierra Fecunda

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Alberto Quintanilla, representante del colectivo Sociedad Civil de Puno, señala que la población puneña reclama porque no se les ha consultado sobre la construcción de la Central Hidroeléctrica de Inambari, y este megaproyecto afectaría directamente al puente y al asfaltado de la Interoceánica Sur, así como a la biodiversidad y en especial el Parque Nacional Bahuaja-Sonene.

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Convocan plantones pacíficos en rechazo a petrolera Hunt Oil

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(CNR, 27 de octubre de 2009).- La Federación Nativa del río Madre de Dios y Afluentes (FEDEMAD) desarrollará plantones pacíficos para solicitar el retiro de la petrolera Hunt Oil, a la cual acusa de realizar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos al interior de la Reserva Comunal Amarakaeri.


Jaime Corisepa, vicepresidente de dicha organización indígena, precisó que las protestas se realizarán en el sector de Botas Colorado, distrito de Madre de Dios, en la provincia del Manu, próximo al campamento de la petrolera.

El dirigente señaló que Hunt Oil no debe continuar con los trabajos de exploración en territorios ancestrales de las comunidades amazónicas, las cuáles "no tienen precio".

“No permitiremos la presencia de la petrolera, a pesar que el Estado se ha unido con la transnacional entregándole nuestros territorios. Nuestra lucha continuará hasta que la empresa se retire", señaló según Radio Madre de Dios.

Detalló que FENAMAD ha presentado una acción de amparo por la vía legal y viene canalizando la información del caso a través de los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, sobre el impacto que tendrán las operaciones de Hunt Oil en el medio ambiente de la reserva.

La Reserva Comunal Amarakaeri posee especial importancia ya que desde ese lugar nacen seis cuencas hidrográficas (río Madre de Dios, río Alto Madre de Dios, río Blanco, río Azul, río Inambari y río Colorado) que son las únicas fuentes proveedoras de agua con las que cuentan más de diez mil personas, entre población nativa y colonos.

Hunt Oil Company y la Repsol Exploración Perú son cotitulares del lote 76 otorgado por el Estado en 2006 para realizar los trabajos de exploración y explotación de petróleo en esta parte de la región de Madre de Dios. Este lote se superpone casi en su totalidad sobre la Reserva Comunal Amarakaeri, un territorio ancestral de los pueblos Harakmbut, Yine y Machiguenga y cuyo reconocimiento oficial se logró después de más de diez años de lucha indígena.

Alonso Paz – Radio Madre de Dios

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Rechazo a HUNT OIL

URGENTE

Aproximadamente unos 150 indigenas de la Reserva Comunal Amarakaeri se dirigen a Salvación Provincia de Manu, Madre de Dios, para desalojar a la Hunt Oil.


Población de Pillcopata, representada por su alcalde, están también en contra de la petrolera y se unirán a la protesta.

POR FAVOR, DIFUNDIR.

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FIDH presenta informe de Misión sobre sucesos de Bagua

Publicado en Centro de Políticas Publicas

"PERÚ-BAGUA, Derramamiento de sangre en el contexto del paro amazónico - Urge abrir diálogo de buena fe". Informe de la misión de la FIDH que visitó Perú los días 16 a 19 de junio de 2009 tras los violentos sucesos de Bagua.

La misión estuvo integrada por Rodolfo Stavenhagen, ex Relator Especial sobre los derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas, y la Hermana Elsie Monge, Directora Ejecutiva de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), organización miembro de la FIDH en Ecuador.

"Estos trágicos sucesos no pueden quedar en el olvido ni deben permanecer impunes."



Tomando en cuenta los puntos de vista y testimonios tanto de las autoridades peruanas como de las víctimas y de sus familiares, y de las organizaciones indígenas, el informe hace un análisis detallado de los sucesos. También se presentan el marco previo a los enfrentamientos, es decir las protestas que surgieron a raíz de la adopción por el gobierno peruano de una serie de Decretos Legislativos dirigidos a facilitar la implementación del Acuerdo de Promoción Comercial entre Perú y Estados Unidos, más conocido como « TLC », y el escenario posterior a los enfrentamientos.

La FIDH denuncia que durante los hechos ocurridos en la llamada Curva del Diablo los días 5 y 6 de junio y en días posteriores, se violaron el derecho a la vida, el derecho a no ser torturado u objeto de tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como el derecho a un debido proceso, a no ser detenido en forma arbitraria y a la libertad de expresión. Se destaca en particular la criminalización de los líderes indígenas que obstaculiza la posibilidad de un verdadero diálogo.

Estos trágicos sucesos no pueden quedar en el olvido ni deben permanecer impunes. Para ello, la FIDH recomienda, entre otros, la creación de una comisión investigadora totalmente independiente, que pueda esclarecer los hechos sucedidos y pide el respeto del derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de las víctimas.

La gravedad de este caso deja al descubierto profundas tensiones así como, en algunas ocasiones, la persistencia del racismo, por lo cual alentamos a que se abra un verdadero diálogo y que se garanticen los derechos de los pueblos indígenas, en particular en el marco de las políticas y actividades comerciales.

Recomendaciones

Las recomendaciones de este informe destacan asimismo la necesidad de aportar ciertas modificaciones al marco legal para que se garanticen plenamente los derechos de los pueblos indígenas y en particular su derecho a consulta cada vez que una decisión o actividad pueda tener repercusiones sobre ellos o sobre sus tierras y territorios tradicionales.

La FIDH invoca al Estado peruano a respetar los convenios y tratados internacionales que protegen el derecho de los pueblos indígenas; derogar las normas que afecten estos derechos; cesar la persecusión de los dirigentes y autoridades indígenas criminalizados en el marco la movilizacion amazónica de Abril a Junio del presente año y, al mismo tiempo, abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que agraven la situación previa al conflicto.

Finalmente, la FIDH formula recomendaciones a terceros Estados y a las empresas con el objetivo de prevenir las violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y a los derechos humanos en general, en el marco de las políticas comerciales y de inversiones, permitiendo así reducir además el riesgo de conflictos sociales.



Informe completo PDF (15 MB) (en sitio de FIDH)

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Alternativa:


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Fuente:


www.fidh.org

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"Amenaza contra la Libertad de Asociación entre Indígenas en Perú"

Publicado en el Blog de Clavero, el 24 Octubre, 2009

Ante una seria crisis política y social, Bertolt Brecht escribió un poema que concluía con la irónica sugerencia de que “el gobierno disolviese al pueblo para la elección de otro”, de otro pueblo que le pluguiese al gobierno. Nadie hasta ahora se había tomado tamaña proposición en serio. Acaba de hacerlo el Ministerio Público a iniciativa del Gobierno en el Perú. Ante la imposibilidad de domesticar al “perro del hortelano”, en infame expresión del Presidente García para significar indígena amazónico, la Fiscalía solicita a la Justicia la disolución de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, la organización representativa de las comunidades indígenas de la Amazonía. El Gobierno del Perú quiere disolver a los pueblos amazónicos para que ocupen su lugar gentes lo menos indígena posible. Brecht no se imaginó que estaba ironizando sobre el genocidio.

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Amenaza contra la Libertad de Asociación entre Indígenas en Perú

Bartolomé Clavero
Miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas

Ante una seria crisis política y social, Bertolt Brecht escribió un poema que concluía con la irónica sugerencia de que “el gobierno disolviese al pueblo para la elección de otro”, de otro pueblo que le pluguiese al gobierno. Nadie hasta ahora se había tomado tamaña proposición en serio. Acaba de hacerlo el Ministerio Público a iniciativa del Gobierno en el Perú. Ante la imposibilidad de domesticar al “perro del hortelano”, en infame expresión del Presidente García para significar indígena amazónico, la Fiscalía solicita a la Justicia la disolución de la AIDESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana), la organización representativa de las comunidades indígenas de la Amazonía. El Gobierno del Perú quiere disolver a los pueblos amazónicos para que ocupen su lugar gentes lo menos indígena posible. Brecht no se imaginó que estaba ironizando sobre el genocidio.

La disolución de AIDESEP es un paso más, paso desde luego extremoso, en dicha dirección. Se solicita por la Fiscalía dicha disolución alegándose el artículo 96 del Código Civil, el cual se refiere en efecto a “la disolución de la asociación cuyas actividades o fines sean o resulten contrarios al orden público o a las buenas costumbres”. Es un proceso abreviado con la asociación como parte demandada ante juzgado ordinario cuya sentencia, si no es objeto de apelación, se eleva de oficio a la corte de instancia superior, la cual tiene así en todo caso la última palabra. El juez de primera instancia puede dictar medidas cautelares de suspensión o intervención de la asociación demandada. Con esta relajación de garantías y tratándose de un caso sobre indígenas, el peligro inminente que se cierne sobre la existencia de AIDESEP resulta realmente serio. Ante esto se suscita una serie de cuestiones no menos serias desde una perspectiva meramente jurídica, ya no digo si se añaden otras perspectivas como la política.

Una primera cuestión es la de procedencia de la alegación. ¿Alcanzan el artículo 96 y el mismo Código Civil a una asociación como AIDESEP? La disposición se comprende en una sección dedicada a Las Personas Jurídicas, más en concreto, lógicamente dada su sede, a “las personas jurídicas de derecho privado”, lo cual no casa de hecho con el carácter de AIDESEP, una asociación dedicada a la defensa de derechos, la promoción de intereses y la representación de comunidades de un sector diferenciado de la ciudadanía, sector caracterizado precisamente por su fuerte estructura comunitaria. Incluso en el caso de que AIDESEP esté registrada como persona jurídica de derecho privado, pues la Ley de Partidos Políticos no contempla el registro de asociaciones cuyo fin no sea el de la representación por vía electoral, su caso no es, de hecho repito, el contemplado por el artículo 96 del Código Civil. AIDESEP es una asociación que actúa públicamente representando derechos y gestionando intereses de carácter y alcance públicos.

No digo que la AIDESEP se pueda ni deba asimilar a un partido político, pero su caso, para el supuesto de su eventual disolución, se encuentra más cercano al de los partidos. Sin embargo, la Ley de Partidos Políticos no contempla la disolución en su apartado de sanciones (art. 36). Si tal cosa se plantease, por ejemplo frente a un partido político que fuere simple cobertura de una asociación para delinquir, la vía tendría que ser la del Código Penal. Nunca se echaría mano por supuesto del Código Civil para intentar disolver un partido político que se sospechase tapadera de una banda de delincuentes.

El procedimiento del Código Civil se aplica a otros supuestos. Por ejemplo, se ha planteado para la disolución de asociaciones de carácter privado que discriminen por razón de género atropellando derechos de la mujer (Decreto Supremo 004-2008). La tristemente famosa ley contra las ONGs de 2006 no se remite en cambio al Código Civil para la sanción máxima de la cancelación en el registro que equivale a la disolución en el interior de Perú. En fin, con todo esto, el intento de aplicarse el Código Civil a la AIDESEP debiera repugnar y escandalizar tanto como si la aplicación se plantease frente a un partido político. Aunque no sean casos asimilables, resultan comparables.

El camino que queda entonces es el ya mencionado del Código Penal, al que el Ministerio Público no recurre en el caso de AIDESEP, prefiriendo la vía del otro Código, seguramente también por la razón de fondo de que presenta más dificultades al resultar más garantista. La exigencia de prueba en el campo penal es ciertamente bastante superior a la dcorrespondiente al ámbito del derecho civil.

Un delito lo suficientemente grave como para justificar una medida tan extrema como la disolución de una asociación humana debe probarse desde luego. Además, no hay ningún delito en el Código Penal peruano que tenga aparejada como pena tal medida de disolución. La misma, por su alcance colectivo, es pena accesoria cuya procedencia ha de tomarse en consideración en momento posterior a la condena de individuos mediante las debidas garantías: “Si el hecho punible fuere cometido en ejercicio de la actividad de cualquier persona jurídica o utilizando su organización para favorecerlo o encubrirlo, el Juez podrá aplicar todas o algunas de las medidas siguientes: (…) Disolución de la sociedad, asociación, fundación, cooperativa o comité” (art. 105.3). Las garantías son superiores en efecto a las del artículo 96 del Código Civil. El procedimiento de disolución contemplado por la Ley General de Sociedades (art. 410) es también más garantista que el del Código Civil.

Otras posibilidades de derecho no parece que haya. El proceso de garantías muy relajadas o prácticamente sin ellas de la legislación antiterrorista, compuesta por varios decretos de procedencia fujimorista, fue considerado como violatorio de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Consiguientemente, el Tribunal Constitucional ha debido anularlo como inconstitucional.

La sospecha de inconstitucionalidad se cierne también sobre el artículo 96 del Código Civil, particularmente en lo que toca a las medidas cautelares, previas al juicio, de suspensión o intervención que pueden ser fácilmente el preludio de la disolución definitiva o que en todo caso interrumpe la actividad de la asociación sin garantía alguna. Conviene recordar que esto de las medidas cautelares también procede de una reforma fujimorista de los Códigos Civil y Procesal Civil. Lo de “orden público y buenas costumbres” como categorías limitativas del derecho de asociación es también algo de legitimidad igualmente bien dudosa desde la perspectiva constitucional, aunque esta otra cláusula proceda de tiempos anteriores a los de la corrupción del ordenamiento por el régimen fujimorista.

Hemos llegado ahora a la Constitución cuando debiéramos haber comenzado por ella. Debiera hacerlo el Ministerio Público en un caso que afecta neurálgicamente a un derecho fundamental, el de libertad de asociación. También la Constitución en vigor, de 1993, procede de tiempos de Fujimori, pero tiene al menos un registro de libertades heredado, no sin distorsiones, de la Constitución precedente, de 1979: “Toda persona tiene derecho: (…) A asociarse y a constituir fundaciones y diversas formas de organización jurídica sin fines de lucro, sin autorización previa y con arreglo a ley. No pueden ser disueltas por resolución administrativa” (art. 2.13). Lo de “con arreglo a la ley” –una subordinación a norma ordinaria que ya pone en riesgo la libertad– fue añadido fujimorista. Pero ahí está la libertad de asociación como principio a cuya luz y en cuyo favor han de interpretarse las mismas leyes. La perspectiva procedente que es la constitucional arroja todo tipo de dudas sobre la legitimidad del procedimiento previsto por el artículo 96 del Código Civil y, mucho más todavía, si se le intenta aplicar a una asociación de carácter representativo como la AIDESEP. El caso no versa sobre un club deportivo juvenil o sobre un grupo dedicado a la promoción del bel canto.

La alternativa entre el terreno de derecho civil, el de derecho penal y el de derecho público no sólo es de garantías procedimentales, sino también de elementos sustantivos. Por la vía civil podría bastar para la disolución que se evidenciase un desvío constante entre objetivos estatutarios y acciones efectivas, dándose además la circunstancia de que lo primero puede venir determinado más por exigencias legales para la inscripción en el registro que por la voluntad fundacional del colectivo que se asocia. En el campo penal, si se imputan delitos para llegarse a la pena accesoria de disolución, puede entrar en juego la alegación de defensa de derechos por métodos legítimos, de una legítima defensa al cabo. Y en el terreno del derecho público se plantea más inmediatamente algo que debe tomarse en cuenta en todos los campos, el principio constitucional de libertad, de favor a libertades como la de asociación.


Vuelvo al interrogante sobre el escándalo que se organizaría si el intento se dirigiese contra un partido político o frente a alguna agrupación no indígena comparable con la AIDESEP. Pongámoslo en estos otros términos. Imagínese que se intentara disolver por tal vía tan deficiente de garantías como la del Código Civil una asociación de defensa de derechos, promoción de intereses o representación de comunidades de sectores netamente criollos. ¿Se atrevería realmente el Ministerio Fiscal a dar un paso de este tipo si la asociación del caso no fuese indígena? El espectro del racismo genocida sigue vivo y virulento por Perú. Como diría Brecht, el Gobierno pretende disolver a la humanidad indígena de la Amazonía para elegir a otra.

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