COMUNIDADES AFECTADAS POR MEGAPROYECTO IIRSA y LOTES PETROLEROS, EN UACAYALI, PERU.

I - TALLER - ENCUENTRO DE COMUNIDADES AFECTADAS POR MEGAPROYECTO IIRSA y LOTES PETROLEROS, EN UACAYALI, PERU.
(20 al 22 de Enero del 2010)

Sede: En la misma comunidad

Flor de Ucayali, afectada por Megaproyecto IIRSA Tramo Pucallpa a Cruzeiro de Sul (Brasil).

La comunidad Flor de Ucayali, se encuentra ubicada en la cuenca del rio Utukinia, afluente al Ucayali, Distrito de Calleria, Provincia de Coronel Portillo, Región Ucayali, frontera con el estado de Acre (Brasil), el fundador quien en vida fue ha sido jefe tradicional y sabio Juan Manuel Guimaraes Pangosa, quien en el año 1980, ubica una zona alta no inundable en la cuenca del rio Utukinia, época de invierno, es la comunidad con mayor extensión territorial de 21,700 Has en el ámbito de la Federacion de Comunidades Nativas del Ucayali (FECONAU).


Flor de Ucayali es una comunidad con pocas familias, su población es de 135 habitantes, los miembros de la comunidad se dedican a la producción de plátano, yuca, y maíz para el consumo, cuentan con dos principales cochas llamadas Manko y Lobo de donde pescan todos los días para alimentar a sus familias.

En la cuenca del rio Utukinia existen 12 comunidades campesinos, tanto Flor de Ucayali y las comunidades campesinas son colindantes a la Reserva Territorial Iskonahua pueblo en situación de aislamiento voluntario (Sierra del Divisor), haciendo una población de 5,600 habitantes en la zona. La población en aislamiento iskonahua no ha sido calculada en términos de población por la alta vulnerabilidad y riesgos a su salud que podría generar un contacto forzoso.

Flor de Ucayali al igual que las otras comunidades campesinas son una de las afectadas directamente por el proyecto IIRSA tramo Pucallpa – Cruzeiro Do Sul, se estima que son más de 220 Km. La carretera partiría en dos el territorio comunal.

En Asamblea comunal, Robert Guimaraes ha sido encargada para iniciar una nueva campaña en defensa de su comunidad de origen.

Robert Guimaraes Vásquez, es líder indígena del pueblo Shipibo Konibo de la amazonia peruana, es miembro fundador de la UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LA AMAZONIA PERUANA, el congreso peruano aprobó la creación de esta universidad mediante ley Nº 27250 de fecha 05 de Enero del año 2000.

En el año 2003, fundó la Escuela Amazónica Senén Soi Programa de Formación y Capacitación en Incidencia Política, Derechos Indígenas e Industrias Extractivas, donde actualmente es facilitador académico principal, con sede en Pucallpa, Ucayali. Este programa entrena en derechos indígenas vinculados al medio ambiente a líderes de la amazonia.

Actualmente es miembro del Consejo Consultivo Indígena de la Comunidad Andina de Naciones (CA) donde implementa políticas relacionado a la Protección de los Conocimientos Tradicionales en la marco a la implementación del artículo 8 “J” del Convenio de la Diversidad Biológica.

Por más de dos décadas el Sr. Guimaraes ha sido portavoz del liderazgo indígena en contra de las prácticas de las compañías de gas, petróleo y madera que han destruido de manera sistemática las comunidades indígenas del Amazonas Peruano. Él ha utilizado la acción directa, estrategias legales, incidencia política, campañas en los medios de comunicación y el monitoreo independiente de la industria del petróleo de manera interrelacionada con estrategias para la defensa de los derechos indígenas. Desde 2005, el Sr. Guimaraes ha servido como vicepresidente de AIDESEP, organización que defiende los derechos de 1,400 comunidades indígenas del Amazonas Peruano a través de incidencia política, conservación cultural y proyectos de desarrollo sustentable.

Robert Guimaraes Vasquez
Responsable de Campañas Industrias Extractivas
Escuela Amazonica Senen Soi
Telefono: 0051 (61) 961546951
Jr. Nueva Luz de Fatima 796 - Yarinacocha - Pucallpa.
Skype: rgv_sh

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IIRSA vulnera derechos de los pueblos indígenas y de la Madre Naturaleza

OORDINADORA ANDINA DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS – CAOI

Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina

IIRSA vulnera derechos de los pueblos indígenas y de la Madre Naturaleza

Washington DC.- La violación del derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado quedó claramente establecida hoy en la Audiencia que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desarrolló sobre los impactos de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA).


La Audiencia se inició poco después de las 11:30 de la mañana con las exposiciones de los representantes de las organizaciones indígenas que la solicitaron, en las que detallaron los impactos que los megaproyectos de la IIRSA provocan en los derechos de los pueblos indígenas y de la Madre Naturaleza. Desplazamientos forzosos, pérdida de la biodiversidad, intromisión de enfermedades y delincuencia, degradación ambiental irreversible, fueron algunos de los severos impactos sustentados por los dirigentes indígenas participantes.

Al término de la Audiencia, Luz Patricia Mejía, presidenta de la Audiencia, señaló que las exposiciones de los demandantes brindan a la CIDH una visión mucho más amplia sobre la situación del cumplimiento del derecho a la consulta, reconocido por instrumentos internacionales, en los países suramericanos. Y que estos aportes serán incluidos en la relatoría que el Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas está elaborando acerca del tema.

Derechos vulnerados

El primer expositor fue Leonardo Crippa, de Indian Law Resource Center, una de las organizaciones solicitantes, quien detalló que la IIRSA comprende 502 megaproyectos, de los cuales se incidiría en la Audiencia en tres: la Carretera Interoceánica Sur en Bolivia, el complejo hidroeléctrico del Río Madeira en Brasil y la misma carretera en el Perú.

Crippa hizo hincapié en que los megaproyectos de la IIRSA sirven para otros numerosos proyectos mineros, hidroenergéticos, de monocultivos y agrocombustibles en territorios indígenas, cuya ejecución implica la vulneración de derechos reconocidos internacionalmente. Y recordó que la IIRSA es financiada principalmente por el BID, FONPLATA Y BNDES.

Detalló que estos megaproyectos vulneran tres derechos en particular: a la propiedad colectiva de la tierra, al ser trazados sobre territorios indígenas; a la libre determinación y el autogobierno, al desconocer las formas de desarrollo, las autoridades y el proceso de toma de decisiones propios de los pueblos indígenas; y a la integridad y la salud, con la contaminación y la pérdida de la biodiversidad.

Casos específicos

Rodolfo López, Primer Cacique General de la Organización Indígena de la Chiquitanía, recordó que la idea de la Carretera Interoceánica Sur en Bolivia proyecta unir Santa Cruz y Puerto Suárez a través de 600 kilómetros de recorrido, en los cuales afecta directamente a 31 comunidades, amenazando su cultura, su biodiversidad y su integridad, porque permite la invasión de sus territorios.

Narciso Roca, Presidente de la Central de Comunidades de la zona, añadió que las tierras comunales no están tituladas, lo que les impide acceder a las compensaciones por reparación de tierras. Y que la carretera causa deforestación, caza indiscriminada por parte de comerciantes de carne silvestre a quienes facilita el acceso, contaminación del agua por el arrojo de combustibles, aceites y otros, y migración masiva a la zona.

Por su parte, Telma Delgado Monteiro, representante de las Comunidades Nativas de Pueblos Indígenas de Rondonia, Brasil, dijo que los proyectos hidroeléctricos en el Río Madeira tienen como verdadero objetivo favorecer el monocultivo de soja. Y denunció que los estudios de impacto ambiental que se han realizado nunca incluyeron los impactos transfronterizos Perú-Bolivia- Brasil.

“Las audiencias públicas no fueron realizadas y las licencias para las obras fueron otorgadas cuando éstas ya estaban ejecutándose, con lo que se ha violado el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado”, subrayó.

Precisó que las obras han provocado el desplazamiento de un millón de personas, causan degradación irreversible en la biodiversidad, inundan tierras fértiles, aumentan la incidencia de malaria, han incrementado la deforestación en 600% y afectan principalmente a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.

Otra integración

Miguel Palacín Quispe, Coordinador General de la CAOI, aclaró que los pueblos indígenas no están en contra de la integración, sino que tienen otra forma de mirar el desarrollo: “el buen vivir, en armonía entre los hombres y la Madre Naturaleza, es el aporte de los pueblos indígenas frente a la amenaza del calentamiento global”, enfatizó.

Indicó que la Interoceánica Sur proyecta unir tres puertos peruanos: Ilo, Matarani y Marcona con el Brasil, a fin de favorecer el acceso a los bienes naturales por las empresas transnacionales. Son 2603 kilómetros de carretera que implican un endeudamiento que supera los mil quinientos millones de dólares para el Perú.

La carretera, explicó, afecta los territorios de 3952 comunidades andinas y 78 comunidades nativas, tres parques nacionales y dos reservas naturales que suman más de cinco millones de hectáreas, las cuales albergan especies únicas que serán llevadas al borde de la extinción.

Entre los impactos más graves, mencionó el estímulo a la minería, la explotación de madera, la migración, la tugurización de las ciudades, los monocultivos, el desvío de cauces de ríos, la destrucción de sitios sagrados, la invasión de territorios, sobre todo de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, la división de comunidades, la delincuencia y la extinción de los pueblos.

En cuanto a la central hidroeléctrica de Inambiri, Palacín Quispe dijo que ésta afecta 46 mil hectáreas de tierras de cultivo en las regiones peruanas de Cusco, Puno y Madre de Dios, lo que causará el desplazamiento forzoso de los pueblos al ver destruido su modo de vida.

“Los pueblos indígenas –finalizó el Coordinador General de la CAOI- no estamos en contra de la IIRSA: es la IIRSA la que está en contra de los pueblos indígenas”.


Washington DC, Estados Unidos, 2 de noviembre de 2009

http://www.minkandina.org

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