La tala amenaza 500 pueblos indígenas en selva amazónica

(El País de Madrid, 8 de marzo de 2009).- Sobrevivieron a la llegada de Colón, a las enfermedades de Europa, a los dictadores y a la fiebre del caucho. Pero las prospecciones petrolíferas, las empresas modernas y los cultivos de soja no sólo les espantaron la caza sino también a ellos.

Aún quedan en América Latina unos 500 pueblos indígenas con 43 millones de miembros que son el 7,6% de la población del continente. La ONG Survival calcula que existen 40 de estos grupos en Brasil, unos 15 en Perú y uno en Paraguay.

Para ayudar a los indígenas en una batalla donde tienen todas las de perder, investigadores como Almudena Hernando, arqueóloga de la Universidad Complutense de Madrid, convivieron en la Amazonia brasileña con pueblos como los awá.

"Cuando los funcionarios de la Fundacao Nacional do Índio (Funai) detectan a un awá perdido en la selva lo trasladan a una zona legalmente demarcada para los indígenas donde nadie puede entrar. Pero los madereros igual entran. Hacen talas selectas, que no se pueden detectar mediante fotos aéreas, porque cortan los árboles más viejos y dejan los jóvenes. Y detrás de ellos viene un ejército de campesinos sin tierra, que no tiene tampoco nada para subsistir. La forma que tenemos en Occidente de ayudar es pedir certificados de origen de la madera que se compra".

"El verano pasado -continúa Hernando- los madereros se acercaron a sólo tres kilómetros de la zona protegida. Y cuando llegue la temporada seca, el próximo agosto, seguro que lo harán más. Cuando cazábamos junto a los awá, ellos, que tienen un oído finísimo, se paraban al oír las sierras mecánicas. Les espantan la caza, que es su única forma de vida. En 2006, la Funai llevó allí al Ejército y expulsó a los madereros. Pero, al año siguiente, volvieron". "La teoría en Brasil es muy buena. La ley protege a los grupos aislados, pero las invasiones son constantes, y no se hace nada para frenarlas", indica Fiona Watson, directora de la ONG Survival.

"Por una parte el Gobierno crea un organismo para protegerlos, y por otra pone en marcha el Plan de Crecimiento Acelerado, que proyecta entrar en la Amazonia", agrega.

Watson arremetió contra el presidente Luiz Inacio Lula da Silva y juzgó su reunión en abril con su homólogo estadounidense, Barack Obama, "con el objetivo de vender más biocombustibles". La funcionaria teme que si se lleva cabo un plan para explotar en gran escala la minería de los territorios indígenas, estos pueblos sigan desapareciendo, y ya no en cuentagotas como desde hace siglos, sino que rápidamente.

Solamente atractivos para el turismo
La activista Teresa Aguilar Larrucea lleva varios años trabajando junto al fotógrafo Carlos Díez Polanco en distintos proyectos con decenas de pueblos indígenas en Latinoamérica, y sostiene que todos los individuos con los que trata siempre salieron perdiendo en su relación con el hombre blanco.

"Apenas se les otorga el rango de personas. Pueden quedar muy bonitos como cartel turístico, pero nadie quiere tenerles cerca. Y encima la sociedad blanca les quita sus tierras alegando que no las cultivan. ¿Pero cuál es el concepto de improductividad? El indígena tiene ahí su tienda y su farmacia, saca beneficio de ellas. Llevan miles de años conviviendo en armonía con la naturaleza. Deberíamos aprender de ellos".

A pesar del notorio pesimismo, Aguilar Larrucea aún ve signos esperanzadores. "Venezuela es un ejemplo, un país pionero en la lucha por los derechos de los nativos al crear el Ministerio de los Pueblos Indígenas, y ponerlo en manos de Nicia Maldonado, una india yecuyana".

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La caoba ilegal en Ucayali prueba que la corrupción en el Estado sigue vigente

Por Sandro Chavez*

El hallazgo de caoba ilegal en un avión de la policía, el 7 de febrero último, que venía de la provincia de Purús, frontera con Brasil, que llevaba en su interior 111 piezas aserradas listas para su comercialización, es la muestra de cómo aún la corrupción se mantiene inalterable lamentablemente dentro del estado y su inoperancia complota contra el desarrollo de la amazonia y el manejo sostenible de nuestros bosques.

Las pruebas con las que cuenta la fiscalía especializada en medio ambiente y la Administración Técnica Forestal y de Fauna (ATFF) de Pucallpa que intervinieron el avión Antonov son contundentes.

Según informa Nelly Luna, periodista enviada especial del Diario El Comercio, La madera no tenía ningún documento oficial que respalde su procedencia legal. A pesar que ese día el fiscal Julio César Altez ordenó la inmovilización de la nave; el avión continúa circulando.

A pesar de este escandaloso caso, el Gobierno y las autoridades correspondientes no se han pronunciado al respecto, lo cual nos preocupa en la medida que existen varios antecedentes de casos similares que han terminado en el olvido y que además no se han producido grandes cambios para enfrentar decididamente la tala ilegal y su tráfico ilícito que a todas luces está operando sin mayores problemas.

A estas alturas, queda claro que con la implementación del DL 1090 y su “modificatoria”, en vez de ayudar en la lucha contra estos flagelos, las incentiva, lo cual se contrapone con el TLC suscrito y puesto en marcha con los EEUU, corriendo el riesgo de ser paralizado por la terquedad del Gobierno de beneficiar a unos cuantos inversionistas de Biocombustibles, entre otros.

Las voces de los actores del Bosque se están haciendo sentir (26 de febrero, movilización en Ucayali) y cada día irán en aumento, puesto que la normatividad aprobada vía Decreto Legislativos como el 1090, los han excluido en su opinión y aporte, así como en su real beneficio, por ello no será sorpresa que en las próximas semanas diversos organizaciones amazónicas, retomen sus luchas, como el movimiento indígena que ya anuncio su movilización, generándose así conflictos sociales que pudieron ser evitados en su momento y que aún existe la posibilidad de resolverlos, en tanto y cuando el Gobierno y el Congreso de la República enmienden su error y derogue los decretos legislativos que afectan directamente a los pueblos amazónicos, aprobando nuevas normas como el dictamen aprobado del Proy. de Ley 2691, listo para ingresar al pleno del parlamento.

Abrigamos la esperanza de que en este caso se realicen las investigaciones de la manera más transparente y se sancione ejemplarmente a los responsables de tan reprochables actos, pero mejor aun si se realizan los cambios necesarios para evitar la tala ilegal y el tráfico ilícito de productos del bosque, para ello será necesario una norma nueva que supere las ambigüedades y ausencias que tiene el DL 1090 y su “modificatoria”, de lo contrario, seguiremos asistiendo a más casos como este, que no le hace nada bien a la gobernabilidad del País, más cuando la mayorías de la amazonia exigen cambios normativos, pero en especial en la voluntad política para un verdadero diálogo, que permita construir un desarrollo sostenible para todos y todas.

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*Sandro Chávez es Biólogo y preside el Foro Ecológico y es Secretario Técnico del Colectivo Forestal

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