La caoba ilegal en Ucayali prueba que la corrupción en el Estado sigue vigente

Por Sandro Chavez*

El hallazgo de caoba ilegal en un avión de la policía, el 7 de febrero último, que venía de la provincia de Purús, frontera con Brasil, que llevaba en su interior 111 piezas aserradas listas para su comercialización, es la muestra de cómo aún la corrupción se mantiene inalterable lamentablemente dentro del estado y su inoperancia complota contra el desarrollo de la amazonia y el manejo sostenible de nuestros bosques.

Las pruebas con las que cuenta la fiscalía especializada en medio ambiente y la Administración Técnica Forestal y de Fauna (ATFF) de Pucallpa que intervinieron el avión Antonov son contundentes.

Según informa Nelly Luna, periodista enviada especial del Diario El Comercio, La madera no tenía ningún documento oficial que respalde su procedencia legal. A pesar que ese día el fiscal Julio César Altez ordenó la inmovilización de la nave; el avión continúa circulando.

A pesar de este escandaloso caso, el Gobierno y las autoridades correspondientes no se han pronunciado al respecto, lo cual nos preocupa en la medida que existen varios antecedentes de casos similares que han terminado en el olvido y que además no se han producido grandes cambios para enfrentar decididamente la tala ilegal y su tráfico ilícito que a todas luces está operando sin mayores problemas.

A estas alturas, queda claro que con la implementación del DL 1090 y su “modificatoria”, en vez de ayudar en la lucha contra estos flagelos, las incentiva, lo cual se contrapone con el TLC suscrito y puesto en marcha con los EEUU, corriendo el riesgo de ser paralizado por la terquedad del Gobierno de beneficiar a unos cuantos inversionistas de Biocombustibles, entre otros.

Las voces de los actores del Bosque se están haciendo sentir (26 de febrero, movilización en Ucayali) y cada día irán en aumento, puesto que la normatividad aprobada vía Decreto Legislativos como el 1090, los han excluido en su opinión y aporte, así como en su real beneficio, por ello no será sorpresa que en las próximas semanas diversos organizaciones amazónicas, retomen sus luchas, como el movimiento indígena que ya anuncio su movilización, generándose así conflictos sociales que pudieron ser evitados en su momento y que aún existe la posibilidad de resolverlos, en tanto y cuando el Gobierno y el Congreso de la República enmienden su error y derogue los decretos legislativos que afectan directamente a los pueblos amazónicos, aprobando nuevas normas como el dictamen aprobado del Proy. de Ley 2691, listo para ingresar al pleno del parlamento.

Abrigamos la esperanza de que en este caso se realicen las investigaciones de la manera más transparente y se sancione ejemplarmente a los responsables de tan reprochables actos, pero mejor aun si se realizan los cambios necesarios para evitar la tala ilegal y el tráfico ilícito de productos del bosque, para ello será necesario una norma nueva que supere las ambigüedades y ausencias que tiene el DL 1090 y su “modificatoria”, de lo contrario, seguiremos asistiendo a más casos como este, que no le hace nada bien a la gobernabilidad del País, más cuando la mayorías de la amazonia exigen cambios normativos, pero en especial en la voluntad política para un verdadero diálogo, que permita construir un desarrollo sostenible para todos y todas.

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*Sandro Chávez es Biólogo y preside el Foro Ecológico y es Secretario Técnico del Colectivo Forestal