(Inforegion, 16 de marzo de 2010).-A solicitud de la comunidad nativa de Puerto Azul, una fiscal especializada en medio ambiente inspeccionó el último lunes la concesión forestal de la empresa Proyect Word Green Perú con el objetivo de verificar si existe tala ilegal o contaminación de las aguas por derrame de combustible en la zona.
La intervención fiscal, que se realizó con el apoyo de la Policía Nacional, se efectuó en el área de la concesión que se encuentra ubicada en las Unidades de Aprovechamiento 538,539, 540 y 541 del Bosque de Producción Permanente de Ucayali.
La comunidad cacataibo de Puerto Azul, que es asesorada por la ONG Instituto del Bien Común (IBC), el año pasado denunció los presuntos hechos ante diferentes instancias y en especial ante el Organismo Supervisor de los Recursos Forestales (OSINFOR).
Este último organismo realizó una inspección a la zona y sus funcionarios determinaron la suspensión de actividades de la empresa forestal y le inició un proceso de caducidad, con el fin de anular el contrato de concesión.
Se defiende
El gerente de la empresa Proyect Word Green Perú, Tomás Benavente, señaló que esas acusaciones son falsas y tendenciosas, y precisó que los comuneros de Puerto Azul estarían siendo engañados y manipulados por el IBC.
El empresario maderero explicó que viene cumpliendo el Plan General de Manejo Forestal y su Plan Operativo Anual, sin afectar los derechos de los nativos y a los pobladores de otras comunidades mestizas.
Ver aquí
(AIDESEP, 05 de febrero de 2010).- Los pueblos awajún y wampis de las cinco cuencas de Amazonas enviaron una carta al presidente del Instituto Libertad y Democracia – ILD, Hernando de Soto, para informarle que ningún miembro de las comunidades indígenas participará en el taller “Los Indígenas y la Globalización” porque rechazan su propuesta de crear un régimen empresarial para controlar, explotar y destruir la amazonía.
Representados por la Organización de Desarrollo de las Comunidades Fronterizas de El Cenepa – ODECOFROC; Organización de Desarrollo de las comunidades de Alto Comaina – ODECOAC; la Organización de Desarrollo de las Comunidades de Alto Comaina y Numpatkaim – ODECINAC y la comunidad de Nueva Vida – Imaza.
Esta decisión es la conclusión de una votación unánime de todos los Apus participantes a la Asamblea Extraordinaria de las federaciones indígenas que se realizó en la comunidad de Mamayaque, El Cenepa y donde los pueblos decidieron preservar su territorio indígena, los ríos, los animales y su propia identidad cultural awajún y wampis de cualquier forma empresarial y global de explotación de recursos naturales.
Finalmente, la carta subraya que si existiera el lamentable caso que un miembro de algunas de las comunidades de las cinco cuencas de Amazonas participara en el taller, lo hará exclusivamente a título personal, sin autorización alguna, representación o legitimidad por parte de los órganos institucionales.
Carta de pueblos awajún y wampis - 1
Carta de pueblos awajún y wampis - 2
(Desinformemonos, diciembre de 2009).- Perder la tierra sin dejarla
Son 40 mil indígenas que viven confinados en tierras ancestrales que les han sido arrebatadas por los hacendados locales. El gobierno de Lula da Silva, comprometido en regresarles las tierras que les pertenecen, tarda y no cumple. Mientras, los indígenas sobreviven entre la desnutrición, las consecuencias sociales y las balas de los guardias privados.
Las tierras reivindicadas por los guaraní-kaiowa podrían llegar hasta las 600 mil hectáreas, menos del 2% del territorio de MS. Sin embargo, la presión de los hacendados de la región que amenazan y persiguen a los antropólogos responsables por ese trabajo de delimitación, entre otras cosas, dificulta que las demarcaciones sean concretizadas. “Habrá derramamiento de sangre, si fuera necesario”, son frases que salen de la boca de los hacendados.
Los guaraní-kaiowa dieron un ultimátum para que esta situación sea resuelta. En la última Aty-Guaçu (grande reunión, en guaraní) realizada en octubre de este año, los líderes indígenas establecieron finales de noviembre como plazo para que el gobierno federal dé continuidad al proceso de reconocimiento de las tierras indígenas guaraní-kaiowa, tal y como se había comprometido a hacer en 2007. De lo contrario, ellos mismos las retomaran.
Lo anterior se da porque en dos años poco se ha hecho, según afirma el relator de la ONU, James Anaya, quien estuvo en MS en agosto de 2009. Así, indígenas anónimos como Pío arriesgan diariamente sus vidas por cosas tan elementales como una mochila y algunas hojas de palmera. Finalmente en Mato Groso ellos valen menos que las balas que los matan.
Ligas
Film sobre los garani-kaiowa en Brasil
Video del desalojo
Guaraní, un grande pueblo
Relación de la ONU: “Situación de la población indígena en Brasil 2009”
Consejo Indigenista Misionário
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El Consejo Directivo Nacional de AIDESEP, frente a los numerosos y costosos avisos aparecidos en el diario “El Comercio” de Lima y la campaña publicitaria de un denominado “Fórum para el empoderamiento legal y económico de los nativos”, a realizarse en el mes de febrero de 2010, donde aparecen numerosos hermanos y hermanas que han ofrecido sus rostros para hacer creer al pueblo peruano que representan a “más de 700 comunidades amazónicas”, se dirige a la opinión pública y a nuestras bases para explicar lo siguiente:
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1) Los hermanos y hermanas que acompañan publicitariamente al señor Hernando de Soto, lo hacen estrictamente a título personal; ninguno de ellos y ellas cuentan con actas de acuerdos de sus organizaciones para ser modelos de publirreportajes del ILD, conocida agencia de desarrollo del neoliberalismo en el Perú y en el mundo.
2) Lamentamos que estas agencias del capital multinacional utilicen este tipo de artimañas con nuestros hermanos para engañar a la población y a sus financieros que sus propuestas de privatización y liberalización de los territorios indígenas están siendo avaladas por los pueblos indígenas amazónicos.
3) Los hermanos y hermanas que han ofrecido sus rostros para la publicidad de este evento anti indígena explicarán a sus organizaciones las razones por las que han aceptado ser la nueva imagen del ILD y del señor Hernando de Soto.
Lima, 18 de diciembre de 2009.
CONSEJO DIRECTIVO AIDESEP
Publirreportaje 1
Publirreportaje 2
Publirreportaje de Fórum para el empoderamiento legal y económicos de los nativos
http://www.
La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACANI Perú) y la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) invitan a la Conferencia de Prensa que ofrecerán el viernes 9 de octubre a las 10 de la mañana en la sede del Auditorio de AIDESEP (Av. San Eugenio 981, Santa Catalina, La Victoria), para informar sobre las actividades que realizarán como parte de la Minga Global por la Madre Tierra.
La convocatoria a la Minga Global (movilización mundial) por la Madre Tierra fue aprobada por el Foro Social Mundial (Belem do Pará, Brasil febrero 2009) a propuesta de las organizaciones indígenas y ratificada en la IV Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala (Puno, Perú, mayo del 2009). Sus objetivos son:
Luchar por la vigencia de la vida, la paz con la Tierra, el Derecho Mayor, los bienes naturales y la espiritualidad ligada a la Pachamama, los derechos colectivos, las leyes naturales, el agua para las generaciones futuras.
Sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de convivir con la naturaleza, en equilibrio con ella.
Alertar sobre el inminente peligro de la hecatombe ambiental que amenaza el planeta y señalar a sus responsables: el capitalismo global, las empresas multinacionales y los Estados cómplices.
Demostrar que es posible enfrentar ese cambio desde las propuestas y las prácticas de los pueblos, en armonía y reciprocidad con la Madre Naturaleza: con Buen Vivir, Estados Plurinacionales y un modelo de integración desde la equidad, la reciprocidad y la complementariedad.
Denunciar el capitalismo neoliberal que criminaliza la protesta social para imponer el saqueo y depredación de la Madre Naturaleza.
Exigir amnistías para todos los dirigentes indígenas, sociales y activistas ambientales procesados por defender los derechos de los Pueblos y de la Madre Naturaleza.
Convocar a la instalación del Tribunal de Justicia Climática (Cochabamba, Bolivia, 13 y 14 de octubre), que juzgue a las empresas transnacionales y los Estados cómplices, como el primer paso hacia una Corte Internacional sobre Delitos Ambientales.
Abrir el debate sobre la crisis de la civilización capitalista, con la propuesta de los pueblos indígenas, para detener la catástrofe climática.
Agradecemos su participación.
Lima, octubre de 2009.
CAOI, CONACAMI, AIDESEP
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Perú: Distrito de Lima Este será sede de la Minga Global
Santa Anita se moviliza
en defensa de la Madre Tierra
La contaminación generada por las grandes industrias ha alterado el orden natural de nuestro planeta. El calentamiento global está amenazando la biodiversidad de la Madre Tierra y cada minuto, en distintas partes del mundo, ocurren sucesos calamitosos provocados por las sequías, inundaciones, derrumbes y deshielos.
Frente a ello, bajo el lema "Salvemos el planeta", los movimientos indígenas de todo el mundo han convocado a la “Minga Global por la Madre Tierra”, que se realizará del 12 al 16 de octubre del 2009.
La convocatoria a esta movilización global fue planteada por los movimientos indígenas durante el Foro Social Mundial en Belem do Pará, Brasil, en febrero del 2009, y fue ratificada en mayo, durante la IV Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala que se realizó en Puno, Perú.
En el Perú, el distrito de Santa Anita, en la zona este de la provincia de Lima Metropolitana, será el punto de reunión de las delegaciones de los pueblos indígenas andinos y amazónicos, informó Miguel Palacín Quispe, coordinador general de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI).
El domingo 11 de octubre, en el frontis del Centro Cívico Municipal (Av. Eucaliptos Cdra. 12) de esa pujante y emprendedora comuna santanitense liderada por su alcadesa Leonor Chumbimune Cajahuaringa, se realizará, un acto cultural que buscará sensibilizar a la población sobre los terribles daños que las grandes industrias extractivas multinacionales ocasionan a nuestro planeta, atentando contra la vida de las futuras generaciones.
El lunes 12 a las 9 de la mañana, las distintas delegaciones se concentrarán en el frontis de la Municipalidad de Santa Anita, para enrumbar a la Huaca Perales (a dos cuadras del Palacio Municipal) donde se celebrará el ritual del Kutichi (pago a la Pachamama) e inmediatamente todas las organizaciones se dirigirán a la sede de las Naciones Unidas, donde presentarán las demandas y propuestas de los pueblos indígenas para detener el calentamiento global.
Programa Minga Global “Salvemos el Planeta”
Domingo 11 de octubre
Frontis Centro Cívico Municipal de Santa Anita
5.30 p.m. Acto Cultural con la presencia de invitados artistas, líderes y dirigentes de diversas organizaciones.
6.00 p.m. Palabras de bienvenida a cargo de un Regidor de la Municipalidad de Santa Anita Distrito
Emprendedor, Cultural y Progresista
6.15 p.m. Acto Cultural
Participación del Centro Cultural Municipalidad Santa Anita
Presentación del Grupo Intirock
Presentación de Intiñahui Perú (mimo)
Otros artistas invitados.
7.45 p.m. Palabras de Mario Palacios, Presidente de CONACAMI PERU,
Palabras de Daysi Zapata, Presidenta de AIDESEP
Palabras de Miguel Palacín, Coordinador General de la CAOI
Palabras de la Alcaldesa de Santa Anita: Leonor Chumbimune Cajahuaringa.
Lunes 12 de octubre
Frontis Centro Cívico Municipal de Santa Anita
9.00 a.m. Concentración en el frontis Municipalidad Santa Anita.
9.30 a.m. Kutichi (retribución a la Pachamama) - Huaca Perales
10.30 a.m. Acto de Partida Marcha a la ONU.
12.00 p.m. Llegada a la ONU entrega de documentos.
OFICINA DE COMUNICACIONES CAOI
Norma Aguilar Alvarado
945198300
La Tierra es un ser vivo y está gravemente enferma. Somos quienes vivimos en ella quienes la estamos afectando con el virus del desarrollismo. Vivimos en un océano llamado atmósfera, así como los peces en el agua. Sin ella no habría vida, porque contiene el oxígeno y el agua, y con ellos los bosques y las lluvias que dan sustento a los seres vivos. Pero la estamos afectando terriblemente.
La Pachamama para sanarse del calentamiento global genera fenómenos climáticos y busca un nuevo equilibrio, que muchas vidas no toleran. Si no cambiamos de rumbo, el aumento de la temperatura global llegará en pocos años a los 2ºC y los cataclismos serán incontrolables. Será la mayor hecatombe socioambiental climática de la historia humana.
Porque los avances tecnológicos, miles de industrias, millones de vehículos, generan grandes cantidades de gases que contaminan y ponen en peligro la estabilidad de la vida. El afán de lucro, de acumulación, el individualismo del capitalismo, han provocado una profunda crisis financiera, económica, productiva, social, cultural, racial y religiosa. Burbuja especulativa financiera, desempleo estructural, exclusión social, calentamiento global, choque cultural, violencia racista y fanatismo religioso, todo a la vez.
Tantas y tan profundas crisis simultáneas configuran una auténtica crisis civilizatoria, una crisis del mito y de la trampa del “desarrollo y modernidad capitalista”; del eurocentrismo, con su Estado uninacional, homogeneidad cultural, derecho positivo occidental, desarrollismo y mercantilización.
¿Significa esto que perdemos la capacidad de convivir con el planeta? ¿Llegó la hora del cambio? La Madre Tierra se transformará y se salvará: el reto es salvarnos nosotros. Ello nos obliga a tomar medidas urgentes.
Nosotros, los pueblos indígenas, durante miles de años construimos civilizaciones basadas en el equilibrio y la armonía entre los hombres y la Madre Naturaleza. Por ello supimos conservar la biodiversidad y criar alimentos esenciales para la humanidad, en sociedades sin explotación. Hoy ofrecemos nuestros valores, nuestras prácticas y nuestros saberes, para salvar al planeta. Sin imposición capitalista, destrucción ni contaminación
Respondiendo a este reto histórico y cumpliendo el mandato de la IV Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala, CONVOCAMOS a la Minga / Movilización Global en Defensa de la Madre Tierra y los Pueblos, contra la mercantilización de la vida (alimentos, agua, biodiversidad, bienes naturales); contaminación y depredación (por la minería, hidrocarburos, hidroeléctricas, forestales, ganadería, agrocombustibles, transgénicos); consumismo y criminalización de las luchas sociales; y por la construcción del Tribunal de Justicia Climática.
Del 12 al 16 de octubre, en cada rincón del planeta, quienes queremos salvar la vida levantaremos nuestras voces contra la agresión capitalista expresada en el saqueo y la mercantilización de la vida. Porque sabemos que otros mundos no son solo urgentes: son, sobre todo, posibles. Y ya los estamos construyendo.
Convocan:
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) / Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) / Consejo Indígena de Centro América (CICA) / Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) / Conferència de Nacions sense Estat d'Europa (CONSEU) / IV Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala / Movimientos indígenas, originarios, campesinos, ambientalistas y sociales de América, África, Asia y Europa.
Objetivos
Luchar por la vigencia de la vida, la paz con la Tierra, el Derecho Mayor, los bienes naturales y la espiritualidad ligada a la Pachamama, los derechos colectivos, las leyes naturales, el agua para las generaciones futuras.
Sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de convivir con la naturaleza, en equilibrio con ella.
Alertar sobre el inminente peligro de la hecatombe ambiental que amenaza el planeta y señalar a sus responsables: el capitalismo global, las empresas multinacionales y los Estados cómplices.
Demostrar que es posible enfrentar ese cambio desde las propuestas y las prácticas de los pueblos, en armonía y reciprocidad con la Madre Naturaleza: con Buen Vivir, Estados Plurinacionales y un modelo de integración desde la equidad, la reciprocidad y la complementariedad.
Denunciar el capitalismo neoliberal que criminaliza la protesta social para imponer el saqueo y depredación de la Madre Naturaleza.
Exigir amnistías para todos los dirigentes indígenas, sociales y activistas ambientales procesados por defender los derechos de los Pueblos y de la Madre Naturaleza.
Convocar a la instalación del Tribunal de Justicia Climática (Cochabamba, Bolivia, 13 y 14 de octubre), que juzgue a las empresas transnacionales y los Estados cómplices, como el primer paso hacia una Corte Internacional sobre Delitos Ambientales.
Abrir el debate sobre la crisis de la civilización capitalista, con la propuesta de los pueblos indígenas, para detener la catástrofe climática.
Actividades
Manifiestos de la mayor diversidad de organizaciones de movimientos indígenas y sociales, con alternativas para detener la catástrofe climática y ambiental global.
Memorial con propuestas concretas ante la Convención de Cambio Climático, Convención de Diversidad Biológica, ONU, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y entidades similares de otros continentes.
Movilizaciones en todo el mundo (comunidades urbanas y rurales), por demandas específicas locales, nacionales y el objetivo común de la Minga Global.
Plantones frente a locales de la ONU y de transnacionales extractivas (hidrocarburos, mineras, madera, agua), de agrocombustibles y transgénicos.
Foros de discusión y jornadas culturales y políticas sobre defensa de la Madre Tierra y los pueblos contra la mercantilización de la vida, contaminación y criminalización social.
Realización de Tribunales de Justicia Climática para juzgar por delitos ambientales.
Asambleas de articulación de estrategias hacia la Cumbre Alternativa a la Conferencia del Protocolo de Kyoto (Copenhague, diciembre 2009).
Tribunal de Justicia Climática
El 85% de las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global se genera en los países más ricos. Solo un 3% en América Latina. Pero los efectos nocivos como las inundaciones y sequías son cargados a las cuentas de los países más pobres. De esta manera, los países desarrollados han provocado una serie de desequilibrios en los países pobres y ahí está el origen de la deuda ecológica con nuestros pueblos.
El responsable es el modelo de explotación irracional de los bienes naturales, que se impone de manera global, arrasando con los derechos humanos, los derechos colectivos de los pueblos y los derechos de la Madre Naturaleza, rompiendo el equilibrio.
Por ello, en cumplimiento del mandato de la IV Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala, en alianza con una amplia red de movimientos y organizaciones sociales de todo el planeta, estamos construyendo el Tribunal de Justicia Climática, para juzgar moralmente a los causantes de la crisis ambiental, que será instalado los días 13 y 14 de octubre en Cochabamba, Bolivia.
El Tribunal de Justicia Climática permitirá identificar y sancionar moralmente a las compañías transnacionales y los Estados cómplices que saquean los bienes naturales y vulneran los derechos de los pueblos y la Madre Naturaleza. Y es un primer paso hacia la formación de un Tribunal Internacional de Justicia Ambiental, al estilo del Tribunal de La Haya.
Además, el Tribunal hará visible la relación causa-efecto entre el modelo de desarrollo extractivo y corporativizado de las transnacionales y el cambio climático. Y juzgará éticamente a los responsables de la deuda ecológica, provocada por el consumismo que convierte a la biodiversidad en materia prima.
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI
Jr. Carlos Arrieta 1049, Lima 1, Perú
Telefax 00511-2651061
www.minkandina.org
prensa.caoi@gmail.com
Margarita Benavides, antropologa cuestiona la idea que Hernando de Soto plasmada en su reciente Documental "El Misterio del Capital" sobre la parcelación de las tierras indígenas como alternativa de solución para la seguridad jurídica de la propiedad territorial de los pueblos indígenas.
Publicado en Tsiroti
Tres historias de cómo se cultivan los conflictos entre el Estado peruano y los pobladores indígenas
Durante el Desayuno de Trabajo con la Prensa Nacional y Extranjera El Conflicto Amazónico: Explorando el Trasfondo, realizado el 2 de julio por el Instituto del Bien Común (IBC), sobre el cual publicamos esta segunda nota, los expositores contaron tres casos emblemáticos para explicar a los periodistas cómo se van cultivando las situaciones de conflicto entre los pueblos indígenas y el Estado peruano en nuestro país. Sepan una vez más cómo la realidad siempre supera la ficción.
LA INCREÍBLE Y TRISTE HISTORIA DE LA COMUNIDAD NATIVA PUERTO AZUL Y EL ESTADO DESALMADO
En un tiempo muy lejano, cuando corría el año 1991, la comunidad nativa Puerto Azul, de la Región Ucayali, presentó una solicitud al Estado peruano para poder ampliar el territorio que tienen demarcado y así poder seguir utilizando tranquilamente los recursos que les permiten sobrevivir desde antes que existiera el Estado que un buen día llegó y al cual hoy le tienen que pedir permiso… Ironías del sistema. “La ampliación de Puerto Azul lleva 18 años de haberse presentado la solicitud de ampliación. Exactamente desde 1991.”; inicia su exposición la Subdirectora del Instituto del Bien Común, Margarita Benavides.
Para quienes trabajan el tema de titulación de comunidades nativas esto es el pan de cada día. Para los comuneros indígenas, es un pan de cada día en otro idioma, otra idiosincrasia, otra cultura y otro lugar, a los que se ven obligados a salir para que intenten –prácticamente con el Estado en contra– asegurar los territorios que su población utiliza desde antes que existiera el propio Estado –insisto–. Ironías de la vida que Margarita resume como una “acumulación de frustración e impotencia”.
Imagínense que mientras pasaban esos 18 años, al Estado no se le ocurrió mejor idea que otorgar cuatro concesiones forestales (para extracción de madera – Ver mapa) sobre el mismo territorio que reclaman los Cacataibo de Puerto Azul (¡Bien con el ex INRENA!), colaborando formalmente con el cultivo de las situaciones conflictivas (estilo Policías versus indígenas en Bagua, pero en este caso madereros versus indígenas en Puerto Azul). Para colmo de males, como lo de la ampliación de la titulación no se resolvía, algunos colonos se asentaron en el referido territorio, afectando a los Cacataibo (ya sabemos también, que los colonos migran de sus tierras de origen porque el Estado no llega hasta esos sitios para posibilitar la mejora de su situación).
Margarita narra parte de la pesadilla:
“En el 2003, el INRENA [Instituto Nacional de Recursos Naturales, que ya fue disuelto] sobrepone concesiones forestales sobre el área solicitada. Son cuatro concesiones forestales, y la comunidad solicita la exclusión de las concesiones forestales. Ellos [los Cacataibo de Puerto Azul] tienen derechos ancestrales que los amparan según el Convenio 169 de la OIT, y además su solicitud [de ampliación territorial] era anterior [a las concesiones forestales]. En el 2004 el IBC se compromete a apoyar a la comunidad y a FENACOCA [Federación Nativa de Comunidades Cacataibo] en este proceso y comienza a acompañar a la comunidad en diferentes gestiones, entre cartas, quejas, solicitudes… INRENA lo que dice es que no puede excluir esas concesiones forestales si no hay una nueva demarcación. Se consigue que el PETT -que era el encargado de titular hasta hace un año y medio- realice la nueva demarcación, y ya había un asentamiento de colonos en esta área; y en la nueva demarcación se tuvo que excluir esa área quedando 32 mil hectáreas [menos hectáreas que la solicitud inicial de ampliación para los Cacataibo].
Del 2005 al 2008 seguía una historia de ficción por todo lo que la comunidad pasó, hasta que la Dirección Regional Agraria de Ucayali [DRA-Ucayali] remite expediente al INRENA. Pero por ejemplo, los técnicos del PETT que iban a hacer la demarcación regresaban del campo y eran despedidos, había como un temor de salir al campo, y así sucesivamente. El técnico del INRENA que hacía la clasificación de los suelos para ver si eran agrícolas o forestales no hacía el informe o era despedido. Era una lucha, una mecida. Se presentaron quejas a la Defensoría del Pueblo, reuniones con las federaciones, con AIDESEP [Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana]. Era un asunto bien agotador, pero había que hacerlo. Se logró que el DRA-Ucayali remita el expediente, INRENA acepta que había recibido el expediente, pero decía que no había recibido el CD con la información digital necesaria. Luego, por fin acepta.
INRENA dice que ahora lo que necesita es un estudio socioambiental que justifique que en esta área no deben haber bosques de producción permanente y por lo tanto no debe haber concesiones forestales. Con la demarcación nos habían tirado un hueso y ahora con el estudio nos habían tirado otro hueso para roer. Hicimos el estudio lleno de mapas, de justificaciones con los derechos de los indígenas. Se entregó en febrero del 2009 este estudio cuando el INRENA tenía la Dirección Forestal y de Fauna Silvestre del MINAG [Ministerio de Agricultura], pero hasta junio de 2009 no había una respuesta.
El 18 de junio 2009, con la comunidad nativa Puerto Azul y FENACOCA, tuvimos una reunión con el Director Forestal [del Ministerio de Agricultura] y dijo que iba a ver el estudio y que en 15 días respondería [opinión sobre el retiro de las concesiones forestales, necesario para poder titular la ampliación de Puerto Azul]. Entonces pongo puntos suspensivos porque no sabemos qué otras cosas van a pasar, cuál es el quit del asunto. También tuvimos una reunión con OSINFOR [también del Ministerio de Agricultura], que ven si las concesiones forestales cumplen o no cumplen con los manejos en las concesiones, etc.” (Lean la carta del 18 de junio 2009, en la que el Director Forestal del MINAG de ese entonces se compromete a emitir respuesta en 15 días.)
Película de terror
Hoy llamé al IBC para averiguar si el Director Forestal había cumplido con su palabra (por supuesto yo estaba segurísimo que sí) y había respondido sobre el retiro de las concesiones forestales del territorio de la comunidad nativa Puerto Azul. Pues resulta que no sólo no ha respondido, sino que (¡primicia, chocherita!), recordé durante la conversación que, mediante RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 0613-2009-AG, publicada el 15 de Agosto 2009, cambiaron al Director General de la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura, Jorge Gustavo Suárez de Freitas Calmet, y se la dejaron encargada (se supone que es por un tiempo) a Miguel de los Reyes Rosas Silva; o sea, que oootra vuelta deben empapar al nuevo Director Forestal del tema para ver si en el año 2057 ó 2078 le entregan su título de ampliación a los Cacataibo. Y adivinen de qué partido político se dice por ahí que es el señor Miguel de los Reyes… ¡Ése mismo, compañeros! Como digo arriba: Película de terror, con suspenso y todo porque no estoy seguro del dato.
Ya para que no me crean
Cuenta Margarita que “la vez pasada [los pobladores de Puerto Azul] le quitaron al concesionario maderero la gasolina porque se había derramado en el río… Y ahora el presidente de la comunidad está denunciado. La gente está harta de esta situación.”
LA POLÍTICA NACIONAL DE HIDROCARBUROS Y LOS INDÍGENAS CACATAIBO EN AISLAMIENTO, SELVA CENTRAL NORTE
Lo que sucede aquí es que se existen lotes petroleros en los que se está trabajando y que se superponen a territorio Cacataibo poblado por indígenas en aislamiento. El Responsable del Área de Incidencia y Asesoría Legal del IBC, Carlos Soria, nos explica cómo es que las líneas sísmicas realizadas en el Lote 107, que atraviesa territorio Cacataibo, cómo es que al hacer esas líneas sísmicas hubieron avistamientos de indígenas en aislamiento, lo cual, por supuesto, casi siempre es perjudicial para estas poblaciones. (Vea el mapa, verá unas líneas rojas que son las líneas sísmicas del Lote 107, en la parte norte y sur verá que las líneas están por donde aparecen varios puntos de colores; esos puntos son los avistamientos.)
Carlos nos cuenta que “advertimos a la empresa sobre la presencia de aislados, sobre lo delicado de no forzar sus territorios, de no forzarlos a migrar a otras áreas; y al no recibir respuesta planteamos una medida cautelar ante la Comisión Interamericana [de Derechos Humanos] pidiendo que suspendiera la exploración sísmica en la zona. Nada de esto pasó; la Comisión no se pronunció. Se elaboró un Plan de Contingencia Antropológica del Estudio del Impacto Ambiental y cuando se desarrollaron las alineas sísmicas comenzaron a encontrarse nuevos avistamientos.
En el 2007- 2008 tenemos 15 avistamientos nuevos ocurridos durante el desarrollo de las líneas sísmicas. Tenemos cinco avistamientos registrados y con entrevistas en video en las líneas sísmicas. De esos cinco avistamientos, sólo dos han sido reportados de acuerdo al Plan de Contingencia Antropológica, y también se ha elaborado un informe de acuerdo a ese Plan, el mismo que ha sido remitido a la autoridad sectorial. En los otros casos no sólo no se ha reportado, sino que se despidió al capataz que presentó una bolsita de hojas tejida y se le acusó de que él había fabricado esa bolsita de tela; y con esto no sólo no se reporta el hecho, sino que se le advierte a los trabajadores de no seguir reportando este tipo de avistamientos…”
Todo esto genera fuertes impactos ambientales y sociales explicados por Carlos Soria, como por ejemplo los impactos ambientales de “38 líneas sísmicas, 1400 kilómetros de longitud, 139 campamentos, 278 helipuertos, 2300 zonas de escala, etc.”; además de los residuos sólidos que son enterrados por ahí. Los impactos sociales están obviamente ligados a los impactos ambientales, y son por ejemplo “la fragmentación de las áreas de tránsito de esta población; está la vulnerabilidad epidemiológica, la disponibilidad de fauna y acceso a territorio donde desarrollan sus actividades.”
Pepita
“En febrero del 2008…” –nos cuenta Carlos– “…se produjo el hallazgo de un objeto de madera –probablemente un batán de madera para moler pijuayo, por ejemplo; en forma de canoíta–. Se hizo una comisión a la zona; el IBC fue invitado a participar y lo primero que planteó un funcionario del Ministerio d Energía y Minas fue una cláusula de confidencialidad para no difundir la información. El IBC se opuso porque no es permitido de acuerdo a la legislación vigente una cláusula de confidencialidad sino está prevista en materia del acceso a información pública; y en esa tónica se buscó que nada de esa información fuera divulgada. El reporte del Ministerio de Energía y Minas fue que unos árboles fueron hallados con marcas en la zona; pero no presenta la marca de los árboles, sino que enseña la parte posterior, es decir, induciéndonos a error. Por suerte obtuvimos fotos de los mismos participantes de esa expedición que nos mostraban con claridad los diseños Cacataibo y los diseños de los árboles, y se pueden comparar con diseños en las telas encontradas; hay una similitud de los gráficos aparecidos en los árboles, son señales propias de su de sus expresiones culturales.”
EXPLOTACIÓN MINERA EN LA CORDILLERA DEL CÓNDOR Y SU IMPACTO SOBRE EL PUEBLO AWAJÚN
Aquí la historia se trata de cómo en territorio fronterizo con Ecuador, donde legalmente no debería, hay una empresa extranjera haciendo trabajos mineros; y de cómo se prefirió recortar la que fue la Zona Reservada Santiago Comaina, de interés para los indígenas Awajún. El recorte se hizo en agosto 2007, cuando esta Zona Reservada fuera categorizada como el actual Parque Nacional Ichigkat Muja – Cordillera del Cóndor; perjudicando así a los Awajún para favorecer las concesiones mineras extranjeras en nuestra frontera. Y eso que “la línea de frontera había sido establecida a partir del año 91 y en el marco de la conversaciones de paz; el punto de vista vinculante número 7 comprometió a los dos países [Ecuador y Perú] a constituir una zona de protección ecológica.”; como explica la Presidenta del Consejo Directivo del IBC, Frederica Barclay.
El enrevesado modo en que una empresa extranjera logra hacer eso en el Perú, incumpliendo la ley, es digno de otra nota, pero lo hizo; y Frederica explica algo importante al respecto: “El malestar en las comunidades es muy grave, como se lo pueden imaginar. No sólo son comuneros, sino que apoyaron en el Ejército durante la guerra del Cenepa para defender la frontera que ahora se entrega a una empresa minera que vulnera la Constitución, burlándose de la lealtad nacional Awajún. Tampoco han conseguido los Awajún que el Estado amplíe y titule a las comunidades como se había pactado, sino que la Zona Reservada Santiago Comaina [actual Parque Nacional Parque Nacional Ichigkat Muja] ha sido recortada para entregar esos territorios a intereses mineros.”
(La Republica, 1 de julio de 2009).- Mientras el Estado otorga concesiones a forestales y petroleras en ese mismo territorio. La comunidad Puerto Azul espera ampliación de su territorio donde también habitan indígenas en aislamiento voluntario. Miguel Gutiérrez R.
Un típico caso donde el Estado hace oídos sordos a reclamos de las comunidades indígenas de nuestra Amazonía. La comunidad cacataibo de Puerto Azul creada en 1975 y ubicada en el distrito y provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali, viene solicitando a diferentes organismos estatales desde 1991, la ampliación de su territorio a 42 mil hectáreas.
El pedido hecho hace 16 años es justificado por varias razones: las evidencias de grupos no contactados y la grave contaminación provocada por colonos, cocaleros y maderereros ilegales que ingresan.
Una larga espera
En febrero de 1994, representantes de la comunidad Puerto Azul y de la Dirección Regional Agraria y del Proyecto Especial de Titulación de Tierras acordaron oficialmente iniciar el trámite de ampliación de su territorio sobre la base de un censo.
Pasaron los años y no hubo ninguna respuesta pese a los pedidos reiterados de los nativos. Todo lo contrario, a partir del 2003 y mediante la Ley Forestal Nº 27308, Inrena entregó a las madereras “Proyect World Green Perú” y “Forestal el Aguajal” cuatro concesiones cuyas áreas se superponían al territorio cuya titulación los nativos pedían desde 1991.
En junio del 2004, la Federación Nacional de Comunidades Cacataibo (FENACOCA) pidió al Inrena que excluya las concesiones forestales sobrepuestas. Este organismo pidió a la comunidad una nueva demarcación que demostrara que esas zonas no eran bosques para actividades forestales y anular las concesiones que estaban sobreexpuestas. E ntonces la comunidad elaboró y entregó los estudios socioeconómicos y censos como parte de los requisitos para completar el expediente ante Inrena.
El 26 de noviembre del 2008, el entonces ministro de Agricultura, Juan Salazar García, visitó la ciudad de Aguaytía y prometió a los indígenas de Puerto Azul atender su pedido largo tiempo ignorado.
El pasado 23 de febrero los nativos entregaron a la Dirección Forestal y de Fauna Silvestre mapas que probaban las zonas deforestadas y otras amenazadas por la tala, y que justificaban la necesidad de la exclusión de los bosques encontrados dentro del área de ampliación de la comunidad.
El presidente de la FENACOCA, Fernando Estrella, denunció una “situación de conflicto”. “Las mujeres de la comunidad han dicho que ningún maderero pasará por nuestra zona mientras no se cumpla el proceso de titulación de estas tierras. Ya se cansaron”, advirtió.
Por su parte, el presidente de la comunidad Puerto Azul, Angel Simón, afirmó que “ya no hay peces porque madereros con gasolina han contaminado nuestro río”.
“El Estado no se pronuncia. Hemos cumplido con todos los requisitos, ahora nuestro temor es que nos pidan más documentos”, dijo.
Presencia Petrolera
El pasado 17 de abril, el gobierno suscribió un contrato con la canadiense “Petrolífera Petroleum” mediante el cual le cedía el lote 133, que afecta a los Cacataibo en aislamiento al superponerse casi enteramente a la propuesta “Reserva Territorial Cacataibo Sur “y también el Lote 107, que a su vez se superpone en un 50 por ciento a la propuesta “Reserva Territorial Cacataibo Norte”.
Margarita Benavides, del Instituto del Bien Común, precisa que esta comunidad tiene derechos adquiridos sobre esos territorios, pero el Estado demora sus reclamos y eso conduce a que los pierdan progresivamente por invasiones de colonos.
“Este es un caso emblemático que muestra el esfuerzo de los nativos para legalizar los territorios que ocupan y que debe entregárseles según el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, señaló.
Datos
Su tierra. Esta zona de Ucayali, Madre de Dios y Loreto ha estado poblada hace largo tiempo por la familia etnolongüística Pano. Hay 17 comunidades cacataibo que suman juntas más de mil familias en toda la región.
Aislados. Hay también indígenas en aislamiento voluntario que están separados en dos grupos hace tres décadas luego de la construcción de la carretera que une Pucallpa con Lima. Son grupos vulnerables que circulan en las zonas altas huyendo de los ruidos causados por colonos , madereros y exploraciones petroleras. (Edición impresa La República)
Por Margarita Benavides *
Es la ideología del perro del hortelano del presidente de la República expresada en estos decretos la que incentiva la protesta de los pueblos indígenas. Es él mismo quien debería recomendar agilizar su derogatoria para solucionar la protesta indígena e iniciar un proceso que respete la consulta, los derechos indígenas y la transparencia en las cifras y planes del Gobierno para la Amazonía.
La comisión de Constitución del Congreso declaró inconstitucional el DL 994, sobre la inversión privada en proyectos de irrigación en zonas de frontera. El dictamen presentado por el nacionalista Daniel Abugattás recibió ocho votos de esa bancada, UPP, Alianza Parlamentaria y fujimorismo, contra siete del Apra y UN. No obstante, el Apra presentó una reconsideración para que el tema se vote nuevamente la próxima semana, luego de que el titular de la comisión, el oficialista José Vargas, se negó a dispensar de trámite lo acordado en la sesión. Ello generó la protesta de la oposición.
Según el dictamen aprobado, el DL 994 contraviene los artículos 101, 104 y 106 de la Constitución, al no haber sido emitido por Ley Orgánica. “Fue un criterio exclusivamente jurídico”, señaló Abugattás. Por su parte, el titular del Congreso, Javier Velásquez, confirmó que el Pleno debatirá hoy el dictamen que declaró ilegal el DL 1090 la semana anterior en el mismo grupo.
Este decreto legislativo es considerado inconstitucional por AIDESEP ya que consideran que desconoce el derecho de propiedad consagrado en el artículo 70 de la Constitución, pues es necesario precisar a qué se denominada tierras eriazas que el Estado entregará a los particulares porque el gobierno comente un exceso al considerar de propiedad del Estado todas las tierras eriazas con aptitud agrícola, salvo las que estén tituladas en Registros Públicos. Este requisito plantea condiciones muy difíciles de cumplir para las comunidades campesinas y nativas, ya que más de 100 comunidades campesinas carecen de título de propiedad (Resolución Ministerial N1 378-2007-AG).
Fuente: La Republica y Boletin de AIDESEP del 26 de mayo de 2009
(Inforegión, 19 de mayo de 2009).- David Ruíz Urquía, dirigente indígena de las comunidades nativas de Paoyan y Santa Ana, en la Región de Ucayali, advirtió que tomarán medidas de fuerza si es que el gobierno central persiste con sus intenciones de parcelar sus tierras ancestrales a través de COFOPRI.
Señaló que funcionarios de ese organismo ya se hicieron presentes en sus territorios con esta intencionalidad, bajo el pretexto de ordenarlo, con la cual se estaría vulnerando su integridad milenaria que los caracterizó por su unidad colectiva desde los albores de la historia.
El dirigente indígena sostuvo que al individualizar la propiedad de sus territorios por medio de la parcelación se estaría poniendo en peligro su unidad, pues sería una puerta abierta para las grandes empresas privadas, las mismas que podrían negociar con aquellos comuneros agobiados por la falta de dinero.
Dijo que esta situación ha motivado que los comuneros se declaren en sesiones permanentes a fin de evitar este oscuro propósito por parte del gobierno, a quien acusan de querer expropiar sus territorios para entregárselo a las transnacionales que solo buscan beneficiarse de los recursos naturales que ostentan.
En ese sentido, señaló que apoyan la lucha de sus demás hermanos que hoy se encuentren en la búsqueda de sus justas reivindicaciones ante el ejecutivo y el legislativo para derogar leyes que los afectan.
Sin embargo, señaló que si el gobierno persiste en sus propósitos, no reconocerán a Alan García como presidente de la República, por la sencilla razón de emitir leyes que vulneran sus derechos; por tal motivo no descartan tomar medidas más radicales como sería bloquear el transito en las aguas del río Ucayali.
Foto: Inforegión
Los dirigentes de las comunidades Cocama-Cocamilla, del Bajo Huallaga, desde hace varios meses atrás se encuentran en un proceso judicial, debido a una injusta acción de un juez de Yurimaguas, quien emitió un fallo declarando en nulidad los títulos de propiedad de las comunidades Achual Tipishca y Pampa Hermosa, con la finalidad de favorecer a los herederos del Sr. Patow, quien se apropió de las tierras comunales.
Biodiversidad_&_MedioAmbiente_PERU nos invita a expresar nuestra solidaridad con los justos reclamos de ambas comunidades y expresar su rechazo a la medida judicial que perjudica y lesiona el justo derecho de las comunidades a disfrutar de sus tierras y recursos, que legalmente les fuera reconocidas por la Ley de Comunidades, entregándoles en propiedad tierras que le habían sido usurpadas.
Si tiene la posibilidad de apoyar económicamente las acciones de defensa judicial de estas comunidades y de su federación (FEDECOCA), por favor efectuar sus depósitos en la siguiente cuenta Banco de Crédito de Yurimaguas Número es 585-16706323-0-42, poniendo en conocimiento del Sr. Aroldo Inuma Curicó, Presidente de la FEDECOCA, el aporte efectuado.
Biodiversidad_&_MedioAmbiente_PERU
El Congreso de la República, mediante sus comisiones ordinarias De Vivienda y Agraria, así como a través de comisiones especiales que analizan los decretos legislativos emitidos por el Poder Ejecutivo en junio del año pasado; ha reafirmado que el Poder Ejecutivo filtró el Proyecto de Ley 1770, referido a propiedad territorial comunal, mediante los decretos legislativos 1089; 1064 y 994; y ha recomendado que se archive el proyecto de ley y que se deroguen los decretos legislativos.
El Proyecto de Ley 1770/2007-PE propone el régimen temporal extraordinario de formalización y titulación de predios rurales, entregándole durante cuatro años todas las facultades al Organismo de la Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) para la regularización de predios rurales, incluidas las tierras comunales. En el dictamen que emitió la Comisión Agraria en noviembre del 2008 sobre esta propuesta legal del Ejecutivo, dicha comisión concluyó que no tenía caso dictaminar sobre esta propuesta legal porque ya había sido legislada por el mismo Poder Ejecutivo mediante los decretos legislativos 1089 y 994. De esta manera, se reafirma a través de una comisión congresal que el Poder Ejecutivo ha filtrado este proyecto de ley mediante los decretos legislativos anteriormente mencionados. Finalmente, la Comisión Agraria dictaminó que la propuesta del Ejecutivo debía ser archivada.
Por su parte, la Comisión de Vivienda y Construcción también opinó negativamente sobre el Proyecto de Ley 1770, argumentando que esta propuesta estaba en contra de lo dispuesto en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en lo que se refiere a la participación de los pueblos indígenas en los acuerdos sobre sus territorios, pues tienen el derecho a la información y la consulta previa sobre las decisiones que los vayan a afectar. Concluyó que la propuesta legal es inconstitucional por oponerse al Convenio 169 "Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes" de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual ha sido ratificado por el Perú, motivo por el cual la propuesta del Ejecutivo debe archivarse.
CONGRESO VERSUS PODER EJECUTIVO
Es decir, el Congreso de la República, a través de las comisiones Agraria y De Vivienda, ha recomendado que se archive el Proyecto de Ley 1770 que envió el Poder Ejecutivo; en primer lugar, porque no se estaría respetando un tratado internacional como el Convenio 169 OIT, y segundo porque el Ejecutivo no habría respetado el análisis negativo que las comisiones del Congreso habrían hecho sobre este propuesta legal, al promulgar los decretos 1089; 994 y 1064; los cuales filtran los mismos términos de dicha propuesta.
El Poder Ejecutivo, por su parte, aunque desde un inicio el Proyecto de Ley 1770 originó diversas respuestas en contra, optó por filtrar su propuesta legal mediante los decretos legislativos ya mencionados. El Decreto Legislativo 1089, que contiene la misma idea de formalización de predios rurales aunque no señala directamente comunidades nativas o campesinas -que sí se menciona el Proyecto de Ley 1770-, pero tampoco las excluye el Decreto Legislativo 1064, que trata del régimen jurídico de las tierras, es decir, si una persona tiene un contrato de compra y venta sobre territorios de comunidad, podrá hacer valer su documento aun en contra de la voluntad de la comunidad; y por último el Decreto Legislativo 994, que promueve proyectos de irrigación para la ampliación de fronteras agrícolas, es decir que las comunidades que no cuentan con título de propiedad, podrían ser desplazados por proyectos de irrigación.
LAS OTRAS COMISIONES DEL CONGRESO
Comisión Especial Multipartidaria: encargada de estudiar y recomendar la solución a la problemática de los pueblos indígenas
Esta comisión se formó en el Congreso para analizar los decretos legislativos 994; 1064; 1020; 1080; 1081; 1089; 1090; 1083; 1060 y 995. En su predictamen emitido el 19 de diciembre del año pasado, esta comisión se manifestó sobre el Decreto Legislativo 1089, que establece el Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Rurales a nivel nacional, por un período de cuatro años, a cargo del Organismo de la Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI).
Entre las observaciones al 1089 se menciona que COFOPRI, perteneciente al Ministerio de Vivienda, al momento de titular lo hará de acuerdo a un contexto donde se busca formalizar la propiedad con la visión que tiene COFOPRI de individualizar la propiedad territorial, lo cual significaría vulnerar el derecho de propiedad comunal referido en el artículo 88° de la Constitución. Otra de las observaciones que hace esta comisión es que el Decreto Legislativo 1089 también contraviene el Convenio 169 OIT, en lo que respecta al derecho y al respeto de las formas tradicionales que tienen los pueblos indígenas para mantener sus territorios, así como al derecho de desarrollo de políticas agrarias adecuadas a dichas poblaciones.
El Predictamen de esta Comisión Especial Multipartidaria hace las siguientes recomendaciones:
Al Congreso de la República:
A la Comisión de Constitución y Reglamento; que en el marco de sus facultades considere dictaminar la derogatoria de los decretos legislativos 994; 1064; 1020; 1080; 1081; 1089; 1090; 1083; 1060 y 995; por ser contrarios al orden constitucional referido a las comunidades campesinas y nativas, así como al derecho de identidad étnica y cultural, y a la aplicación e interpretación de tratados previstos en el artículo 55º y la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución; y porque en conjunto vulneran las obligaciones contenidas en el Convenio 169 OIT. Asimismo, se recomienda restituir la vigencia de las normas legales que dichos decretos legislativos hubieran derogado o modificado.
Al Poder Ejecutivo:
Al Consejo de Ministros; en el uso de sus facultades ordinarias y extraordinarias, observar y respetar los derechos colectivos e individuales de los miembros de los pueblos indígenas del Perú, conforme a lo dispuesto en la Constitución y en el Convenio 169 OIT.
Comisión Consultiva de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuano, Ambiente y Ecología (CPAAAAE) del Congreso de la República
Esta comisión publicó su informe final en noviembre del año pasado. En el caso del Decreto Legislativo 1089; señalaron que esta norma legal no había sido consultada a los pueblos indígenas interesados, vulnerando así el derecho a la consulta, previsto en el artículo 6, incisos 1.a y 2 del Convenio 169 OIT; así como el derecho al consentimiento previo, libre e informado, contenido en el artículo 19 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
También indica que “el Decreto Legislativo 1089 es interpretado de manera conjunta con el Decreto Legislativo 1064, la titulación y formalización promovida, involucraría lo que este decreto denomina ´predios rurales comunales`. Con esto se estaría reproduciendo el texto del cuestionado Proyecto de Ley 1770/2007-PE”.
El informe final de esta comisión hace la siguiente recomendación:
La inmediata derogatoria de los decretos legislativos 1064; 1089 y 1090; pues la modificatoria no es suficiente ni cubre las necesidades de cada sector regulado por dichos decretos legislativos. Las modificatorias sólo mantendrían sistemas obsoletos que no han permitido la modernización de dichos sectores.
OTRAS OPINIONES
Defensoría del Pueblo
Otra opinión importante es la que emitió la Defensoría del Pueblo en su Informe Nº 016-2008-DP/ASPMA.PCN, donde se pronunció al respecto señalando que para la aprobación de estos proyectos de ley mencionados anteriormente, se necesita afianzar el diálogo y participación ciudadana, y sobretodo garantizar el derecho de la población indígena como lo señala el Convenio 169 OIT.
Otras organizaciones
Asimismo, debemos mencionar también que durante los análisis que estaban haciendo las comisiones del Congreso se solicitaron opiniones a diferentes organizaciones como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Confederación Campesina del Perú (CCP), entre otras; las cuales se manifestaron en contra argumentando también la oposición que tiene el Proyecto Ley 1770 con el Convenio 169 OIT.
TSIROTI
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