(La Republica, 1 de julio de 2009).- Mientras el Estado otorga concesiones a forestales y petroleras en ese mismo territorio. La comunidad Puerto Azul espera ampliación de su territorio donde también habitan indígenas en aislamiento voluntario. Miguel Gutiérrez R.
Un típico caso donde el Estado hace oídos sordos a reclamos de las comunidades indígenas de nuestra Amazonía. La comunidad cacataibo de Puerto Azul creada en 1975 y ubicada en el distrito y provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali, viene solicitando a diferentes organismos estatales desde 1991, la ampliación de su territorio a 42 mil hectáreas.
El pedido hecho hace 16 años es justificado por varias razones: las evidencias de grupos no contactados y la grave contaminación provocada por colonos, cocaleros y maderereros ilegales que ingresan.
Una larga espera
En febrero de 1994, representantes de la comunidad Puerto Azul y de la Dirección Regional Agraria y del Proyecto Especial de Titulación de Tierras acordaron oficialmente iniciar el trámite de ampliación de su territorio sobre la base de un censo.
Pasaron los años y no hubo ninguna respuesta pese a los pedidos reiterados de los nativos. Todo lo contrario, a partir del 2003 y mediante la Ley Forestal Nº 27308, Inrena entregó a las madereras “Proyect World Green Perú” y “Forestal el Aguajal” cuatro concesiones cuyas áreas se superponían al territorio cuya titulación los nativos pedían desde 1991.
En junio del 2004, la Federación Nacional de Comunidades Cacataibo (FENACOCA) pidió al Inrena que excluya las concesiones forestales sobrepuestas. Este organismo pidió a la comunidad una nueva demarcación que demostrara que esas zonas no eran bosques para actividades forestales y anular las concesiones que estaban sobreexpuestas. E ntonces la comunidad elaboró y entregó los estudios socioeconómicos y censos como parte de los requisitos para completar el expediente ante Inrena.
El 26 de noviembre del 2008, el entonces ministro de Agricultura, Juan Salazar García, visitó la ciudad de Aguaytía y prometió a los indígenas de Puerto Azul atender su pedido largo tiempo ignorado.
El pasado 23 de febrero los nativos entregaron a la Dirección Forestal y de Fauna Silvestre mapas que probaban las zonas deforestadas y otras amenazadas por la tala, y que justificaban la necesidad de la exclusión de los bosques encontrados dentro del área de ampliación de la comunidad.
El presidente de la FENACOCA, Fernando Estrella, denunció una “situación de conflicto”. “Las mujeres de la comunidad han dicho que ningún maderero pasará por nuestra zona mientras no se cumpla el proceso de titulación de estas tierras. Ya se cansaron”, advirtió.
Por su parte, el presidente de la comunidad Puerto Azul, Angel Simón, afirmó que “ya no hay peces porque madereros con gasolina han contaminado nuestro río”.
“El Estado no se pronuncia. Hemos cumplido con todos los requisitos, ahora nuestro temor es que nos pidan más documentos”, dijo.
Presencia Petrolera
El pasado 17 de abril, el gobierno suscribió un contrato con la canadiense “Petrolífera Petroleum” mediante el cual le cedía el lote 133, que afecta a los Cacataibo en aislamiento al superponerse casi enteramente a la propuesta “Reserva Territorial Cacataibo Sur “y también el Lote 107, que a su vez se superpone en un 50 por ciento a la propuesta “Reserva Territorial Cacataibo Norte”.
Margarita Benavides, del Instituto del Bien Común, precisa que esta comunidad tiene derechos adquiridos sobre esos territorios, pero el Estado demora sus reclamos y eso conduce a que los pierdan progresivamente por invasiones de colonos.
“Este es un caso emblemático que muestra el esfuerzo de los nativos para legalizar los territorios que ocupan y que debe entregárseles según el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, señaló.
Datos
Su tierra. Esta zona de Ucayali, Madre de Dios y Loreto ha estado poblada hace largo tiempo por la familia etnolongüística Pano. Hay 17 comunidades cacataibo que suman juntas más de mil familias en toda la región.
Aislados. Hay también indígenas en aislamiento voluntario que están separados en dos grupos hace tres décadas luego de la construcción de la carretera que une Pucallpa con Lima. Son grupos vulnerables que circulan en las zonas altas huyendo de los ruidos causados por colonos , madereros y exploraciones petroleras. (Edición impresa La República)
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