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sábado, 17 de abril de 2010

Bagua: Puntos sobre las Íes

Publicado en el Blog de Bartolome Clavero, el 17 Abril, 2010

“Si se tuviera que calificar con una palabra el Informe en Minoría de la Comisión que investigó los sucesos de Bagua, ésta sería riguroso. No lo definiremos como objetivo (porque sabemos que la objetividad no existe), pero sí imparcial. Ha tomado en cuenta valiosos testimonios que el anterior Informe [el de Mayoría] no recogió y, a partir de ese material, hace un análisis coherente y sólido de los hechos que intenta desentrañar la estrategia del gobierno, así como las motivaciones de los pueblos indígenas. Aborda las raíces del conflicto y no se corre de las precisiones. Es rico en información y
revela detalles que no se conocían”.

Comentario de Patricia Wiesse



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Bagua: Informe en Minoría

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Informe alternativo sobre baguazo llegará a la ONU

(La Primera, 29 de marzo de 2010).- El dirigente awajún Jesús Manacés informó ayer a LA PRIMERA que el informe alternativo sobre el baguazo, ocurrido el 5 de junio de 2009, que viene elaborando con la hermana Mary Carmen Gómez, será presentado no sólo ante las autoridades peruanas sino también ante la relatoría para los pueblos indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), debido a que tienen pruebas irrefutables de “lo que verdaderamente ocurrió durante el último día del Paro Amazónico”.

Manacés, quien fue coordinador de la Comisión Especial que investigó los sucesos acontecidos de la Curva del Diablo y la Estación Nº 6, que dejó como saldo 34 muertos entre policías e indígenas, adelantó que a diferencia del texto presentado en mayoría por Susana Pinilla, Pilar Mazetti, Manuel Bernales y el sacerdote Álvarez Lobo, éste informe en minoría sí reconoce que hubo responsabilidad compartida en la tragedia.


“No podemos ocultar lo que ocurrió en la Estación Nº 6 -donde murieron 12 policías-, pero tampoco es posible que se quiera atribuir toda la responsabilidad a las comunidades indígenas que reclamaban la derogatoria de las leyes antiamazónicas. Hay que aclarar que la responsabilidad es de ambas partes”, expresó.

Informó también que, junto con la hermana Gómez, tuvo acceso a testimonios, fotografías, videos y hasta actas policiales recopilados en El Cenepa, Huampami, Mamayaqui y Urakusa, que no fueron contemplados en el informe en mayoría presentado el 12 de enero pasado. Indicó que todas las versiones recogidas confirman la responsabilidad política del presidente Alan García, del ex premier Yehude Simon y de la ex ministra del Interior, Mercedes Cabanillas.

El nuevo material recopilado consta de tres mil fotografías, de heridos y familiares de los fallecidos producto del ataque de los policías, además de ocho videos originales, inéditos y reveladores, que serían presentados a nivel nacional e internacional en Imasita y en Lima, a inicios y mediados de abril.

Consultado por la responsabilidad del comando policial que participó en el desalojo de la Curva del Diablo (los generales de la policía Javier Uribe y Elías Muguruza), Manacés señaló que no los justifica, pero tampoco los puede satanizar porque ellos sólo reciben órdenes y existen pruebas que así lo demuestran. “A la policía se le agarra como ‘carne de cañón’, obligándola a resolver los problemas sociales, pero hemos comprobado con reportes de inteligencia y testimonios, que los efectivos fueron obligados a intervenir armados y que la consigna no era un ataque disuasivo sino defensivo”, expresó Manacés, quien, según fuentes policiales, contaría con el mapa de estrategia y el registro de pertrechos policiales. Al respecto, dijo tener evidencias (fotografías, videos y documentos) que cada policía que llegó al lugar portaba pistolas, rifles para lanzar perdigones y gases lacrimógenos, además de AKMs y sus fusiles modernos. “Todo ello para enfrentarse a los manifestantes que portaban lanzas, que apenas vuelan diez metros”, expresó.

Lina Godoy
Redacción

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domingo, 14 de marzo de 2010

El Oscar en Perú

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viernes, 19 de febrero de 2010

Efecto Bagua: el Gobierno suspendió la exploración de minera en la Amazonía

(Peru21, 17 de febrero de 2010).- El premier Javier Velásquez Quesquén reconoció que se decidió paralizar los trabajos de la empresa Afrodita ante la anunciada protesta de los selváticos.

El Gobierno suspendió las actividades de exploración de la minera Afrodita, porque no acreditó la propiedad sobre una extensa zona rica en oro que es reclamada por indígenas amazónicos como tierra ancestral.


“El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería ha declarado la suspensión indefinida de esta minera en tanto no pudo acreditar la propiedad sobre el terreno donde hace el proceso exploratorio”, dijo el primer ministro Javier Velásquez Quesquén.

La decisión gubernamental, conocida tras una reunión de los ministros con el presidente Alan García, se adelantó a una protesta de indígenas anunciada para el lunes en la ciudad de Bagua y otras zonas amazónicas del norte de Perú. El primer ministro reconoció que “la suspensión de la exploración tiene que ver mucho” con la movilización programada por los nativos selváticos, que el pasado 5 de junio dejó decenas de muertos.

Las actividades exploratorias de la empresa se realizan en una zona fronteriza con Ecuador de más de cinco mil hectáreas, en el distrito de El Cénepa, Amazonas. Afrodita opera en el país desde 1996. La empresa canadiense Dorato Resources cuenta con una opción de compra por el 100% de las acciones de la minera peruana.

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Merino pide aprobar ley de derecho a consulta

(El Comercio, 17 de febrero de 2010).- La Comisión de Constitución debatiría proyecto en la próxima legislatura ordinaria

Ante el anuncio de diversas organizaciones indígenas de acatar un paro el 22 de este mes en varios puntos del país, la defensora del Pueblo, Beatriz Merino, insistió en la necesidad de aprobar una ley que instaure el derecho a consulta de los pueblos nativos, como lo señala el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).


Varios frentes indígenas, como se sabe, han anunciado esta paralización como medida de protesta contra el Gobierno Central.

“Una ley de esta naturaleza garantizará un escenario de diálogo institucionalizado, capaz de evitar que toda manifestación se torne en violencia”, declaró Merino Lucero.

Como se recuerda, la Defensoría del Pueblo presentó meses atrás la denominada ley de derecho a la consulta de los pueblos indígenas, que planteaba la creación de mecanismos para que se cumpla este proceso, y que incluía la participación de tres actores: el Estado, las organizaciones indígenas y un ente técnico especializado.

EN MANOS DEL CONGRESO
Iván Lanegra, adjunto de la Defensoría del Pueblo para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas, precisó que un dictamen de esa ley se encuentra en la comisión de Constitución del Congreso y otro en la Comisión de Pueblos Indígenas, Amazónicos y Afroperuanos.

Lanegra explicó que ese dictamen, al momento de entrar a debate, debe incluir los temas consensuados durante la tercera mesa del grupo nacional de coordinación, entidad que se formó poco después de los hechos de violencia registrados en Bagua el 5 de junio del 2009.

“La congresista Mercedes Cabanillas [presidenta de la Comisión de Constitución] se ofreció a darle prioridad al proyecto apenas se dé inicio a la nueva legislatura, en marzo próximo”, comentó Lanegra.

SEPA MÁS
La paralización de protesta ha sido anunciada para el lunes 22 por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y otras organizaciones indígenas afines.

El proyecto de ley de la Defensoría del Pueblo estipula que los procesos de consulta a las comunidades indígenas sirvan para las disposiciones de cualquier autoridad en los ámbitos regional o municipal.

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Movilización: 22 de febrero, declaraciones de Mario Palacios

Mario Palacios: "Exigimos que se nos diga la verdad" (17/02/2010)
Programa Radial Tierra Fecunda

El Presidente de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú, afectadas por la Minería, CONACAMI, señala que en la plataforma de lucha de la movilización macro regional programada para el 22 de febrero, resalta que los pueblos indígenas rechazan el informe del Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que conformó el Gobierno. En especial, lo relacionado a la primera mesa de trabajo, donde no se llegó a la verdad sobre los hechos ocurridos el pasado 5 de junio en Bagua.

Escuche el audio aquí


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Convocatoria para el 22 FEBRERO Jornada Nacional de Lucha.

COORDINADORA MACRO REGIONAL DE LOS PUEBLOS AMAZONICOS, ANDINOS Y COSTEROS DEL NORTE Y
ORIENTE DEL PERU
Fundada el 26 de octubre del 2008

Convocatoria:

22 DE FEBRERO,
GRAN MOVILIZACION PACÍFICA

EN RECHAZO AL INFORME DEL GOBIERNO SOBRE LOS HECHOS OCURRIDOS EL 05 DE JUNIO EN BAGUA, EN DEFENZA DE LAVIDA, LOS RECURSOS NATURALES Y LA PATRIA


SEÑOR:……………………………………………………………………………

Frente a los acontecimientos y hechos gubernamentales que está implementando el gobierno central y su persistencia en seguir entregando nuestros recursos naturales a las transnacionales, con el fin de dar luz verde a los TLC con países imperialistas en especial con los EE.UU. sin respetar las decisiones y voluntades de los pueblos amazónicos, andinos y costeros de nuestro país, al ser burlados y vulnerados nuestros derechos comunales, sociales, políticos e incluso económicos; por la aplicación de las políticas neoliberales e imperialistas nos vemos en la obligación de reiterar nuestras luchas pacificas en todo el norte y oriente del Perú, por esta razón las organizaciones sociales, sindicales, frentes de defensa, Organización Regional de los Pueblos Indígenas Amazónicos del Norte del Perú (ORPIAN-P) con sus respectivas bases de los pueblos indígenas que las respaldan, Comunidades Campesinas, Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (CUNARC-P) también con sus respectivas bases de las Federaciones regionales de Rondas Campesinas de San Martín, Amazonas, Cajamarca, Piura, La libertad, Lambayeque, así como los productores agrarios; reunidos a través de la Coordinadora Macro regional, el día 29 de enero por unanimidad, se acordó realizar una jornada de lucha pacífica para el día 22 de febrero en toda la macro región norte y oriente del Perú, en tal sentido hacemos un llamado a todos los sectores sociales de la población a acatar e implementar estas movilizaciones pacificas en todo el norte y oriente del Perú.

¡ALTO A LA PERSECUCION POLITICA Y LIBERTAD DE NUESTROS LIDERES AMAZONICOS Y ANDINOS!
¡POR UNA VIDA DIGNA Y SALUDABLE!, ¡NUEVA CONSTITUCION POLITICA!
ATENTAMENTE


PLATAFORMA DE LUCHA
22 DE FEBRERO EN EL NORTE Y ORIENTE DEL PERU.

1. RECHAZO total al informe que hace el gobierno central sobre los hechos ocurridos el 05 de junio en Bagua, acusando a los pueblos indígenas, campesinos y la iglesia.

2. DENUNCIAMOS la actitud cómplice de la Fiscal de la Nación Dra. Gladis Margot Echaiz Ramos, en contubernio con el gobierno para librar de toda responsabilidad a los VERDADEROS RESPONSABLES de estos hechos del 05 de junio del 2009.

3. CESE a la persecución de nuestros líderes y actitudes racistas en contra de nuestros hermanos indígenas de la amazonía peruana; INDEMNIZACIÓN a los deudos de las víctimas del 05 de junio; ATENCIÓN OPORTUNA y atención médica adecuada a los heridos que siguen agonizando en su lecho de dolor; CESE de la intromisión de las empresas mineras que continúan ingresando a nuestros territorios SIN CONSULTA previa, conforme a Ley. Exigimos el retorno inmediato de nuestro presidente de AIDESEP Alberto Pizango Chota asilado en Nicaragua, acusado injustamente de propiciar los hechos ocurridos el pasado 05 de junio, solicitando se varíe su condición jurídica y este libre de toda presión, para poder afrontar todas las acusaciones malintencionadas por parte del gobierno de Alan García Pérez.

4. CONDENAMOS la discriminación y desprecio con que se nos trata, desde las más altas esferas de gobierno, pues siguen creyendo que somos ciudadanos DE TERCERA CATEGORIA, en vista que han querido engañarnos al conformar una COMISION para “investigar» lo que no necesita de tanto esfuerzo, puesto que los hechos del 05 de junio estuvieron y están a la vista de todo el mundo.

5. LIBERTAD INMEDIATA de nuestros hermanos Feliciano Kahuasa Rolin, Danny López Shawit, Asterio Pujupat Wachapea, que han sido acusados injustamente por hechos que no han cometido.

6. ALTO a las concesiones mineras y petroleras en la Cordillera El Cóndor, La Amazonía y en zonas alto andinas en el norte y oriente del Perú; las mismas que ya se han dado en 70 %.

7. RESPETO a las leyes las comunidades indígenas, comunidades campesinas, rondas campesinas y respeto a lo establecido por el convenio 169 de la OIT.

8. Retiro inmediato de la minería Buena Ventura, Proyecto La Zanja de la Provincia de Santa Cruz – Cajamarca, minera Majas hoy la Sijin en Carmen de la Frontera – Huancabamba Ayabaca Región Piura, la Empresa Murelet, pron Perú S.A, concesión Lote Nº 116 en la zona de Dominguza Provincia de Nieva – Amazonas.

9. RESPETO a la libertad de prensa de todos lo medios de comunicación e inmediata Libertad para El periodista Alejandro Carrascal, encarcelado por decir la verdad sobre los hechos del 05 de junio del 2009.

10. Inmediata apertura de Radio La Voz de Bagua.

11. DESTITUCIÓN de Ronald Ibarra Secretario de Coordinación de Conflictos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros, por acusar de azuzadores a los dirigentes Indígenas de la Amazonía Peruana.

12. DEROGATORIA de los Decretos Legislativos que son lesivos y afectan los pueblos amazónicos, andinos y costeros.

13. RESPETO a la jurisdicción especial de las rondas campesinas, que es obstaculizado por el gobierno y el poder judicial (alto a la persecución judicial).

14. RECHAZAMOS las versiones dadas por el Presidente del Consejo de Ministros Velásquez Quesquén, que pretende instalar una base militar en Carmen de la frontera, considerando una provocación más a la población e imponer la explotación minera en la mencionada zona.

15. Rechazamos la actitud de “comisiones de investigación de los hechos de Bagua” que envía el gobierno, ya que todos los ofrecimientos se han politizado y no está cumpliendo con los verdaderos objetivos para los cuales se creó dicha comisión especial.

16. Basta de proteger a Jueces y Fiscales corruptos, a funcionarios de gobierno que se coluden con los grandes poderes económicos y mafias corruptas y delincuenciales.

ATENTAMENTE


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Idelso Hernadez Llamo Serbando Puertas Peña
Coordinador de los Pueblos Andinos Coordinador de los pueblos indígenas
Amazónicos


PRONUNCIAMIENTO PÚBLICO.

Los Presidentes de las Organizaciones Representativas de los Pueblos Awajún y Wampís, organizados en torno a la Sub - Sede del C.A.H, FECORSA, FECAS APUS de las comunidades, Jóvenes Lideres, Intelectuales Indígenas, Sabios Indígenas, Mujeres Líderes e Hispano Hablantes, así como 204 delegados participantes conformantes del Distrito de Río Santiago, Provincia de Concorcanqui, Región Amazonas, nos dirigimos a la opinión pública nacional e internacional para manifestar lo siguiente:

PRIMERO.- Denunciamos al actual Gobierno del Dr. Álan García Pérez y a sus Ex Ministros de Estado, Dr. Yehude Simon Munaro, Dra. Mercedes Cabanillas Bustamante y al ex Presidente del Congreso y Actual Primer Ministro Dr. Javier Velásquez Quesquén por la política genocida de exclusión y marginación a los pueblos indígenas Wampís y Awajún del distrito de Río Santiago y otros pueblos de la Amazonia Peruana, por violar el Art. 6 del Convenio 169 de la OIT, así como el Art. 19 de la Declaración Universal de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas que garantiza el derecho de consulta por cuanto después de los sucesos del 5 de junio del año 2009, cada día se reprime más a los representantes de nuestras organizaciones y para ocultar la verdad de los hechos, ha nombrado una comisión mal llamada de la “verdad”, que tiene como objetivo interferir la investigación que viene realizando el Poder Judicial.

SEGUNDO.- Rechazamos la maniobra política del Gobierno Nacional al proponer a algunos “Representantes Indígenas”, como miembros de las comisiones, sin que fueran elegidos por el pueblo en forma legal ni democrática.

TERCERO.- Rechazamos tajantemente las conclusiones de la comisión de la verdad, por ser falsas y tendenciosas, que pretenden responsabilizar directamente a los indígenas por las muertes injustas del suceso del 05 de junio, ya que no se dice, quien dio la orden para dicha matanza. Pero, el memorando No 711-2009 de fecha 03 de junio pasado, demuestra que la ex – Ministra Mercedes Cabanillas, fue quien dio la orden en nombre del gobierno aprista y el Consejo de Ministros, para dicha masacre.

CUARTO.-Denunciamos y rechazamos las maniobras de la Fiscal Provincial de Utcubamba Olga Bobadilla Terán quien, cumpliendo órdenes del gobierno aprista, pretende involucrar al hermano Asterio Pujupat, a quien, se le viene imputando la camisón del delito de muerte del Mayor PNP Bazán Soles, a pesar de que sus declaraciones son claras y contundentes, en negar que en ningún momento lo ha asesinado; sin embargo dicha fiscal corrupta pretende encontrar en dicho hermano a un cabeza de turco, para justificar el genocidio del gobierno de Álan García Pérez.

QUINTO.- El odio del gobierno aprista hacia los indígenas, no cesa, desde que nos llamó: “perros del hortelano” en sus artículos de los días 27 y 28 de noviembre del 2008, porque nuestra acción firme y decidida, puso coto a su afán de seguir enajenando nuestras riquezas y recursos naturales a las transnacionales, como se hace con el petróleo, en base a coimas y prebendas, con grandes beneficios para los funcionarios corruptos y, en perjuicio de los pueblos indígenas, por lo que rechazamos los decretos legislativos inconstitucionales, y seguiremos luchando hasta las últimas consecuencias, porque la defensa de nuestros derechos, son la defensa de la vida, nuestro territorio, y nuestra cultura.

SEXTO.- Responsabilizamos al gobierno aprista por la muerte de nuestros líderes y apus, así como de los hermanos policías, fallecidos en la matanza del 05 de junio del 2009, siendo el único culpable el presidente Álan García y sus ministros, asimismo, denunciamos la persecución que se ha desatado contra nuestro líderes y apus, a pesar que el Presidente del Consejo de Ministros Javier Velásquez Quesquén firmó un acuerdo de paz, pero, lo hizo sólo para burlarse del pueblo indígena. Estas maniobras son las que pintan de cuerpo entero a un gobierno genocida y entreguista que prefiere enriquecer a las transnacionales a costa del sacrificio y la miseria de nuestros pueblos.

SÉPTIMO.- Exigimos al Poder Judicial la Inmediata Libertad de los hermanos Feliciano Cahuasa Rolin y Dany López por considerárselos inocentes de los delitos que se le imputan toda vez que las pruebas de absorción atómica han dado negativos, exhortando al Presidente de la Corte Suprema de Justicia que haciendo uso de sus buenos oficios y al amparo de los Instrumentos Jurídicos Internacionales haga cumplimiento de la verdadera justicia en el País.

¡Viva los pueblos indígenas!
Puerto Galilea, 11 de enero del 2010.
Distrito de Río Santiago, provincia de Condorcanqui,
Región Amazonas, República del Perú.


ORGANIZACIÓN REGIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE
LA MAZONIA NORTE DEL PERU ORPIAN-P

PRONUNCIAMIENTO.

PRIMERO: Los pueblos awajún y Wampis de los departamentos de Amazonas, Cajamarca y San Martin, después del nefasto episodio histórico de los caucheros en nuestra Amazonía, en el siglo XIX, nuevamente los pueblos amazónicos del Perú nos toca afrontar una de las etapas más triste de todos los tiempos, al haber lotizado y vendido este gobierno nuestros territorios en los que vivimos miles de años a las empresas mineras que ahora pugnan por ingresar, para lo cual pagaron su dinero comprando lotes mediante los conocidos FAENONES y exigen a sus vendedores cumplan con los términos pactados en sus contratos.

SEGUNDO: Ante estos aprietos en los que se han puesto nuestros gobernantes y la resistencia de los pueblos amazónicos para defender sus legítimas y milenarias posesiones territoriales, empezó la represión con arremetidas usando la fuerza pública para despojarnos de lo nuestro, habiendo resistido brutales enfrentamientos, desde el año 2008 en toda la Amazonía; en mayo y en junio del 2009 con el saldo trágico que conocemos y las secuelas funestas que seguimos afrontando,

TERCERO: Traducidas en persecuciones, encarcelamientos y una casería sin tregua para capturar a nuestros hermanos indígenas y con ello justificar sus compromisos con sus clientes, los empresarios y grandes consorcios que compraron nuestra selva lotizada.

CUARTO: Han pretendido descabezar y liquidar nuestra organización AIDESEP, la única que se mantiene solida, fuerte e indestructible, reflejo palpable de apoyo colectivo de sus bases compuesta por ocho organizaciones regionales de toda la Amazonía peruana que agrupa a más de 1500 comunidades indígenas y 56 organizaciones de base de las diversas culturas y no han podido ni podrán debilitarla. Hicieron salir del país a nuestros dirigentes y los tienen procesados usando para ello al Ministerio Público y al Poder Judicial, aún así los pueblos amazónicos nos mantenemos cada vez más sólidos, pese a la compra de algunos dirigentes traidores, que fueron desenmascarados oportunamente y serán juzgados de acuerdo a nuestras leyes consuetudinarias del tribunal indígena.

QUINTO: Pero el caso que ahora ocupa nuestro interés y la atención de la nación y de los demás países del mundo, es el abuso que está cometiendo el gobierno, al haber encarcelado a nuestro hermano ASTERIO PUJUPAT WACHAPEA, utilizando a la Fiscal Olga Bobadilla y al Juez Provisional de la provincia de Utcubamba Francisco Miranda Caramutti, detención.

SEXTO: Por demás absurda, arbitraria, antijurídica e ilegal, puesto que para ello se han basado en una fotografía muy cuestionada en autenticidad y peor aún, sin la presencia del cuerpo del delito y la cerrada negativa del padre y familiares del desaparecido mayor PNP Felipe Bazán Soles, que consideramos PÌEZA CLAVE, algo así como EL ESLAVON PERDIDO, de llegar a encontrase su cadáver o con vida; porque con él se sabrá TODA LA VERDAD que hoy quieren ocultar, acudiendo a métodos vedados, exactamente iguales como los usados por el fujimontesinismo.

SEPTIMO: DENUNCIAMOS la actitud cómplice de la Fiscal de la Nación Dra. Gladis Margot Echáis Ramos, en contubernio con el gobierno para liberar de toda responsabilidad a los VERDADEROS AUTORES de estos hechos, para cuyo propósito CAMBIO a la Fiscal Titular Dra. Marlene Rojas Méndez, que fue la que formuló la denuncia penal debidamente fundamentada, en la que hacía constar que los nativos NO USARON ARMAS DE FUEGO y fueron agredidos por la policía señalando responsables en un total de 220 incluyendo desde generales hasta suboficiales. Por lo que la hizo llamar y la amenazó encarcelarla y destituirla, además de otras amenazas contra su vida que fueron conocidas en todos los medios de prensa nacional e internacional, colocando en su lugar a una fiscal provisional, con un año de experiencia en el Ministerio Público, con el único objetivo de obstruir, invalidar y liberar de toda culpa a los causantes reales.

OCTAVO: Paralelo a estas acciones, el gobierno implementó las conocidas MESAS DE DIALOGO O DE TRABAJO que como consta, nos han entretenido desde el año paso sin haber llegado a ninguna conclusión POSITIVA ni efectiva y para que puedan blindarse mejor, han pretendido utilizar a ciertos líderes nuestros en la ya fracasada COMISION ESPECIAL PARA INVESTIGAR LOS SUCESOS DEL 05 DE JUNIO en la que no se ha enfocado los hechos en forma objetiva, imparcial y exhaustiva, siendo que además, no entrevistaron al papá del desaparecido, no llamaron a la Fiscal Marlene Rojas Méndez, ni a las autoridades que estuvieron presentes el 05 de junio como fue el Obispo de Jaén Mon. Santiago García de la Rasilla, al Comisionado de la Defensoría del Pueblo de Jaén, Dr. Abel Chiroque Becerra, no se cumplió las recordaciones del relator de las naciones unidas James Anaya entre otros. Hicieron, lo que el gobierno les indicó. Por eso es que nuestro Delegado Jesús Manasés y la Hna. Carmen Gómez se ha retirado y no firmaron ese informe de ejecutivo. Estaremos a la expectativa del informe alternativo ofrecido por el presidente de la comisión Jesús manases.

NOVENO: Igualmente denunciamos, ante la colectividad nacional y mundial, la manipulación maquiavélica del gobierno al instalar las supuestas mesas de dialogo distritales, utilizando a los indígenas adscrito a su partido como esta sucediendo e el distrito de Imaza.

DECIMO: Por último, una vez mas, expresamos nuestro respalda al consejo directivo nacional y avalamos el desarrollo de las conferencias de prensa que viene realizando para el país y el mundo. ¡SEPA LA VERDAD!.

Consejo Directivo de ORPIAN-P, AMAZONAS, PERU.


LOS PERUANOS UNIDOS EXIGEN LA VACANCIA

Y CARCEL PARA LOS GENOCIDAS ALAN GARCIA Y YEHUDE SIMONS, POR LA MUERTE DE INOCENTES INDIGENAS-AMAZONICOS





“La más sórdida alianza entre el Apra, el MRTA, el Fujimorismo y UN ha sembrado dolor y muerte en la heroica Amazonía : 55 muertos, 225 heridos, mas de 105 detenidos y aprox. 20 desaparecidos hombres dignos de inquebrantable moral ejemplo de un alto nivel de desprendimiento y sacrificio por amor al Perú pasan a engrosar la gloriosa lista de mártires peruanos, las calumnias e infamias contra nuestra web vertidas por el asesinos Yehude Simons no nos callaran siempre estaremos al servicio del pueblo….”

PRONUNCIAMIENTO

Una vez más la derecha ha envilecido y ensangrentado la política peruana en la oscuridad antidemocrática mas inimaginable que cualquier sociedad del mundo pudiera esperar, los crímenes contra los indígenas amazónicos se suman a la larga lista de atrocidades como las de Cayara, el Fronton, Putis, Accomarca, Los Cabitos, Uchuraccay, Los Molinos, Barrios Altos, etc, contra un pueblo indefenso con aspiraciones de libertad. Queda demostrado que en el Perú hay un ESTADO FALLIDO donde el dialogo es una voz de las balas y bombas, que la pacificación es sinónimo de impunidad que la reconciliación solo se da entre las mafias que ostentan el poder.

Los decretos legislativos impuestos a sangre y fuego son inconstitucionales por cuanto atentan contra los derechos legítimos de las comunidades indígenas de la Amazonía peruana que durante cientos de años han sabido cuidar donde lo que el corrupto Estado y la sociedad solo vieron y ven placeres turísticos y museos artesanales mientras que el imperialismo internacional y la burguesía criolla organizaba como apoderase de los bosques, el agua, los hidrocarburos y los ricos ingentes recursos naturales de esta zona. Es duro decirlo; pero, es necesario, esta situación arrastrada por la indiferencia y el miedo solo REFLEJA UNA SOCIEDAD ENFERMA en la que se han perdido los códigos naturales de convivencia de verdad, justicia, bien, decencia, solidaridad y libertad.

Hay una urgente exigencia de despertar, de tomar conciencia, los peruanos hoy estamos llamados a UNIRNOS Y MOVILIZARNOS contra la más sórdida alianza entre el Apra liderada por el Delincuente Alan García, el MRTA solapado por el terrorista Yehude Simons, el Fujimorismo y UN que ha sembrado dolor y muerte en la heroica Amazonía : 55 muertos, 225 heridos, mas de 105 detenidos y aprox. 20 desaparecidos entre ellos niños, mujeres y ancianos indefensos, hombres dignos de inquebrantable moral, ejemplo de un nivel de desprendimiento y sacrificio por amor al Perú pasan a engrosar la gloriosa lista de mártires peruanos que la historia sabrá redimirlos y un gobierno del pueblo de DIGNIDAD NACIONAL les hará justicia.

La doctrina socialdemócrata de un burguesía servilista y apátrida siempre será enemiga de la verdad y de la humanidad, hablan de democracia y no respetan la voluntad popular llaman a defender el estado de derecho y son los primeros en pervertir y aplastar todo intento de legalidad institucional, de sus corrompidas fauces solo salen mentiras hasta su presencia es una gran mentira impuesta en la realidad.

El conflicto indígena amazónico no es una lucha entre subversivos, abigeos o delincuentes contra el Estado, es nauseabundo e indigno invertir los roles de los causantes y las causas de la rebelión como se nos pretende hacernos ver. Esta es una legitima lucha de nativos indígenas contra un Estado corrupto y traidor que los ha olvidado, marginado y explotado históricamente, por eso todos los peruanos debemos expresar nuestra plena solidaridad condenar el terrorismo de Estado y sumarnos a su lucha para derogar estos lesivos decretos que rompen la soberanía nacional y ponen en peligro nuestra amazonia. JUNTOS EN UNA SOLA VOZ EXIGAMOS LA DEROGACION DE LOS DRETOS DE LA MUERTE (1) El Decreto Legislativo 994: Promoción de Inversión Privada en Proyectos de Irrigación: que pone en peligro las tierras comunales sin título de propiedad, que compromete a más de 1200 comunidades campesinas, podrían revertir a favor del Estado y este, al amparo de la norma, entregarla en concesión o venta al gran capital privado. Lo mismo puede pAsar con Comunidades Nativas, (2) El Decreto Legislativo 1064: Aprueba el Régimen Jurídico para el Aprovechamiento de las Tierras de Uso Agrario: lo cual dejaría sin efecto el requisito del acuerdo previo y afectaría directamente a los propietarios de las tierras rurales, (3) El Decreto Legislativo 1020: Promoción de la Organización de los Productores Agrarios y la Consolidación de la Propiedad Rural para el Crédito Agrario: que embusteramente regula la conformación de las Entidades Asociativas Agrarias, así como su inscripción en el Registro Administrativo, que llevará el Ministerio de Agricultura; para lograr el apoyo al Crédito Agrario Nacional, (4) El Decreto Legislativo 1083: Promoción del Aprovechamiento Eficiente y la Conservación de los Recursos Hídricos: que pretende la privatización del agua a favor de los grandes grupos de poder económico (entiéndase mineras), (5) Decreto Legislativo 1081: Creación de Sistema Nacional de Recursos Hídricos: que entrega a la inversión privada el aprovechamiento del agua, otorga seguridad jurídica de contrato ley de uso y usufructo de este preciado recurso, lo que conllevaría al incremento del precio de su consumo en desmedro del humilde poblador peruano, (6) El Decreto Legislativo 1089 Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Rurales: Norma que allana el camino a la expropiación y explotación de predios rústicos a nivel nacional, (7) El Decreto Legislativo 1079, supedita las medidas que garantizan el patrimonio de las áreas naturales protegidas, al marco del Acuerdo de Promoción Comercial: ablanda el marco regulatorio, simplificación administrativa, debilita el fortalecimiento institucional de la gestión ambiental, y propicia la modernización del Estado solo de forma y no de fondo. Esta medida criminal origina la disponibilidad de nuestras áreas naturales, con la finalidad de aprovechamiento del recurso renovable y no renovable (Concesiones Forestales, mineras y Petroleras), (8) Decreto Legislativo 1090, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, reduce la definición del patrimonio forestal dejando fuera del régimen forestal a cerca de 45 millones de hectáreas de tierras con capacidad forestal, es decir el 64% de los bosques del Perú incluida la valiosa biodiversidad de flora y fauna que serian rematadas a las transnacionales, (9) La Ley Nº 29317, Ley que modifica el DL 1090 Ley Forestal y de Fauna Silvestre, orientada hacia a la privatización de los bosques y la promoción y el cambio de uso de tierras para favorecer la producción de biocombustibles en manos de grandes empresas transnacionales que de manera criminal propiciarían el cultivo para la industria energética abandonando el cultivo de alimentos básicos de pan llevar, (10) Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos; ley que regula el uso y gestión de los Recursos Hídricos, norma que regula no solo el uso del agua como un recurso sino los bienes asociados a el, sean estos naturales (fajas marginales cauces, glaciares, etc) o artificiales(captaciones, almacenamiento, conexión, étc) llegando así a su privatización, estos son los argumentos por los cuales los nativos se mantiene en lucha y están muriendo y el resto del Perú no puede aceptar con normalidad semejantes crímenes.

La tenacidad y firmeza del compañero Alberto Pizango y todos los líderes de AIDESEP es un ejemplo a seguir, los mártires entregados en esta gloriosa lucha amazonia no debe ser en vano, su sangre derramada es una enseñanza que solo cuando el pueblo se moviliza es oído, que los mártires nos guíen no solo hasta alcanzar la victoriosa derogación de los decretos lesivos a la amazonia y al Perú sino que se cumpla el mandato popular de la VACANCIA Y CÁRCEL AL DELINCUENTE TERRORISTA ALAN GARCÍA PÉREZ Y MRTA YEHUDE SIMONS, ambos por haber dado la orden de matar y encarcelar a indefensos indígenas; además, el primero debe rendir cuentas ante la justicia sobre todos los crímenes cometidos en su primer y segundo gobierno hasta hoy, debe aclarar cómo se convirtió en rico sin trabajar, el segundo debe aclarar si es verdad que se convirtió en rico con el dinero de las extorciones y secuestros del MRTA y siendo agente infiltrado de la C.I.A. respaldado por el inútil Polay Campos un vago instigador que ordeno que asesinaran cobardemente al dirigente AsháninKa Alejandro Calderón el 8 de diciembre de 1989, Alan, Simon y Polay están enfermos comparten un instinto criminal.

El 05 de junio día mundial del Medio Ambiente Alan García y Yehude Simons han sembrado de cadáveres inocentes la amazonia, frente a ello daremos una contundente respuesta este 11 de Junio todos los peruanos nos movilizaremos, para derrotar este intento genocida de desaparecer a la población nativa amazónica con la finalidad de entregar sus riquezas a las transnacionales y al imperialismo, este 11 de Junio acabaremos con esa sórdida Alianza Apra-MRTA-Fujimoristas-UN, juntos exigimos la creación de una comisión internacional independiente liderada por las ONU, AI, CIDH, CPI, CRUZ ROJA para esclarecer y juzgar a los responsables de los crímenes, juntos exijamos el respeto a la libertad y vida, los derechos humanos del compañero Alberto Pizango y todos los lideres de AIDESSEP, juntos impulsaremos una Asamblea Popular Nacional que tome las riendas de la administración del Estado hasta convocar nuevas elecciones limpias y verdaderamente democráticas.

EL pueblo debe saber que nuestra organización MDP: DIGNIDAD NACIONAL, siempre luchamos a favor de los derechos fundamentales del pueblo peruano, todos los muertos son hijos del pueblo enfrentados en una guerra fraticida alentada por la derecha y la oligarquía, mas de mil infamias se viene diciendo de nosotros y seguro que mas calumnias vendrán de las malolientes fauces de la derecha y de la prensa oligárquica, nuestra organización DIGNIDAD NACIONAL cree oportuno deslindar con el parasito Yehude Simon que en acusación temeraria acusa a nuestra web de ser instigadora de la rebeldía amazónica es tan imbécil que no distingue la realidad de su paranoia emerretista, solo sabe calumniar y difamar ocultándose cobardemente en las faldas de los militares. Nuestra web es plural y dará voz a todas las organizaciones populares e intelectuales progresistas y no nos callaran los compañeros nativos-indigenas amazónicos no están solos ellos tienen el respaldo activo y militante de todos los peruanos, su lucha debe entenderse como el fermento social revolucionario que exige cambios, libertad y dignidad para todos.

¡HONOR Y GLORIA A LOS MARTIRES DEL PUEBLO CAIDOS EN LA GLORIOSA LUCHA INDIGENA - AMAZONICA!

¡ALAN GARCIA Y YEHUDE SIMONS NO OLVIDEN QUE LOS CRIMENES DE LESA HUMANIDAD NO PRESCRIBEN Y YA TIENES LAS MANOS MANCHADAS DE SANGRE DEL HONORABLE PUEBLO!

NI UN PASO ATRÁS LA LUCHA AMAZONICA VENCERA!!!

NI OLVIDO NI PERDON….NO A LA IMPUNIDAD

MDP: DIGNIDAD NACIONAL

DIRECCION POLITICA NACIONAL



VIDEOS SOBRE LA LUCHA AMAZONICA

http://www.youtube.com/watch?v=kUWdLrhXeU0

http://www.youtube.com/watch?v=w05nZd1Y9Co

http://www.youtube.com/watch?v=9pXLvlXZR6I

http://www.youtube.com/watch?v=oExgvnif0pA

http://www.youtube.com/watch?v=bgKveliyF6Y

Parte I
http://www.youtube.com/watch?v=X0shiOMiKVM
Parte II
http://www.youtube.com/watch?v=iFzW6O7sFWI

http://www.youtube.com/watch?v=nRxpn2CUKD4

http://www.youtube.com/watch?v=zLC4G5ZoOuA

http://www.youtube.com/watch?v=pWFEA31NPf0

http://www.youtube.com/watch?v=IBNS6ABnK6Q

http://www.youtube.com/watch?v=tP18uaPA308

http://www.youtube.com/watch?v=w05nZd1Y9Co

http://www.youtube.com/watch?v=VRj7trvxguw

http://www.youtube.com/watch?v=hnp4hvBc70M

http://www.youtube.com/watch?v=ZK8hyn5k8WM

http://www.youtube.com/watch?v=Z66coIG16SE

http://www.youtube.com/watch?v=DjonF04kWNg


ETNOCIDIO EN BAGUA-PERU
Fallida comisión encubridora

Por: Carlos Angulo Rivas

Seis meses han transcurrido desde cuando una enorme mayoría de ciudadanos peruanos exigió la vacancia presidencial debido a la masacre de nativos y policías ocurrida en Bagua, circunscripción de la amazonía peruana. Meses antes la habían pedido también, en concreto, por la enorme corrupción del gobierno aprista, descubierta a través del escándalo de los petro-audios, donde el presidente estaba directamente involucrado en multimillonarios negociados (caída del gabinete ministerial de Jorge del Castillo.)

Alan García, quien ordenó el atropello y la matanza con las mismas artes genocidas de su primer gobierno (Lurigancho, El Frontón, Comunidades Campesinas), salió a la TV a condenar los “excesos” en Bagua, lo hizo tal cual lobo vestido con piel de oveja. De inmediato las maniobras mediáticas capearon el temporal hasta la caída del gabinete ministerial de Yehude Simon. Frente a las dudas en el número de víctimas de la matanza y las versiones periodísticas locales, filmadas y detalladas, el gobierno impuso la verdad oficial: 10 nativos muertos y 24 policías; y además, derogó dos decretos legislativos a fin de apagar el incendio.

La representante de las Naciones Unidas para los pueblos originarios, de visita en Bagua luego de la masacre instó al gobierno a una investigación imparcial e internacional sobre los luctuosos sucesos. El Daily Mail: del Reino Unido señaló que las fuerzas del orden tomaron el control de la ciudad de Bagua tras los violentos enfrentamientos y no permitieron trabajar a la prensa independiente. El diario inglés aseguró que más de 60 personas perdieron la vida en la sangrienta jornada de ataques armados a la población civil desde helicópteros policiales, donde sí se contabilizaron oficialmente 182 heridos de bala. El medio recogió además las versiones locales que aseguraban que “decenas de personas habían desaparecido” bajo la presunción de haber sido arrojadas al río Marañón para desaparecer los cadáveres. En ese entonces la evaluación de las organizaciones nativas señaló que los indígenas muertos podían superar el centenar y en una entrevista publicada en el diario La República de Lima, la presidenta interina de la “AIDESEP”, Daysi Zapata, lideresa de la etnia de los Yine (Atalaya) en reemplazo de Alberto Pizango, asilado en la embajada de Nicaragua, comentó que sus hermanos nativos muertos llegarían a 300, comprobables al haber firmado con cédulas de identificación el petitorio de derogatoria de los decretos anticonstitucionales firmados por Alan García (violación del Convenio 169 de la OIT.)

En todo momento, el gobierno de Alan García se ha negado a la investigación imparcial e internacional sugerida. Y a través de la Resolución 0664-2009-AG de fecha 7 de septiembre, creó el grupo de trabajo encargado de investigar los sucesos en Bagua ocurridos el 5 de junio que, por su composición oficialista, tenía las características de ser una comisión encubridora antes que investigadora. No podía ser de otro modo, con el típico descaro; y la prepotencia gubernamental puesta en todos sus actos las conclusiones del informe, a entregarse el domingo 20 de diciembre, alcanzan lo inaudito. El informe exonera de toda responsabilidad al gobierno aprista, a Alan García, el principal instigador de la matanza perpetrada y a sus representantes, a Yehude Simon, ex primer ministro, a Ántero Flores-Aráoz, ex ministro de Defensa; a Mercedes Cabanillas, ex ministra del Interior; y los generales de la Policía, Javier Uribe y Luis Muguruza.

El ridículo informe de la comisión encubridora de Alan García llega al colmo de la manipulación de la verdad, pues trata de responsabilizar de la matanza habida en la amazonía y de los hechos sangrientos, nada menos que a las comunidades nativas y a los miembros de los vicariatos católicos, a quienes acusa de distorsionar su misión pastoral. Felizmente, el montaje de semejante patraña ha sido desbaratado por la negativa a firmar y el retiro de la comisión de dos de sus miembros, no gubernamentales, la religiosa María del Carmen Gómez y el representante de los nativos, coordinador general de dicho grupo de trabajo, Jesús Manases. Así la situación, la falta de transparencia subsiste en un acontecimiento tan grave como el ocurrido en la tragedia del 5 de junio pasado en la llamada Curva del Diablo y la estación 6 de explotación petrolera, cuyas características de “limpieza étnica” no tiene parangón en el país.

Este informe incompleto y operado por las versiones falsificadas del gobierno no posee validez alguna y desde ya viene siendo denunciado por los organismos de Derechos Humanos, nacionales e internacionales, ya que ni siquiera se ha recogido la información de la Dirección de Investigaciones Administrativas Disciplinarias de la Inspectoría General de la Policía ni los testimonios de los deudos y heridos del exterminio de nativos y policías; y menos de la fiscal titular de Bagua, destituida por insinuar la responsabilidad de los jefes policiales y la ex ministra del Interior, Mercedes Cabanillas. Tanto es así que la Iglesia Católica a través de su representante, monseñor Miguel Cabrejos, ha rechazado la afirmación de que los misioneros hayan alentado la violencia; y Carlos Nava, coordinador de la Mesa 1 del Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, a su vez, también rechaza el informe final de la Comisión Encubridora de los sucesos en Bagua, a todas luces, redactado en Palacio de Gobierno.

Monseñor Miguel Cabrejos, arzobispo de Trujillo y presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, expresó su total rechazo a las insinuaciones del informe oficialista y protegió la labor que realiza monseñor Santiago García de la Rasilla, obispo del Vicariato Apostólico de Jaén; de la misma forma amparó a los misioneros y religiosas de dicha jurisdicción frente a las infundadas acusaciones del gobierno, pues ellos actuaron sólo a manera de socorro humanitario. La autoridad eclesiástica informó acerca de una reunión con los obispos integrantes del comité permanente de la Conferencia Episcopal Peruana, donde decidieron expresar “su respaldo absoluto y total a monseñor Santiago García de la Rasilla, obispo de Jaén, y a su jurisdicción eclesiástica.” Las acusaciones del gobierno de Alan García son muy graves porque según el arzobispo, “desde siempre la Iglesia Católica ha actuado en defensa de la paz y nuestra lucha ha sido contra la violencia y el apoyo al más necesitado y al más desposeído”.

Corresponde a la Cruz Roja Internacional y a los organismos de Derechos Humanos, asumir la responsabilidad de una investigación veraz, imparcial y documentada, que incluya un censo poblacional a fin de conocer la magnitud de este nuevo genocidio organizado y acordado por Alan García Pérez, limpieza étnica inaceptable en una nación civilizada. Las cifras encubiertas, para asombro del mundo, llegarán a ser alarmantes en tanto se sitúen en su verdadera dimensión. El desprecio a la vida humana y la desproporción en la capacidad de fuego utilizada, nos mostrarán la vesania delirante de un mandatario con probados antecedentes de genocida. La desaparición de cadáveres con el propósito de esconder de modo cobarde la dimensión los delitos de lesa humanidad, no es cristiana ni humana. Y peor aún cuando se pretende utilizar el sacrificio de los policías enviados, no a resguardar el orden público sino a eliminar, por mandato superior, a los nativos defendiendo sus tierras ancestrales frente al atropello de usurparlas a través de una legislación ilegal potenciada directamente por una mafia gubernamental groseramente enriquecida, encabezada por Alan García.
La masacre de Bagua
http://jona.lamula.pe/2009/06/12/varios-videos-varios/


Movimiento por Amnistía y Derechos fundamentales
¡Al pueblo peruano!

MANIFIESTO

SOMOS un grupo de dirigentes de organizaciones populares, intelectuales y artistas del pueblo, así como abogados defensores de presos políticos y perseguidos sociales quienes guiados por servir al pueblo de todo corazón y con desinterés absoluto, hemos constituido el “Movimiento Por Amnistía y Derechos Fundamentales”.

APARECEMOS en nuestro país en momentos que a nivel internacional se vive la segunda crisis económica general de la globalización, la más grave del sistema capitalista y cuyas consecuencias las sufre principalmente el pueblo. A nivel nacional el gobierno actual prosigue aplicando neoliberalismo, restringiendo el mercado interno sirviendo así a los intereses de la gran burguesía compradora, el capitalismo burocrático y el imperialismo, principalmente norteamericano.

EN EL CAMPO POPULAR hay resistencia contra la opresión y explotación. El centro de sus luchas es por derechos fundamentales del pueblo trabajador y explotado exigiendo: Trabajo y producción nacional, derecho a trabajar, aumento de salarios, estabilidad laboral, mejores condiciones de trabajo, reposición de despedidos; salud, educación y seguridad social públicas y gratuitas; real igualdad de la mujer ante la ley; protección de niños y ancianos; propiedad de la tierra y derecho inalienable al agua para los campesinos, defensa de los recursos naturales y libertades de expresión, opinión, organización y movilización.

EL REGIMEN RESPONDE con represión, criminalizando las protestas populares, estigmatizándolas como “terrorismo” y aplicando el derecho penal del enemigo, mientras campea la delincuencia y hay carencia de una política de seguridad que proteja al pueblo.

LOS PROBLEMAS DE LA NACIÓN SE COMPLEJIZAN por la subsistencia de los problemas no resueltos de la guerra interna vivida en nuestro país en las décadas 80 y 90 del siglo pasado y el conflicto limítrofe con Chile que se ventila en La Haya. Son dos graves problemas de nuestro país, uno interno y otro externo. Por ello es tarea pendiente y necesaria la reconciliación nacional. La amnistía general para los presos políticos y perseguidos sociales es la forma de resolver nuestro problema interno contra quienes creen que sólo la cárcel hace justicia, traficando y viviendo de los muertos de la guerra, ésta ya ha terminado y los muertos son de todos.

QUEREMOS resueltamente aportar a la solución de los problemas de nuestro país, de la nación peruana, de nuestro pueblo trabajador y explotado luchando por sus derechos fundamentales y la democratización de la sociedad peruana, que deben plasmarse sin restricciones en una nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente.

REIVINDICAMOS nuestro derecho a participar en la vida política del país conforme al artículo 35º de la Constitución, incluyendo la participación en elecciones expresando y defendiendo las reivindicaciones del pueblo. Estamos recogiendo las firmas necesarias para inscribirnos en el Registro de Organizaciones Políticas que lleva el Jurado Nacional de Elecciones para lo cual pedimos apoyo y adhesión de los sectores populares. Consideramos que en esta nueva década que se abre deben quedar atrás el encono, la venganza, la persecución política. La verdad debe abrirse paso con un debate amplio y sin prejuicios, dejando todo interés personal o de grupo y anteponiendo los interese del pueblo y la nación peruana.
ESTAMOS DISPUESTOS a buscar convergencias con otras fuerzas y personalidades democráticas y establecer alianzas con otras organizaciones políticas sobre la base de los siguientes:
LINEAMIENTOS PROGRAMATICOS
Por la democratización de la sociedad peruana en beneficio del pueblo proponemos:
1.- Nueva Constitución que contemple los derechos fundamentales del pueblo.
2.- Restitución de las libertades, derechos, beneficios, y conquistas democráticas conculcadas. Defender los derechos fundamentales y del pueblo.
3.-Libertad económica para el pueblo. Contra el neoliberalismo y la globalización manifestación actual del imperialismo. Revisión de los contratos con las empresas monopólicas. Defender los recursos naturales. Producción Nacional y trabajo para el pueblo.
4.-Libertad política. No a la criminalización de las luchas populares y contra la política persecutoria.
5.-Defender la Nación. Defender la soberanía nacional y la integridad territorial.
6.-Amnistía general a todos los presos políticos y perseguidos sociales.

RACISMO DE ALAN
http://www.youtube.com/watch?v=56Ea1qjiB0s&feature=player_embedded

Perú, Febrero de 2010
Comité Organizador


CONGRESO DEL PERU CONSIDERA QUE DERECHO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS A LA CONSULTA NO ES CONSTITUCIONAL A PESAR QUE COMITE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU DICTAMINO EN EL CASO POMA POMA CONTRA PERU CONSAGRA QUE NO BASTA LA SIMPLE CONSULTA SINO EL CONSENTIMIENTO PREVIO LIBRE E INFORMADO

Palacio Legislativo Perú, Lima 17 de diciembre 2009.- El 16 de diciembre 2009, Fue debatido en el Congreso legislativo peruano, el proyecto de ley que consagra el Derecho de los Pueblos indígenas a la consulta sobre proyectos que les afecta, al finalizar el debate, la mayoría de los congresistas llegaron a la conclusión que tal derecho no esta declarado en la Constitución del Estado, por lo que decidieron enviarlo a la Comisión congresal de Constitución, para que emita un dictamen aclaratorio.

A pesar que el Derecho a la Consulta esta consagrado en el Convenio 169-OIT de la organización internacional del Trabajo que fuera ratificado por el Estado peruano en 1994, los parlamentarios peruanos, no le dieron pase y se devolvió la iniciativa para que fuera examinada por la comisión constitucional del Congreso.
Esta es una prueba más que el Estado peruano, a travéz de todos sus poderes se resiste a reconocer los Derechos de los Pueblos Indígenas, a pesar que la normativa internacional así lo impone. En el mes de marzo de 2009 el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su sesión celebrada en Nueva York, emitido el Dictamen 1457-2006, mediante el cual sancionó al Perú por violar el Art. 27 del Pacto Internacional sobre derechos civiles y políticos, y le impuso la obligación de incorporar en su legislación no solo el derecho a la simple consulta, sino al Consentimiento previo, libre e informado que gozan los Pueblos indígenas. Este Dictamen fue evacuado, luego de un largo proceso Judicial interno que se agoto en todas las instancias internas y En el máximo Organismo de las Naciones Unidas encargado de supervigilar el cumplimiento del Pacto Internacional que suscribió el Perú. Este derecho de los Pueblos Indígenas, Se ha ventilado ante las instancias de las Naciones Unidas, en el Proceso que demando Angela Poma P. bajo el patrocinio jurídico del Abogado Tomás Jesús Alarcón, en el cual el Estado Peruano resultó vencido en buena lid, porque tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa, por tanto mal a hecho el congreso peruano de devolver la iniciativa de ley sobre la consulta, cuando en realidad este derecho ya está confirmado por una Norma de grado constitucional, como son las normas internacionales suscritas por el Estado, Una vez mas el Perú se sale del Estado de Derecho, para resistir un mandato de la Justicia Internacional.

BAGUA
http://www.youtube.com/watch?v=c7Kr_RmOjvQ



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"Es necesario un segundo informe sobre lo ocurrido en Bagua"

Centro Peruano de Estudios Sociales - CEPES
Programa Radial "Tierra Fecunda"

· Elizabeth León Minaya: "Es necesario un segundo informe sobre lo ocurrido en Bagua" (17/02/2010) - La parlamentaria, miembro de la Comisión de Pueblos Andinos del Congreso, señala que el Gobierno debe continuar con las mesas de diálogo y elaborar un segundo informe relacionado con las investigaciones de los violentos sucesos ocurrido en Bagua, el pasado 5 de Junio.
(Nelly Rivera)

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lunes, 15 de febrero de 2010

"El informe sobre el 'Baguazo' es sesgado"

(El Comercio, 01 de febrero de 2010).- El obispo de Jaén lamenta que el informe de lo ocurrido en Bagua busque lavarle la cara al gobierno y echar toda la culpa a los nativos. Por Mariela Balbi

¿“El informe”:http://elcomercio.pe/%20where%20ar_tid=66/noticia/387755/matanza-bagua-fue-iniciada-nativos-segun-comision-ad-hoc_1 sobre los sucesos de Bagua es parcializado o adecuado?
Dice algunas cosas claramente falsas. Como cuando se refiere al obispo de Yurimaguas y a unas críticas que dice que Aurelio Pastor le hace. Lo he leído con la mayor objetividad, pero es un informe sesgado, que busca —como se dice— lavarle la cara al gobierno. Deja la impresión de que toda la responsabilidad recae en los indígenas, pese a que la policía y el Estado tienen —a mi entender— una responsabilidad mucho más grande.


Los responsabiliza de la muerte de los policías; ellos lo hicieron.
La responsabilidad del asesinato no es por el minuto en que se dispara la AKM, sino por el conjunto de los hechos sucedidos. Hay que buscarla desde el comienzo. El origen fue un reclamo justo. Internacionalmente la defensoría, el Tribunal Constitucional lo aceptan así. El informe cuenta todo ese desarrollo pero de una manera superficial. También falla cuando habla de la idiosincrasia de los awajun y los wampis. No toca con profundidad dos conceptos fundamentales para entender lo ocurrido. El concepto de territorio de los nativos es cualitativo, de sentimientos, no de metros. La tierra engloba a sus antepasados, el cerro; la cascada tiene un sentido. Otro aspecto mal tratado es el significado de la venganza. No es como para ti, para mí, que es por el odio. Para ellos es cuestión de honor, de la familia. Si no vengan la muerte de un familiar, están faltando a algo muy importante. Los que son cristianos no aceptan eso; hay apus catequistas que buscan que en lugar de matar se otorgue una compensación, no tanto en dinero, sino en cosas útiles. Pero para los que no son cristianos es cuestión de honor.

¿Cómo explicar la masacre de los policías de la Estación 6?
No justifico ese hecho. Probablemente cuando escucharon que había indígenas muertos en la Curva del Diablo, tomaron represalia contra los policías de la Estación 6. Algunas radios y periodistas, no radio Marañón que es del vicariato de Jaén, exageraron sobre el número de muertos. La prueba de ello —según parece— es que no mataron a todos los policías sino al número de muertos que creían que ellos tenían. Esa es su mentalidad, se les ha juzgado con la nuestra. Es una disyuntiva difícil. Poco se conoce la Amazonía. Cuando vinieron ministros acá varios dijeron que nunca habían estado en la selva.

El informe dice que “hubo apresuramiento y falta de tacto del Ejecutivo”. ¿No mejora su impresión?
No digo que todo sea malo, pero eso no equilibra las cosas. El conjunto no está balanceado sino a favor de la policía y del gobierno. Esa frase no compensa el sesgo.

También indica que “algunos miembros de la Iglesia, ronderos y nacionalistas no cumplieron con su rol pacificador, se parcializaron y en algunos casos exacerbaron los ánimos”.
Es una falta de información brutal y no tienen idea de lo que ha hecho la Iglesia ahí. El comunicado del Consejo Aguaruna (awajun), Huambisa (wampis) dice que el vicariato de Jaén nunca ha promovido la violencia. Yo llegué a Jaén hace cuatro años; antes de ello el consejo no era pro vicariato, eran muy críticos a lo que ellos llamaban “el poder de los misioneros”.

¿Y exacerbaron los ánimos?
No. Nosotros hemos enviado víveres a los nativos, no solo en la última movilización

¿No facilitaban las cosas a quienes bloqueaban la carretera? Los critican por ello.
Espere, espere. Yo no estoy de acuerdo —y siempre lo he dicho— con la toma de carreteras. Pero ellos llevaban mucho tiempo ahí y estaban muertos de hambre y de sed. Aunque la acción sea mala, no puedes dejar de ayudarlos. Tampoco es que se les llevó víveres constantemente. Estuvieron cincuenta y tantos días ahí.

Tal vez se hubieran retirado más rápidamente.
Eso es muy cruel, muy inhumano. No va con un sentido cristiano de la vida. Estoy seguro de que Jesús los habría animado a que se fueran, y yo lo he hecho hasta el último momento, pero él los habría asistido. No tenían agua; es una acción humanitaria. Le explico sobre los misioneros. En Santa María de Nieva, dentro del vicariato, no todos ven la cuestión del petróleo de la misma manera. Yo discrepo de una oposición radical y absoluta a la explotación petrolera. Hay otro sacerdote que está en desacuerdo con la explotación, apoyándose en otras experiencias, viendo la contaminación de los ríos. Pero, vamos, es algo opinable. No es que haya hecho mítines, ni nada. Cuando le preguntaban daba su opinión personal. Yo daba una distinta; me han acusado de obispo pro minero y pro petróleo. Según el informe, el 14 de mayo, un periodista de radio Marañón, del vicariato de Jaén, se pronuncia en contra de la explotación en una reunión. He preguntado por eso y me han dicho que no fue él. En general yo he discrepado de él; es muy confrontacional. Pero decir que se han exacerbado los ánimos es una exageración. Mire, tres días después de los lamentables sucesos no dejaban subir a la Curva del Diablo. Yo le dije al general Miranda que levantara la prohibición porque las especulaciones crecían y se estaba inventando de todo. Aceptó, y luego jefes policiales me pidieron mi bendición.

Un sacerdote dijo que había cientos de desaparecidos.
Eso fue luego del 5 de junio. Él declaró: “dice la gente que…” Luego, además, ofreció disculpas. Yo di la orden de que radio Marañón no propalara noticias si no estaban totalmente confirmadas. De otras radios no sé.

Se insinúa que miembros de la Iglesia gestaron el paro.
No, no. Eso es no conocer a los indígenas. Los awajun y wampis no se dejan manejar, tampoco por Aidesep.

El informe se pregunta por qué la violencia estalló en Bagua y no en otros lugares.
Tal vez porque es gente con mucha garra, tienen mucho liderazgo. En otros sitios no se reunieron 2.000 personas como aquí. Había una multitud que se les escapó a los apus, perdieron el control. Fue el desconcierto absoluto. Cuando los apus me contaban lo ocurrido veía el sentimiento de pena, de no entender qué pasó. Un indígena me dijo con gran pesadumbre: “Monseñor, lo que más pena nos da es que nos hemos matado entre hermanos”. Lo ocurrido ha desunido mucho a la gente, porque hay quienes tienen apetencia política; no los líderes de la zona nuestra.

La hermana Maricarmen Gómez y el dirigente Jesús Manasés no firmaron el informe sobre Bagua. ¿Los respalda?
Sí, el informe es sesgado. A ellos les han dado un plazo prudencial para estudiar más la enorme cantidad de testimonios que tienen y hacer un informe en minoría. Las observaciones del padre Álvarez me parecen adecuadas. No sé por qué firma el informe, sus observaciones le quitan autoridad a este.

¿Monseñor Irízar, que estuvo en la mesa nacional, aprueba el informe?
No, los que están más cerca de la selva y conocen a esta gente no lo aprueban. Hay algo que no se entiende bien; la labor de las otras mesas ha concluido, pero sus informes no han sido terminados.

¿El informe sobre Bagua servirá para la reconciliación y para conocer la verdad?
Tal como está, no creo que sirva para ello.

¿Cree que se pudo evitar tanta muerte?
Si la policía hubiera esperado, sí. Ellos se iban a retirar. Me lo dijeron apus en los que confío totalmente porque conozco a algunos. El acuerdo fue levantar el bloqueo; incluso movilizaron camiones en la noche del 4 de junio.

¿Cómo se tomó la expresión del presidente García sobre que los indígenas no eran ciudadanos de primera categoría?
Fue un disparate que Alan García les dijera que eran de segunda categoría, por más que luego lo explicaran les dolió muchísimo.

“HAY QUE INDEMNIZAR, NO CON DINERO, CON EDUCACIÓN”

¿Las mesas convocadas por el gobierno servirán de algo?
Desde mi esperanza cristiana quiero creer que sí. Dios no puede permitir que todo el dolor que ha habido se quede sin más. Mi interés como obispo y el de mis colegas es buscar el modo de ayudar a tener un diálogo verdadero; esto no se puede hacer en dos meses. Nos vamos a reunir los obispos de la selva y lo plantearé. Queremos sentarnos con el jefe del Gabinete y los ministros para decirles que hace falta escuchar, que no tengan una idea cerrada.

Un primer paso sería que se reúnan la Iglesia, el gobierno y los indígenas.
No tengo un bosquejo. Sí la absoluta seguridad de que sin diálogo no avanzamos. Dialogar no es hablar, es entender lo que piensa y siente el otro. No veo ese deseo. Temo que finalizadas las mesas no haya continuidad y que todo se quede ahí.

La Asamblea Episcopal se reunió esta semana. ¿Respaldan el informe sobre Bagua?
Tocamos el tema de la Amazonía, pero no ese punto. Se acordó que los obispos de la selva pediremos una entrevista con el presidente García para conversar sobre la necesidad del diálogo como forma de encontrar soluciones. Elaboraremos también una carta pública sobre este tema.

Amazonas tiene más del 50% de pobreza.
Yo para los números no valgo, pero es muy pobre. Vea cómo están las carreteras, las postas, las escuelas. La mayoría de escuelas las ha hecho el vicariato. Mire, fracasó una fábrica de conservas porque era carísimo sacarlas. Mientras no haya carreteras, agua, luz, escuelas, esa pobre gente no tiene modo de vivir. Todos quieren que sus hijos salgan de ahí. El peligro es que cuando llega una empresa ofrece plata a algunos dirigentes, y como la necesitan, pues se venden.

¿La minería y el petróleo son actividades depredadoras del medio ambiente?
En nuestra zona no hay, pero por lo que dicen el petróleo contamina los ríos, las minas de oro también. Cuando fuimos al congreso un indígena de la zona del Cenepa dijo: “¿Si se descubre que en Machu Picchu hay una mina de oro, aceptarían que se explotara? Para nosotros ese cerro del Cenepa es sagrado, no podemos aceptar que se toque”. Es algo que hay que entender.

¿Existen más videos sobre los sucesos de Bagua?
Yo tengo un video del vicariato de Jaén. No tiene nada que ver con esa foto publicada del mayor Bazán. Lo hemos entregado a la fiscalía. Hay una imagen del padre Ramos, rezando ante tres cadáveres, con gente alrededor. Otra es de gente en la carretera. El resto son tomas en el cerro con gente que corre, pero no se ve con nitidez. Una parte está negra; no sé qué ha pasado.

¿Sería interesante saberlo?
Sí, como va a ir el juez a tomarme declaraciones el 12 de febrero, preguntaré.

¿Qué sucedió en la Curva del Diablo, según usted?
De lo que me han contado los apus que estuvieron ahí, parece que los policías subieron al cerro; al verlos los indígenas que estaban cerca tiraron sus bombardas, alertando a otros que subieron. Según el informe, un grupo de indígenas fue “empujando” al mayor Bazán y su gente hacia el precipicio. Ellos cruzaron sus lanzas, pero normalmente no las llevan para atacar a nadie; es un símbolo de fuerza, de guerra. Un policía comenzó a disparar; no sé si por órdenes o espontáneamente y cayó Santiago Manuin. Él no es apu, pero es un líder con gran autoridad moral. Entonces ellos cercaron a esos policías, cogieron sus armas y les dispararon a matar.

Ahí desaparece o muere el mayor Bazán. ¿Presume que ha muerto?
No creo que esté en una comunidad, me parece muy difícil. Ningún apu me ha contado sobre el mayor Bazán. Cuando he preguntado por pistas me han dicho: puede ser que cayera en el precipicio de la Curva del Diablo, puede ser en Cerro Colorado, en el río. Pero todo es “puede ser”.

¿Se debe dar indemnizaciones a los familiares de los indígenas muertos?
No sé si cabe según la justicia occidental. Pero si se quiere comenzar un diálogo bueno, hay que darlas. No dinero, sino educación. Sería un gesto, ellos quieren el diálogo y la explotación, pero sin afectar el medio ambiente.

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domingo, 31 de enero de 2010

Indígenas evalúan el informe oficial sobre Bagua

(La Republica, 28 de enero de 2010).- En Bagua Chica. Apus Awajun y Wampis decidirán qué hacer, señala dirigente Servando Puerta. Se suspendió diligencia en la que Pujupat debía explicar su vinculación con muerte de policía.
Elizabeth Prado, enviada especial.


Las autoridades principales de las etnias awajun y wampis procedentes de las cuencas de Santiago, Cenepa, Marañón, Nieva, Chiriaco y Chirinos se reúnen hoy en Bagua Chica para analizar el informe final de la comisión investigadora de los hechos del 5 de junio de 2009, y determinarán las medidas que adoptarán en adelante.

“El documento será evaluado por los nativos y ellos decidirán lo que harán”, informó Servando Puerta Peña, presidente de la Organización Regional de Pueblos indígenas de la Amazonía Norte (Orpian).

Dicho informe no individualiza responsabilidades por la muerte de 34 personas, entre policías y nativos. Dos comisionados criticaron que tampoco se tomaron en cuenta todos los testimonios recogidos.

En tanto, la diligencia judicial para que el nativo Asterio Pujupat explique su participación en la desaparición del mayor PNP Felipe Bazán Soles fue postergada por el juez Francisco Miranda debido a que el procurador Oswaldo Arroyo y la fiscal desestimaron la participación de Juanito Kunchikui como intérprete del acusado al no haber sido nombrado por el Poder Judicial.

Sobre el avance de la investigación para determinar la culpabilidad de Pupujat, el juez expresó que con la reconstrucción de hechos y el examen de superposición de imágenes a las fotografìas donde se ve al policía rodeado de nativos, se aclarará la situación del acusado por homicidio calificado.

El procurador criticó que en 30 días el proceso no haya avanzado y dijo que una muestra de ello es que aún no han declarado los testigos César Ñáñez y el obispo Santiago García de la Razilla.

La clave

Reclama inocencia. Alejandro Carrascal, abogado de Pujupat, expresó que su defendido nunca dijo a la Policía que participó en la muerte del mayor Felipe Bazán.


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Conflicto por Baguazo

NUEVO AÑO, VIEJOS DESAFÍOS

Pilar Arroyo R.P.

Instituto Bartolomé Las Casas

Como se recordará el gobierno peruano quedó aislado nacional e internacionalmente a raíz de los aciagos sucesos del 5 de junio en la curva del diablo (Bagua) que se dieron en el marco del conflicto amazónico. Dicha situación lo obligó a iniciar un proceso de diálogo con dichas poblaciones, en base a cuatro mesas, en el marco del Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, las mismas que presentaron su informe en diciembre. El 12 de enero se realizó la reunión de entrega pública de los informes.


A la fecha sólo se tiene acceso al informe presentado por la Mesa 1, más no los restantes. Sin embargo, la situación parece ser la siguiente:

1) La mesa 1:

El objetivo de dicha mesa era “determinar las causas y consecuencias de orden socio-cultural, económicos, políticos y religiosos, que dieron origen a los sucesos del 5 de junio de 2009, en la provincia de Bagua, con fines de reconciliación” tal como figura en la p. 3 del “Informe Final de la Comisión Especial para investigar y analizar los Sucesos de Bagua, Ajumaish Junikchamu Ati, Para que nunca mas vuelta a suceder” (en adelante Informe Final).

Dicha comisión trabajó del 7 de setiembre al 21 de diciembre del 2009, pero su Informe Final fue sólo firmado por 4 de los siete comisionados nombrados. Posteriormente la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) ha retirado la firma de su comisionado, Manuel Bernales, por no estar de acuerdo con dicho informe.

Dos de los comisionados que no firmaron: María del Carmen Gómez y Jesús Manacés han presentado 43 observaciones en 8 páginas que figuran como anexo en el Informe Final y han ofrecido presentar un informe alternativo “en un tiempo prudencial”[1]. Las principales objeciones de ellos son:

+ que “la gran mayoría de sus afirmaciones [del Informe Final] carece de una sustentación rigurosa” (n.4).

+ que el Informe Final se parcializa abiertamente con la versión gubernamental. Es así que señalan que: “en casi todos los párrafos se afirma o se remite a un solo testimonio u opinión de parte, sin reflejar la pluralidad de opiniones recogidas en torno a estos hechos o una apreciación propia al respecto” (n. 4). Y en el n. 6 dicen “Es importante señalar que no se da el mismo carácter de verdad a los testimonios recogidos de las autoridades que a los testimonios recogidos de los indígenas; en muchos casos estos últimos han sido sacados de su contexto, impidiendo apreciar el verdadero sentido de lo que se quería decir y volviéndolos contra ellos mismos”.

+ que no se señalan responsabilidades específicas: “En el Informe Final (…) se ha cuidado de manera notoria el propósito de no responsabilizar a los autores de las decisiones más relevantes que generaron los sucesos del 5 de junio en Bagua” (n.27) (…) “no se ha logrado aún determinar cómo fue el operativo (…) y cuál fue el rol del ejecutivo en estos hechos” (n. 8). En el n.10 agregan que “los hechos sucedidos el 5 de junio de 2009 no han sido hasta hoy debidamente aclarados, ni las responsabilidades correspondientes correctamente definidas”.

+ manifiestan su desacuerdo con la idea central del Informe Final, de que la “causa de la protesta de los pueblos indígenas de la Amazonía, haya sido que éstos no ´comprendieron bien´ el contenido de los decretos legislativos cuestionados” (n.5). Así afirman: “nos sorprende que se haya incorporado como principal causa de todo lo sucedido la falta de comunicación o explicación de los decretos legislativos” (n.5).

+ también su desacuerdo con la afirmación del Informe Final de que los sucesos de Bagua fueron fruto de la manipulación: “debido a que hubo dirigentes gremiales, miembros de partidos políticos, sectores de la Iglesia Católica, integrantes de ONG, etc. que distorsionaron sus contenidos, manipulando y engañando de esta manera a los Pueblos Indígenas” (nn. 5, 9 y 18).

+ igualmente rechazan que el Informe Final, en su página 81, afirme que: “Las evidencias muestran que la policía estuvo a la defensiva y no al ataque como pretendieron mostrar los medios de comunicación y algunos testimonios. Los policías no atacaron a los nativos, son los nativos lo que suben en masa a buscar a la policía en la cima del cerro acorralándolos y ellos los repelen con gases lacrimógenos y perdigones. Al sentirse acorralados y en defensa propia disparan y siendo rebasados por la masa”.

Para ambos comisionados más bien en Bagua se dio una “acción policial desmesurada e injustificada, como lo demuestra el propio Informe Final al existir –como este reconoce- acuerdos para un desalojo pacífico de las carreteras e instalaciones tomadas en distintos puntos de la Amazonía” (n. 31)[2].

Además señalan que el Informe Final “no ha hecho notar el clima permanente de hostilización del Estado contra las organizaciones indígenas, lo que evidentemente no favorece en absoluto el restablecimiento de la paz y reconciliación buscadas” (n. 35).

+ Manacés y Gómez también muestran su desacuerdo con las recomendaciones del Informe Final. En el n. 9 dicen que “la gran mayoría de las recomendaciones son discutibles y encierran una crítica severa, otra vez, contra organizaciones sociales, sectores de la Iglesia, partidos políticos, dirigentes, ONG, como si la actuación de los grupos indígenas siempre fuera producto de engaños o manipulaciones”.

2) La mesa 2

Los integrantes de esta mesa han revisado los decretos que no se derogaron. Según Patricia Wiese en sus conclusiones los integrantes de esta mesa piden la derogatoria de los decretos 994, 1020, 1080 y 1089 pues consideran que vulneran directamente sus derechos. En cuanto a los Decretos 1081, 1083, 1060 y 995 plantean modificaciones.

Patricia Wiese afirma que “Además de conflictiva, esta Mesa 2 ha resultado productiva. Veinte personas, entre indígenas y representantes del Estado, han hecho un trabajo de avanzada en el tema forestal porque era urgente llenar el vacío legal dejado por la derogatoria de la ley. Han cambiado el sentido y el enfoque basado en un modelo extractivo primario por uno de conservación, de gestión integral del bosque, que valora la biodiversidad y con enfoque intercultural. El resultado es una matriz con los aportes técnicos a la normativa forestal y de fauna silvestre”.[3]

3.- La mesa 3

Estuvo encargada de ver los mecanismos para hacer efectivo el derecho de consulta de acuerdo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Dicha mesa ha propuesto una ley al respecto. Esta semana la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, respaldó su trabajo, urgiendo al Congreso a aprobar la ley que implemente el derecho a la consulta de los pueblos indígenas.

Para la Defensora del Pueblo el conflicto de Bagua puso en evidencia fallas y vacíos en la estrategia del Estado para preservar la paz. Según la doctora Merino “Una de esas fallas fue no haber utilizado la consulta a los pueblos indígenas como un instrumento para el diálogo y para la construcción de consensos. Y el vacío de un procedimiento establecido por ley para facilitar el ejercicio de este derecho, que es ley de la República desde hace 15 años”.[4]

Esta Mesa también ha planteado la necesidad de lograr el consentimiento de las comunidades, y la revisión de todos los contratos vigentes como se ha hecho en Ecuador.

4.- La mesa 4

Ha trabajado una Propuesta Nacional de Desarrollo Amazónico, tomando como base los avances realizados por la Mesa de Diálogo Nacional con las Comunidades Indígenas Amazónicas, creada en 2001, durante el Gobierno de Valentín Paniagua.

Entre sus propuestas figura que el subsuelo les pertenezca a las comunidades indígenas. Según P. Wiese “Ellos creen que ese es el quid del asunto para garantizar la propiedad de sus tierras comunales”. El segundo punto es la propuesta de crear un Ministerio de Asuntos Indígenas.

La primera propuesta implica La necesidad de modificar el artículo 66 de la Constitución que establece que los recursos naturales son propiedad del Estado, que los entrega en concesión a terceros. Ello en la práctica hace que el propietario del suelo sea uno y el del subsuelo otro, arrasando con los legítimos derechos del propietario del suelo.

[1] ) Sus observaciones, junto con el Informe Final pueden bajarse de http://www.aidesep.org.pe/editor/documentos/933.pdf
[2] Y nosotros agregamos, que los firmantes del Informe Final no toman en cuenta lo que ellos mismos consignan en su Cronologia, en la página 69 de dicho informe: “21 de julio del 2009 “Las investigaciones de la Junta de Fiscales de Amazonas concluyen que los indígenas apostados el 5 de junio en la “Curva del Diablo” no llevaban armas de fuego, contradiciendo la versión del ex director de la PNP General José Sánchez Farfán”.

[3] ) P. Wiese “Post Bagua, Ritmo, Tambor y Dudas”, en Revista Ideele n. 196 (diciembre 2009) p.53.

[4] ) “Beatriz Merino emplaza a Congreso a dictar ley” en La República 20 de enero del 2010.

Perú: Dictamen sobre Derecho a la Consulta ante el Tribunal Constitucional

Ver: http://pueblosaltomayo.com/derechoshumanos/

Más información del conflicto post bagua en:
http://bagua_cvr.crearblog.com/

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miércoles, 20 de enero de 2010

DEFENSORA DEL PUEBLO PRESENTÓ INFORME SOBRE SUCESOS DE BAGUA A LA COMISIÓN PARLAMENTARIA QUE INVESTIGA DICHOS HECHOS

Nota de Prensa Nº 010/2010/OCII/DP

• Hizo un llamado para aprobar con prontitud la Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas.
• Merino sostuvo que pudieron evitarse lamentables hechos.

La Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, presentó, ante la comisión parlamentaria que investiga los sucesos ocurridos en Bagua y Utcubamba, un informe institucional que da cuenta de las actuaciones defensoriales antes, durante y después del conflicto. Al culminar dicha presentación, la titular de la Defensoría del Pueblo realizó cuatro reflexiones finales motivadas por estos lamentables sucesos.


En primer lugar, demandó la aprobación de la Ley de Consulta. Sostuvo que un conflicto violento pone en evidencia las fallas, vacíos y deficiencias de estrategias y mecanismos para preservar la paz frente a las naturales controversias que se presentan en todas las sociedades. Una de ellas, durante el conflicto en Bagua, fue el no haber utilizado la consulta a los pueblos indígenas como instrumento para el diálogo y la construcción de consensos.

Agregó que la falta de un procedimiento establecido por Ley para facilitar el ejercicio de dicho derecho, reconocido por un convenio internacional vigente desde hace 15 años, fue y sigue siendo un enorme vacío. Por ello invocó a la representación nacional, la pronta aprobación de tan esperada y necesaria Ley.

En segundo lugar, exhortó sobre la necesidad de reorganizar el Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afro peruano (INDEPA) y fortalecerlo, para ello mencionó la necesidad de una fuerte institucionalidad estatal indígena. Al respecto, destacó la notoria ausencia de una representativa y activa entidad rectora en materia indígena, durante el conflicto amazónico.

“Ese es el papel que debió jugar el INDEPA, una entidad que ha sido objeto de un proceso de debilitamiento constante. No será posible avanzar sin una institucionalidad que vele desde el Estado por los intereses, expectativas, así como por los derechos de los pueblos indígenas y que, gradualmente, se gane su confianza,” sostuvo Merino.

Como tercer punto recomendó la necesidad de desarrollar el diálogo intercultural entre el Estado y la población indígena. Indicó que los sucesos de Bagua evidenciaron la carencia de instrumentos para el diálogo intercultural que eviten volver a lamentar el enfrentamiento violento entre peruanos.

“En efecto, manejar y transformar un conflicto en una oportunidad para avanzar en la formulación de políticas públicas, que hagan vigentes los derechos, exige que existan capacidades técnicas específicas que, en la actualidad, tanto nuestras autoridades como nuestros funcionarios, en los tres niveles de gobierno, no tienen plenamente desarrolladas” afirmó la Defensora del Pueblo.

Finalmente, como cuarta reflexión hizo un llamado a construir un Estado inclusivo. Señaló que los sucesos de Bagua tuvieron como telón de fondo la discriminación y la exclusión que sufren los pueblos indígenas amazónicos. Todo lo señalado, nos reclama, en voz alta, la urgencia de construir un Estado inclusivo, dialogante e intercultural. El camino será largo y empinado, pero es por esa vía que debemos conducir todas nuestras energías y buenas voluntades.

Lima, 19 de enero del 2010.

Oficina de Prensa e Imagen Institucional
311-0300 anexo 1403−1400
www.defensoria.gob.pe

Defensoría del Pueblo recomienda aprobar con prontitud la Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas

La Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, presentó ayer un Informe sobre los sucesos ocurridos en las provincias de Bagua y Utcubamba ante la comisión parlamentaria que investiga dichos sucesos, el mismo que da cuenta de las actuaciones defensoriales antes, durante y después del conflicto. Dentro de las recomendaciones que se proponen destaca la urgente aprobación de la Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas como instrumento para el diálogo y la construcción de consensos, así como la necesidad de desarrollar el diálogo intercultural entre el Estado y la población indígena y la construcción de un Estado inclusivo.

Para mayor información visite nuestra página Web: www.defensoria.gob.pe
Información producida por la Dirección de Coordinación Territorial de la Defensoría del Pueblo.
Teléfono: 311-0300 anexo 4021
Jr. Ucayali 394 - 398, Lima

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Indígenas denuncian cacería judicial y lanzan advertencia

(La Primera, 20 de enero de 2010).- La petición de la fiscal de Bagua, Olga Bobadilla, para que sea variada la orden de comparecencia que pesa sobre los dirigentes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) por una de detención efectiva, exacerbó ayer los ánimos en la Amazonía, donde las comunidades se sienten indignadas con el gobierno al que acusan de haber emprendido, después del baguazo, una política de provocación y hostigamiento contra los pobladores y dirigentes nativos.


La orden de detención contra los dirigentes Saúl y Cervando Puerta Peña, secretario nacional de Aidesep y presidente de Orpian, por los hechos luctuosos ocurridos el cinco de junio del 2009, fue rechazada enérgicamente por los voceros de la población indígena.

Daysi Zapata, vicepresidenta de Aidesep, dijo que la actuación de Bobadilla es una medida irracional del gobierno que agrava la persecución judicial que sufren los dirigentes nativos, y calificó a la fiscal provincial de Utcubamba (Amazonas), Olga Bobadilla Terán, como la mano derecha del gobierno.

La dirigente advirtió de las consecuencias que podría tener esta medida en los pueblos amazónicos, que están cansados de sentarse, dijo, en supuestas mesas de diálogo en las cuales los representantes del gobierno no oyen a los nativos.

“No queremos más mesas de diálogo donde no escuchan a los nativos, no podemos seguir dialogando mientras tenemos la pistola en la frente”, señaló Zapata en declaraciones a la prensa, dejando en claro que si la población nativa sale nuevamente a protestar será por culpa del gobierno.

Sobre el pedido de la fiscal Bobadilla para que sea cambiada la orden de comparecencia por la de detención a los líderes de Aidesep Marcial Mudarra, los hermanos Cervando y Saúl Puerta, y la dirigente Teresita Antazú, el abogado de la organización indígena, Marco Barreto, declaró en horas de la tarde que hasta ese momento no había sido notificado de la medida. Recordó que en setiembre del 2009, la Sexta Sala Penal de la Corte Superior de Lima otorgó la orden de comparecencia a los líderes nativos, acusados de sedición y de alentar la violencia en los sucesos de Bagua, en el departamento de Amazonas.

Sin embargo, Barreto también calificó a Bobadilla como una fiscal ad hoc del gobierno para investigar los hechos de Bagua. “Esta fiscal es el brazo del gobierno, tan igual como el procurador de Bagua, para responsabilizar a la población nativa de lo ocurrido”, dijo.

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lunes, 18 de enero de 2010

AIDESEP insiste en el diálogo pero el Gobierno reitera su conducta racista y dictatorial

El 12 de enero se efectuó la plenaria de las 4 comisiones de diálogo del “Grupo de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos” dispuestas por las R[esoluciones] M[inisteriales] 113 y 217, que terminó con el abandono intempestivo de los representantes del gobierno, frente a lo cual informamos a la opinión pública lo siguiente:
1. De las 4 comisiones, AIDESEP respaldó los dictámenes de tres de ellas (No. 2,3,4) referidas a decretos legislativos, consulta previa y plan de desarrollo amazónico, y las observaciones fueron sobre acciones de pacificación y el informe de la comisión 1. El gobierno, a través del Ministro de Agricultura, respondió con su autoritarismo: intentaron no dejar entrar a los propios comisionados indígenas; no dijeron nada frente a los pedidos de AIDESEP respaldados por varios gobiernos regionales amazónicos; se negaron a establecer acuerdos sobre al menos los tres informes concordados; y terminaron abandonando la reunión sin explicación ni acuerdo formal
alguno, dejando en el uso de la palabra a los participantes; y encima mintieron a la prensa diciendo que “hubo acuerdo total”. Ponemos de testigos a los Presidentes Regionales de Huánuco, Pasco, Ucayali, Junin y les pedimos su pronunciamiento ante este agravio a su autoridad y a la de los líderes indígenas.


2. Denunciamos y rechazamos enérgicamente esta conducta dictatorial: el manipuleo de sesgar el ingreso, la soberbia de no dialogar, el desplante de abandonar la reunión, el despilfarro de gastos en 6 meses para no llegar a suscribir acuerdos. Pateada del tablero del diálogo, iniciado por el Presidente Alan García el 10 de diciembre, cuando vuelve a la estigmatización racista sobre la lucha de Bagua: “banda de violentistas con preparación para militar y consigna de matar”. Así trata el Estado a los ex soldados del Cenepa que hicieron su servicio militar y fueron premiados
con un polito, balas y ahora insultos.
3. Saludamos los acuerdos de las Comisiones y pedimos a la opinión pública su respaldo para que se implementen los acuerdos donde hay consenso y no sumarse al autoritarismo del ejecutivo :
a) Nº 2: Por la derogatoria de 8 decretos pro TLC [Tratado de Libre Comercio] con Estados Unidos, impuestos violando el derecho a consulta dispuesto por el D[ecreto] L[egislativo] 26253 (Convenio 169-OIT) y en especial el DL 994 que desconoce la propiedad comunal ancestral proveniente de su posesión y la condiciona a su inscripción registral y las declara como “eriazas”; y el DL 1089, por el cual COFOPRI [Comisión de Formalización de la Propiedad Informal] seguiría presionando para parcelar las tierras comunales y legalizar las invasiones a ellas anteriores al 31.12.2004.
b) Nº3: Para que se elabore una ley del procedimiento sobre consulta para el consentimiento previo, libre e informado de todo lo que afecte a las comunidades, mejorando la propuesta de la Defensoría del Pueblo, con la propuesta de AIDESEP para hacer VINCULANTE a dicha consulta y otras recomendaciones señaladas en el informe.
c) Nº4: Para que se implemente el plan de desarrollo amazónico elaborado por consenso y que está basado en un enfoque de derechos colectivos y equilibrio entre naturaleza, sociedad y cultura.
4. Sobre el informe sesgado de 4 miembros de la Comisión Nº 1 referida a los sucesos de Bagua planteamos: Respuesta a las 43 observaciones de sus incoherencias hechas por su Presidente, Jesús Manacés y Mary Carmen Gómez. Se investigue la probable desaparición de SEMINARIO CHUJAI CHUMBE de la Comunidad Santa Rosa del Río Santiago. Rechazar una nueva comisión ya no de personas sino por instituciones: Colegios de Abogados, Antropólogos y Médicos, Comisión de Obispos de la Amazonía y Federación Internacional de Derechos Humanos y Veedores internacionales. Solicitar la visita al Perú de la Relatoría de Pueblos Indígenas de la ONU y de la Comisión de Erradicación de la Discriminación Racial (CERD).

Rechazo a la acusación judicial contra Asterio Pujupat basada en una foto anónima, no revisada y declaraciones “de oídas”. Respaldo a la denuncia judicial contra Alan García, Yehude Simon, Mercedes Cabanillas y a los Generales PNP [Policía Nacional del Perú] Javier Uribe y Luis Muguruza, como responsables intelectuales y operativos del irracional operativo represivo del 5 de junio que produjo un innecesario saldo sangriento.
5. Llamamos a la solidaridad y acción internacional para superar la actual política estatal racista, violentista y dictatorial, expresada en la soberbia y desplante al diálogo en curso; la persecución de 13 líderes y abandono de 84 heridos y mutilados de los pueblos Awajun y Wampis; la persecución y temor al regreso al Perú del Presidente de AIDESEP, Alberto Pizango; la imposición de concesiones mineras, petroleras, madereras y pesqueras en la amazonía; el despojo y contaminación minera en la cordillera del cóndor; el despojo de 17,000 Has. por el Grupo Romero para su depredación y contaminación con biocombustible afectando a la Comunidad Barranquita. No hay solución bajo la actual dictadura aprista y es necesario impulsar una Nueva
Constitución que derogue las leyes privatizadoras de Tierras, Biocombustibles y Recursos Hídricos.

Lima, 13 de enero del 2010
· El Consejo y las ocho organizaciones Regionales de la AIDESEP
· Delegados de AIDESEP a las Comisiones de Diálogo Nº 1,2,3 y 4
· Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA)

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Congreso no se guiará de conclusiones de comisión del Ejecutivo sobre Bagua

(CEPES, 12 de enero de 2009).- Wilder Calderón, congresista
sostuvo que si bien las conclusiones a las que llegue la comisión especial del gobierno sobre los hechos de Bagua son importantes, éstas no influirán en la labor de la comisión multisectorial del Congreso para el mismo caso.
“Lo que haga, no haga o deje de hacer el Ejecutivo es cosa del Ejecutivo. Nosotros en el Congreso de la República estamos haciendo nuestra propia investigación”, enfatizó.


Insistió en que si bien las conclusiones son importantes, no son determinantes para el trabajo que se realiza en el Parlamento. Señaló que los especialistas y los organismos de la opinión pública serán quienes se encarguen de compararlos.

Dijo que sus expectativas sobre el viaje que realizarán el 20 de enero a Bagua son positivas. “Las expectativas que tengo es contrastar por un lado las fuentes que disponemos, y por otro lado contactarme con la propia realidad para tener una visión mucho mas objetiva de ella”, concluyó.

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Un conflicto histórico exige soluciones políticas

COORDINADORA ANDINA DE ORGANIZACIONES INDÍGENAS – CAOI
Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina

Un conflicto histórico exige soluciones políticas

Gobierno de Alan García “policializa” la Masacre de Bagua para evadir responsabilidades políticas. Urge formar una Comisión Investigadora realmente independiente y con veedores internacionales.

El conflicto entre los pueblos indígenas y el Estado peruano tiene profundas raíces históricas. La Masacre de Bagua, del 5 de junio del año pasado, fue el punto más visible de un proceso de creciente protagonismo político indígena y criminalización de derechos por el Estado. La civilización dominante, capitalista neoliberal, es cada vez más violenta contra la cosmovisión indígena, de la vida, del equilibrio y
la armonía con la Madre Tierra.


Un conflicto de esta naturaleza es político, económico, social, cultural. Y ese es el tipo de soluciones que demanda y no, como pretende el gobierno aprista, sobre todo a partir de la presentación del Informe Bagua y la difusión de cuestionadas imágenes (fotos y videos) de un policía desaparecido, “policializar” el debate.

El 5 de junio del 2009, en la Curva del Diablo, Bagua, Utcubamba y la Estación 6, murieron 34 personas. La investigación para identificar y sancionar a los autores materiales de estas muertes, todas igualmente condenables, es responsabilidad del Ministerio Público y el Poder Judicial. Pero eso no resolverá el conflicto ni, en consecuencia, evitará que se produzcan nuevos conflictos: para ello es indispensable
identificar el problema real, sus causas y los responsables políticos.

La causa más profunda es la política de exterminio físico y cultural de los pueblos indígenas, iniciada hace más de quinientos años, y que no se detuvo con el nacimiento de la República y su Estado criollo, uninacional y monocultural. Más recientemente, en el Perú al iniciarse la última década del siglo pasado, la imposición del neoliberalismo arrasando nuestros derechos, principalmente territoriales (y es en la
relación con nuestros territorios donde reside nuestra identidad y de donde se desprenden todos nuestros derechos), nos hizo pasar de la resistencia a la propuesta, proceso en el cual se fortalecieron y articularon nuestras organizaciones. Pasamos así de la invisibilidad al protagonismo político.

La emisión del paquete legislativo para implementar el TLC con Estados Unidos, cuya derogatoria es el punto central de la plataforma indígena amazónica y andina, es parte de esa imposición neoliberal, con sus tratados comerciales y concesiones indiscriminadas y sin control alguno a las industrias extractivas, con su secuela de impactos ambientales, económicos y culturales.

Pero ahora la presión social por la derogatoria de esos decretos, que a partir de la Masacre de Bagua se constituyó en una demanda nacional con amplio respaldo internacional, pretende ser cubierta con discusiones que competen a los ámbitos policiales y judiciales. No se trata solo de tender cortinas de humo para, finalmente, evadir las responsabilidades políticas. Es también una agresión más contra los pueblos indígenas, a los que el Informe de la Comisión Bagua, con una visión occidental-racista, presenta como violentos, ignorantes, manipulables por ONG, iglesias, medios de comunicación y congresistas, incapaces de gobernarse como venimos haciéndolo desde miles de años antes a la existencia del Estado peruano. Gobernarse y vivir en armonía con la Madre Tierra, sin explotarla, contaminarla, depredarla.

Guardándola para que siga criando a las nuevas generaciones.

Tratar de crear organizaciones paralelas a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), continuar acosando judicialmente a sus dirigentes, pretender “disolverla”, hablar de “bandas paramilitares” en la Masacre de Bagua, no contribuye a resolver un conflicto histórico. Por el contrario, lo exacerba y es la aplicación práctica de la doctrina del “Perro del Hortelano” de Alan García y su gobierno.

Las responsabilidades políticas –que ni siquiera son mencionadas en el Informe de la Comisión Baguaempiezan por el propio presidente Alan García y sus entonces ministros, principalmente Mercedes Cabanillas del Interior y Mercedes Aráoz de la Producción, hoy de economía; Yehude Simon, que presidía el gabinete ministerial, y Javier Velásquez Quesquén, entonces Presidente del Congreso que provocadoramente postergó una y otra vez el debate de la derogatoria de los decretos legislativos del TLC con Estados Unidos y hoy preside el Consejo de Ministros.

Los decretos legislativos no se derogan, las mesas de diálogo con el gobierno no resuelven la plataforma de los pueblos indígenas. Y el Estado sigue haciendo oídos sordos a las observaciones y recomendaciones de los organismos de Naciones Unidas que se han pronunciado sobre el tema. El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), ha dicho oficialmente:
“El Comité insta al Estado parte a seguir las recomendaciones del Relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Sr. James Anaya, tras su visita al Perú y proceda a implementar con urgencia una Comisión Independiente para una investigación exhaustiva, objetiva e imparcial, que cuente con representación indígena.

Recomienda también que los resultados de esta Comisión enriquezcan las discusiones que ya está llevando a cabo Perú sobre la Ley de Consulta y Participación de los Pueblos Indígenas en Materia Ambiental y los reglamentos sobre el tema existentes para los subsectores minero y petrolero presentados por el Ministerio de Energía y Minas. El Comité aguarda ser informado de las gestiones, la constitución, los resultados, las conclusiones y recomendaciones de dicha Comisión (…)”.

Es necesario recordar que el Relator Especial James Anaya recomendó que esa Comisión Independiente cuente con veedores internacionales. Y la Comisión que a fines del año pasado emitió su cuestionado informe ni fue independiente, porque la mayoría de sus miembros son ex ministros del APRA o están ligados al gobierno, ni contó con veedores internacionales.

El CERD ha recomendado también:
“Que se continúe impulsando con urgencia la aprobación de una ley marco de pueblos indígenas del Perú, que englobe a todas las comunidades, intentando equiparar y armonizar los términos para asegurar una adecuada protección y promoción de los derechos de todos los pueblos indígenas”.
“Que el Estado parte lleve a cabo un proceso participativo e incluyente para llegar a determinar cuál es la visión de Nación que mejor representa a la diversidad étnica y cultural de un país tan rico como el Perú, ya que una visión compartida e incluyente puede orientar el camino del Estado parte en sus políticas públicas y proyectos de desarrollo”.

Otras recomendaciones del CERD que siguen siendo desoídas por el gobierno de Alan García son la promulgación de una Ley de Consulta y una Ley de preservación de las lenguas originarias.

En resumen, el conflicto continúa latente porque las causas históricas subsisten, las demandas de la movilización amazónica no han sido atendidas, persiste la criminalización y estigmatización de los pueblos indígenas, se está “policializando” el debate para evadir las responsabilidades políticas y el gobierno de Alan García no tiene la más mínima atención de emprender medidas políticas como las recomendadas por el CERD para resolverlo.

Estas son las tareas pendientes y las organizaciones indígenas, el conjunto de movimientos sociales y los organismos de derechos humanos debemos continuar presionando para que se realicen, sin caer en maniobras distractivas y encubridoras.
Una vez más la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, subraya que los conflictos políticos necesitan soluciones políticas. Si el CERD ha recomendado una Ley Marco de Pueblos Indígenas, señalamos que la salida es dar carácter de Ley Orgánica a la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU. Si ha recomendado “determinar cuál es la visión de Nación que mejor representa a la diversidad étnica y cultural” del Perú, reiteramos nuestra convocatoria a construir un Estado Plurinacional. E insistimos en constituir una Comisión Investigadora realmente independiente y con veedores internacionales.

Los proyectos de ley de Consulta y Consentimiento Previo, Libre e Informado y de preservación de las lenguas originarias, continúan esperando su debate en el Congreso: hay que hacerlo ya. Todo esto sin olvidar la derogatoria inmediata de los decretos legislativos del TLC aún vigentes y el cese de la criminalización de los pueblos indígenas y de todo el movimiento social.

Por las consideraciones planteadas y por la carencia de independencia del Informe emitido, amerita ir a la ONU, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos, para exigir el cumplimiento de las recomendaciones del CERD y constituir una Comisión Internacional para esclarecer los hechos y exigir la sanción a los responsables.

Lima, 12 de enero de 2010.
Miguel Palacín Quispe
Coordinador General CAOI

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Acerca de este Blog

Es una iniciativa colectiva que se basa en las comunicaciones como herramienta para el ejercicio de derechos de los pueblos indígenas.

Una de las condiciones para este ejercicio es contar con un medio de difusión y análisis de la información. De ahí la existencia de este blog que, esperamos, contribuya al fortalecimiento del trabajo de las organizaciones indígenas y a un mejor conocimiento de la situación de los derechos humanos en la Amazonía.

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