Indígenas denuncian cacería judicial y lanzan advertencia

(La Primera, 20 de enero de 2010).- La petición de la fiscal de Bagua, Olga Bobadilla, para que sea variada la orden de comparecencia que pesa sobre los dirigentes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) por una de detención efectiva, exacerbó ayer los ánimos en la Amazonía, donde las comunidades se sienten indignadas con el gobierno al que acusan de haber emprendido, después del baguazo, una política de provocación y hostigamiento contra los pobladores y dirigentes nativos.


La orden de detención contra los dirigentes Saúl y Cervando Puerta Peña, secretario nacional de Aidesep y presidente de Orpian, por los hechos luctuosos ocurridos el cinco de junio del 2009, fue rechazada enérgicamente por los voceros de la población indígena.

Daysi Zapata, vicepresidenta de Aidesep, dijo que la actuación de Bobadilla es una medida irracional del gobierno que agrava la persecución judicial que sufren los dirigentes nativos, y calificó a la fiscal provincial de Utcubamba (Amazonas), Olga Bobadilla Terán, como la mano derecha del gobierno.

La dirigente advirtió de las consecuencias que podría tener esta medida en los pueblos amazónicos, que están cansados de sentarse, dijo, en supuestas mesas de diálogo en las cuales los representantes del gobierno no oyen a los nativos.

“No queremos más mesas de diálogo donde no escuchan a los nativos, no podemos seguir dialogando mientras tenemos la pistola en la frente”, señaló Zapata en declaraciones a la prensa, dejando en claro que si la población nativa sale nuevamente a protestar será por culpa del gobierno.

Sobre el pedido de la fiscal Bobadilla para que sea cambiada la orden de comparecencia por la de detención a los líderes de Aidesep Marcial Mudarra, los hermanos Cervando y Saúl Puerta, y la dirigente Teresita Antazú, el abogado de la organización indígena, Marco Barreto, declaró en horas de la tarde que hasta ese momento no había sido notificado de la medida. Recordó que en setiembre del 2009, la Sexta Sala Penal de la Corte Superior de Lima otorgó la orden de comparecencia a los líderes nativos, acusados de sedición y de alentar la violencia en los sucesos de Bagua, en el departamento de Amazonas.

Sin embargo, Barreto también calificó a Bobadilla como una fiscal ad hoc del gobierno para investigar los hechos de Bagua. “Esta fiscal es el brazo del gobierno, tan igual como el procurador de Bagua, para responsabilizar a la población nativa de lo ocurrido”, dijo.