Conflicto por Baguazo

NUEVO AÑO, VIEJOS DESAFÍOS

Pilar Arroyo R.P.

Instituto Bartolomé Las Casas

Como se recordará el gobierno peruano quedó aislado nacional e internacionalmente a raíz de los aciagos sucesos del 5 de junio en la curva del diablo (Bagua) que se dieron en el marco del conflicto amazónico. Dicha situación lo obligó a iniciar un proceso de diálogo con dichas poblaciones, en base a cuatro mesas, en el marco del Grupo Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, las mismas que presentaron su informe en diciembre. El 12 de enero se realizó la reunión de entrega pública de los informes.


A la fecha sólo se tiene acceso al informe presentado por la Mesa 1, más no los restantes. Sin embargo, la situación parece ser la siguiente:

1) La mesa 1:

El objetivo de dicha mesa era “determinar las causas y consecuencias de orden socio-cultural, económicos, políticos y religiosos, que dieron origen a los sucesos del 5 de junio de 2009, en la provincia de Bagua, con fines de reconciliación” tal como figura en la p. 3 del “Informe Final de la Comisión Especial para investigar y analizar los Sucesos de Bagua, Ajumaish Junikchamu Ati, Para que nunca mas vuelta a suceder” (en adelante Informe Final).

Dicha comisión trabajó del 7 de setiembre al 21 de diciembre del 2009, pero su Informe Final fue sólo firmado por 4 de los siete comisionados nombrados. Posteriormente la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) ha retirado la firma de su comisionado, Manuel Bernales, por no estar de acuerdo con dicho informe.

Dos de los comisionados que no firmaron: María del Carmen Gómez y Jesús Manacés han presentado 43 observaciones en 8 páginas que figuran como anexo en el Informe Final y han ofrecido presentar un informe alternativo “en un tiempo prudencial”[1]. Las principales objeciones de ellos son:

+ que “la gran mayoría de sus afirmaciones [del Informe Final] carece de una sustentación rigurosa” (n.4).

+ que el Informe Final se parcializa abiertamente con la versión gubernamental. Es así que señalan que: “en casi todos los párrafos se afirma o se remite a un solo testimonio u opinión de parte, sin reflejar la pluralidad de opiniones recogidas en torno a estos hechos o una apreciación propia al respecto” (n. 4). Y en el n. 6 dicen “Es importante señalar que no se da el mismo carácter de verdad a los testimonios recogidos de las autoridades que a los testimonios recogidos de los indígenas; en muchos casos estos últimos han sido sacados de su contexto, impidiendo apreciar el verdadero sentido de lo que se quería decir y volviéndolos contra ellos mismos”.

+ que no se señalan responsabilidades específicas: “En el Informe Final (…) se ha cuidado de manera notoria el propósito de no responsabilizar a los autores de las decisiones más relevantes que generaron los sucesos del 5 de junio en Bagua” (n.27) (…) “no se ha logrado aún determinar cómo fue el operativo (…) y cuál fue el rol del ejecutivo en estos hechos” (n. 8). En el n.10 agregan que “los hechos sucedidos el 5 de junio de 2009 no han sido hasta hoy debidamente aclarados, ni las responsabilidades correspondientes correctamente definidas”.

+ manifiestan su desacuerdo con la idea central del Informe Final, de que la “causa de la protesta de los pueblos indígenas de la Amazonía, haya sido que éstos no ´comprendieron bien´ el contenido de los decretos legislativos cuestionados” (n.5). Así afirman: “nos sorprende que se haya incorporado como principal causa de todo lo sucedido la falta de comunicación o explicación de los decretos legislativos” (n.5).

+ también su desacuerdo con la afirmación del Informe Final de que los sucesos de Bagua fueron fruto de la manipulación: “debido a que hubo dirigentes gremiales, miembros de partidos políticos, sectores de la Iglesia Católica, integrantes de ONG, etc. que distorsionaron sus contenidos, manipulando y engañando de esta manera a los Pueblos Indígenas” (nn. 5, 9 y 18).

+ igualmente rechazan que el Informe Final, en su página 81, afirme que: “Las evidencias muestran que la policía estuvo a la defensiva y no al ataque como pretendieron mostrar los medios de comunicación y algunos testimonios. Los policías no atacaron a los nativos, son los nativos lo que suben en masa a buscar a la policía en la cima del cerro acorralándolos y ellos los repelen con gases lacrimógenos y perdigones. Al sentirse acorralados y en defensa propia disparan y siendo rebasados por la masa”.

Para ambos comisionados más bien en Bagua se dio una “acción policial desmesurada e injustificada, como lo demuestra el propio Informe Final al existir –como este reconoce- acuerdos para un desalojo pacífico de las carreteras e instalaciones tomadas en distintos puntos de la Amazonía” (n. 31)[2].

Además señalan que el Informe Final “no ha hecho notar el clima permanente de hostilización del Estado contra las organizaciones indígenas, lo que evidentemente no favorece en absoluto el restablecimiento de la paz y reconciliación buscadas” (n. 35).

+ Manacés y Gómez también muestran su desacuerdo con las recomendaciones del Informe Final. En el n. 9 dicen que “la gran mayoría de las recomendaciones son discutibles y encierran una crítica severa, otra vez, contra organizaciones sociales, sectores de la Iglesia, partidos políticos, dirigentes, ONG, como si la actuación de los grupos indígenas siempre fuera producto de engaños o manipulaciones”.

2) La mesa 2

Los integrantes de esta mesa han revisado los decretos que no se derogaron. Según Patricia Wiese en sus conclusiones los integrantes de esta mesa piden la derogatoria de los decretos 994, 1020, 1080 y 1089 pues consideran que vulneran directamente sus derechos. En cuanto a los Decretos 1081, 1083, 1060 y 995 plantean modificaciones.

Patricia Wiese afirma que “Además de conflictiva, esta Mesa 2 ha resultado productiva. Veinte personas, entre indígenas y representantes del Estado, han hecho un trabajo de avanzada en el tema forestal porque era urgente llenar el vacío legal dejado por la derogatoria de la ley. Han cambiado el sentido y el enfoque basado en un modelo extractivo primario por uno de conservación, de gestión integral del bosque, que valora la biodiversidad y con enfoque intercultural. El resultado es una matriz con los aportes técnicos a la normativa forestal y de fauna silvestre”.[3]

3.- La mesa 3

Estuvo encargada de ver los mecanismos para hacer efectivo el derecho de consulta de acuerdo al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Dicha mesa ha propuesto una ley al respecto. Esta semana la Defensora del Pueblo, Beatriz Merino, respaldó su trabajo, urgiendo al Congreso a aprobar la ley que implemente el derecho a la consulta de los pueblos indígenas.

Para la Defensora del Pueblo el conflicto de Bagua puso en evidencia fallas y vacíos en la estrategia del Estado para preservar la paz. Según la doctora Merino “Una de esas fallas fue no haber utilizado la consulta a los pueblos indígenas como un instrumento para el diálogo y para la construcción de consensos. Y el vacío de un procedimiento establecido por ley para facilitar el ejercicio de este derecho, que es ley de la República desde hace 15 años”.[4]

Esta Mesa también ha planteado la necesidad de lograr el consentimiento de las comunidades, y la revisión de todos los contratos vigentes como se ha hecho en Ecuador.

4.- La mesa 4

Ha trabajado una Propuesta Nacional de Desarrollo Amazónico, tomando como base los avances realizados por la Mesa de Diálogo Nacional con las Comunidades Indígenas Amazónicas, creada en 2001, durante el Gobierno de Valentín Paniagua.

Entre sus propuestas figura que el subsuelo les pertenezca a las comunidades indígenas. Según P. Wiese “Ellos creen que ese es el quid del asunto para garantizar la propiedad de sus tierras comunales”. El segundo punto es la propuesta de crear un Ministerio de Asuntos Indígenas.

La primera propuesta implica La necesidad de modificar el artículo 66 de la Constitución que establece que los recursos naturales son propiedad del Estado, que los entrega en concesión a terceros. Ello en la práctica hace que el propietario del suelo sea uno y el del subsuelo otro, arrasando con los legítimos derechos del propietario del suelo.

[1] ) Sus observaciones, junto con el Informe Final pueden bajarse de http://www.aidesep.org.pe/editor/documentos/933.pdf
[2] Y nosotros agregamos, que los firmantes del Informe Final no toman en cuenta lo que ellos mismos consignan en su Cronologia, en la página 69 de dicho informe: “21 de julio del 2009 “Las investigaciones de la Junta de Fiscales de Amazonas concluyen que los indígenas apostados el 5 de junio en la “Curva del Diablo” no llevaban armas de fuego, contradiciendo la versión del ex director de la PNP General José Sánchez Farfán”.

[3] ) P. Wiese “Post Bagua, Ritmo, Tambor y Dudas”, en Revista Ideele n. 196 (diciembre 2009) p.53.

[4] ) “Beatriz Merino emplaza a Congreso a dictar ley” en La República 20 de enero del 2010.

Perú: Dictamen sobre Derecho a la Consulta ante el Tribunal Constitucional

Ver: http://pueblosaltomayo.com/derechoshumanos/

Más información del conflicto post bagua en:
http://bagua_cvr.crearblog.com/