“Los tiempos vienen duros” para las comunidades nativas – Casos emblemáticos

Publicado en Tsiroti

Tres historias de cómo se cultivan los conflictos entre el Estado peruano y los pobladores indígenas

Durante el Desayuno de Trabajo con la Prensa Nacional y Extranjera El Conflicto Amazónico: Explorando el Trasfondo, realizado el 2 de julio por el Instituto del Bien Común (IBC), sobre el cual publicamos esta segunda nota, los expositores contaron tres casos emblemáticos para explicar a los periodistas cómo se van cultivando las situaciones de conflicto entre los pueblos indígenas y el Estado peruano en nuestro país. Sepan una vez más cómo la realidad siempre supera la ficción.


LA INCREÍBLE Y TRISTE HISTORIA DE LA COMUNIDAD NATIVA PUERTO AZUL Y EL ESTADO DESALMADO

En un tiempo muy lejano, cuando corría el año 1991, la comunidad nativa Puerto Azul, de la Región Ucayali, presentó una solicitud al Estado peruano para poder ampliar el territorio que tienen demarcado y así poder seguir utilizando tranquilamente los recursos que les permiten sobrevivir desde antes que existiera el Estado que un buen día llegó y al cual hoy le tienen que pedir permiso… Ironías del sistema. “La ampliación de Puerto Azul lleva 18 años de haberse presentado la solicitud de ampliación. Exactamente desde 1991.”; inicia su exposición la Subdirectora del Instituto del Bien Común, Margarita Benavides.

Para quienes trabajan el tema de titulación de comunidades nativas esto es el pan de cada día. Para los comuneros indígenas, es un pan de cada día en otro idioma, otra idiosincrasia, otra cultura y otro lugar, a los que se ven obligados a salir para que intenten –prácticamente con el Estado en contra– asegurar los territorios que su población utiliza desde antes que existiera el propio Estado –insisto–. Ironías de la vida que Margarita resume como una “acumulación de frustración e impotencia”.

Imagínense que mientras pasaban esos 18 años, al Estado no se le ocurrió mejor idea que otorgar cuatro concesiones forestales (para extracción de madera – Ver mapa) sobre el mismo territorio que reclaman los Cacataibo de Puerto Azul (¡Bien con el ex INRENA!), colaborando formalmente con el cultivo de las situaciones conflictivas (estilo Policías versus indígenas en Bagua, pero en este caso madereros versus indígenas en Puerto Azul). Para colmo de males, como lo de la ampliación de la titulación no se resolvía, algunos colonos se asentaron en el referido territorio, afectando a los Cacataibo (ya sabemos también, que los colonos migran de sus tierras de origen porque el Estado no llega hasta esos sitios para posibilitar la mejora de su situación).

Margarita narra parte de la pesadilla:

“En el 2003, el INRENA [Instituto Nacional de Recursos Naturales, que ya fue disuelto] sobrepone concesiones forestales sobre el área solicitada. Son cuatro concesiones forestales, y la comunidad solicita la exclusión de las concesiones forestales. Ellos [los Cacataibo de Puerto Azul] tienen derechos ancestrales que los amparan según el Convenio 169 de la OIT, y además su solicitud [de ampliación territorial] era anterior [a las concesiones forestales]. En el 2004 el IBC se compromete a apoyar a la comunidad y a FENACOCA [Federación Nativa de Comunidades Cacataibo] en este proceso y comienza a acompañar a la comunidad en diferentes gestiones, entre cartas, quejas, solicitudes… INRENA lo que dice es que no puede excluir esas concesiones forestales si no hay una nueva demarcación. Se consigue que el PETT -que era el encargado de titular hasta hace un año y medio- realice la nueva demarcación, y ya había un asentamiento de colonos en esta área; y en la nueva demarcación se tuvo que excluir esa área quedando 32 mil hectáreas [menos hectáreas que la solicitud inicial de ampliación para los Cacataibo].

Del 2005 al 2008 seguía una historia de ficción por todo lo que la comunidad pasó, hasta que la Dirección Regional Agraria de Ucayali [DRA-Ucayali] remite expediente al INRENA. Pero por ejemplo, los técnicos del PETT que iban a hacer la demarcación regresaban del campo y eran despedidos, había como un temor de salir al campo, y así sucesivamente. El técnico del INRENA que hacía la clasificación de los suelos para ver si eran agrícolas o forestales no hacía el informe o era despedido. Era una lucha, una mecida. Se presentaron quejas a la Defensoría del Pueblo, reuniones con las federaciones, con AIDESEP [Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana]. Era un asunto bien agotador, pero había que hacerlo. Se logró que el DRA-Ucayali remita el expediente, INRENA acepta que había recibido el expediente, pero decía que no había recibido el CD con la información digital necesaria. Luego, por fin acepta.

INRENA dice que ahora lo que necesita es un estudio socioambiental que justifique que en esta área no deben haber bosques de producción permanente y por lo tanto no debe haber concesiones forestales. Con la demarcación nos habían tirado un hueso y ahora con el estudio nos habían tirado otro hueso para roer. Hicimos el estudio lleno de mapas, de justificaciones con los derechos de los indígenas. Se entregó en febrero del 2009 este estudio cuando el INRENA tenía la Dirección Forestal y de Fauna Silvestre del MINAG [Ministerio de Agricultura], pero hasta junio de 2009 no había una respuesta.

El 18 de junio 2009, con la comunidad nativa Puerto Azul y FENACOCA, tuvimos una reunión con el Director Forestal [del Ministerio de Agricultura] y dijo que iba a ver el estudio y que en 15 días respondería [opinión sobre el retiro de las concesiones forestales, necesario para poder titular la ampliación de Puerto Azul]. Entonces pongo puntos suspensivos porque no sabemos qué otras cosas van a pasar, cuál es el quit del asunto. También tuvimos una reunión con OSINFOR [también del Ministerio de Agricultura], que ven si las concesiones forestales cumplen o no cumplen con los manejos en las concesiones, etc.” (Lean la carta del 18 de junio 2009, en la que el Director Forestal del MINAG de ese entonces se compromete a emitir respuesta en 15 días.)

Película de terror

Hoy llamé al IBC para averiguar si el Director Forestal había cumplido con su palabra (por supuesto yo estaba segurísimo que sí) y había respondido sobre el retiro de las concesiones forestales del territorio de la comunidad nativa Puerto Azul. Pues resulta que no sólo no ha respondido, sino que (¡primicia, chocherita!), recordé durante la conversación que, mediante RESOLUCIÓN MINISTERIAL Nº 0613-2009-AG, publicada el 15 de Agosto 2009, cambiaron al Director General de la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura, Jorge Gustavo Suárez de Freitas Calmet, y se la dejaron encargada (se supone que es por un tiempo) a Miguel de los Reyes Rosas Silva; o sea, que oootra vuelta deben empapar al nuevo Director Forestal del tema para ver si en el año 2057 ó 2078 le entregan su título de ampliación a los Cacataibo. Y adivinen de qué partido político se dice por ahí que es el señor Miguel de los Reyes… ¡Ése mismo, compañeros! Como digo arriba: Película de terror, con suspenso y todo porque no estoy seguro del dato.

Ya para que no me crean

Cuenta Margarita que “la vez pasada [los pobladores de Puerto Azul] le quitaron al concesionario maderero la gasolina porque se había derramado en el río… Y ahora el presidente de la comunidad está denunciado. La gente está harta de esta situación.”
LA POLÍTICA NACIONAL DE HIDROCARBUROS Y LOS INDÍGENAS CACATAIBO EN AISLAMIENTO, SELVA CENTRAL NORTE

Lo que sucede aquí es que se existen lotes petroleros en los que se está trabajando y que se superponen a territorio Cacataibo poblado por indígenas en aislamiento. El Responsable del Área de Incidencia y Asesoría Legal del IBC, Carlos Soria, nos explica cómo es que las líneas sísmicas realizadas en el Lote 107, que atraviesa territorio Cacataibo, cómo es que al hacer esas líneas sísmicas hubieron avistamientos de indígenas en aislamiento, lo cual, por supuesto, casi siempre es perjudicial para estas poblaciones. (Vea el mapa, verá unas líneas rojas que son las líneas sísmicas del Lote 107, en la parte norte y sur verá que las líneas están por donde aparecen varios puntos de colores; esos puntos son los avistamientos.)
Carlos nos cuenta que “advertimos a la empresa sobre la presencia de aislados, sobre lo delicado de no forzar sus territorios, de no forzarlos a migrar a otras áreas; y al no recibir respuesta planteamos una medida cautelar ante la Comisión Interamericana [de Derechos Humanos] pidiendo que suspendiera la exploración sísmica en la zona. Nada de esto pasó; la Comisión no se pronunció. Se elaboró un Plan de Contingencia Antropológica del Estudio del Impacto Ambiental y cuando se desarrollaron las alineas sísmicas comenzaron a encontrarse nuevos avistamientos.

En el 2007- 2008 tenemos 15 avistamientos nuevos ocurridos durante el desarrollo de las líneas sísmicas. Tenemos cinco avistamientos registrados y con entrevistas en video en las líneas sísmicas. De esos cinco avistamientos, sólo dos han sido reportados de acuerdo al Plan de Contingencia Antropológica, y también se ha elaborado un informe de acuerdo a ese Plan, el mismo que ha sido remitido a la autoridad sectorial. En los otros casos no sólo no se ha reportado, sino que se despidió al capataz que presentó una bolsita de hojas tejida y se le acusó de que él había fabricado esa bolsita de tela; y con esto no sólo no se reporta el hecho, sino que se le advierte a los trabajadores de no seguir reportando este tipo de avistamientos…”

Todo esto genera fuertes impactos ambientales y sociales explicados por Carlos Soria, como por ejemplo los impactos ambientales de “38 líneas sísmicas, 1400 kilómetros de longitud, 139 campamentos, 278 helipuertos, 2300 zonas de escala, etc.”; además de los residuos sólidos que son enterrados por ahí. Los impactos sociales están obviamente ligados a los impactos ambientales, y son por ejemplo “la fragmentación de las áreas de tránsito de esta población; está la vulnerabilidad epidemiológica, la disponibilidad de fauna y acceso a territorio donde desarrollan sus actividades.”
Pepita

“En febrero del 2008…” –nos cuenta Carlos– “…se produjo el hallazgo de un objeto de madera –probablemente un batán de madera para moler pijuayo, por ejemplo; en forma de canoíta–. Se hizo una comisión a la zona; el IBC fue invitado a participar y lo primero que planteó un funcionario del Ministerio d Energía y Minas fue una cláusula de confidencialidad para no difundir la información. El IBC se opuso porque no es permitido de acuerdo a la legislación vigente una cláusula de confidencialidad sino está prevista en materia del acceso a información pública; y en esa tónica se buscó que nada de esa información fuera divulgada. El reporte del Ministerio de Energía y Minas fue que unos árboles fueron hallados con marcas en la zona; pero no presenta la marca de los árboles, sino que enseña la parte posterior, es decir, induciéndonos a error. Por suerte obtuvimos fotos de los mismos participantes de esa expedición que nos mostraban con claridad los diseños Cacataibo y los diseños de los árboles, y se pueden comparar con diseños en las telas encontradas; hay una similitud de los gráficos aparecidos en los árboles, son señales propias de su de sus expresiones culturales.”

EXPLOTACIÓN MINERA EN LA CORDILLERA DEL CÓNDOR Y SU IMPACTO SOBRE EL PUEBLO AWAJÚN

Aquí la historia se trata de cómo en territorio fronterizo con Ecuador, donde legalmente no debería, hay una empresa extranjera haciendo trabajos mineros; y de cómo se prefirió recortar la que fue la Zona Reservada Santiago Comaina, de interés para los indígenas Awajún. El recorte se hizo en agosto 2007, cuando esta Zona Reservada fuera categorizada como el actual Parque Nacional Ichigkat Muja – Cordillera del Cóndor; perjudicando así a los Awajún para favorecer las concesiones mineras extranjeras en nuestra frontera. Y eso que “la línea de frontera había sido establecida a partir del año 91 y en el marco de la conversaciones de paz; el punto de vista vinculante número 7 comprometió a los dos países [Ecuador y Perú] a constituir una zona de protección ecológica.”; como explica la Presidenta del Consejo Directivo del IBC, Frederica Barclay.

El enrevesado modo en que una empresa extranjera logra hacer eso en el Perú, incumpliendo la ley, es digno de otra nota, pero lo hizo; y Frederica explica algo importante al respecto: “El malestar en las comunidades es muy grave, como se lo pueden imaginar. No sólo son comuneros, sino que apoyaron en el Ejército durante la guerra del Cenepa para defender la frontera que ahora se entrega a una empresa minera que vulnera la Constitución, burlándose de la lealtad nacional Awajún. Tampoco han conseguido los Awajún que el Estado amplíe y titule a las comunidades como se había pactado, sino que la Zona Reservada Santiago Comaina [actual Parque Nacional Parque Nacional Ichigkat Muja] ha sido recortada para entregar esos territorios a intereses mineros.”