Gobierno utilizó TLC con EE.UU. como pretexto para no derogar decreto 1090

Lucila Pautrat: Gobierno utilizó TLC con EE.UU. como pretexto para no derogar decreto 1090

Por: Ideeleradio

Ideeleradio.- El gobierno utilizó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos (TLC) como pretexto para no derogar el Decreto Legislativo 1090, porque lo que realmente busca es aperturar el mercado de tierras de la Amazonía para otorgarlas a los inversionistas ligados al negocio de los biocombustibles, afirmó Lucila Pautrat, coordinadora del Equipo de Bosques de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

“El TLC se ha usado como pretexto para no derogar el decreto legislativo 1090. Las autoridades señalaron que si lo derogaban se afectaba el TLC con Estados Unidos, pero eso no es así. Con el 1090 modificado, ya estamos incumpliendo el TLC, porque algunas regulaciones no se han cumplido. (…) El gobierno lo que busca es abrir el mercado de tierras de las comunidades que el señor presidente (Alan García) había denominado en su discurso del Perro del Hortelano como tierras ociosa”, afirmó en el programa "No Hay Derecho" de Ideeleradio.

“Han existido errores de algunas autoridades que han tratado de justificar el decreto 1090, señalando que favorece a la reforestación de tierras deforestadas, lo que no es verdad, porque las tierras deforestadas están en Tocache, en el Valle del Monzón, en las zonas cocaleras y no en la Amazonía. Esas zonas no son las que se van a entregar para los biocombustibles”, agregó.

La ex comisionada de la Adjuntía para los Servicios Públicos y Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo, aclaró que detrás de estas normas, existen grandes intereses de inversionistas privados.

“Lo que está detrás es el negocio de los biocombustibles, se necesitaba aperturar el mercado de tierras de la Amazonía de la selva baja, para otorgar tierras a los inversionistas privados que ya han solicitado al Ministerio de Agricultura, miles de hectáreas para la promoción de biocombustibles”, refirió.

“Con la modificatoria del 1090 se deja la posibilidad de hacer un cambio de uso de las tierras forestales y eso genera un incentivo perverso al tráfico de tierras porque actualmente COFOPRI viene entregando títulos de propiedad a pequeños colonos parceleros que deforestan, queman y abren chacras para poder acceder a un título o certificado de posesionario y después vender las tierras”, explicó.

Señaló que el gobierno no sólo ha violado el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sino también el protocolo de enmienda del TLC con Estados Unidos, pues aseguró que ambos documentos afirman que se debe realizar una consulta previa a las comunidades nativas.

“Se ha debilitado la institucionalidad forestal y la misma administración forestal no cuenta con los recursos suficientes para cumplir con el TLC, que señala la consulta previa. Si realmente se quisiera cumplir, no hay los recursos necesarios para garantizar un mejor control de la tala ilegal. No se ha avanzado nada en esto”, refirió.

“Las comunidades nativas tienen temor, porque la sobrevivencia de las comunidades depende de la calidad del bosque. Ellas (las comunidades) están bien alimentadas, pero en un bosque alterado, con invasiones y actividades contaminantes, éstas tienen afectaciones a su calidad de vida”, añadió.

Cuestionó la “forma arbitraria” en la que el Estado aprobó los cuestionados dispositivos legales, sin cumplir con los procedimientos correspondientes, como la pre publicación de las normas, la participación ciudadana y la consulta a las comunidades nativas.

En ese sentido recomendó que se abra un debate amplio sobre los decretos legislativos que atentan contra la Amazonía y se elabore una nueva Ley Forestal, pero con la previa consulta a “las comunidades, a los presidentes regionales, a los sectores industriales y a los organismos ambientalistas”.

“Las políticas de comercio de exterior y desarrollo, no pueden estar por encima de los derechos de los ciudadanos, afectar sus vidas y estar por encima de la Constitución”, concluyó.