(Servindi, 13 de marzo, 2009).- El llamado de atención hecho por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al Estado peruano “representa un elemento probatorio para acudir a tribunales nacionales e internacionales para exigir que se cumplan los derechos de los pueblos indígenas”.
Así lo aseguró el abogado del Programa de Defensa de los Derechos Indígenas (PDDI), Vladimir Pinto, quien recordó que el documento “bastante enérgico”, enviado por la OIT al Perú, da cuenta que el gobierno no tiene una política visible para atender los derechos de los pueblos indígenas.
Además advirtió que “el Perú ni siquiera cuenta con una identificación clara y precisa de quiénes son los pueblos indígenas”.
“Si bien es cierto la OIT no tiene un poder coercitivo sobre el Estado peruano, esas recomendaciones demuestran que si no se está cumpliendo con el Convenio 169 se puede acudir a otro tipo de acciones para exigir que se cumpla. Es un paso previo para una estrategia de defensa de derechos”, precisó.
En declaraciones a SERVINDI, Pinto precisó que las recomendaciones de la OIT se debieron principalmente a la intensión deliberada del gobierno peruano por omitir información acerca del incumplimiento de dicho tratado internacional.
“Esta recomendación es sumamente importante porque es inédita. No había sucedido antes que se le requiera con tal fortaleza al Estado que brinde información” manifestó el representante del PDDI.
Agregó que “es un documento valioso para exigir al Estado que atienda los derechos indígenas, sobretodo se está exigiendo tomar medidas inmediatas. Es decir, el gobierno ahora está en la obligación de identificar claramente a las poblaciones indígenas y especificar qué medidas se están tomando para atender sus derechos y cómo se está ejecutando su derecho a la Consulta Previa”.
Más adelante, Vladimir Pinto remarcó que el gobierno ha tenido una actitud negativa para con las organizaciones indígenas, lo cual quedó ratificado en los decretos legislativos emitidos en el marco de las facultades otorgadas por el Congreso para la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos.
En ese contexto, saludó la iniciativa de la parlamentaria Gloria Ramos, quien prepara una propuesta incorporar la consulta previa estipulada en el Convenio 169 de la OIT en el reglamento del Congreso de la República.
“Creo que la congresista Gloria Ramos tiene la mejor intensión por incluir la consulta previa en el proceso legislativo. Eso es valioso, habrá que esperar el resultado, pero siempre aclarando que el objetivo es que se llegue a consensos con los pueblos indígenas”, puntualizó.
El documento fue remitido al Estado Peruano por el comité de expertos en tratados y recomendaciones de dicho organismo internacional tras el informe de las organizaciones indígenas.
En agosto pasado, las organizaciones indígenas amazónicas presentaron un informe alternativo sobre el incumplimiento del Convenio 169, en el que consideran afectados sus derechos territoriales, a la consulta, a la identidad, entre otros.
Así lo aseguró el abogado del Programa de Defensa de los Derechos Indígenas (PDDI), Vladimir Pinto, quien recordó que el documento “bastante enérgico”, enviado por la OIT al Perú, da cuenta que el gobierno no tiene una política visible para atender los derechos de los pueblos indígenas.
Además advirtió que “el Perú ni siquiera cuenta con una identificación clara y precisa de quiénes son los pueblos indígenas”.
“Si bien es cierto la OIT no tiene un poder coercitivo sobre el Estado peruano, esas recomendaciones demuestran que si no se está cumpliendo con el Convenio 169 se puede acudir a otro tipo de acciones para exigir que se cumpla. Es un paso previo para una estrategia de defensa de derechos”, precisó.
En declaraciones a SERVINDI, Pinto precisó que las recomendaciones de la OIT se debieron principalmente a la intensión deliberada del gobierno peruano por omitir información acerca del incumplimiento de dicho tratado internacional.
“Esta recomendación es sumamente importante porque es inédita. No había sucedido antes que se le requiera con tal fortaleza al Estado que brinde información” manifestó el representante del PDDI.
Agregó que “es un documento valioso para exigir al Estado que atienda los derechos indígenas, sobretodo se está exigiendo tomar medidas inmediatas. Es decir, el gobierno ahora está en la obligación de identificar claramente a las poblaciones indígenas y especificar qué medidas se están tomando para atender sus derechos y cómo se está ejecutando su derecho a la Consulta Previa”.
Más adelante, Vladimir Pinto remarcó que el gobierno ha tenido una actitud negativa para con las organizaciones indígenas, lo cual quedó ratificado en los decretos legislativos emitidos en el marco de las facultades otorgadas por el Congreso para la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos.
En ese contexto, saludó la iniciativa de la parlamentaria Gloria Ramos, quien prepara una propuesta incorporar la consulta previa estipulada en el Convenio 169 de la OIT en el reglamento del Congreso de la República.
“Creo que la congresista Gloria Ramos tiene la mejor intensión por incluir la consulta previa en el proceso legislativo. Eso es valioso, habrá que esperar el resultado, pero siempre aclarando que el objetivo es que se llegue a consensos con los pueblos indígenas”, puntualizó.
El documento fue remitido al Estado Peruano por el comité de expertos en tratados y recomendaciones de dicho organismo internacional tras el informe de las organizaciones indígenas.
En agosto pasado, las organizaciones indígenas amazónicas presentaron un informe alternativo sobre el incumplimiento del Convenio 169, en el que consideran afectados sus derechos territoriales, a la consulta, a la identidad, entre otros.
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