Del Inambari su hidroeléctrica

Por Aldo Santos

Un consorcio brasilero ha ofrecido la astronómica suma de 4 mil millones de dólares para la construcción del megaproyecto -hidroeléctrica del Inambari- ubicado en la Amazonía sur del Perú, inversión sólo comparable a la ejecutada en el proyecto gasífero de Camisea que, hasta el momento, se ubica como el emprendimiento más ambicioso ejecutado en el Perú. La central hidroeléctrica se proyecta como la más grande del país, la quinta en América Latina, con un potencial energético de 2.5 GW y con la promesa de que el país se convertirá en un exportador de energía eléctrica en la región sudamericana.


La concesión temporal del proyecto, está en manos de la Empresa de Generación Eléctrica Amazonas Sur S.A.C., facultados por la Resolución Ministerial Nº 287-2008-MEM/DM, publicada el 18 de junio de 2008. La norma les otorga la “concesión temporal de generación para desarrollar estudios de la futura Central Hidroeléctrica Inambari”. La concesión tiene un plazo de 24 meses y la finalidad de realizar estudios de factibilidad en los distritos de Huepetue, Camanti, San Gabán y Ayapata, ubicados en las regiones de Puno, Cusco y Madre de Dios.

Sobre las bondades y limitaciones del proyecto se ha dicho poco. La escasa información existente se desprende de las ofertas brasileras y de los talleres que ECSA Ingenieros (empresa consultora sobre asuntos medioambientales), vienen realizando en cumplimiento del Reglamento de Participación Ciudadana para la Realización de Actividades Energéticas en el Perú. Resulta sumamente preocupante y sospechoso que, aún tratándose de un proyecto tan ambicioso, la información sobre el mismo haya sido pobremente divulgada en las regiones del sur peruano, cuyos territorios se encuentran dentro del área de influencia directa de la futura central hidroeléctrica.

Pero la alarma proviene también de otras latitudes y tiene vinculación directa con quienes han obtenido la concesión temporal del megaproyecto. La Empresa de Generación Eléctrica Amazonas Sur S.A.C., conformada por las transnacionales OAS y Compañía Furnas-Centrais Elétricas (Furnas) de Brasil, que pretenden hacerse con la concesión definitiva del proyecto, no tendrían la calificación para negociar tamaño acuerdo con el Estado peruano.

Los millonarios ofrecimientos y promesas de calidad, deberían ser tomados con cautela, más aún si se sabe que el gobierno ecuatoriano expulsó, hace algunas semanas, a los directivos de Furnas y Odebrecht, denunciándolos por estafa, precisamente por la construcción de una central hidroeléctrica, obra que fue sobrevalorada y entregada irregularmente por la firma brasilera (1).

Del mismo modo, OAS, la otra empresa miembro del consorcio Amazonas Sur S.A.C., viene siendo investigada por la Contraloría General de la República de Bolivia por irregularidades en la licitación de la carretera Tunari-San Ignacio de Moxos. Según el diario El deber: “habría indicios de sobrefacturación y favoritismo […] el Senado boliviano aprobó por unanimidad que la Contraloría investigue este proyecto carretero por considerar que hay varias irregularidades”.

Razones suficientes para exigir que las reglas y acuerdos entre el consorcio que pretende obtener la buena pro y el Estado peruano queden debidamente establecidas y para que el Estado peruano promueva un proceso de concesión transparente, más aún conociendo las denuncias previas que existen sobre tráfico de influencias en el país, puestos a la luz en un escándalo sin precedentes que terminó con el cambio de un gabinete ministerial.

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(1) Para más información