El gobierno criminaliza la protesta social y responde autoritariamente frente a las demandas sociales

“La Red contra la Criminalización de la Protesta Social”, integrada por la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP); Confederación Campesina del Perú (CCP), Central Única de Trabajadores (CUT); Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI); Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FEMUCARINA); y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH)) ante los últimos acontecimientos que vienen sucediendo en el país, expresa a la opinión pública nacional e internacional lo siguiente:

1.- En las últimas semanas han sucedido hechos que solo ratifican el creciente proceso de criminalización de la protesta social y la respuesta autoritaria por parte del Estado ante las acciones legítimas de protesta de los diferentes sectores organizados del país.


2.- En este sentido, condenamos el atentado criminal contra la integridad física del Presidente del Frente de Defensa del Pueblo de Moquegua, Zenón Cueva ocurrida el 7 de mayo en su domicilio, cuando una persona a rostro descubierto le disparo al cuerpo. Zenón Cueva ha venido conduciendo las protestas regionales ante los actos de corrupción que se dan en el gobierno municipal y regional en la administración de fondos del canon minero. Exigimos la pronta investigación y sanción a los responsables directos e indirectos.

3.- Exigimos, garantías para la vida de Zenón Cueva y los demás dirigentes sociales de las diferentes organizaciones de Moquegua que vienen sufriendo amenazas e intimidaciones.

4.- Respaldamos el legítimo derecho a la discrepancia democrática y a la protesta social que vienen realizando los pueblos indígenas amazónicos en defensa de sus derechos al territorio, recursos naturales y exigimos al gobierno que abra espacios de diálogo.

5.- Rechazamos la declaración del Estado de Emergencia en las regiones de la Amazonía pues no es el camino para solucionar los conflictos sociales, los mismos que son generados por una política estatal que promueve un modelo de desarrollo que privilegia la excluyente y agresiva presencia de las empresas extractivas, sin regulación estatal ni la obligatoria consulta y consentimiento previo e informado con las comunidades, lo cual produciría el despojo de sus territorios y pondría en peligro su integridad como pueblos.

6.- Condenamos la violenta represión contra los nativos de Awajun y Wampis en el Puente Corral Quemado que ha provocado la detención del dirigente Zebelio Kayak y varios manifestantes heridos con bombas lacrimógenas. Exigimos al gobierno que abandone las medidas represivas y abra espacios de diálogo para solucionar las demandas indígenas

7.- Respaldamos las demandas de la comunidad estudiantil universitaria sanmarquina quienes vienen exigiendo diversas reivindicaciones una mejora en el comedor estudiantil, carnet gratuito y mejores condiciones de estudios en las universidades públicas.

8.- Como producto de esta protesta, rechazamos y condenamos, la detención de 23 estudiantes por parte de la policía nacional, el 6 de mayo en la madrugada. La mayoría de los estudiantes no estuvieron participando de la protesta estudiantil y se encontraban en la residencia universitaria. Los estudiantes sufrieron maltratos físicos que condenamos.
9.- En estos hechos se aprecia que las personas que se organizan para defender sus derechos sufren la represión de las autoridades, sea por medidas como el Estado de Emergencia o mediante hechos arbitrarios de violencia. En el caso de Zenón Cueva, además, podemos presumir que existen grupos de poder locales involucrados.

10.- Participaremos en la jornada nacional de protesta del 27 de mayo del presente, convocado por la CGTP, CUT y demás gremios sociales y políticos para lo cual la Red contra la Criminalización tendrá que prepararse a fin de articular la defensa a nivel nacional, en caso de producirse detenciones durante dicha jornada.

11.- Esperamos que la sentencia que emita el Tribunal Constitucional sobre la Acción de Inconstitucionalidad presentada contra los decretos legislativos 982, 983, 988 y 989 y que criminalizan las protestas sociales protejan los derechos humanos que estos decretos vulneran.

12.- Finalmente, defendemos el derecho legítimo de los pueblos a la protesta social pacífica, derecho amparado en los derechos a la reunión y el derecho a la libertad de expresión, reconocidos en el artículo 2 de la Constitución Política del Perú.


Lima, 11 de mayo de 2009