Lo que el MINAM no dijo sobre el decreto legislativo 1090

La Red Muqui, Red de propuesta y Acción, mediante una nota de Prensa hace nuestro conocimiento los conflictos con los derechos humanos que presenta el Decreto Legislativo 1090, la llamada Ley Forestal. Un primer problema con el Decreto Legislativo 1090 es que en el proceso de su aprobación se ha pasado por alto la consulta a los pueblos indígenas y demás poblaciones que habitan la amazonía peruana.


Sin embargo, existen otros problemas. El Dec. Leg. 1090 excluye de la definición de recursos forestales a las plantaciones forestales y tierras de uso mayor de producción forestal. Es decir, ya no son consideradas como parte del patrimonio forestal nacional.

A partir de esta norma, los bosques que solo podían ser entregados en concesión para la explotación de madera u otros recursos no maderables, ahora pueden darse en propiedad y cambiar su uso. La finalidad de ello sería beneficiar la producción de agro combustibles. Por esta razón, el Dec. Leg. 1064 (nueva ley de tierras) comprende dichas tierras en las de uso agrario.

Otro tema que preocupa es la incorporación de la “Concesión por Iniciativa Privada” como nueva modalidad de aprovechamiento forestal con fines maderables, lo que elimina la exigencia de una subasta o concurso público, tal y como lo establecía la anterior ley. Con el cambio operado, un particular puede solicitar directamente al Estado la entrega de un terreno boscoso.

Asimismo, incorpora como modalidad de aprovechamiento de fauna silvestre a los Cotos de Caza “Forestal”.

De otro lado, la participación civil es reducida al mínimo, pues elimina la figura de los comités de gestión de bosques y el órgano consultivo representado en la Comisión Nacional Forestal, CONAFOR.

De igual modo, el Decreto Legislativo 1090 no fortalece el sistema de control y supervisión de las concesiones forestales para evitar la tala ilegal.

Finalmente, como lo han señalado varios especialistas, el 1090 permite legitimar productos de origen controversial al señalar que “los usuarios deben acreditar la legitimidad de su derecho de acuerdo a las condiciones y requisitos establecidos por el Ministerio de Agricultura”. Esto equivale a ratificar los mecanismos del adquiriente de buena fe utilizado en los últimos años por el Ministerio.

Por las razones expuestas, la Red Muqui considera que el Pleno del Congreso debe derogar dicha norma y dar otra que verdaderamente proteja el patrimonio forestal del país.

--

Más información:
Muqui "Red de Propuesta y Acción"
Página web: www.muqui.org
Email: prensaredmuqui@gmail.com