Pueblos amazónicos, bastiones de resistencia

Artículo del Boletín número 142 - Mayo 2009 de Movimiento Mundial por los Bosques WRM

Desde el 9 de abril pasado, las comunidades amazónicas del Perú iniciaron lo que califican de “paro indefinido” en toda la Amazonía peruana, como respuesta al incumplimiento del Congreso de la República de revisar los seis decretos considerados lesivos a los pueblos indígenas. Se trata de los decretos emitidos por el Ejecutivo en el marco de la implementación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y que suponen la imposición de industrias destructivas en la Amazonía y sus habitantes, como la minería, la explotación petrolera y la forestación.


La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) consideró que los decretos atentan contra los derechos de los pueblos indígenas amazónicos, mientras que el propio Congreso de la República aprobó el Informe de una Comisión Especial que propone la derogatoria de algunos de ellos.

La gravedad de la amenaza que supone poner la Amazonía “en venta” queda reflejada en uno de los ejemplos que cita el experto Roger Rumrrill: “El lote petrolero Nro. 76, de un millón 500 mil hectáreas, instalará 18 líneas sísmicas, construirá 166 helipuertos, abrirá 1944 zonas de descarga y levantará 166 campamentos. Ese lote se traga totalmente a la Reserva Comunal Amarakaire y operará en las áreas de amortiguamiento de los Parques Nacionales del Manu, Bahuaja-Sonene y en la Reserva Tambopata-Candamo. Es decir, afectará severamente una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta.” A pesar de las protestas, el presidente Alan García autorizó la inversión de 2 mil millones de dólares en actividades petroleras por parte de la empresa Perenco en el Lote 67, ubicado en Loreto.

La protesta amazónica se inició en julio del año pasado (ver Boletín Nº 132 del WRM), aunque posteriormente fue suspendida porque el Congreso de la República se comprometió a atender el reclamo. No obstante, como declararon dirigentes de AIDESEP, “lejos de cumplir la promesa, el poder legislativo emitió la Ley 29317 que modifica e incorpora diversos artículos al decreto 1090, conocido como Ley Forestal y de Fauna Silvestre”. Y fue así que se reiniciaron las movilizaciones.

En comunicación directa, la organización Grufides nos informa que “los conflictos socioambientales han ido creciendo en el país. En Cajamarca, la minería es fuente de innumerables conflictos que se han ido tornando cada vez más violentos debido a la impunidad en que quedan las conductas de quienes ejercen el poder. Cientos de campesinos pueden ser afectados en sus aguas como ocurre con los campesinos del canal Quilish en Porcón – además de ser denunciados y penalizados-, mientras que la empresa minera responsable de la afectación queda en total impunidad. En Choropampa, San Juan y Magdalena, miles de campesinos fueron contaminados con mercurio y hasta hoy claman por soluciones a su salud que no llegan ni de parte del Estado ni de la empresa que causó el gravísimo accidente. En la provincia de San Marcos, dos profesores un consejero regional y siete campesinos podrían ir en los próximos días a la cárcel por haber protestado contra una empresa minera brasilera que incluso contrató a delincuentes para amenazar a los líderes ronderos (campesinos organizados) Las leyes amenazan a los campesinos que defienden sus derechos, mientras que los responsables de las empresas quedan en total impunidad y son apoyados por las autoridades de todos los niveles de gobierno. En estas últimas semanas se viene desarrollando la mayor huelga amazónica de la historia del Perú”.

Según informaciones de Servindi, “indígenas kichuas y arabela bloquearon el paso de embarcaciones por los ríos Napo y Curaray en protesta al incumplimiento del acta firmada con autoridades y la empresa petrolera Repsol”. (6) También AIDESEP ha estado informando de las diversas movilizaciones de cientos de indígenas, campesinos y miembros de la sociedad civil que marcharon de diferentes partes de la región: de las cuencas de los ríos Santiago, Cenepa y Santa María de Nieva, marcharon para protestar contra las mineras y petroleras que pretenden hacerse de sus territorios. El kilómetro 46 de la carretera que une Yurimaguas con Tarapoto fue bloqueado con troncos y piedras. Los pobladores de las comunidades nativas de la región San Martín bloquearon el kilómetro 5 de la carretera Fernando Belaunde Terry, en el sector Maronilla. En el Alto Amazonas, siete mil campesinos e indígenas de las etnias Shawi, Cocama, Cocamilla tomaron el puerto “El Vado” de Yurimaguas, bloqueando el comercio, el transporte terrestre y fluvial. En Bagua, la carretera que une con el distrito de Santa María de Nieva fue bloqueada por medio centenar de autos. Los nativos de la etnia Asháninka tomaron el aeropuerto de Atalaya, en Ucayali. Los pueblos indígenas Machiguengas del Bajo y Alto Urubamba agrupados en COMARU bloquearon el paso de tránsito vehicular y el paso fluvial al Bajo Urubamba. La sede de la sub región de Santa Clotilde, capital distrital del Napo, fue tomada por los indígenas Kichuas y Arabelas, con el respaldo de varios barrios y la población de Santa Clotilde, ubicada en el medio Napo. Este río también fue cerrado en las partes alta y baja, dificultando aun más el tránsito de las embarcaciones fluviales que hace la ruta Iquitos y la frontera con Ecuador. Centenares de indígenas Awajún y Wampis marcharon hacia la Estación N° 5 y 6 de Petroperú - que forma parte del Oleoducto Nor Peruano- apostándose allí. En la Plaza de Armas de Jaén, la población de la ciudad de Baguá inició su vigilia de protesta contra la política gubernamental de García. Los pueblos Kichwas del Alto Putumayo, frontera con Colombia, también se plegaron al paro amazónico, y las comunidades andinas iniciaron jornadas de protesta en respaldo de los hermanos amazónicos. (7) Según información proporcionada por Thomas Quirynen, colaborador en el Sur para Catapa, tres estaciones petroleras (las nos. 5, 6 y 7) fueron ocupadas por los manifestantes como resultado directo de la radicalización del paro; debido a esta medida se suspendió el bombeo de petróleo crudo (ver artículo completo en inglés, y fotos en http://www.wrm.org.uy/countries/Peru/strike.html)

No obstante, los reclamos de los pueblos amazónicos han sido ignorados por el gobierno y la mayoría de los medios de comunicación no informan de lo que realmente está ocurriendo. Desde el 9 de mayo el gobierno dispuso el estado de emergencia en casi todo el territorio amazónico, lo que abre la puerta a vulneraciones de derechos humanos de l@s ciudadan@s amazónic@s que están luchando por defender su vida de la amenaza del avance descontrolado de las empresas petroleras, mineras, gasíferas y forestales.

El 10 de mayo, el presidente Alan García, ordenó la represión de los nativos Awajun y Wampis que protestaban en el puente de Corral Quemado en Bagua Grande, en Amazonas, quienes fueron desalojados a fuerza de bombas lacrimógenas, golpes y balas. El saldo fue de diez heridos, tres de gravedad, siete detenidos y varios desaparecidos. La Marina de Guerra arremetió además contra las frágiles canoas de los nativos que habían puesto un cable sobre el río para impedir que embarcaciones petroleras navegaran por él. Se clausuraron pequeñas emisoras de radio de la región amazónica.

Organizaciones indígenas, campesinas y agrarias de todo el país anunciaron que radicalizarían las medidas “hasta lograr la derogatoria de los Decretos Legislativos 994, 1064, 1020, 1080, 1081, 1083, 1089, 1060, 995 y la Ley de Recursos Hídricos”. “Pese a que estas normas han sido declaradas inconstitucionales tanto por el Tribunal Constitucional (TC) como por la propia Comisión Multipartidaria del Congreso, no existe la voluntad política de derogarlos”, declararon organizaciones indígenas participantes del Encuentro Nacional Andino Amazónico, preparatorio para la IV Cumbre Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala, a celebrarse este mes en Puno (8). Convocaron a las comunidades indígenas de todo el país a acatar el “Levantamiento Nacional” a realizarse a partir del 7 de julio como medida de protesta.

El testimonio de otro amigo peruano, cuya identidad preservamos, refleja lo que están viviendo: “Soy dirigente en esta huelga y me han amenazado de muerte. No importa eso, si he de perder la vida por mis hermanos, mis hijos y el mundo, en buena hora. Nosotros necesitamos que el mundo conozca de nuestras luchas. Dennos la mano para poder salvar el planeta. No tenemos apoyo de nadie en el aspecto económico, hacemos lo que podemos. Nuestros hermanos Shawis, Aguarunas y Wambiasas, no desmayaremos; si es posible sacrificaremos nuestras vidas por defender nuestras tierras y nuestros bosques. Sean pues, amigos, nuestras voces para el mundo. Mil gracias en nombre de nuestra madre naturaleza”.

(1) “Perú: FIDH insta derogar DL que atentan contra la Amazonía”, Servindi, http://www.servindi.org/actualidad/11439
(2) “Perú: Congreso aprueba Informe que deroga decretos legislativos”, Servindi, http://www.servindi.org/actualidad/11357
(3) “Perú: Estado de emergencia contra los pueblos indígenas amazónicos”, Servindi, http://www.servindi.org/actualidad/opinion/11436
(4) “Perú: García autorizó inversión de Perenco por $2 mil millones en Loreto”, Servindi, http://www.servindi.org/actualidad/11155
(5) “Perú: AIDESEP y Ejecutivo crean Mesa de Diálogo para atender demandas de indígenas amazónicos”, Servindi, http://www.servindi.org/actualidad/10713
(6) Information from AIDESEP, http://www.aidesep.org.pe
(7) “Perú: Amazónicos inician paro indefinido por incumplimiento del Congreso”, Servindi, http://www.servindi.org/actualidad/10257
(8) “Perú: Andinos y amazónicos acuerdan radicalizar protesta”, Servindi, http://www.servindi.org/actualidad/11414