¿Cuánto vale la vida de un peruano?

* José Álvarez Alonso

Iquitos, 9 de junio, 2009.- Nos duele, nos debe doler en el alma a todos, cada vida perdida de un peruano, vida valiosa e irremplazable. Se han enfrentado innecesariamente peruanos con peruanos...

...¿Y de la obstinación del Gobierno, quién habla? Hasta los obispos de la selva peruana exigieron al Gobierno que derogara esos ignominiosos decretos. ¿Vale más un decreto promulgado de forma inconsulta que la vida de decenas, quizás de cientos de peruanos?...

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Iquitos, 9 de junio, 2009.- Nos duele, nos debe doler en el alma a todos, cada vida perdida de un peruano, vida valiosa e irremplazable. Se han enfrentado innecesariamente peruanos con peruanos, jóvenes con uniforme y jóvenes con pinturas tradicionales. He visto las caras de las madres y esposas de los policías, y las de los familiares indígenas que lloraban también a sus muertos, y ambas me duelen.

No importa si son indígenas o policías, han muerto peruanos que tienen padres, madres, esposas, hijos. Han muerto gratuitamente, porque sus muertes no solucionan nada, echan más leña a una hoguera ya demasiado caliente. La violencia engendra más violencia, siempre. Miles de indígenas se están sumando a la rebelión indígena en varios puntos de la Amazonía, y algunos hablan ya de riesgo de guerra civil. Se impone la calma, la conciliación y la serenidad, en ambos lados.

El duelo nacional debe ser por todos, aunque algunos parece que sólo se duelen de “sus” muertos: siguen considerando a los indígenas como ciudadanos de segunda clase, “esos llamados nativos”, como los calificaron despectivamente algunos. Mientras se muestra en televisión las escenas de dolor de los valerosos policías muertos en cumplimiento de su deber, se ignora o minimiza la cifra de muertos indígenas, que algunos calculan en más de un centenar, quizás dos; ya se han encontrado más de una docena de cadáveres hinchados de indígenas arrojados al río Marañón, y se habla de cadáveres incinerados y enterrados en fosas comunes. Esos ciudadanos tienen derechos que han sido violados, y tienen familias que hoy lloran a sus muertos tanto como las dolidas madres de los jóvenes policías. El dolor no tiene color político ni racial.

Mientras la Iglesia, la Defensoría del Pueblo y otros sectores siguen haciendo llamados al cese inmediato de la violencia, a la serenidad y al diálogo, se sabe que se sigue cazando casa por casa a los indígenas y otros civiles en Bagua, como si fuesen animales, y se está planeando el debelamiento por la fuerza de los bloqueos en la carretera a Yurimaguas, en Andoas, en Trompeteros y otros lugares. ¿Qué se busca, otra masacre?

No se puede criminalizar a todo un pueblo, a un sector de la población, acusándoles de criminales, salvajes e ignorantes, por defender lo que consideran con justo derecho suyo. Los insultos racistas van a alimentar más la violencia. Si ha habido violencia y han muerto policías y ciudadanos, que se castigue a los culpables, pero no se insulte o condene a todo un pueblo.

¿Quién es responsable de este desastre?

Lo que ocurrió en Bagua es la historia de una masacre anunciada. Sabíamos que bastaba una chispa para desencadenar el desastre. ¿Tan poco conocen nuestros gobernantes a la Amazonía y a sus pueblos? ¿No pudieron asesorarse con expertos en antropología amazónica? Los Awajún son un pueblo que nunca se dejó conquistar por el imperio inka; es el único pueblo indígena que se rebeló con éxito contra el imperio español. Mandar a un pelotón de policías armados con bombas lacrimógenas y armas de fuego a atacar una masa de indígenas fue mandarlos a una masacre anunciada. Es una torpeza que le está costando muy cara a decenas de familias y al país, y que tiene responsables políticos, los mismos pésimos manejadores del conflicto indígena.

No estoy de acuerdo con algunas de las formas de protesta que se salen del marco de la ley, y mucho menos con cualquier acto de violencia, pero junto con los obispos de la selva, comprendo la desesperación de los indígenas, marginados y expoliados de sus recursos por décadas. Y la desesperación de pueblos que sienten amenazado su futuro y sufren día a día el hambre de sus hijos no se puede enfrentar con bombas y armas.

¿Pudo evitarse la masacre de policías e indígenas? Por supuesto. Situaciones más difíciles en el mundo se han solucionado de forma pacífica, negociando. Pero cuando uno se sienta a la mesa sin la mínima intención de ceder, porque hay grandes intereses económicos en juego, no se puede encontrar soluciones…

Matando al mensajero

Se habla de la obstinación de Alberto Pizango, y ahora se lo ha convertido en chivo expiatorio de la masacre. ¿Es culpable Pizango de “intransigencia”, de los hechos de violencia como le acusa el Gobierno? Eso es desconocer totalmente la cultura e idiosincrasia indígena.

Como bien explicó en una entrevista a RPP el P. Jaime Regan, uno de los antropólogos más reconocido en temas amazónicos, Pizango no tiene facultades delegadas por los pueblos indígenas para cambiar términos de negociación, él es simplemente un portavoz de sus demandas. Los indígenas amazónicos nunca tuvieron gobernantes, practicaron una democracia sui géneris que apenas delegaba facultades parciales a sus curacas en tiempo de guerra.

Una democracia bien diferente a la que practican nuestros congresistas, que una vez elegidos hacen lo que les da la gana en el Congreso. Cuando Pizango firmó un acta en la mesa de diálogo con el Premier, aceptando revisar decreto por decreto, inmediatamente salieron los apus de muchas comunidades a desconocer ese acuerdo, “porque eso debía ser consultado con las bases”. Por eso tuvo que retirar su firma. ¿Es culpable por eso?

“Por qué le echan la culpa a Pizango, si él sólo transmite lo que le exige su gente”, me comentó Doña Marina, con la sabiduría de una madre de familia de Iquitos. Esto que entiende Doña Marina no lo entiende o no lo quiere entender el Gobierno. En la antigüedad existía la salvaje costumbre de matar al mensajero que traía malas noticias de una batalla. ¿Qué culpa tenía el mensajero? ¿Creen que si Pizango hubiese firmado alegremente un acta de acuerdo se habría solucionado el conflicto?

¿Y de la obstinación del Gobierno, quién habla? Hasta los obispos de la selva peruana exigieron al Gobierno que derogara esos ignominiosos decretos. ¿Vale más un decreto promulgado de forma inconsulta que la vida de decenas, quizás de cientos de peruanos? Ni la vida de uno… La sangre de peruanos inocentes salpica también a las empresas y consorcios que han presionado al Gobierno a sacar esos decretos para favorecer sus intereses.

Espero que se pudra en los bolsillos de los responsables cada dólar corrupto que esté detrás de esa obstinación en defender unos decretos legislativos no pergeñados a exigencia de EE.UU. para la aplicación del TLC (ya fue desmentido por el embajador de este país), sino para facilitar el acceso a las tierras y recursos de la Amazonía de los grandes capitales.

La conjura internacional

¿Están manipulados los indígenas por intereses extranjeros? La teoría de la conjura extranjera siempre ha sido usada por los gobiernos autoritarios para tratar de justificar sus problemas internos y para unir a los ciudadanos frente a un potencial enemigo común.

Los indígenas no son niños, son ciudadanos inteligentes, que saben lo que les conviene, y hoy tienen entre sus filas a profesionales muy bien capacitados. Se oponen al gobierno porque rechazan un modelo de desarrollo que, definitivamente, no les beneficia gran cosa, más bien pone en riesgo su modo de vida y su único patrimonio, sus bosques y sus ríos.

¿No los creen capaces de pensar por sí mismos? Calificarlos de manipulados por foráneos es racismo. ¿Por qué no califican así a los empresarios que protestan por un nuevo impuesto o una nueva política económica? Lo que no se puede negar es el oportunismo de algunos partidos políticos para sacar ventaja apoyando la causa indígena. Pero este “aprovechamiento político” de una causa justa, común en nuestra arena política, no invalida ni descalifica en absoluto a la causa indígena.

Se usa el argumento de que necesitamos los recursos del subsuelo, y especialmente el petróleo, para desarrollar al país. Creo que pocos pongan en duda eso, incluyendo quien escribe estas líneas. Necesitamos explotar éste y otros recursos naturales, pero no a cualquier precio, violando las normas constitucionales (como el derecho a la consulta previa establecida en el Convenio 169), o envenenando a la gente que está encima, como se ha hecho, con bendición del Estado, por 30 años en el río Corrientes.

El derecho a la consulta de los indígenas no es sinónimo al derecho a la participación que tenemos todos los peruanos. Los indígenas tienen un privilegio, como pueblos originarios, y la obligación de consultarlos y lograr su aceptación sobre proyectos o leyes que les afecten es vinculante para el Gobierno, lo que quiere decir que los decretos legislativos cuestionados son inválidos de origen, como bien determinó ya la Defensoría del Pueblo y la Comisión Multipartidaria del Congreso.

¿Demasiada plata, demasiada tierra?

Muchos han hablado de los cuatro y pico millones de dólares que ha recibido AIDESEP en cuatro años, como si hubiesen llegado a las manos de Pizango para que haga lo que quiera con ellos. “A ver qué escuelas ha construido con esa plata”, dicen algunos corifeos del poder. Este dinero está repartido en decenas de proyectos ejecutados por sus organizaciones regionales descentralizadas en los confines más alejados de la Amazonía, y me consta que son supervisados estrechamente por las entidades financieras.

Incluyen proyectos de educación intercultural bilingüe para profesores y niños indígenas (como el prestigioso programa FORMABIAP, con sede central en Iquitos), proyectos de salud, proyectos para titulación de tierras y ampliación de territorios, proyectos de fortalecimiento de capacidades para la gestión de sus recursos, y otros muchos. Si bien tiene derecho el Estado a supervisarlos, es repugnante que se difame alegremente a los indígenas de malos manejos de este dinero, sin fundamento.

Se habla de los 12 millones de hectáreas tituladas a los 400,000 indígenas reconocidos como tales por el Estado peruano. Tocan a unas 30 ha por cada uno. “Es demasiado”, dicen algunos, queriéndolos comparar quizás con las tres o cuatro hectáreas que tienen algunos campesinos en la sierra o en la costa. Es como si quisiéramos comparar el apartamento de 100 m² un neoyorquino en la 7ª Avenida con el lote de 250 m² de un habitante de un barrio peruano como Las Malvinas o Huaycán, y dijésemos: ¿de qué te quejas, cholito?

Es ridículo. Primero, que los indígenas son los pueblos originarios de la Amazonía y son los legítimos propietarios de esas tierras, que es cierto, ahora también son en cierto modo de todos los peruanos, pero prioritariamente de ellos. Y segundo, los indígenas no son campesinos que viven de cuatro cosechas, son “bosquesinos”, que viven de los recursos silvestres, de la caza, de la pesca, de la recolección: necesitan para su subsistencia grandes extensiones de bosques, con lagos, ríos y quebradas sanos, para garantizar su subsistencia y la sostenibilidad del ecosistema, de acuerdo a su modo de vida tradicional. Están en su derecho, conforme a la ley peruana y al derecho internacional. Pero acerca de esto abundaremos más en otro artículo.

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* José Álvarez Alonso, es Master en Ciencias, Biólogo de profesión, e Investigador del Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP).