Bagua: "los incidentes del 5 de junio tienen una compleja explicación"

Mirada aguaruna, Por Ramiro Escobar

Bagua se desbordó y el gobierno desvarió. ¿Se trató de la lucha entre unos “salvajes” y el Estado de Derecho? Los sangrientos incidentes del 5 de junio tienen una explicación compleja, una historia larga, un trasfondo de fractura nacional. Salvo que se quiera echar más petróleo a la hoguera amazónica, el conflicto no se resolverá con spots de televisión, condenas y órdenes de detención. Hay un abismo que cerrar.

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Allá por 1599, el nororiente del recién conquistado territorio del Tawantinsuyo presenció un episodio que acaso tuvo aires apocalípticos para algunos. En toda la zona vecina a la joven ciudad de Jaén de Bracamoros, fundada por Diego Palomino en 1549, estalló una furiosa rebelión indígena que puso de cabeza al poder español y provocó innumerables muertos entre los conquistadores1.

Según el padre Juan de Velasco, quien relata los hechos, el gobernador de una ciudad llamada Logroño fue obligado a beber oro fundido, hecho que produjo tal espanto que los españoles huyeron despavoridos y abandonaron las ciudades que ocupaban. La revuelta no había sido una ocurrencia repentina de los apus: se debía a la excesiva codicia ibérica por el precioso metal, que llevó a la comisión de indescriptibles abusos.

Ya entonces la familia jíbara (que agrupa a los aguaruna, los huambisa, los shuar y los ashuar) no aguantaba pulgas ni esclavitudes. Al año siguiente, en 1600, se intentó evangelizarlos mediante misiones jesuíticas. Craso error. En 1704, desde Roma, se ordenó desistir en el intento debido a que “las derrotas eran grandes”. Luego, durante la Emancipación, tampoco nadie puso una bota encima del aguerrido territorio nativo.

Incluso cuando los caucheros entraron –a sangre, fuego y engaños– en buena parte de la selva peruana, entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, esta región amazónica fue la menos golpeada. Los jíbaros llegaron a beneficiarse del tráfico de mercancías que produjo esta actividad, pero nunca se dejaron someter. Más entrada la centuria, en 1941, protagonizaron incidentes con colonos o participaron en la Guerra con Ecuador.

Paralelamente, llegaron también a establecer niveles de convivencia pacífica con los no nativos, a quienes solían –y suelen– llamar kistián (cristiano). Los cristianos, católicos y protestantes, fueron y son los que más éxito tuvieron en asentarse tranquilamente en la zona, y no parece casual que eso fuera así, porque a lo más venían en busca de almas, no de metales preciosos. Aun así, las escaramuzas siempre estaban a la vuelta de cada recodo del río.

Más recientemente, los jíbaros participaron en los otros conflictos con Ecuador (Falso Paquisha, 1981; Cenepa, 1995), por lo que es exacto decir, como se ha señalado en estos días aciagos, ya cuando la sangre había llegado a los cerros, que se trataba de indígenas con experiencia en el uso de armas. Y la experiencia bélica les viene de muy atrás: los incas Túpac Yupanqui y Huayna Cápac tampoco lograron dominar a este pueblo amazónico.

Tierra no, territorio…

Hasta cineastas han sucumbido ante esta determinación por defenderse, tal como le ocurrió a Werner Herzog en 1981, mientras intentaba filmar escenas de Fitzcarraldo en territorio aguaruna. Hostilizado, tuvo que retirarse a otros ecosistemas. Hay que recordar, asimismo, que en enero del 2002, en la zona de Flor de la Frontera (San Ignacio, Cajamarca), un incidente entre nativos y colonos dejó 15 muertos.

¿Cuál fue el detonante en todos estos casos? No la tierra, sino el territorio. En los días de la crisis de Bagua, ha sido sorprendente la dificultad para hacer esa distinción. Fermín Tiwi, aguaruna que es bachiller en Derecho de la Universidad San Martín y actualmente sigue un Máster en Derechos Humanos en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), sostiene que, para ellos, el territorio es bastante más que un pedazo de tierra.

“Son los recursos naturales –enfatiza con las manos–, nuestra gente, nuestra historia, nuestra organización, el idioma”. De acuerdo con él, además, en el caso aguaruna existe incluso una diosa que vive en el subsuelo, llamada Núgkui, que fertiliza la tierra. Añade que no se trata de que el Estado les deba “dar” el derecho sobre el territorio que les pertenece, sino que tiene que “reconocer” los derechos ancestrales que tienen.

Comprender esas coordenadas, ancestrales y culturales, resulta central para enrumbar hacia un diálogo. Pues justamente por esa concepción de propiedad distinta, los Decretos Legislativos que dio el gobierno como parte de la normativa para implementar el TLC con Estados Unidos, sí los afectan. Como han señalado diferentes especialistas, si el Estado decide cambiar el régimen del “uso” de las tierras, ya está entrando en colisión irremediable con ellos.

Adda Chuecas, directora del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP), precisa aun más la literal naturaleza del problema: “Los decretos no solo alteran una u otra norma, sino que pretenden cambiar toda la lógica del sistema jurídico del régimen de propiedad en el país. Todo está atado a un modelo de desarrollo”. Para nosotros eso puede ser normal, hasta feliz; para los indígenas, puede significar la guerra.

De hecho, los crueles incidentes suscitados en la estación de Imacita, donde fueron masacrados nueve policías, responden a una espiral desatada por ese atroz desencuentro. Fermín dice que lo lamenta, que no debió ocurrir. Pero agrega que los awajunes (aguarunas) son claros cuando hay que defender a su familia, sus bosques. Siglos de batallas respaldan esta afirmación, aunque no justifiquen de ninguna manera la masacre ocurrida.

La diversidad amazónica

Si uno mira el mapa de las protestas, se da cuenta de eso: el único lugar donde el estallido ha sido bravo ha sido el nororiente. En el Cusco, por ejemplo, los machiguengas –más pacíficos que los aguarunas– apenas tomaron por unos días la vía a Machu Picchu. En la zona de Atalaya (Ucayali), los asháninkas bloquearon el río Urubamba, pero la policía los desalojó sin tiros, sin sangre. No toda protesta tiene la furia guerrera de Bagua Grande.

Por eso, la constatación de que existen en el país 65 etnias amazónicas y 14 familias lingüísticas es otro ángulo fundamental. No son lo mismo los aguarunas (tercer grupo en población, con 50.000 ciudadanos, tras los asháninkas y los shipibos) que los yines, los amahuacas, los cacataibos, los nahuas. O que los shawis, etnia de Alberto Pizango, el escurridizo jefe de Aidesep (Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana).

Entre los cerca de 350.000 habitantes que componen dichas etnias hay matices, cosmovisiones, mitos distintos. Pero hay unidad sólida en un tema: la defensa de los territorios. Y eso no es un invento de Ollanta Humala, de Hugo Chávez o de Evo Morales. Iñigo Maneiro, Magíster en Estudios Amazónicos que vivió siete años con los awajunes, dice: “Da igual quién esté en el gobierno porque los nativos se van a seguir levantando si ven sus tierras en riesgo”. El mismo Tiwi, que se siente cercano a Aidesep, afirma, con una rotundidad casi telúrica, que esa idea soltada por el gobierno es completamente falsa.

¿Cómo se explican las voces de ministros bolivianos o venezolanos, que apoyan la protesta o, finalmente, el asilo de Pizango en Nicaragua? El nexo del movimiento indígena con variopintos grupos o partidos de izquierda, o nacionalistas, existe, pero no es un cordón umbilical. “En la prensa leo que detrás de estas revueltas indígenas están Humala, el narcotráfico y el complot internacional. Todo eso es falso”, afirma Maneiro.

Los amazónicos, sobre todo, son precisos en eso. Su lucha es secular y, en los últimos años, ha sido alentada por formas de pensamiento que, a partir de los años ochenta más o menos, cobraron fuerza a nivel mundial. Tal ha sido la emergencia de las corrientes que abogan por el derecho a la diversidad, a las diferencias, que la influencia ideológica ahora proviene también de instituciones como el Banco Mundial o el Vaticano, que en el documento de “Aparecida”, elaborado tras la última Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, alerta sobre estos conflictos en su acápite 90. Lo que sí resulta obvio es que algunos políticos llamados “antisistema”, al ver la fuerza creciente de los indígenas, tratan de colgarse de la cushma2 de sus líderes.

Sobre la naturaleza del poder

Incluso alguien aparentemente tan cercano a las organizaciones indígenas como el presidente Evo Morales, no era, inicialmente, alguien que hacía política desde lo étnico. Era un sindicalista cocalero. Pero al darse cuenta de la fuerza social de los pueblos originarios se subió a la ola, en el Altiplano, para quedar convertido luego en uno de los grandes aliados de un movimiento social que surgía por cuenta y riesgo propios.

Lo mismo hace, en el Perú, Ollanta Humala, y desde el tropical llano venezolano el “Comandante” Chávez, que en su territorio apenas alberga a un 2% de población indígena. Es posible que algunos de estos líderes se suban al carro de los nativos sin ser llamados, que lleguen a tener influencia, pero no tienen la decisión final frente a lo que se propone y ocurre. “Nosotros tomamos nuestras propias decisiones”, recalca Tiwi.

Los indígenas andinos de la región –los que pertenecen a la CAOI (Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas), por ejemplo– sí tienen más cercanía con Morales. De allí la famosa carta, leída en Puno, en la Cumbre Continental Indígena (27 al 31 de mayo), que, por cierto, no dice nada que antes no haya dicho el mandatario boliviano. “Los amazónicos son más autónomos”, sostiene Manuel Cornejo del CAAAP.

Constatar eso es clave también para entender el liderazgo de Pizango. En estos días, se le ha acusado de ser responsable de las muertes, de manejar a su gente a su antojo, etc. Otra vez allí emerge, profundo e insondable, el abismo cultural. “Es cierto que existe un liderazgo político claro de Aidesep, y este es importante, pero el paro es, sobre todo, un deseo casi unánime de la población indígena de la selva”, enfatiza Óscar Espinosa, antropólogo de la PUCP.

El modo de asumir la conducción, al menos en el mundo amazónico peruano, es radicalmente distinto al nuestro. Entre ellos, el líder no es el mandamás sino el que obedece. Se llega a ser “apu” cuando se ha dado el ejemplo, cuando se tiene cierta experiencia. Y una vez que se “asciende” (concepción algo extraña también en esa cosmovisión) se tiene que responder a la demanda de las bases, inevitablemente.

Esa es la razón por la cual Pizango no tenía toda la decisión. Eran sus representados quienes, en último análisis, demandaban lo que él siempre solicitaba en el espacio público: la derogatoria de todos los decretos. Aunque hubiera querido ceder, las más de 50 bases de Aidesep no se lo hubieran permitido.

Pizango ni siquiera es un “apu”, sino un representante de las más de 1.300 comunidades nativas del citado organismo. Por eso, la nueva propuesta de Yehude Simon, de hablar directamente con los “apus”, era acertada. Tiwi dice que eso debió hacerse desde el comienzo. Pero desde el Ejecutivo se persistió en sostener que el dirigente shawi lo podía resolver todo y entonces no hubo luz alguna en el horizonte selvático.

“Buen vivir” y no morir

Lo anterior no significa que Pizango no tiene ninguna responsabilidad. Ni que Aidesep no abriga líos internos, como ha quedado evidenciado estos días (y se ha querido atizar también, como una forma de ganar puntos gubernamentales). Solo significa que la manera como los indígenas entienden y asumen el poder, o como imaginan un modelo de desarrollo, es distinta a la que conocemos. O a la de Alan García, al menos.

El reclamo por un derecho a la consulta, de acuerdo con el Convenio 169 de la OIT, que debería tener fuerza de ley en el Perú, no arranca de bases jurídicas. Va hacia eso partiendo de un imaginario distinto, en el cual las propuestas de desarrollo no están ausentes. Las hay, pero se basan en una lógica muy distante a la teoría del “perro del hortelano”.

“El sustento de nosotros son las selvas, los ríos”, dice Tiwi con pasión. Añade que “la farmacia está en el bosque” y coincide en ello con Isaías, un joven estudiante asháninka presente en la Cumbre Continental Indígena, quien sostenía que, para su pueblo, “el mercado es el monte”. La racionalidad de estas afirmaciones es simple: allí están los recursos de los que viven. No suponen indispensable grandes inversiones para ello.

A partir de esa forma de ser y estar en el mundo, desde hace unos 15 años circula en el mundo indígena una propuesta de desarrollo a la que se ha denominado el “buen vivir”. A pesar de ser todavía algo nebulosa para los cánones occidentales estrictos, implica un mayor cuidado de la naturaleza, un reparto comunitario de los recursos, una cierta distancia del excesivo lucro. Algo distinto a lo que nosotros consideramos “normal”.

¿Hay posibilidad de hacer compatible esta cosmovisión con los decretos que quiere impulsar, afiebradamente, el Ejecutivo? De ser posible, es posible. Pero como dice Adda Chuecas, “el problema es que tendría que cambiar todo el modelo de desarrollo que está planteando el gobierno”. Es decir, se tendría que transformar las maneras de entender la economía, las inversiones, las leyes. Habría que matar al “perro del hortelano”.

Si eso se hiciera, lo primero sería derogar los decretos –o modificarlos radicalmente–, hacer tangible la consulta a la que obliga el convenio 169 de la OIT o “promover proyectos de inversión en los que participen más directamente los indígenas”, apunta Chuecas. Eso implicaría la disposición, además, a aceptar que, en algunos territorios, si no hay acuerdo, no se podría llevar a cabo ciertas actividades económicas.

Los aguarunas son, por último, especialmente distintos. En Bagua, el gobierno ha chocado con el más granítico frente indígena. Con gente que lleva centurias resistiendo lo que consideran invasiones. Dicha decisión ha costado casi unos 30 muertos, oficialmente, pero todo parece indicar que habría más. “Perú Apúji iwáshmega puján ása antúg kagtatsui”, expresa Tiwi en su idioma nativo. En castellano quiere decir: “Como el jefe del Perú está endiablado, no nos escucha”. Espinosa, a su vez, sostiene que “el valor de la justicia no supone la igualdad de todas las personas, sino el respeto de las diferencias”. Lo evidente es que habitamos un territorio herido por brechas culturales y sociales que abaten al país. Un país fragmentado.

Fuente: Poder 360º

Foto: Vicariato de Jaen