Conflicto en la Amazonía peruana

Por Rodolfo Stavenhagen*, publicado en Milenio on Line

Los días 5 y 6 de junio de 2009 se produjeron enfrentamientos violentos entre indígenas y fuerzas policiacas cerca de la ciudad de Bagua, en la Amazonía del oriente peruano. Según cifras oficiales la violencia dejó un saldo de 33 personas fallecidas, 83 detenidas y 200 heridas. Estos acontecimientos tienen antecedentes en un conflicto económico-político entre las comunidades nativas de la región y el Estado peruano.


A lo largo de la actual presidencia de Alan García, desde 2006, se ha agudizado la presión sobre los pueblos indígenas de la Amazonía, pues las concesiones a empresas transnacionales mineras y petroleras, realizadas sin consulta previa a los indígenas, cubren 49 millones de hectáreas y afectan el 72% de la Amazonía peruana.

En 2007 el Congreso aprobó la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, con la finalidad de implementar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Luego el Poder Ejecutivo expidió 99 decretos legislativos, varios de los cuales afectan directamente los derechos de las comunidades nativas de la región amazónica. Muchos de ellos han sido declarados contrarios al orden constitucional por el mismo Congreso, a través de la Comisión Multipartidaria Encargada de Estudiar y Recomendar la Solución a la Problemática de los Pueblos Indígenas.

Desde hace varios años las comunidades nativas comenzaron a movilizarse, preocupadas por las amenazas a sus tierras y los efectos dañinos de las actividades petroleras y mineras en sus territorios. La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que representa a cerca de mil 300 comunidades nativas, impulsó un diálogo tripartita con las empresas y el gobierno que no dio los resultados deseados.

El 9 de agosto de 2008 los pueblos indígenas amazónicos iniciaron una primera jornada nacional de lucha, exigiendo la derogatoria de los decretos legislativos 1015 y 1073 que flexibilizaban los procedimientos para disponer en venta la tierra de las comunidades. Además demandaban la derogación de nueve decretos que consideraban lesivos para la Amazonía. El 22 de agosto de 2008 el Congreso aprobó el dictamen para derogar ambas normas.

El 9 de abril de 2009 se inició la segunda jornada nacional de movilización de los pueblos indígenas amazónicos, con la ocupación pacífica de carreteras y vías fluviales. El 9 de mayo el gobierno decretó el estado de emergencia en nueve jurisdicciones de la Amazonía. La Comisión Especial Multipartidaria del Congreso recomendó la derogatoria de los decretos legislativos 994, 1064, 1081, 1090 y 1083, lo que fue aprobado por el pleno del Congreso el 22 de mayo. El 4 de junio, a pesar de la fuerte presión ciudadana para que el Congreso debatiera la derogatoria de los dos decretos más impugnados, la bancada aprista decidió suspender por tercera vez la discusión.

El 5 de junio la Policía Nacional, sin aviso previo, inició el desalojo de la carretera Fernando Belaúnde Terry en el tramo denominado Curva del Diablo, bloqueado por varios centenares de indígenas y sus simpatizantes mestizos. A las 5.30 de la madrugada un contingente de la policía intentó sorprender a los nativos, produciéndose un enfrentamiento en el que éstos habrían desarmado a los efectivos policiales. A las 7:30 un contingente mayor, con el apoyo de dos helicópteros, lanzó bombas lacrimógenas, perdigones y balas para dispersar a los indígenas que ocupaban el lugar. Pese a la gravedad de este ataque, a decir de muchos de los testigos la dispersión evitó muchas muertes.

Muchos testigos informaron de una balacera que duró varias horas, con numerosos muertos y heridos en la carretera. La policía acordonó el lugar ocupado y según los testigos no permitió que nadie se acercara para retirar los cadáveres o auxiliar a los heridos. Solamente muchas horas después pudieron entrar los funcionarios de la fiscalía y de la Defensoría del Pueblo. Para entonces, según los testimonios recabados, habían desaparecido un número indeterminado de muertos y heridos.

Al conocer estos acontecimientos, organizaciones sociales de las ciudades cercanas de Bagua, Bagua Grande y Jaén se concentraron en las plazas urbanas para manifestarse indignadas por lo que estaba pasando e incendiaron algunas dependencias del gobierno y del partido oficial. Se reportó que la policía actuó como una fuerza de ocupación, apostando inclusive francotiradores que disparaban a la población.

“Nuestro grupo había decidido regresar a nuestra comunidad el día viernes” dice un nativo que estaba allí, “pero no sabíamos lo que iba a pasar. Vimos que la policía subía por arriba y tiraba bombas lacrimógenas. Nosotros no teníamos armas, sólo con lanzas, con piedras tratando de retenerlos. Yo estaba ahí viendo cómo caían mis amigos, vi a cuatro de mis amigos muertos. Vi que venían los helicópteros botando bombas lacrimógenas y disparando, vi cómo perseguían a la gente y los mataban”.

Los testimonios recogidos por los miembros de la misión de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) que visitó Perú del 16 al 20 de junio, señalan numerosos muertos, heridos y cuerpos desaparecidos en la carretera y algunos más en Bagua. Además se informó de la muerte de diez policías en la Estación de Petroperú, a 120 kilómetros de distancia, bajo circunstancias no esclarecidas. Allí un contingente de policías que resguardaba la estación había sido tomado en custodia por un grupo de indígenas que ocuparon el sitio mientras se resolvía el conflicto. Se acusa a los nativos de matar a los “rehenes” a sangre fría cuando fueron informados de que en la carretera la policía estaba matando a los indígenas.

Después de los acontecimientos del 5 de junio la prensa dio mucha cobertura a las demandas indígenas y el conflicto movilizó a distintos actores de un lado y de otro, creándose una creciente polarización en la opinión pública. En octubre de 2007 el presidente de la República publicó un escrito denominado “Síndrome del Perro del Hortelano”, donde señala que la identidad cultural de las comunidades indígenas es demagógica, que fue un error estatal darle tierra a gente pobre e improductiva y que en general dichas comunidades son parte del pasado y no del futuro nacional. No es sorprendente que estas afirmaciones produjeran un rechazo generalizado entre la población indígena y sus simpatizantes –que son muchos– en la sociedad peruana. En otros pronunciamientos el presidente y otros altos funcionarios acusaron a las organizaciones indígenas de estar manipuladas por intereses políticos extranjeros. Para desmantelar el liderazgo indígena y el activismo de numerosas organizaciones de la sociedad civil, el gobierno ha procedido a criminalizar la protesta social, acusando a distintos líderes de diversas conductas delictivas. Ante las presiones incesantes, el presidente de la Aidesep, Pizango Chota, fue obligado a buscar asilo en la embajada de Nicaragua, seguido por otros dirigentes indígenas.

El 11 de junio de 2009 varios miembros del Congreso realizaron una vigilia en protesta por el manejo político de los decretos legislativos en cuestión, pidiendo su derogatoria por completo. Frente a estos hechos, el pleno del Congreso decidió sancionar a siete de sus miembros por 120 días, entre ellos a la Coordinadora del Grupo Parlamentario Indígena. El 23 de junio se denunciaron nuevas detenciones de líderes indígenas en Bagua, durante el proceso mismo de reanudación del diálogo entre los nativos y las autoridades.

La información recibida por los miembros de la misión de la FIDH indicaba en un principio que el operativo policiaco constituía una auténtica masacre que había producido numerosos muertos y heridos, así como desaparecidos entre los indígenas aglomerados en la carretera bloqueada. Los diversos testimonios recogidos no permiten documentar sin lugar a dudas que esto haya ocurrido. Las informaciones proporcionadas por diversas víctimas y testigos de los acontecimientos del día 5 de junio apuntan más bien hacia un operativo policiaco de desalojo mal planeado y mal ejecutado, opinión que nos fue expresada también por algunos funcionarios gubernamentales. Hubo víctimas entre los indígenas, entre otros civiles desarmados y también entre los policías.

Los relatos sobre lo que realmente pasó durante esos días son divergentes y a veces contradictorios. Diez días después de los acontecimientos aún no existía una versión oficial de los mismos. A principios de julio, la Defensoría del Pueblo publicó un informe en el cual declara que tomó conocimiento de 33 personas fallecidas (23 efectivos policiales, cinco pobladores y cinco indígenas), 83 detenidas, 200 heridas atendidas en hospitales y mil 244 indígenas que retornaron a sus comunidades nativas, luego de haber sido empadronados por el Ministerio Público. Se tomó conocimiento del inicio de cuatro procesos penales, contra 84 imputados.

La misión de la FIDH, así como el Relator Especial para los pueblos indígenas de la ONU, han recomendado la constitución de una comisión independiente para investigar y esclarecer a fondo estos hechos de violencia, y proponen el diálogo y la negociación entre los indígenas y el gobierno para la solución de los problemas de fondo que tornaron violento el conflicto social.

Rodolfo Stavenhagen
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Fue Relator Especial para los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU (2001-2008) y miembro de la misión de la Federación Internacional de Derechos Humanos que visitó el Perú en junio de 2009, a raíz de los eventos narrados.