Defensoría espera que no haya mal uso de derecho a la consulta en campaña

(Ideeleradio, 24 de marzo de 2010).- Defensoría espera que no haya mal uso de derecho a la consulta en campaña

La Defensoría espera que en la campaña electoral no haya un aprovechamiento de los alcances que establece el Convenio de l69 de la OIT y el derecho los indígenas a participar en la toma de decisiones, afirmó Rolando Luque, adjunto para la prevención de conflictos sociales y la gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo.


“Esperamos que en la campaña electoral no haya un aprovechamiento de asuntos que son de Estado, que son históricos y que deben ser tratados con la mayor seriedad posible. De otro lado, las campañas también sirven para colocar temas importantes en la agenda y esperemos que este sea un tema de discusión, porque esto no se agota con el derecho a la consulta, hay una agenda histórica relacionada con los pueblos indígenas”, manifestó en el programa “No Hay Derecho” de Ideeleradio.

Indicó que la resolución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que demanda al Estado el cumplimiento del Convenio 169, es una preocupación por la lentitud que perciben para la aprobación de la ley del derecho a la consulta.

Comentó que la OIT ha incrementado el llamado de atención, pues entiende que con este mecanismo, se incorpora a indígenas de la Amazonía y del Ande, al tiempo que se reconoce su historia y su valor cuando se les incorpora como instrumento de decisión.

“Le corresponde al Poder Ejecutivo dar respuesta a esta recomendación, que no tiene carácter vinculante y que debe ser respondida en términos satisfactorios, es decir, ¿por qué es que hasta ahora no se está contando con un instrumento como ese, que venía a llenar un vacío de más de 15 años? En ese informe la exhortación principal es al cumplimiento del convenio”, señaló.

“Nuestro esfuerzo ha sido el de defender derechos y siempre tratamos de buscar la armonización de los derechos y en este caso, lo que más le conviene a la institución es ser respetuosa de los derechos fundamentales. Nada se sostiene más en el tiempo, nada es comprendido mejor que aquello que se hace respetando al otro, incorporándolo en lo beneficios, mostrando la información, de manera que le conviene tanto al inversor, al indígena, al Estado y a la sociedad en general, es contar con un instrumento como este”, apuntó.

Refirió, asimismo, que están a la espera del pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) sobre la acción de garantía que se presentó contra los decretos legislativos que se emitieron en el marco del TLC con Estados Unidos y que existen dos procesos en marcha: uno vinculado el Congreso y otro, al Poder Ejecutivo, sobre la consulta previa a las comunidades.

Consulta de medidas administrativas | Inicio
El defensor adjunto precisó que la ley que elabora el Parlamento no será una norma mínima que esté compuesta por unos cuantos artículos e insistió en la necesidad de que no se reduzca únicamente a la consulta de instrumentos legales que emanan del Poder Legislativo, sino también de medidas administrativas, tal como lo señala el Convenio 169.

“Es importante que en la identificación de los pueblos indígenas se tome en consideración los criterios objetivos y subjetivos que se señalan en el convenio, para poder saber cuál es esa población, pero lo que es más importante es, una vez dada esta ley, que no es sencillo implementarla, se requiere [por ejemplo] en el tema de interculturalidad pasar a prever prácticas interculturales”, señaló.

“Si se quiere buscar el acuerdo, se tiene que buscar procesos deliberativos el tiempo que sea necesario, asegurando la participación de las comunidades y de sus dirigentes, adaptando la consulta a esas formas de organización en la lengua de las comunidades, actuando siempre de buena fe”, añadió.

Se redujeron conflictos sociales | Inicio
Confirmó, además, que se ha reducido el número de conflictos sociales registrados por la Defensoría del Pueblo, pues en el informe de junio del 2009 se registraron 273 conflictos sociales, mientras que en el último informe, 252.

Detalló que las cifras demuestran que habría una mayor capacidad dialogante en el país, con mesas constituidas, estructuradas, con facilitadores, con una agenda y reglas claras para el intercambio de información y la intención de llegar a acuerdo.

“Son varios factores que han intervenido para que los conflictos disminuyan en el país. En primer lugar, hay una mayor capacidad del Estado para poder intervenir en los conflictos, hay un sistema por el cual los ministerios tienen oficinas que ven de manera especializada este tema, se le ha dado un rango mayor a la Oficina de Gestión de Conflictos Sociales, eso lo da un peso político y mayores recursos”, explicó.

“Por otro lado, algunas empresas mineras o petroleras han comprendido que es necesario tener oficinas de reracionamiento con las comunidades, de modo que los problemas pueden ser discutidos, aunque no ocurre en todos los casos. […] También debe de haber intervenido el tema coyuntural y solo digo en términos conjeturales, lo ocurrido en Bagua, que tiene un impacto a nivel subjetivo y psicológico que debió haber retraído a muchos de los actores de propiciar movilizaciones porque hay este enorme riesgo de tener este desenlace”, añadió.

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