Urgente: Desde la Amazonia indigena del Peru firme y categorico rechazo a nefasto decreto legislativo

Iniciativa legislativa (1015) del Ejecutivo, actuando como Gobierno de facto, intenta imponer la parcelación y propiedad individual en territorios de Comunidades de Pueblos indígenas en todo el Perú y promover la invasión de intereses de grupos económicos, al más puro estilo de la dictadura militar chilena a fines de la década de los 70.

Desde la amazonía, los referentes organizacionales indígenas, articuladores de comunidades y federaciones, han manifestado su categórico rechazo a tal iniciativa e inician una serie de acciones y movilizaciones para frenarla, con llamados urgentes a la unidad y a la solidaridad.

Marchas y movilizaciones, acciones legales por inconstitucionalidad, denuncias internacionales, campañas de firmas, son algunas de las reacciones que están sosteniendo diversas representaciones indígenas en todo el Perú para frenar un nocivo decreto legislativo (1015) que intenta imponer coactivamente la división de tierras indígenas comunitarias en todo el Perú, lo que causaría su desprotección y enajenación en pro y beneficio de grupos económicos que tienen intereses privados, principalmente para las industrias extractivas.

Dicho Decreto, asumido por el ejecutivo con pseudas facultades legislativas al más puro estilo de un Gobierno de Facto, busca promover la inversión privada de grandes grupos económicos en territorio de pueblos indígenas, atentando a sus derechos de tierras, territorios, de recursos naturales, bienestar social y de consentimiento previo, libre e informado, como parte de su libredeterminación.

Así lo han manifestado desde la Región de Ucayali la organización ORAU (Organización Regional AIDESEP Ucayali), quienes a través de su directiva, presidida por Daysi Zapata y los dirigentes Alejandro Bautista, Milton Silva y Lizardo Cauper, entre otros, salieron al paso ante tal imposición manifestando su categórico rechazo y anunciando una serie de movilizaciones. En efecto, una de sus primeras reacciones es la convocatoria que están haciendo para el día 6 de junio, junto a federaciones y Comunidades, quienes, en coordinación a otros referentes locales como el Foro permanente de los Pueblos indígenas, se encuentran convocando a una marcha en la Ciudad de Pucallpa, con un urgente llamado a la unidad de los Pueblos y a la solidaridad.

ORAU se encuentra activamente trabajando con sus Federaciones asociadas para rechazar el Decreto legislativo 1015, informando debidamente a sus socios sobre los alcances y consecuencias, las que no solo serían nefastas para la existencia de los diversos Pueblos Indígenas en la Amazonía, sino además, impulsaría de manera progresiva y sistemática la destrucción de la selva amazónica, territorio único e invaluable en el mundo por su biodiversidad y ecosistemas, vital para el planeta y la humanidad.

La iniciativa legislativa del Gobierno de Alan García, hizo recordar la Dictadura del Gobierno Militar de Pinochet en el vecino País Chile, quien gobernó desde 1973 a 1989. Dicha dictadura a través de Decretos Leyes a fines de la década de los 70, impuso una masiva división de las tierras de las comunidades indígenas, principalmente del Pueblo Mapuche, atentando a sus derechos colectivos y causando la perdida de miles de hectáreas que fueron a dar a manos de particulares y grandes empresas. Hoy, los efectos de esa política dictatorial se reflejan en el minifundio, empobrecimiento y graves daños sociales, culturales y ambientales a las comunidades, cuyas familias sobreviven en micro parcelas, continuando una masiva emigración a las urbes.

Posición de AIDESEP

El vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Robert Guimaraes, señaló a la agencia internacional IPS que el decreto legislativo fomenta la desarticulación del sistema de propiedad colectiva los pueblos indígenas, sin considerar que "somos un país multicultural".

"Los indígenas tenemos una visión distinta del territorio porque para nosotros es un bien colectivo, no individual, y además está relacionado a costumbres y valores culturales", explicó Guimaraes, quien viajará la primera semana de junio a Washington para solicitar una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Aidesep, que prepara el sustento legal de la demanda de inconstitucionalidad, señala que el decreto viola el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que exige a los Estados consultar a los pueblos indígenas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas que puedan afectarlos.

El cuestionado decreto atenta también a la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas que fue aprobada por el Estado Peruano el 13 de Septiembre del 2007, sin embargo, contraria a su postura e imagen internacional, en términos locales y prácticos, el Gobierno se está dedicando a violar los derechos indígenas, según han denunciado las organizaciones opositoras.

La norma también viola varios artículos de la Constitución, que establecen que las comunidades son autónomas en su organización, y garantizan la propiedad comunal.