Estado peruano deberá informar a la ONU por contaminación social y ambiental a indígenas en la Amazonía ¿Dará la cara el Gobierno?

Desde hace algunos meses, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), a través del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, expresó su preocupación al gobierno peruano por el alto nivel de contaminación y degradación ambiental, producto de las actividades industriales en los territorios de los pueblos indígenas. Por ello, esa comisión demandó que el Ejecutivo informe sobre el derecho a la consulta y participación de los pueblos indígenas y el monitoreo del impacto ambiental en el Perú.

Asimismo, criticó en su oportunidad la lentitud de la empresa petrolera Pluspetrol para enfrentar la grave contaminación que afecta a los indígenas de las Pueblos ashuar, quichua y urarina que habitan en las riberas del río Corrientes, por lo que invitó a una delegación representativa del Estado peruano para asistir al 73° periodo de sesiones –del 28 de julio al 15 de agosto en Ginebra, Suiza– y explicar los hechos que vienen afectando a los pueblos indígenas.

El panorama que enfrenta la Amazonía a consecuencia del conflicto de las industrias de hidrocarburos, controlado por empresas transnacionales, es producto de que el Estado peruano les ha concedido lotes que abarcan cerca del 75 % de toda la selva amazónica, las que se encuentran en proceso de explotación, exploración o negociación, siendo unas 55 millones de hectáreas que se encuentran en esta situación, muchas de las cuales se sobreponen a tierras de comunidades y de pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Tampoco se ha considerado el Derecho a consulta a las Comunidades Nativas ni menos el del consentimiento previo, libre e informado. Demás está decir que viven con inminentes riesgos a sus vidas.

El caso de Corrientes, fue un derrame el año 2006 en el alto amazonas en el río con ese nombre, con impactos a todo el ecosistema del lugar y la contaminación a más de 8.000 personas de los pueblos indígenas del lugar. Casos de intoxicación en la sangre, huesos, sistemas nerviosos, órganos con materiales pesados como el plomo o cadmio, como consecuencia de filtraciones de hidrocarburos y vertimientos de aguas saladas de crecimiento en el río y sus afluentes ocasionado por una empresa transnacional Pluspetrol, son el fiel reflejo de lo que está ocurriendo.

A esto se debe agregar que en este último tiempo, diversos llamados de alerta y de emergencia han realizado organizaciones indígenas desde la amazonía ante las atrocidades y atropellos sistemáticos a sus Derechos Humanos como Pueblos indígenas, ante la consecuencia de las políticas, acciones e inacciones del Estado peruano que han causado las arremetidas de sicarios madereros que siguen descontroladamente devastando los territorios indígenas y atentando contra derechos fundamentales de las comunidades, incluso atentando o amenazando derechos tan esenciales como es la vida de las personas principalmente de sus lideres.

De la superficie Amazónica, más de nueve millones de hectáreas han sido devastadas por la tala irracional y descontrolada ante la avanzada de numerosos madereros ilegales, destruyendo sus fuentes de vida, biodiversidad, atentando al sustento de las Comunidades indígenas y atentando a los espacios y reservas donde habitan indígenas que se encuentran en aislamiento voluntario y que son negados en su existencia por el Gobierno y Empresarios. Varios indígenas en la amazonía han sido asesinados en manos de madereros ilegales.