miércoles, 17 de septiembre de 2008

Congresistas y Sociedad Civil trabajan en Nueva Ley Forestal para derogar y reemplazar el atentatorio Decreto Legislativo 1090



  • Audiencia Pública promueve participación activa de indígenas y demás actores para evitar conflictos sociales

No existe en el Perú un modelo de desarrollo forestal claro que permita orientar la normatividad de manera estratégica con visión de país, con enfoque ecosistémico y articulado al desarrollo sostenible, y para generarlo es necesaria la participación activa de todos los actores involucrados. Esta fue la conclusión principal de la Audiencia Pública para analizar el DL 1090 o Ley Forestal y discutir una nueva propuesta de ley con una amplia participación de los sectores afectados.

Además de los congresistas Róger Nájar, Elizabeth León Minaya, Hilaria Supa y Gloria Ramos, participaron como panelistas Hugo Che Piu de Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR), Robert Guimaraes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Iván Lanegra del Gobierno Regional de Junín, Edgardo Lizárraga ex-Intendente Forestal del Inrena, Roly Baldoceda de la Universidad Nacional de Ucayali, José Álvarez del Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP), Decano de la FCF UNALM Ing. Milo Bozovich y el Intendente Nacional Forestal y de Fauna Silvestre del Inrena, Rafael Ramírez. El evento estuvo moderado por Sandro Chávez, del Colectivo Forestal, agrupación que reúne a representantes de la sociedad civil, expertos, ONGs y forestales. El evento estuvo moderado por Sandro Chávez, del Colectivo Forestal, agrupación que reúne a representantes de la sociedad civil, expertos, ONGs y forestales.

Si bien el análisis reconoció algunos aportes importantes del DL 1090 – que fuera parte del paquete de decretos emitido por el Ejecutivo bajo el argumento de adaptar las regulaciones peruanas al TLC con Estados Unidos – los panelistas y el público coincidieron en que graves errores de fondo y de forma invalidan esta norma y por tanto debe ser derogada inmediatamente.

La única excepción fue la participación del Intendente Nacional Forestal y de Fauna Silvestre del Inrena, Rafael Ramírez, quien luego de agradecer los aportes de los participantes, defendió lo que considera las bondades del decreto.

"En Inrena no somos un grupo de delincuentes. Sabemos que hay problemas de corrupción, pero estamos trabajando en ello," precisó. Entre las críticas más duras al DL 1090, se resaltó su inconstitucionalidad por no haberse consultado con las comunidades indígenas tal como lo exige el Convenio 169 de la OIT del cual el Perú es signatario. Además, los expertos explicaron que este decreto aumenta la permisividad para la comercialización de madera de origen controversial, institucionalizando la ilegalidad y todos los conflictos sociales que ello implica.

Se coincidió además en que este decreto no es un avance respecto de los compromisos asumidos por el Gobierno Peruano frente a la implementación del TLC y por el contrario lo pone en riesgo al retroceder respecto al proceso de descentralización en la gestión y control forestal y debilitar la autoridad forestal nacional. La Congresista Elizabeth León Minaya presentó a debate público el proyecto de ley 2691 de Ley Forestal y de Fauna orientada al desarrollo sostenible del país, con base en las propuestas de diferentes sectores.

"El proyecto busca garantizar la conservación y aprovechamiento sostenible de recursos forestales y contribuir al desarrollo nacional sostenible, al proceso de reforma del estado, a la democratización, a la descentralización y a la participación ciudadana," explicó. Además, amplía la definición de recurso y patrimonio forestal a las tierras para producción y protección forestal – mientras que el DL sólo considera a las de protección – y define como Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre al Ministerio del Ambiente – mientras el 1090 proponía en ese cargo al Ministerio de Agricultura.

El Congresista Róger Nájar, Presidente de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología – quien convocó a la Audiencia Pública – anunció que se realizará una ronda de audiencias públicas descentralizadas para seguir analizando la norma desde el interior del país y recoger todas las opiniones.

"Si se aprueba el reglamento del DL 1090 y entra en vigencia, me temo que se producirán muchos conflictos sociales. Por eso yo le pediría a los representantes de Inrena aquí presentes que por favor no publiquen el reglamento hasta que tengamos una versión consensuada de la ley que no sea un embudo con la boca ancha para el inversionista extranjero y la boca angosta para las comunidades y los pobladores locales," expresó el congresista. "Yo quiero preguntar al señor del Inrena por qué no llamaron a los Pueblos Indígenas para conversar," reclamó la congresista Hilaria Supa haciendo referencia a la falta de consulta del gobierno con las comunidades antes de dar una norma que los afecta, según manda el Convenio 169 de la OIT y que tiene rango constitucional.

"Este decreto no sólo afecta a la selva y a los indígenas, sino a todo el país. Aquí sólo se discute la sostenibilidad económica, pero yo no veo en el decreto nada sobre la sostenibilidad social o cultural. ¿Dónde están los sabios que han hecho este decreto? Nuestros ancestros nos enseñaron a respetar la tierra, el agua y el aire. No puede ser que ahora por un TLC vamos a destruir todo," insistió.

La Congresista Gloria Ramos resaltó que el DL 1090 ignora totalmente a las comunidades indígenas y campesinas. "¿Qué queremos hacer con nuestras comunidades indígenas? ¿Eliminarlas o recluirlas en reservas para dedicar sus tierras a producir para exportar al primer mundo? No queremos seguir repitiendo la historia del caucho. No queremos que los indígenas sean peones, si no socios," declaró.

Fuente: Colectivo Forestal Perú

1 comentarios:

Julio César Fernández 16 de julio de 2010, 15:50  

Creo que los que manejan este tipo de negocios nos les importa la gente perjudicada, ni los indigenas,eso queda para conciencia de nosotros y debemos tenerla.

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Es una iniciativa colectiva que se basa en las comunicaciones como herramienta para el ejercicio de derechos de los pueblos indígenas.

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