Contraloría interviene al INRENA por beneficiar tala ilegal

(La Voz de la Selva).- La Contraloría General de la República decidió intervenir al Instituto Nacional de Recursos Naturales (Inrena) para investigar y realizar la auditoria correspondiente a la gestión de altos funcionarios comprometidos con beneficiar a taladores ilegales.

“No sólo lo del Yavarí es escandaloso. Hay otros concesionarios que sacan madera fuera de sus parcelas de manera ilegal. Las autoridades deberían ser más firmes” indicó Paul McAuley, presidente de la Red Ambiental de Loreto (RAL).

“Los beneficiados con esta escandalosa decisión son poderosos madereros, dedicados a la extracción ilegal de especies maderables, como caoba y cedro. Estamos hablando de 120 millones de soles”, señaló, el hermano Paul.

Recordemos que el 23 de setiembre, en La Voz de la Selva Noticias y posteriormente en conferencia de prensa se hizo pública la denuncia contra los actuales funcionarios de Inrena-Lima, encabezados por José Luís Camino Ivannisevich, Jefe nacional de esta institución.

En la denuncia se hablaba de miles de metros cúbicos de cedro y caoba, maderas en peligro de extinción, y que por su calidad tienen un alto precio en el mercado nacional e internacional. Estas especies han sido extraídas ilegalmente por 11 concesionarios forestales de la región Loreto, concretamente de la zona del Yavarí, entre mayo del 2006 y abril del 2007.

De acuerdo a documentos oficiales del INRENA los concesionarios forestales incurrieron en delitos graves ya que durante la inspección ocular a sus concesiones no se encontraron indicios de trabajos de censo ni de actividades de aprovechamiento. Del mismo modo no se ha constatado la delimitación de la Parcela de Corta Anual descrita en el Plan Operativo Anual.

Además, el informe de los inspectores de Inrena señala: “No se ha encontrado árbol ni tocón de cedro, ni otras especies que muestran evidencias de ser censados, con lo cual queda evidenciado que la información presentada por el titular de la concesión forestal de contrato es falso”.

Esto corrobora la afirmación en el sentido que la madera extraída por los 11 concesionarios supervisados, es ilegal, por lo que la madera fue inmovilizada en noviembre de 2007.

Pero ese no era el único motivo para que Inrena proceda a inmovilizar la madera. Según la Séptima Disposición Complementaria de la Ley 27308 se dispone declarar en veda por diez años, la extracción de las especies maderables caoba (Switenia macrophylla) y cedro (Cedrela odorata) en las cuencas de los ríos Putumayo, Yavarí, Tamaya y el Purús, así como en otras áreas declaradas o por declararse mediante Decreto Supremo.

Pero, para sorpresa de todos, la jefatura nacional del Inrena decidió sacar del puesto al entonces Intendente Forestal y de Fauna Silvestre, Edgardo Lizárraga Leguía quien había dispuesto la inmovilización de la madera extraída en forma ilegal de la cuenca del Yavarí, frontera con Brasil.

Igual suerte corrió Nélida Barbagelata Ramírez, Administradora Técnica Forestal y de Fauna Silvestre de Iquitos, quien fue la encargada de aplicar sanciones administrativas contra los concesionarios de la cuenca del Yavarí.

En marzo de 2008, el nuevo jefe de Inrena, José Luís Camino Ivannisevich, publicó en el diario oficial El Peruano la resolución jefatural Nº 076-2008, mediante la cual deja sin efecto la resolución que había dispuesto inmovilizar la madera en la cuenca del Yavarí, porque, según señala, la veda dispuesta en la Ley 27308 no alcanza a concesiones donde existen planes de manejo.

Sin embargo, Camino Ivannisevich no tomó en cuenta las inspecciones donde se confirma que la madera tiene procedencia ilegal ya que no fueron extraídas de las concesiones en la cuenca de Yavari.

La dudosa actuación de los nuevos funcionarios nacionales de Inrena se evidencia con el nombramiento de Antonio Pesantes Rebaza como Administrador Técnico Forestal de Iquitos, cuando éste ocupada el cargo de Director Nacional de Administración y Control Forestal de Inrena.

Pesantes Rebaza solo estuvo un mes en el cargo, tiempo en el cual sacó la resolución administrativa 024, mediante el cual ejecuta la orden emanada desde Lima, es decir devolver la madera ilegal a los 11 concesionarios forestales, consumándose así la ilegalidad.