Denuncian que el Estado obstaculiza el desarrollo en la Amazonía

(AIDESEP), 30 de octubre de 2008. FECONACO y AIDESEP, en conferenciad de prensa, criticaron la burocracia estatal que está impidiendo cumplir con las obras pactadas desde hace dos años para reparar los daños de salud y ambientales ocasionados por la explotación petrolera en la zona del río Corrientes y que fue suscrita en el Acta de Dorissa.

"Quiero denunciar al presidente de la República (Alan García) por la falta de voluntad política para implementar políticas públicas que garanticen el buen manejo de los recursos naturales del país, para que no afecten a los pueblos indígenas de la Amazonía", enfatizó Roberto Guimaraes, vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana - AIDESEP.

En octubre de 2006, el Gobierno central y la empresa Pluspetrol Norte se comprometieron a mejorar las condiciones de vida de los afectados por la explotación petrolera e iniciar la recuperación de las aguas del río Corrientes, situado en el departamento amazónico de Loreto. El acta fue firmada después de que más de 300 nativos achuar ocuparan varios pozos petroleros, en protesta por la contaminación causada por Pluspetrol en las aguas del río Corrientes, en cuya cuenca se asientan las comunidades indígenas, y los presuntos daños a la salud de los pobladores.

El presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Río Corrientes – FECONACO, César García Sandi, manifestó que Pluspetrol se comprometió en esa fecha a donar 40 millones de soles (unos 13 millones de dólares) y el Gobierno otros 11 millones (3,5 millones de dólares).

Esos fondos servirían para implementar un plan de salud y otro de desarrollo social, pero hasta la fecha "no se ha mejorado nada", acotó García Sandi.

En consecuencia, los 32 "Apus" (jefes) de las etnias achuares del río Corrientes decidieron que van a exigir al Gobierno que "se cambie la parte administrativa" para que esos fondos sean manejados por alguna institución designada por ellos. No obstante, García Sandi reconoció algunos avances de Pluspetrol como la reinyección de las aguas contaminadas.

Las comunidades achuares acusan a la petrolera estadounidense Occidental Petroleum Corporation (Oxy), la estatal peruana Petroperú y la argentina Pluspetrol de aniquilar a la población indígena con el mal manejo de los residuos tóxicos, que son vertidos en los ríos desde hace más de tres décadas.

De acuerdo a la información que entregó AIDESEP, el 66 por ciento de los menores que viven en las orillas del río Corrientes presentan altos índices de plomo en la sangre, mientras que casi la totalidad registra grandes cantidades de cadmio.