Estado Peruano: Entre Represión, Militarización, criminalización y genocidios en contra de los Pueblos

La política referida a los Derechos Humanos ejercida por el gobierno actual, transgrediendo los estándares internacionales asumidos por el Estado Peruano ante organismos internacionales, se ha caracterizado por: incremento de detenciones arbitrarias y abusos policiales, amenazas a la libertad de expresión y asociación, seguimiento a dirigentes/tas ambientalistas y gremiales...

...asimismo, persecución a dirigentes/tas político sociales, militarización de los conflictos sociales, inimputabilidad de militares, policías y serenazgos, creación de la figura jurídica de extorsión para reprimir las movilizaciones, distorsión de la noción de flagrancia, mayores facultades para reprimir otorgadas a la policía, y violación al debido proceso.

¡NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL,


RESPETO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN


Y LOS DERECHOS HUMANOS!




Los y las representantes de las organizaciones sociales asistentes al Encuentro Nacional denominado “No a la Criminalización de la Protesta Social, por el Derecho a la Libertad de Expresión”, organizado por la Coordinadora de Derechos Humanos y APRODEH en la ciudad de Lima los días 5 y 6 de diciembre del presente año, nos dirigimos al país para expresar lo siguiente:




1. La crisis del sistema económico y financiero de los países desarrollados, producto del colapso del modelo neoliberal, afectará indudablemente la economía del país. Los más afectados serán los sectores sociales menos favorecidos y empobrecidos por las políticas neoliberales de los últimos gobiernos, especialmente el actual, quien irresponsablemente no ha elaborado un plan de contingencia pertinente.


2. Evidenciando su política continuista neoliberal, y en afán de representar los intereses de las grandes corporaciones transnacionales y del empresariado del país, el poder ejecutivo a través de la delegación de facultades otorgadas por el legislativo, promulgó 11 decretos legislativos, los cuales son parte de un proceso de criminalización de la protesta social.


3. La política referida a los Derechos Humanos ejercida por el gobierno actual, transgrediendo los estándares internacionales asumidos por el Estado Peruano ante organismos internacionales, se ha caracterizado por: incremento de detenciones arbitrarias y abusos policiales, amenazas a la libertad de expresión y asociación, seguimiento a dirigentes/tas ambientalistas y gremiales, persecución a dirigentes/tas político sociales, militarización de los conflictos sociales, inimputabilidad de militares, policías y serenazgos, creación de la figura jurídica de extorsión para reprimir las movilizaciones, distorsión de la noción de flagrancia, mayores facultades para reprimir otorgadas a la policía, y violación al debido proceso.


Entre algunos casos de criminalización de la protesta y violación a los derechos humanos, están los siguientes:




· 78 dirigentes sociales procesados de Cusco por defender el patrimonio cultural.


· 54 procesados en Tambogrande, Piura por defender el medio ambiente.


· 33 dirigentes/tas procesados de la Alianza de Federaciones e Indígenas de Madre de Dios, AIDESEP y CGTP por haber convocado a un paro regional en defensa del medio ambiente.


· 22 ciudadanos procesados de la provincia de Mariscal Nieto, Moquegua por defender los derechos al canon y al cuidado del medio ambiente. 05 dirigentes del Frente de Defensa de Moquegua procesados por el paro regional.


· 40 procesados y 03 muertes en Tacna por defender el derecho al canon minero.


· 02 indígenas de la Comunidad de Andoas, Loreto detenidos injustamente por defender sus derechos frente a la empresa Pluspetrol.


· 12 dirigentes de Pichanaki, de la Cumbre Amazónica son procesados por protestar contra los Decretos legislativos de la selva.


· 16 trabajadores de FENTASE procesados por participar en una huelga realizada el 07 de agosto en el local de la DREL, Lima.


· 300 personas procesadas en Huancabamba por defender sus derechos frente a la minera Río Blanco Cooper S.A.


· 23 dirigentes procesados de la Comunidad Campesina de Oyon, Lima por demandas contra la empresa minera Los Quenoales.


· 50 dirigentes de la comunidad de Santa Ana de Tusi, Cerro de Pasco procesados por denunciar actos de corrupción en el gobierno central.


· 12 dirigentes procesados del Frente de Desarrollo y Defensa del patrocinio de la Provincia de Huarmey, Ancash por exigir sus derechos frente a la Compañía minera ANTAMINA.


· 05 dirigentes de los Frentes de Defensa de Huamanga y Huanta de Ayacucho y 01 agricultor asesinado.


· Asesinato de una dirigente de FEMUCARINAP en Junín por defender los derechos medioambientales y la soberanía alimentaria.




4. En ese sentido, ante esta grave violación a los derechos humanos, los y las representantes de las organizaciones sociales, proponemos:


Ø Derogatoria de los decretos legislativos que criminalizan la protesta social por ser inconstitucionales.


Ø Anulación de los juicios para los procesados/das y sentenciados/das por hechos relacionados a la criminalización de la protesta social.


Ø Respeto irrestricto de los derechos humanos.


Ø Comprometer a la población y sus organizaciones para que se sumen en la defensa de los derechos humanos y frenar la política represiva del gobierno al criminalizar la protesta social.




5.- Saludamos la liberación de Fredy Palomino Ñahuero, Presidente del Frente de Defensa de Pichanaki y la absolución de 74 ciudadanos campesinos y campesinas procesados, de la provincia de Espinar, departamento de Cusco, por defender los derechos a un medio ambiente, proceso penal iniciado en el 2005 por la empresa minera BHP Billiton Tintaya.




¡NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL, SÍ A LOS DERECHOS HUMANOS!




Lima, 06 de diciembre de 2008




ü Roberto Guimares Vásquez, AIDESEP


ü Alejandro Tintaya Felix, Secretario de Derechos Humanos. CGTP


ü Hugo Blanco Galdós CCP


ü Milton Mercado Apaza, FENAMAD, Madre de Dios


ü Héctor Mamio Imano, CGTP Madre de Dios


ü Efraín Yepez Concus, Frente de Defensa de Cusco


ü Sixto Alverca Cruz CONACAMI


ü María Alejandra Valle. FEDIP – Moquegua.


ü Serapio Ramosnina – Presidente del Frente de Defensa de Candarave – Tacna.


ü Gomer Vargas Cueva, Alcalde de Huambocancha Baja . Cajamarca.


ü Johnny Huarina Robles, FENTASE


ü Pablo Conde Mamani, CORECAMI – Tacna


ü Juan Contreras Mendoza, Secretario de organización de la CGTP


ü Sandros Vasquez Chávez, Secretario de Rondas Campesinas CCP


ü Roberto López, Secretario colegiado CCP


ü Lorenzo Pino García CGTP – Junín


ü Marcelina Vargas Quispe, Secretaria colegiado de la CCP


ü Guadalupe Hilario Rivas, FEDECIJ , Junín


ü Celina del Carpio Vásquez CUT


ü Lourdes Huanca Atencio, FEMUCARINAP


ü Rosa Ojeda Chávez , FEMUCARINA , Junín


ü Odilón Huaraya Labra, CORECAMI, Cusco


ü Dolores García Juárez FDVST


ü Jorge Malca Chávez CGTP


ü Hilda Huaman Huamaní, CORECAMI Arequipa


ü Mónica Noñunca Cacya CUT


ü Wilbert Bonilla Yaranga, CGTP Ayacucho


ü Jorge Salazar Tolentino , CUT, Lima Provincia


ü Alberto Angulo Mondragón, CUT Loreto


ü Lilina Palacios Torres, Flora Tristan


ü Maritza Mar Espinoza, FEMUCARINAP


ü Luis Benegas Rojas FDVST


ü Elvis A. Huallpa CONACAMI


ü Rosa Ojeda Chávez, FEMUCARINAP


ü Obdulia Guevara Negra, SINTRAHOGAR


ü Gustavo Adolfo Gutiérrez Vigil . CGTP


ü Equipo Red autónoma de Comunicación "Ucayali"


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DIRIGENTES SOCIALES PARTICIPAN EN ENCUENTRO NACIONAL


CONTRA LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA




Dirigentes de diversas partes del país que afrontan procesos o investigación por su participación en movilizaciones sociales se reunirán en un Encuentro Nacional denominado “No a la criminalización de la protesta social. ¡Por el derecho a la libertad de expresión!”, que se lleva a cabo desde hoy viernes 5 hasta mañana sábado 6 de diciembre, en el local de CONAFOVICER (Carretera Central, Km. 9 - Huachipa).


Por la tarde del sábado, a las 3:30 pm, se ha programado un encuentro con la prensa a fin de dar a conocer los alcances de los procesos y las acciones legales sobre los casos abajo mencionados, así como los planteamientos de las organizaciones sociales respecto del contexto de criminalización que los afecta.


Como se recuerda, el 22 de julio de 2007, el Poder Ejecutivo, haciendo uso de las facultades que le otorgó el Congreso para abordar el problema de la inseguridad ciudadana, aprobó los Decretos Legislativos 982, 983, 988, 989. Estos Decretos Legislativos, que sobrepenalizan y convierten en ilegales las acciones de protesta social, vulnerando así los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a la libertad de pensamiento y expresión, a la libertad de asociación, reunión, el derecho a huelga y el derecho a la protección judicial.


Al respecto, en el mes de mayo, APRODEH, CGTP, CCP, CONACAMI, CUT, CCI, PDTG y otras organizaciones gremiales, estudiantiles, campesinas e indígenas, entregaron al Tribunal Constitucional, una acción de inconstitucionalidad contra estos decretos por vulnerar los derechos fundamentales.




Relación de casos:


Lot Saavedra Carrasco, ex alcalde de la municipalidad de San Sebastián de Choropampa. A raíz de los cuestionamientos que realizó por la contaminación ambiental de su localidad, se le inició proceso por delito de Colusión Desleal y contra la Fe Pública. Actualmente Saavedra se encuentra libre de todo cargo, sin embargo, tuvo que pasar un largo y penoso proceso de poco más de 7 años, luego de los cuales la Corte Suprema archivó su caso en forma definitiva por falta de pruebas, en el 2008.


Luis Paredes, Luis Trinidad, Giancarlo Trinidad, Roxana Romero, Silvia Tello y Guillermo Bermejo pertenecen al colectivo “Todas las Voces”. Ellos fueron acusados por supuesto delito de terrorismo, y fueron detenidos por participar en el Congreso Continental Bolivariano en el año 2006, a pesar de haber renunciado a éste, y sólo por ser un grupo de izquierda y manifestarse contra el TLC, a favor de la extradición de Fujimori y otros temas. Fueron detenidos el 29 de diciembre de 2006 y liberados el 10 de enero de 2007 por falta de pruebas, pues se les acusaba de pretender atentar contra la residencia del embajador de Estados Unidos en el Perú. Posteriormente se les quiso investigar por pertenecer a una presunta organización subversiva, pero el 2do. Juzgado Supraprovincial declaró No Ha Lugar la apertura de dicha investigación, el 10 de marzo de 2008.


Abel Zavaleta Ortiz, estudiante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue detenido el 11 de julio de 2007 en una movilización organizada por la CGTP, CUT, SUTEP, FTCCP, cuando luego de filmar la manifestación, prestó declaraciones para un medio televisivo venezolano. Zavaleta fue puesto en libertad el 12 de julio de 2007, sin embargo se le ha aperturado proceso por delito contra la tranquilidad pública, violencia y resistencia a la autoridad en forma agravada, delitos que no han sido probados hasta la fecha.


Javier Diez Canseco, ex congresista de la República quien fue detenido en la Comisaría de San Isidro el 12 de julio de 2007, cuando se apersonó a la misma para indagar sobre un grupo de profesores del SUTEP que habían sido detenidos arbitrariamente por efectivos policiales. Ese mismo día, en horas de la noche, fue puesto en libertad, sin embargo se le abrió investigación policial. A la fecha, el fiscal a cargo ha decidido archivar el caso por considerar que no hubo detención arbitraria y por consiguiente tampoco hubo delito de abuso de autoridad, justificando la detención de Diez Canseco.


Carmen Azparrent Rivero, Secretaria de la Mujer de la CGTP, fue detenida en febrero de 2008 junto a otras cinco personas, por haber participado en un Congreso en Quito, Ecuador. Se les acusó de pretender realizar supuestos atentados contra las cumbres a realizarse este año en Lima, sin embargo nunca se probó ningún atentado, y pese a haber sido liberada en mayo, a la fecha se le acusa de estar relacionada con las FARC y el MRTA.


Humberto Paredes y Francisco Cantoral, dirigentes detenidos el 17 de marzo de 2008 en Pichanaki y Chanchamayo respectivamente, por participar en una protesta social debido a una noticia falsa sobre la Ley de la Selva. Aunque fue revocada su orden de detención y captura, el 30 de septiembre de este año, a la fecha el proceso continúa en investigación.


Fredy Palomino Ñahuero, Presidente del Frente de Defensa y Desarrollo de los Agricultores y Comunidades Nativas de la Selva Central, estuvo injustamente detenido durante tres meses por los presuntos delitos de usurpación agravada y tenencia ilegal de armas, tras su participación en las movilizaciones del Frente de Defensa de Pichanaki, el 17 y 18 de marzo de 2008, contra la llamada Ley de la selva. Sin embargo, la Sala Mixta de la Merced, Chanchamayo, cambió el mandato de detención por el de comparecencia, porque se demostró que Palomino nunca fue propietario del arma y que esta habría sido colocada por efectivos policiales al momento de su intervención.


Julia Cuadros Falla, subdirectora de la ONG “CooperAcción” quuien trabaja temas relacionados a medio ambiente y minería, el 24 de marzo de este año, presentan una denuncia por delito de terrorismo por apoyar en la consulta popular para decidir la acción de la Minera Majaz en la sierra de Piura, contra ella y los organizadores de dicha consulta vecinal. Dicha consulta dio como resultado el rechazo a la acción de la minera.