Empresa Pacific Stratus Energy niega el derecho al Consentimiento Libre, Previo e Informado del Pueblo Matsés

No sólo los pueblos indígenas tienen derecho a la consulta, sino también al derecho al consentimeinto libre, previo e informado. Es así que a pesar no contar con una legislación nacional adecuada que implemente el ejercicio de estos derechos, el Gobierno peruano se encuentra en la obligación de dar cumplimiento a los dos documentos más importantes que los sustentan.

Si bien el Convenio 169 de la OIT sustenta la realización de una consulta de acuerdo a lo estipulado en su Artículo 15.- Inciso 2.- En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras; la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas firmada por el Perú indica en su artículo 32.- Inciso 1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos.
2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo.

En esta línea, lo indicado por los representantes de la empresa carece de sustento y atenta contra los derechos colectivos del Pueblo Matsés.

(El Comercio, 14 de diciembre de 2008).- Fue un desbordado choque cultural el ocurrido entre los ríos Yaquerana y Gálvez, al sureste de Loreto, en la frontera con Brasil. El miércoles 3 de diciembre Víctor Suárez, coordinador ambiental de la empresa canadiense Pacific Stratus Energy, llegó al gran congreso de los matsés que se realizaba en el poblado de San José de Añushi, donde estos decían "clausurar" su posición contra la inminente exploración de hidrocarburos en su territorio. Y en esta comunidad de cazadores y recolectores, Suárez expresó en voz alta que venía a buscar el "diálogo". Diálogo: paradójica palabra en castellano que, sin un traductor, no entendieron los ancianos apus de los 14 anexos y sus mujeres mitayas (cazadoras y guerreras) que solo vieron luego el dedo acusador de Suárez dirigido hacia Ángel Uaqui Dunú, el líder comunal de 30 años, "por haberte escondido del diálogo".

Era el primer encuentro con los indígenas luego de que el Estado le adjudicara en noviembre del 2007 a la petrolera los lotes 135 y 137 que se ubican en sus tierras comunales, de cuyos problemas informó este Diario el 14 de julio de este año. Antes solo había habido una infructuosa reunión en la mestiza ciudad de Angamos, sin presencia de los comuneros, que ahora se habían hecho traducir letreros adversos y acusaban a "los petroleros de empezar el contacto por anexos y no con la junta directiva para dividirnos. ¡Y no nos han consultado como manda la ley!".

DESBORDE SIN IDIOMA

Víctor Suárez se encontraba en Angamos para hallar un local de enlace de la Pacific y fue invitado por la misma comunidad a este congreso. Antes de ingresar había declarado: "Vengo a disculparme porque desde un primer momento ha habido una mala política de acercamiento. Pero ha sido la subcontratista (contratada para los estudios de impacto ambiental), no la empresa".

Entre los matsés son estrictas las normas de cortesía y reciprocidad (en su idioma no existe la palabra "gracias", porque el dar y recibir son obligatorios) y Suárez estaba con la boca --por no decir la pierna-- en alto. En el estrado del local comunal y en el más absoluto diálogo de sordos, recibió empujones de los líderes que cargaban sus lanzas de pijuallo de 2 metros, arcos y flechas, y adujo desesperado: "Creo que se opone el consejo de ancianos, pero no así los jóvenes matsés que quieren trabajar con nosotros". Y pidió la protección de Ángel Uaqui Dunu, paralizado frente a sus apus airados; porque entre los matsés --no contactados hasta hace unos 40 años-- un joven les debe quieto respeto, por más que sea su representante.

Daniel Vela, de la Defensoría del Pueblo, invitado también por la junta directiva, lo entendió y pidió que se terminara todo "porque no se dan las condiciones". Luego revelaría: "Cuando uno le habla a la gente del Estado de los códigos y derechos interculturales se ríen y no le toman importancia y ya ves lo que pasa". (Vela fue testigo --justo antes de que llegara Suárez-- de inesperadas muestras de admiración.

Era la primera vez en toda su historia que --interpretaron ellos-- llegaba alguien "que parece del Estado" y, conmovidos e hiperactivos, flechas en mano, le gritaban sus penurias de salud y carencias). La situación se tornaba tan iracunda que quienes éramos de la prensa debimos escoltar a Víctor Suárez hasta el río. Pocos escuchamos el ofrecimiento de la petrolera: "Nos vamos a retirar del lote 135 en la parte en que hay un cachito que se traslapa con los territorios que ustedes le han pedido al Estado por una ampliación, ¡nos comprometemos a eso!".

HISTORIA DE DESENCUENTROS
Lo primero que sorprende al llegar a sus anexos es verlos con ropas citadinas, lo que más valoran de su contacto con Angamos, la única ciudad con la que comercian. Es que en los años 60 los matsés eran conocidos como "los calatos" hasta que misioneras del Instituto Lingüístico de Verano llegaron a su zona endémica de malaria y hepatitis.

A 12 días en balsa de Iquitos, su organización es tribal y dividida por clanes. Su fama de guerreros nómades hizo que los caucheros los temieran como a los capanahuas y su fiereza es tal que hace 9 años no entra ningún maderero a su zona. Pero su historia es trágica. En 1972, en guerra con sus parientes brasileños (los mayorunas), huyeron cerca de Requena y la ciudad, asustada, denunció una invasión extranjera. El gobierno de Velasco los bombardeó y el escándalo internacional para una dictadura que se decía progresista fue tal que un año después se les reconoció más de 450 mil hectáreas como territorio, el primero y más grande del Perú.

Los matsés hace 14 años le piden al Estado una ampliación de sus territorios para incluir a los nuevos anexos y la creación de una reserva comunal de 120 mil hectáreas en un bosque que según el Field Museum of Chicago tiene una riqueza singular: arena blanca en la orilla de los ríos y las lomas, y es hogar del águila arpía, en peligro de extinción. Aquí se ubica el lote 137, que fue concedido a la petrolera. Hoy que Inrena ha pasado al Ministerio del Ambiente, Lelis Rivera, de la ONG Cedia, que opera en la zona de 2.500 comuneros, dice: "Antonio Brack cuando empezamos el trabajo nos felicitó, porque tiene el libro con el inventario biológico y ahora debe pronunciarse".

Daniel Vela el representante de la Defensoría, les afirmó que el Estado estaba obligado a responderles en 30 días y no tenerlos 14 años en ascuas: "Además preguntamos en Inrena y ellos habían dado su visto bueno a la reserva". Todo se entrampó en los ministerios de Agricultura y Energía y Minas. Y por el convenio 169 de la OIT, "el Estado debió hacer una consulta antes de cualquier resolución".

Enrique Ramírez, gerente general de Pacific Stratus, muestra en Lima un "anecdotario" de pedidos de diálogo, "frustrados por la directiva matsé", que se ha radicalizado en un "no" sin diálogo. Y esgrime: "Reconocemos que ha habido prácticas muy contaminantes en el pasado, pero hoy la actividad petrolera está bajo la óptica de muchísimas organizaciones internacionales con todo el derecho... Impacto hay, lo que cambia es el manejo y la remediación de ese impacto". ¿El Estado los ha dejado solos con el problema? "Nunca te voy a decir eso, nos dio muestras de preocupación verbal y escrita... en cuanto a la eficiencia eso no lo vamos a tocar acá... Si la comunidad matsé me dice que no quieren la actividad, tendré que sentarme con Perú-Petro: 'Señores, ustedes me han dado un bloque y es la gente de la comunidad que no quiere, ¿qué hacemos?'. Pero que lo digan luego de habernos escuchado".

¿Y dónde estaba el Estado? "

Siempre estamos buscando el diálogo", dice Carlos Vives, gerente de promoción y relaciones comunitarias de Perú-Petro, que nos entregó copias de los muchos cargos pidiendo reuniones a todas las partes. Y también acusa a Ángel Uaqui de negarse a dialogar.

Sobre el convenio 169 con la OIT afirma que en el Perú "no hay derecho a veto y el Estado es dueño de los recursos naturales del subsuelo" y que la propia OIT lo ha precisado ante un pedido de la Defensoría del Pueblo. Aduce que la consulta la entienden como un proceso de participación ciudadana con talleres y recolección de preocupaciones y no como un sí o no. Pero Vives afirmaría luego: "Si dicen que ya no, nos vamos, pues... Lo único que queremos es que nos escuchen. Tengo 33 años en este negocio y es bien difícil que un pueblo diga no al desarrollo. Lo que pasa es que esa gente está mal informada, hay personas que tienen intereses". ¿Pero por qué el Estado no les ha resuelto sus pedidos por más de 14 años y ha provocado que ellos de repente se enteren que ese mismo Estado "mudo " ha concedido lotes dentro de su territorio sintiéndose ninguneados y no considerados ciudadanos? "Me gusta ser sincero aunque me meta en líos, sabrá por qué razones no habrá salido eso, de repente hay intereses de alguien de que eso no se solucione en 20 años". ¿Intereses dentro del Estado? "No sé, lo dejo para tu evaluación". La abogada Cecilia Flores dice que Cofopri ya ha avanzado en el pedido de ampliación de nuevos anexos, pero que la solicitud de la reserva comunal no es compatible con el principio de legalidad. Tanto Perú-Petro como la empresa Pacific Stratus Energy han reconocido que hay un problema cultural, que requiere asesoría de antropólogos.

Por Miguel Ángel Cárdenas M.