Corrupción Forestal: 'La corrupción en Inrena es peor que los petroaudios'

Este año las áreas de la Amazonía concesionadas han perdido tres millones de hectáreas por invasiones y el sembrío de coca
Por Nelly Luna Amancio

En el 2007 el área total de las concesiones forestales en la selva era de 20 millones de hectáreas. Un conteo reciente del mismo Inrena indica que este año habría habido una reducción de tres millones de hectáreas, como consecuencia de las invasiones y el sembrío de coca. En esta entrevista el jefe del Inrena, José Luis Camino, habla también de otros temas, como el Decreto Legislativo 1090 que promovería la reducción del patrimonio forestal.

¿Qué le parece el Decreto 1090?
Es un buen decreto, pero tiene algunos errores que se están tratando de modificar en el Congreso. Es un documento que trata de normar de la forma más técnica posible los mecanismos de aprovechamiento de los recursos naturales y promover el desarrollo de la actividad forestal.

Una de esas modificaciones fue retirar del concepto de patrimonio forestal a las tierras sin bosque, pero con aptitud forestal.
Ese fue uno de los errores. Creo que todas las normas tienen su parte controversial. Como dice el refrán, todo depende del cristal con el que se miren las cosas. La gente que está constantemente analizando el tema de los bosques alertó que en este punto podría promover el deterioro de los bosques y se tomó en cuenta.

Promovería la deforestación.
Entendimos que podía tener ese efecto y decidimos plantear su modificación. Lamentablemente, algunas personas y organizaciones están encarando el tema desde otro lado. Hay mucha gente interesada en estos temas.

Pero también hay intereses de grupos madereros o de algunos inversionistas que apuestan por la producción masiva de biocombustibles como palma o caña brava en la selva.
Sí, pero solo en zonas degradadas o sin valor comercial

¿Cómo van a identificar esas áreas si no tienen un catastro?
Se tiene que hacer ese catastro, de lo contrario no se podría invertir en un terreno que no ofrece estabilidad jurídica.

¿Habrá catastro en un año?
No lo creo. Esa es una tarea de Cofopri, pero no lo está haciendo porque les han cortado el presupuesto y 1.200 puestos. Por lo tanto, no hay gente avanzando en el campo. Por eso recién se hará el próximo año con el nuevo presupuesto. Será un trabajo de por lo menos cinco años, si se cuenta con los recursos adecuados.

Entonces, las inversiones tendrán que esperar.
Sí, si no, va a ser un desorden.

¿Cuánto se ha avanzado en la verificación y control?
El Estado no tiene capacidad para fiscalizar los bosques. El año pasado se otorgaron 4.200 permisos para la extracción de madera en bosques locales. Para este tipo de permisos (en terrenos de menos de tres mil hectáreas) solo se necesita el visto bueno de los administradores regionales. Ellos no fiscalizan y esa madera, que se supone solo debería abastecer a la comunidad, termina siendo exportada. No hay suficiente vocación en los funcionarios regionales para fiscalizar. La corrupción en el Inrena es peor que (el caso de) los 'petroaudios' o cualquier otra cosa que está pasando en el país. Es de tal magnitud que resulta increíble.

Pero hace años que exportamos madera ilegal, los traficantes la talan para el mercado internacional, no para el interno.
Claro, pero por lo menos ahora ya no se exporta madera de bosques locales porque no les estamos entregando las guías forestales.

¿Pero en qué han avanzado?
Para que tengamos una idea. En Loreto hay 192 concesiones, de estas 168 están vigentes. Pero este año solo 72 han presentado planes para la extracción. Es menos del 40% de lo usual. Y no lo han hecho porque saben que ahora vamos a verificar cada una de las concesiones. Ahora no nos pueden decir que hay tanta cantidad de cedro cuando en realidad en esa zona no había. Eso ha generado que los industriales se perjudiquen. En Loreto ya no tienen madera para trabajar.

Más que perjudicar no será que ellos no quieren aceptar que durante años venían trabajando con madera ilegal.
Cada uno tiene su visión de las cosas. Es cierto que los empresarios madereros tenían un mecanismo de abastecimiento que no era el más idóneo, pero decían que la madera que compraban tenía todos sus papeles en regla, firmados por el Inrena

Pero si era de conocimiento público la corrupción en el sistema. Los empresarios, como compradores, podrían averiguar si el producto que compran tiene un origen ilícito.
El gran problema era la falta de sanciones. Ahora eso lo ha incorporado el Código Penal.

¿La corrupción no se iba a combatir con someter concursos públicos las jefaturas regionales?
Sí, pero el 90% de los que participaron tenía proceso administrativos en el Inrena. Por eso tuve que descalificarlos a todos.
Fuente: El Comercio, 08 de diciembre de 2008