De nuevo, en silencio, tragamos lágrimas y saliva al ver la Amazonía ecuatoriana teñida de negro, por los más de 14.000 barriles de petróleo derramado del Oleoducto de Crudos Pesados derramados en la oscuridad del 27 de febrero.
La incompetencia de la compañía es de semejante magnitud a los impactos del derrame, pues enterada del accidente, no cerró a tiempo las válvulas del oleoducto. Según un informe del Ministerio de Medio Ambiente de Ecuador se afectó gravemente la Reserva Ecológica Cayambe-Coca y en las poblaciones de San Carlos y San Luis, cercanas al río Quijos, se observaron parches de crudo 72 horas posteriores al derrame y no existieron acciones correctivas por parte de la OCP.
A la memoria nos vienen tantos pronunciamientos y advertencias hace apenas media década, cuando en plena construcción del OCP, conocido ya entonces como Oleoducto de Contaminación y Pobreza, organizaciones de todo el mundo criticaban la seguridad de este tubo construido a las prisas.
Había millones de barriles enterrados en la selva que empresas como Petrobras, Repsol-YPF o Perenco necesitaban comercializar para engrosar sus voraces bolsillos. Había también muchos bancos, como el BBVA, el City Group o el West LB que se beneficiarían con unos intereses para engrosar sus también voraces cajas fuertes. ¡Todos querían dinero y lo querían ya!
Por eso militarizaron la construcción del Oleoducto y encarcelaron a jóvenes ecuatorianos que, encaramados a los árboles de Guarumos, se negaban a que el pueblo de Mindo fuera pasto de derrames de ahora en adelante. Y en Lago Agrio también reprimieron las mobilizaciones de una población que se pronunció en contra de este proyecto. Pero tenían prisa.
El OCP era negocio y excusa para ampliar la frontera petrolera y los dominios transnacionales por la cuenca amazónica. Todos querían su trocito de pastel!
Ahora, de nuevo, la impunidad ambiental sobrevuela los valles ecuatorianos, mientras en los afluentes del río Napo, toneladas de crudo impregnan la vegetación y cualquier bicho que se acerque. Y en los lechos de los ríos se depositan todo tipo de hidrocarburos en sus diferentes estados, para envenenar lentamente a toda la cadena trófica de la selva ecuatoriana.
Y poblaciones como Coca, de 30.000 habitantes se quedan sin suministro de agua, por no hablar de las comunidades indígenas, las cuales sólo se les permite salir en la foto de algún cínico informe de RSC.
Ante tanta muerte, ¿quién paga el entierro?
Desde la Campaña internacional de Afectad@s por Repsol-YPf exigimos:
1. Una Auditoría ambiental completa, seria, independiente y competente para evaluar todos los impactos presentes y futuros del derrame.
2. Juicio penal a los directivos de las empresas que forman el consorcio OCP, por crímen ambiental y delitos a la salud pública.
3. Paralización indefinida del flujo de crudo a través del OCP hasta que la Justicia no haya juzgado y condenado a los culpables.
4. Con la expulsión de la compañía Occidental como precedente, expulsar también, de una vez por todas, a la compañía Repsol YPF del país. Existen demostrados motivos económicos, sociales y ambientales para que Ecuador ejerza la soberanía en su territorio y se libere de una empresa que tanto daño ha hecho a esta nación.
Y es tarea de todos y cada uno de los países importadores de petróleo, implementar medidas urgentes para transicionar a formas de vida independientes a la violencia y contaminación que lastimosamente siempre acompañan al negro combustible.
Ver video
Información obtenida de Oil Watch
La incompetencia de la compañía es de semejante magnitud a los impactos del derrame, pues enterada del accidente, no cerró a tiempo las válvulas del oleoducto. Según un informe del Ministerio de Medio Ambiente de Ecuador se afectó gravemente la Reserva Ecológica Cayambe-Coca y en las poblaciones de San Carlos y San Luis, cercanas al río Quijos, se observaron parches de crudo 72 horas posteriores al derrame y no existieron acciones correctivas por parte de la OCP.
A la memoria nos vienen tantos pronunciamientos y advertencias hace apenas media década, cuando en plena construcción del OCP, conocido ya entonces como Oleoducto de Contaminación y Pobreza, organizaciones de todo el mundo criticaban la seguridad de este tubo construido a las prisas.
Había millones de barriles enterrados en la selva que empresas como Petrobras, Repsol-YPF o Perenco necesitaban comercializar para engrosar sus voraces bolsillos. Había también muchos bancos, como el BBVA, el City Group o el West LB que se beneficiarían con unos intereses para engrosar sus también voraces cajas fuertes. ¡Todos querían dinero y lo querían ya!
Por eso militarizaron la construcción del Oleoducto y encarcelaron a jóvenes ecuatorianos que, encaramados a los árboles de Guarumos, se negaban a que el pueblo de Mindo fuera pasto de derrames de ahora en adelante. Y en Lago Agrio también reprimieron las mobilizaciones de una población que se pronunció en contra de este proyecto. Pero tenían prisa.
El OCP era negocio y excusa para ampliar la frontera petrolera y los dominios transnacionales por la cuenca amazónica. Todos querían su trocito de pastel!
Ahora, de nuevo, la impunidad ambiental sobrevuela los valles ecuatorianos, mientras en los afluentes del río Napo, toneladas de crudo impregnan la vegetación y cualquier bicho que se acerque. Y en los lechos de los ríos se depositan todo tipo de hidrocarburos en sus diferentes estados, para envenenar lentamente a toda la cadena trófica de la selva ecuatoriana.
Y poblaciones como Coca, de 30.000 habitantes se quedan sin suministro de agua, por no hablar de las comunidades indígenas, las cuales sólo se les permite salir en la foto de algún cínico informe de RSC.
Ante tanta muerte, ¿quién paga el entierro?
Desde la Campaña internacional de Afectad@s por Repsol-YPf exigimos:
1. Una Auditoría ambiental completa, seria, independiente y competente para evaluar todos los impactos presentes y futuros del derrame.
2. Juicio penal a los directivos de las empresas que forman el consorcio OCP, por crímen ambiental y delitos a la salud pública.
3. Paralización indefinida del flujo de crudo a través del OCP hasta que la Justicia no haya juzgado y condenado a los culpables.
4. Con la expulsión de la compañía Occidental como precedente, expulsar también, de una vez por todas, a la compañía Repsol YPF del país. Existen demostrados motivos económicos, sociales y ambientales para que Ecuador ejerza la soberanía en su territorio y se libere de una empresa que tanto daño ha hecho a esta nación.
Y es tarea de todos y cada uno de los países importadores de petróleo, implementar medidas urgentes para transicionar a formas de vida independientes a la violencia y contaminación que lastimosamente siempre acompañan al negro combustible.
Ver video
Información obtenida de Oil Watch
0 comentarios:
Publicar un comentario