¿En el Perú no existe una política forestal definida?

Conclusiones del conversatorio sobre la Ley 29317 versus las acciones del Poder Ejecutivo
(OPINA: Alfredo Gaviria, Subdirector de Tsiroti.com)

(Tsiroti.com, 14 de abril de 2009).- “En el Perú no existe una política forestal definida” fue la principal conclusión del conversatorio “Implicancia de la Ley 29317 que modifica el D.L. 1090, Ley Forestal y de Fauna Silvestre”, realizado el pasado 31 de marzo, en el Auditorio “A” del Colegio de Ingenieros del Perú. ¿Pero es realmente así o el Poder Ejecutivo está aplicando claramente una política forestal orientada hacia la privatización de los bosques y la promoción del cambio de uso de tierras para favorecer la producción de biocombustibles en manos de grandes empresas?


Las exposiciones del conversatorio estuvieron a cargo de Gustavo Suárez de Freitas, del Ministerio de Agricultura; Sandro Chávez, del Foro Ecológico del Perú; y Hugo Che Piu, de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR). Los panelistas invitados fueron Iván Lanegra, de la Defensoría del Pueblo; Fernando León, del Ministerio del Ambiente; Erick Fisher, de la Asociación de Exportadores del Perú (ADEX); y Milo Bozovich, Decano de la Facultad de Ingeniería Forestal de la Universidad Nacional Agraria La Molina (UNALM).

“EN EL PERÚ NO EXISTE UNA POLÍTICA FORESTAL DEFINIDA”

La primera conclusión a que arribaron los tres expositores es que en el Perú no existe una política forestal definida. Se argumentó que las leyes y otros dispositivos legales son instrumentos de implementación de las políticas; y que para ponernos de acuerdo en las leyes y reglamentos, primero nos debemos poner de acuerdo en las políticas. Resulta indispensable iniciar un proceso amplio, participativo y transparente para definir esta política de Estado, que oriente reformas legales o institucionales ya aprobadas o por aprobarse. Para muchos de los participantes, el Decreto Legislativo 1090 es inconstitucional y urge derogarlo.

Hugo Che Piu, Director Ejecutivo de DAR, indicó en su presentación que el Decreto Legislativo 1090 y la Ley 29317 son una gran modificación de la anterior Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley 27308), con 38 diferencias en total, que van desde el cambio del concepto de recursos forestales hasta la adquisición de productos ilícitos. El actual marco legal e institucional hace muy difícil que se pueda concertar una política en el sector. Se necesita un espacio más efectivo y de mayor nivel que la planteada Subcomisión Forestal y de Fauna Silvestre del Ministerio de Agricultura, para permitir un diálogo a nivel político con la participación de la sociedad civil… Agregó Che Piu.

Sandro Chávez, Presidente del Foro Ecológico del Perú, recordó que el Acuerdo de Promoción Comercial Perú – Estados Unidos (TLC Perú-EEUU) entró en vigencia y ejecución el 1 de febrero de 2009; y que quedan 17 meses para implementar los compromisos del Protocolo de Enmienda de este TLC. Opinó que existe escasa voluntad política del Gobierno Central para dotar con recursos y las facultades necesarias a la Autoridad Forestal para poder cumplir con los compromisos pactados en dicho Protocolo de Enmienda.

La conclusión de la presentación del ingeniero Gustavo Suárez de Freitas, Director (e) de la Dirección General Forestal y de Fauna del Ministerio de Agricultura, es que “se ha corregido deficiencias del Decreto Legislativo 1090 y podría entenderse como una mejora, pero visto en conjunto, la aprobación del Decreto Legislativo 1090 y de la Ley 29317, no significan una mejora sustantiva para el sector. El tema continúa abierto. Esperemos que el futuro permita un proceso más participativo.”

¿EN EL PERÚ NO EXISTE UNA POLÍTICA FORESTAL DEFINIDA?

Concuerdo con los asistentes al evento en señalar la ausencia de una política forestal nacional, en el sentido que no hay una BUENA política forestal. ¿Pero realmente no existe una política forestal nacional en el Perú? ¿Cuál es la actual política forestal peruana? ¿Hacia adónde se orienta? Mi opinión es que en el Perú sí existe una política forestal definida; y está orientada hacia la privatización de los bosques y la promoción del cambio de uso de tierras para favorecer la producción de biocombustibles en manos de grandes empresas. Me atrevo a afirmar también, que la respuesta de muchos forestales apunta a señalar conclusiones similares.

Una de las evidencias de la aplicación de esta política forestal es la emisión del Decreto Legislativo 1090 y su modificatoria la Ley 29317; y es justamente respecto de estas normas que la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y sus bases regionales han manifestado una posición totalmente contraria. Una de esas manifestaciones es el paro amazónico que desde el jueves 9 de abril se realiza exigiendo la derogatoria esta nueva Ley Forestal y de una decena de otros decretos legislativos promulgados ese mismo 28 de junio de 2008, y que en opinión los pobladores indígenas y amazónicos en general, atentan contra sus legítimos intereses. Más instituciones, como la Asociación de Productores Forestales de Ucayali, ONGs y organizaciones productivas y sociales, también han manifestado una posición contraria a este Decreto Legislativo 1090 y las otras normas.

Por otro lado, hace ya dos meses y medio, en el Foro “Nuevos desafíos para el desarrollo sostenible de la amazonía peruana”, realizado el 30 de enero de 2009 por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuano, Ambiente y Ecología del Congreso de la República; se explicaron las bases para la Ley Marco del Desarrollo Sostenible de la Amazonía, la cual tiene como base más de quince proyectos presentados por diferentes bancadas del Parlamento. Precisamente a través de esta Ley Marco se propone también conseguir la derogatoria de la Ley N° 29317 – Ley que modifica e incorpora diversos artículos al Decreto Legislativo Nº 1090, Ley Forestal y de Fauna Silvestre; y de la Ley N° 29316 - Ley que modifica, incorpora y regula diversas disposiciones a fin de implementar el Acuerdo de Promoción Comercial suscrito entre el Perú y los Estados Unidos de América.

Decreto Legislativo 1090 o nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que emitió el Poder Ejecutivo el año pasado, es según todos o casi todos los análisis de los organismos y profesionales relacionados con el tema, una norma inconstitucional; y por lo tanto, su modificatoria también. El interés por evitar más de estos “errores” del actual gobierno, que pongan en riesgo los bosques de la amazonía y la calidad de vida de las poblaciones que la habitan, hace que la sociedad civil haga esfuerzos por tratar de mejorar la situación. Aparte del Capítulo de Ingenieros Forestales en Lima y el Congreso de la República, el tema también ha sido debatido y analizado por el Grupo Regional de Bosques de Loreto y otras organizaciones y círculos académicos en Lima, Madre de Dios, San Martín y Amazonas.

Pero no pensemos que solamente con derogar, elaborar o promulgar leyes vamos a solucionar el problema forestal del país o la problemática del desarrollo selvático. No es por falta de leyes que la amazonía no se desarrolla: nada menos que 18 mil normas acerca y para la amazonía se han dado entre 1821 y 1990, la mayoría de ellas centralistas, contradictorias y cortoplacistas, emitidas de espaldas a la amazonía. Recordemos que las leyes tienen la fuerza y la vigencia que le imprimen los funcionarios encargados de su control y las personas, instituciones y empresas obligadas a su cumplimiento.

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