Con la denuncia a Pizango pretenden silenciar la protesta indígena

El ex procurador Ronald Gamarra sostuvo que la denuncia del procurador del Estado contra el dirigente indígena Alberto Pizango carece de todo sustento legal. Dijo que se trata de una exageración del gobierno, porque Pizango defiende los intereses de los pueblos indígenas y en ningún momento se declaró alzado en armas, ni levantó al pueblo en este sentido, cuando advirtió que las comunidades amazónicas se preparaban a declarar la insurgencia contra el gobierno mediante la resistencia o desobediencia civil. Todo fue en demanda a sus justas reivindicaciones como pobladores de las zonas afectadas de la Amazonía, señaló.


“Con esta denuncia ante al Ministerio Público lo quieren amedrentar para que detenga las protestas y levante la huelga”, señaló Gamarra, al tiempo de señalar que lo hecho por Pizango no es delito por ningún lado que se le mire. “Esta investigación de la 44ª Fiscalía debe ir camino al archivo”, sostuvo.

Mientras tanto, Miguel Jugo, director de Proyección Institucional de Aprodeh, calificó de grave la actitud del gobierno, de denunciar judicialmente, por un delito no cometido, al dirigente nativo, con el afán de neutralizarlo. “Esto se llama la criminalización de la protesta”, advirtió.

Jugo, afirmó que la investigación en la Fiscalía no prosperará porque está claro que tratan de enjuiciar al líder amazónico para anularlo políticamente, y denunció que el pueblo peruano debe tener presente que Pizango se suma a la larga lista de 700 dirigentes de diversos gremios que también son víctimas de amenazas y hostilidad del gobierno.

La sanción podría ser hasta 20 años
La fiscal de la 44ª Fiscalía Provincial Penal de Lima, Jacqueline Sack Ramos, abrió investigación contra Pizango, por supuesto delito de insurgencia o rebelión que se castiga con una pena de 10 a 20 años de cárcel.

Voceros judiciales afirman que ningún delito fue consumado porque ni uno de los integrantes de Aidesep se rebeló contra el gobierno, ni hay el menor asomo de un levantamiento armado contra las autoridades.


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En el Diario La Republica, entrevistan a Pizango aquí su opinión sobre la Criminalización de la Protesta:

“Denuncia penal es un proceso de amedrentamiento”

Usted ha sido denunciado penalmente por llamar a la insurgencia. ¿Cuál es su comentario?

Con este acto, el Ejecutivo demuestra que no valora la palabra empeñada, ya que el premier Simon se comprometió a no criminalizar la protesta amazónica.

¿A qué atribuye la acusación?

Es un proceso de amedrentamiento que el gobierno está tomando ante nosotros que somos representantes y legítimos voceros de los pueblos indígenas. Es un error que agudiza la violación de nuestros derechos.

¿Usted no asistió a la primera convocatoria del Ministerio Público?

Sucede que no se cumplió con notificarnos con 48 horas de anticipación, como manda la ley, ni se precisaba quién había interpuesto la denuncia.

¿Pero se somete a la justicia?

Nosotros vamos a asistir este 2 de junio a la Fiscalía y voy a declarar. Somos respetuosos de las autoridades aunque no estamos de acuerdo con el procedimiento.

¿Cuántos dirigentes fueron denunciados?

Seis dirigentes, entre ellos Saúl Puerta y Daniel Marzano.