Ni complot internacional, ni levantamiento del paro indígena

Caballero nomás; hay que derogar los decretos inconstitucionales

(Opina: Alfredo Gaviria; Subdirector de Tsiroti.com)
Altísimo es el precio que estamos pagando en el Perú por nuestra intolerancia y falta de capacidad para escuchar y atender los reclamos de las poblaciones indígenas amazónicas. Estamos de duelo. Decenas de familias peruanas lloran a sus hijos, unos uniformados y otros civiles. ¡Qué pena por Bagua! que ha alcanzado dimensión internacional asociada con la palabra “matanza” (mientras en el Perú leemos en los diarios “matanza de policías”, en el extranjero leen “matanza de indígenas”). Mientras tanto, nuestro Presidente intenta atribuir los hechos a una conspiración extranjera proveniente de gobiernos totalitarios que buscan impedir el desarrollo del Perú y los pueblos indígenas se mantienen firmes en su posición, contando cada vez más con el apoyo de otros sectores, organizaciones y la sociedad civil en general.

¿QUÉ ES LO QUE PIDEN LOS NATIVOS?
AIDESEP lidera una protesta que se inició a mediados del año pasado, a raíz del huayco de normas legales que se publicaron el 28 de junio 2008 en el marco de la delegación de facultades al Poder Ejecutivo para legislar sobre diversas materias relacionadas con la implementación del TLC con los Estados Unidos de América. Como recordamos, en esa oportunidad fueron dos semanas de paro, desde el 9 hasta el 22 de agosto 2008, que terminó con la derogatoria en el Congreso de los decretos legislativos 1015 y 1073, que flexibilizaban los procedimientos para disponer de la tierra de las comunidades nativas. Sin embargo, quedaron otras normas “pendientes de estudio” por el Congreso: las leyes 29317 y 29338, así como los decretos legislativos 994; 1020; 1064; 1081; 1083; 1089 y 1090.
No es mi intención analizar uno por uno estos dispositivos; basta señalar que en general se trata de un paquete de normas orientada a incentivar inversiones industriales en grandes superficies de la selva, con muchas facilidades para los inversionistas y poca seguridad para las poblaciones locales.
Como lo han señalado los representantes de AIDESEP hasta la saciedad, el reclamo fundamental se debe a la falta de cumplimiento del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, del cual el Perú es firmante y que en su artículo sexto, inciso a) señala que los gobiernos deberán “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”, lo cual, evidentemente, ha incumplido el Gobierno. No se trata, pues, “de matar” los artículos de las normas que los indígenas consideran atentatorios contra sus derechos, como parece creer hasta ahora nuestro Primer Ministro.
Mejor dicho: las poblaciones indígenas no fueron debidamente consultadas y, por lo tanto, las normas son inconstitucionales y el Congreso tiene la obligación histórica de derogarlos. Así de simple.
Dándole la razón a los pueblos indígenas, la Defensoría del Pueblo ha presentado la demanda de inconstitucionalidad del Decreto Legislativo 1064 ante el Tribunal Constitucional; y sus técnicos han sido claros en comunicar que solamente han tenido tiempo de estudiar el DL 1064, no así el 1090, que es el próximo a analizar.
¡PIZANGO, AMIGO, EL PUEBLO ESTÁ CONTIGO!
El día viernes 5 de junio, hacia el mediodía, el seminario internacional “Crisis global y su impacto en los derechos sociales de los pueblos andinos y amazónicos”, que se realizaba en el Centro de Convenciones del Colegio Médico del Perú, se interrumpió mientras una expositora ecuatoriana nos explicaba la necesidad de auditar la deuda externa de los países suramericanos: flotaba en el ambiente la noticia de la inminente captura de Alberto Pizango, que se encontraba brindando una conferencia de prensa en el hotel El Pardo, una vez conocidos los hechos del enfrentamiento armado entre la población civil y los policías en Bagua. Hasta allí llegó una comisión de representantes de varios lugares del país y del extranjero a mostrarle su solidaridad al Presidente de AIDESEP que, rápidamente, salió con rumbo a su local institucional donde ofreció su última conferencia de prensa antes de pasar a la clandestinidad.
Hoy día (8 de junio) es alucinante ver cómo el Gobierno lo ha acusado de sedición, ataque a las Fuerzas Armadas, posesión de armas de fuego y homicidio calificado. ¡35 años de cárcel! También es alucinante ver a Mercedes Cabanillas en televisión preguntándose, antes de entrar al Congreso: “¿Dónde está Pizango? Que venga, el que la hace, la paga.” Pidiendo cadena perpetua para él, llamándolo criminal cobarde y denunciando que “tiene cuentas con millones de dólares”. Ahora, Pizango se encuentra asilado bajo la protección del gobierno de Nicaragua.
¡URGENTE, URGENTE; NUEVO PRESIDENTE!
Este estribillo lo escuché en la marcha de respaldo a los reclamos indígenas en Iquitos, el 15 de mayo pasado, que contó con la participación comprometida del Presidente Regional de Loreto, muchos alcaldes, autoridades, funcionarios y miembros de la sociedad civil. Me pareció exagerado, pero me hizo pensar en el futuro del APRA en el oriente: Nada que ver.
Ahora, todo el mundo comenta que en la Amazonía Alan García, Yehude Simon, Mercedes Cabanillas y Velásquez Quesquén son ya cadáveres políticos, al igual que Aurelio Pastor, congresista representante de la región San Martín y César Zumaeta, de Loreto.
NATIVOS, COMO SIEMPRE, INVISIBLES
Una mirada a las primeras planas en los diarios de Lima del 8 de junio 2009 y nos daremos cuenta que ninguna hace referencia a los indígenas fallecidos. ¡¿Hasta cuándo se invisibilizarán a los nativos, vivos y muertos?!
Diario oficial El Peruano: “No cedemos a la violencia ni al chantaje”. Presidente: Aceptamos la razón y la justicia, pero mantenemos la firmeza de la ley y del orden democrático.
Diario El Comercio: La tensión no cede. Gobierno debe avanzar en la pacificación del país.
Diario Expreso: Conspiración internacional. Denuncia Jefe de Estado Alan García.
Diario Perú 21: Lo ayudaron a fugar. Congresistas admiten su participación en la huida de Pizango.
Diario El Correo: ¡Sembraron la violencia! Cuatro congresistas humanistas.
Diario La Razón: ¡Sigue la masacre de policías! La selva arde más que el infierno.
Diario La Primera: “Los mandaron a la muerte”. Familiares culpan a García y sus Ministros.
Diario Del País: Se requiere mano dura. Gobierno impondrá Estado de Derecho.
Diario Gestión: Van S/ 560 millones en pérdidas por paro de nativos.
Diario Trome: 24 policías asesinados. Hallaron degollado cadáver de comandante junto a suboficial tirados en el monte.
Para colmo, sin el menor respeto por los familiares de los policías fallecidos, el canal de todos los peruanos, TV Perú, nos muestra constantemente el cadáver de un policía con múltiples heridas en el cuerpo.
¿Y QUÉ SIGUE AHORA?
En cualquier momento, a nombre de la Coordinadora de Gobiernos Regionales, César Villanueva, Presidente de la región San Martín, presentará al Tribunal Constitucional una acción de inconstitucionalidad contra las normas no consultadas; para ello ha conseguido 102 mil firmas de apoyo.
En la selva la situación es insegura; la población está indignada y noticias sobre incidentes violentos y amenazas se siguen escuchando; se planifica el desalojo del sector de la carretera Tarapoto-Yurimaguas y se reportan nuevas tomas de estaciones petroleras (lotes 8 y 1AB de Pluspetrol en Loreto).
Se ha conformado el Frente de Defensa de la Vida y la Soberanía Nacional, que agrupa gremios de trabajadores y diversas organizaciones sociales y políticas y cuya primera medida ha sido convocar a una huelga general indefinida amazónica a partir del 11 de junio. Cierto es, también, que la coyuntura ha animado a algunos grupos políticos a ganarse alguito, y por eso se han trepado al carro indígena.
En el mundo, la noticia de la tragedia de Bagua ya es conocida y ha originado diversas manifestaciones de apoyo a las poblaciones indígenas; seguramente en los próximos días, las embajadas de Perú en diversos países serán testigos de nuevas manifestaciones. De igual manera, seguramente habrá manifestaciones en apoyo a Alberto Pizango.

El Congreso debería actuar a la altura de las circunstancias y empezar por derogar los decretos legislativos 1064 y 1090. Basta ya de gobernar de espaldas al pueblo.
Escribe: Alfredo Gaviria; Subdirector de Tsiroti.com