RACISMO Y CRIMINALIZACION LAS OTRAS ARMAS APRISTAS

Los medios de comunicación en el Genocidio de Bagua, como en cualquier situación, tienen un papel fundamental. Presentamos el análisis que realiza Raquel Palomino, periodista y activista de derechos humanos, sobre como han enfocado algunas aristas de todo el conflicto y han apagado las luces para esconder algunas otras.

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Por Raquel Palomino
Periodista y activista de derechos humanos
Lima- Perú

La violencia generada por el gobierno de García, el fatídico 05 de junio en Bagua, contra los indígenas Awajun y Wampis que protestaban pacíficamente por el respeto de sus derechos motivó diferentes reacciones. Para Roger Rumrill es el mayor acto de discriminación y represión contra los pueblos indígenas amazónicos de la historia republicana peruana; Para Alberto Adrianzén, es el inicio de la guerra civil política; y yo agregaría, otra vez García escribe la historia con sangre. Esta semana, el gobierno peruano respondióncon balas, denuncias legales y campañas de estigmatización las protestas que realizan las organizaciones que se oponen a un modelo económico que favorece a los poderosos grupos económicos. Racismo y criminalización, las otras armas apristas.

RACISMO

En el Perú existe un racismo histórico, estructural y velado contra las poblaciones indígenas aun no ha sido superado. La actitud política del gobierno frente al “otro indígena” implícita en estos hechos lo evidencian:

Aprobar DL de la amazonía, por parte del ejecutivo, sobre el uso de los recursos naturales en la amazonía sin consultar con los pueblos indígenas, tal como los establece el convenio 169 de la OIT;
Mecer las demandas indígenas lejos de establecer un diálogo serio con estos ciudadanos como si lo hace con los empresarios e inversionistas;
La burla de la bancada aprista, en complicidad con el Presidente del Congreso, del mismo partido de gobierno, al impedir la realización de la sesión en la que se derogaría el DL 1090, decreto cuestionado por los indígenas;

Bombardear con bombas lacrimógenas y disparar balas al cuerpo de los indígenas que protestaban pacíficamente y
Difundir un discurso oficial que sólo lamenta la muerte de los policías y no la muerte de los indígenas, quienes en este discurso pasan a ser ciudadanos de última categoría.

CRIMINALIZACION

La represión con balas se suma a otros formas de represión que el gobierno ha estado implementando contra los dirigentes de los grupos de oposición y que es parte de su estrategia de criminalizar la protesta social violando con ellos los derechos a la vida, a la integridad física, a la libertad de expresión, de reunión pacífica, entre otros derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos que el estado peruano esta en la obligación de respetar y cumplir.

Esta estrategia estatal se expresa en la aprobación de normas legales que contemplan penas durísimas contra las personas que protestan, normas que no empieza con este gobierno sino que es una herencia de Fujimori y Toledo. Por ejemplo, las leyes que han convertido en delito las toma de carreteras, medida desesperada que los pueblos hacen cuando los gobiernos no los escuchan, sancionándola con años de cárcel efectiva; o el DL 982 que aumenta la sanción a estos actos con penas de hasta 30 años de prisión bajo el tipo penal de “extorsión”.

Otra expresión de la criminalización de la protesta social se da en la lucha por ganar a la opinión pública, campo de conquista y disputa, por eso el gobierno trata de crear una imagen de violento-terrorista de quienes protestan. Por este motivo, el máximo líder de los pueblos indígenas, Alberto Pizango es tratado mediáticamente y por el gobierno como un delincuente. En este sentido, la terrible muerte de los policías, es usado políticamente por García contra los grupos indígenas para aislarlos y deslegitimar su protesta indígena frente a la opinión pública y justificar la represión sanguinaria del gobierno.

El gobierno usa el racismo y la criminalización, con la complacencia de muchos medios de comunicación, como sus recursos autoritarios para gobernar. El 2011, cuando la inmunidad presidencial ya no lo proteja, García y sus ministros deberán responder por las graves violaciones a los derechos humanos que vienen cometiendo, la justicia tarda pero llega sino veamos a Fujimori."