Respuesta de la Embajada de Perú sobre lo sucedido en Bagua

El documento que presentamos es la respuesta de la Embajada de Perú en Washington ante el pedido de parar el ataque policial frente a la protesta indígena. Esto constituye la versión oficial de lo sucedido, las partes resaltadas en negritas muestran la parcialización del gobierno actual con la actuación de la Policía y el sesgo a criminalizar la protesta indígena.

Este documento ha sido traducido de manera no oficial.

From: Cecilia Campana
Date: 2009/6/23
Subject: RE: End police attacks on peaceful indigenous protesters
To:

Washington, DC, June 12, 2009

In response to your message, please find herewith a press release and a report about the background and context of the recent riots in Bagua, Amazonas, Peru.

Sincerely,

Embassy of Peru

En respuesta a su mensaje, le adjunto una nota de prensa y una
informe sobre los antecedentes y el contexto de los recientes disturbios en Bagua,
Amazonas, Perú.

Atentamente,

Embajada del Perú

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Versión en castellano:

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
12 de junio de 2009

Embajada del Perú
1700 Massachusetts Ave.. N.W.
Washington DC, 20036

EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

COMUNICADO DE PRENSA SOBRE LAS RECIENTES ACONTECIMIENTOS en Bagua, Amazonas, Perú

El 5 y 6 de junio de 2009 se produjeron enfrentamientos entre la policía y grupos de nativos habitantes en la zona de Bagua, Amazonas. El resultado fue lamentable
treinta y tres muertos - 24 policías y 9 civiles - según las cifras oficiales. Ciento cincuenta y cinco personas resultaron heridas, de que sólo 12 permanecen hospitalizados.

Ninguna institución estatal, la Policía Nacional, el Fiscal o la Defensoria del Pueblo, ni otras instituciones, como la Cruz Roja, tiene información sobre más víctimas civiles que los registrado oficialmente. El Gobierno del Perú lamenta profundamente
las muertes de policías y civiles, y espera que la situación pronto retorno a la normalidad. Esta profundamente conmocionado de que varios policías fueron torturados y asesinados brutalmente.

Las diversas instituciones autónomas encargadas de la justicia y administración, el fiscal, los abogados defensores, y la Defensoria del Pueblo, están haciendo esfuerzos para aclarar estos lamentables acontecimientos, en el marco de la gobernabilidad democrática y el imperio de la ley. El Gobierno continuará ejerciendo las competencias asignadas por la Constitución, con el fin de garantizar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, sin distinción de ningún tipo y para prestar asistencia jurídica y la supervisión por las autoridades competentes. En el cumplimiento de las correspondientes procedimientos judiciales, el gobierno asegura a las personas involucradas que seguirán disfrutando de todas las garantías inherentes al debido proceso.

La comunidad internacional está contribuyendo a este esfuerzo. Por ejemplo, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) está presente en el terreno y tiene libre autorización para llevar a cabo su labor humanitaria. El Gobierno alienta a esas actividades.

El objetivo del Gobierno es evitar la destrucción de la Amazonia y del bosque. Los mineros informales que contaminan los ríos con mercurio, la coca ilegal, productores y aquellos que practican la tala ilegal y el contrabando de madera han destruido más de 10 millones de hectáreas (24,7 millones de acres) en los últimos años.

Para defender y proteger este patrimonio ecológico de la humanidad, para reforestar
áreas que fueron destruidas y restablecer el orden, el Gobierno ha aprobado la legislación que se reserva la propiedad de 12 millones de hectáreas (29,6 millones de acres) a 320.000 habitantes nativos amazónicos y 15 millones de hectáreas (37 millones de acres) como santuarios naturales. Pero extremistas de los movimientos políticos han convencido a algunos de la población indígena que serían despojados de sus tierras. Esto dio lugar a el bloqueo de carreteras y la interrupción de la producción de plantas. Como lo requiere la ley, la policía procedió a limpiar la carretera y fueron atacados con armas de fuego, con el resultado de 24 víctimas. El elevado número de muertes de civiles informó la prensa sensacionalista y por tanto es inexacta.

Cabe señalar que, con el propósito de buscar una solución a esta situación, las fuerzas políticas del país han acordado suspender la aplicación de los decretos legislativos 1090 y 1064, y establecer el Grupo de Coordinación Nacional para el Desarrollo de los Pueblos de la Amazonas - formada por miembros del Poder Ejecutivo, Presidentes de los gobiernos de la región de la Amazonía y de los pueblos indígenas
representantes - que se encargará de formular un plan de desarrollo sostenible para la región amazónica y pueblos indígenas en los ámbitos de la educación, la salud, la propiedad de la tierra, titulación y registro de los derechos sobre la tierra y cualquier otras medidas necesarias.

El Gobierno del Perú reitera su firme compromiso con la democracia, la promoción y protección de los derechos humanos y el estado de derecho y su voluntad de mantener un diálogo abierto con todos los sectores involucrados en esta delicada cuestión, a fin de evitar la destrucción de la Amazonia, y con el fin de cumplir su compromiso con sus grupos étnicos.

Lima, 12 de junio de 2009.

EVENTOS EN Bagua, Amazonas

Es de conocimiento público que el día 5 y 6, de 2009, hubo violentos enfrentamientos entre agentes de la policía y los residentes de la ciudad de Bagua, que se encuentra
en la Región Amazonas, en el noreste del Perú.

Según información oficial, hasta el momento hay 33 muertos, 24 de ellos son agentes de la policía y 9 civiles. Esta información ha sido confirmada por otras organizaciones gubernamentales tales como la Defensoría del Pueblo. Además, se ha confirmado que los agentes policiales fueron asesinados a sangre fría. El Gobierno peruano lamenta la muerte de los 33 conciudadanos y comparte su dolor con la de sus familias.

El Gobierno del Perú, a través de sus instituciones encargadas de la administración de justicia y aplicación de la ley (Ministerio Público, Defensoría Pública, Oficina del Defensor del Pueblo, la Policía y el Ejército), está haciendo todo lo posible para aclarar estos lamentables acontecimientos, con la debida observancia de los principios de un gobierno democrático y el Estado de Derecho.

Hay versiones inexactas que circulan no sólo en el Perú, sino también a nivel internacional que señalan al Gobierno del Perú haber recurrido a la uso de la fuerza de manera desproporcionada y arbitraria, provocando un alto número de víctimas entre la población civil.

El Gobierno del Perú ha hecho pública de manera oportuna las medidas adoptadas para restablecer la seguridad y el orden público, así como se ha normalizado la prestación de servicios esenciales que fueron interrumpidas por 55 días. Los residentes que han perturbado el orden público para justificar su acciones argumentando que la "Ley Forestal y de Fauna Silvestre" viola sus derechos, en particular los derechos de propiedad y que la Ley fue aprobada sin consulta. El Gobierno considera que esta posición es el resultado de una flagrante desinformación causada por los dirigentes de esas comunidades.

El Perú tiene una larga tradición y compromiso constitucional a la protección y la promoción de los derechos humanos. En este contexto, ha apoyado activamente diversas iniciativas internacionales que tratan de reconocer los derechos de los pueblos indígenas, tales como la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas Pueblos de las Naciones Unidas. De hecho, el proceso de negociación que condujo a este acuerdo fue presidida por el Perú desde su inicio hasta su promulgación por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007.

ANTECEDENTES

Por la Ley N º 29157 publicada el 20 de diciembre de 2007, el Congreso delegó
las facultades legislativas al Poder Ejecutivo sobre diversos temas relacionados con el Perú y los Estados Unidos Acuerdo de Promoción Comercial y de apoyo a las mejoras en la competitividad económica.

En virtud de esta disposición, el Decreto Legislativo (DL) N º 1090 "Bosques y Vida Silvestre de la ley "fue promulgada el 28 de junio de 2008. Esta norma actualiza el antiguo régimen forestal y esta orientado a la promoción de un ordenado y sostenible
desarrollo de nuestros recursos naturales para beneficio de todos los peruanos.

El 26 de septiembre de 2008, un grupo de representantes de los Asociación Interétnica de Desarrollo de la Amazonía Peruana - AIDESEP - exigieron la derogación del DL 1090, porque en su opinión, a)infringia sus derechos de propiedad y, b) se publicó sin previa consulta de acuerdo a lo estipulado por el Convenio N º 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales en
Países Independientes.

De enero a junio de 2008, los representantes de AIDESEP canalizaron sus preocupaciones por el Congreso peruano, así se realizaron la celebración de una serie de reuniones con miembros de los comités pertinentes. Llegó a la conclusión de estas deliberaciones con la redacción de un proyecto de ley modificado que incluyó sus recomendaciones. La Defensoria del Pueblo y el Instituto de Defensa Legal ha contribuido con la posición documentos a la redacción de las enmiendas.

El 14 de enero de 2009, la Ley N º 29317 fue aprobada. Esta Ley modificada artículos del DL N º 1090 [1].

No obstante, los representantes de AIDESEP presionaron para obtener la derogación de ambas leyes. A mediados de abril de 2009, los líderes de la AIDESEP pidieron a sus miembros asociados adoptar una postura más beligerante, incluyendo manifestaciones y cortes de carretera, lo que interrumpió el transporte de carga y pasajeros, y el suministro de energía. Al mismo tiempo, el Congreso, la Comisión de Constitucionalidad, siguió debatiendo la posible inconstitucionalidad del DL 1090.

Como la interrupción de los servicios públicos y cortes de carretera empeoró, el 9 de mayo de 2009, el Gobierno del Perú emitió el Decreto Supremo No. 027-2009-PCM declarar el estado de emergencia en algunos distritos de la ciudad del Cusco, Ucayali, Loreto y Amazonas (Bagua). De conformidad con la Convención de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Gobierno peruano informó su decisión a la Secretaría General de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos (OEA).

El 14 de mayo de 2009, el Presidente de AIDESEP, Alberto Pizango Chota hizo una
además un llamamiento a los miembros asociados y aliados de las fuerzas políticas para obligar a un cambio de modelo de Estado del Perú para preparar y declarar el estado de insurgencia. [2]

El 20 de mayo de 2009, y en parte para hacer frente a la falta de un programa nacional sobre marco legislativo para la aplicación de lo estipulado en el Convenio 169 de la OIT, el gobierno peruano creó un Comité Multisectorial Permanente a fin de mejorar el proceso de participación y diálogo. El Comité comprende la Presidencia del Consejo de Ministros y 9 de otros Ministros de Estado (Medio Ambiente, Género, Agricultura, Energía y Minería, Educación, Interior, Salud, Transportes y Comunicaciones, Vivienda), 7 representantes de AIDESEP, un representante del Instituto Nacional de Andinos, Amazónicos y Afro-peruanos, y un representante de los alcaldes de la zona amazónica, más un representante de la región de la Amazonía.

Al mismo tiempo, el 20 de mayo de 2009, la Comisión de Asuntos Constitucionales
Asuntos aprobó el Informe elaborado por la minoría en el Congreso que apoyó la derogación de los DL 1090, con siete votos a favor, seis en contra y una abstención. El informe fue preparado para ser presentado a todos los miembros del Congreso.

El Gobierno del Perú reafirma, como se desprende del texto de las anteriormente mencionadas leyes, que ni el DL 1090 que modifica la Ley ni el afectará en modo alguno los derechos de propiedad de los pueblos indígenas. Es legalmente establecido que los 12 millones de hectáreas son legítimamente propiedad de los 400 mil habitantes de la Amazonía, que en conjunto los 15 millones de hectáreas de áreas de reserva ecológica y santuarios naturales los parques son intocables.


PROCESO DE DIÁLOGO DIRECTO ENTRE EL ESTADO Y REPRESENTANTES DE LOS LÍDERES LOS PUEBLOS INDÍGENAS [3]

Habido progresos sustanciales para promover el diálogo con el representantes de los pueblos indígenas.

Una Mesa Redonda de Diálogo Multisectorial de la Comisión Permanente se creó el 26 de mayo de 2009 y fue presidido por el Presidente del Consejo de Ministros con la participación de los representantes de AIDESEP.

Después de dos reuniones, el proceso se detuvo el 1 de junio de 2009 por la decisión de los dirigentes de AIDESEP de suspender el diálogo.

El 4 de junio de 2009, el Congreso peruano decidió no celebrar una sesión plenaria en el período de sesiones para el debate y la votación sobre el informe que recomienda la derogación del Decreto Legislativo 1090.

Restablecimiento del orden público

La Policía Nacional del Perú en coordinación con el Ministerio de Defensa, de acuerdo con los artículos 166 y 137 de la Constitución peruana, son los encargados de restaurar y garantizar el orden público en áreas perturbadas por la violencia.

El 5 de junio de 2009, el Gobierno, en pleno poder de sus normas constitucionales, encargó a la Policía Nacional abrir la Carreterael Fernando Belaúnde que fue bloqueada por manifestantes en el lugar conocido como La Curva del Diablo. En esa ocasión la Policía Nacional, fueron atacados por organización de manifestantes que actuaron violentamente en contra de ellos, 13 agentes fueron ejecutados. Otros 38 policías y 1 civil fueron tomados como rehenes cuando custodiaban la estación Bomba Número 6 del noroeste peruano, Gasoducto de Petróleo.

Una muchedumbre urbana que falsamente representan a las poblaciones indígenas atacaron y quemaron edificios públicos y privados destruyendo esa propiedad. Agentes de la policía, en presencia de los fiscales, detuvieron a los amotinados. Los fiscales serán los encargados de llevar a cabo la investigación de posibles delitos y si procede iniciar penalmente procedimientos contra los delincuentes.

En este contexto, y debido al gran número de personas detenidas como
sospechosos de actos delictivos, "El Milagro" Base Militar se utiliza
temporalmente hasta que los detenidos son trasladados a los lugares se
van a ser juzgados en los tribunales. Es importante mencionar que este
situación está estrechamente controlada y supervisada por los fiscales
especialmente designado para garantizar la vida y la seguridad de todas las partes
implicados. Defensores públicos han sido nombrados para prestar asistencia jurídica
a todas las partes implicadas.

El 6 de junio de 2009, se supo que 10 de los agentes de la policía que fueron
tomados como rehenes el día anterior habían sido ejecutados. Estos agentes de la policía recibieron instrucciones de no disparar contra los amotinados.

A la luz de estos acontecimientos, al día siguiente el Gobierno prorrogó el Estado
de Emergencia y estableció un toque de queda en Bagua. Al mismo tiempo, la
Poder Judicial ordenó la detención del Sr. Pizango, pero en el caso que ha
solicitó y obtuvo asilo político por la Embajada de Nicaragua en el Perú
el 8 de junio de 2009.

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú informó de la declaración del estado de excepción al Secretario General de la Organización de Los Estados Americanos y las Naciones Unidas.

El Gobierno del Perú ha solicitado la participación de destacados
personas y la mediación de la Iglesia a fin de restablecer la
diálogo en el menor tiempo.

9 de junio. La Iglesia se compromete a mediar en el conflicto.

10 de junio. El Congreso suspende la aplicación del DL 1090, para permitir su revisión completa. La anterior legislación será temporalmente, mientras que en efecto
la Comisión Multisectorial Permanente se ampliará para mejorar la
representación de las comunidades indígenas.

COMENTARIOS FINALES

El Gobierno del Perú considera que la secuencia de los hechos anteriormente
descritos constituyen una conspiración contra el sistema democrático, a la que
el Estado ha respondido de acuerdo a la Constitución el mandato autoridad.
Los derechos fundamentales de todos los ciudadanos que participan en estos actos fueron respetados sin ningún tipo de discriminación, dándoles
asistencia jurídica y bajo la supervisión de las autoridades pertinentes. Una vez que comienza un proceso judicial, todas las personas que participaron continuarán disfrutando de todas las las garantías previstas por la ley.

El Gobierno del Perú está decidido a proteger a todos los ciudadanos y tener en
medidas para prevenir el resurgimiento de la violencia que puedan surgir a través de la exacerbación de los conflictos con el debido respeto y observancia de la Constitución.

El Gobierno del Perú reitera su firme compromiso con la democracia, la
promoción y protección de los Derechos Humanos y el Estado de Derecho, y su
permanente voluntad de entablar un diálogo constructivo con todas las partes
implicados.

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Versión en inglés

Washington, 10 de junio de 2009.


FOR IMMEDIATE RELEASE
June 12, 2009


Embassy of Peru
1700 Massachusetts Ave. N.W.
Washington DC, 20036

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF PERU

PRESS RELEASE ABOUT THE RECENT EVENTS IN BAGUA, AMAZONAS, PERU

On 5 and 6 June 2009 clashes occurred between police and groups of native inhabitants in the zone of Bagua, Amazonas. The unfortunate result was thirty-three people dead - 24 police officers and 9 civilians - according to official figures. One hundred fifty-five persons were injured, of which only 12 remain hospitalized.

No state institution, the National Police, the Prosecutor or the Ombudsman, nor any other institutions, such as the Red Cross, has information that there are any more civilian casualties than those that have been registered officially. The Peruvian Government deeply regrets the deaths of policemen and civilians, and expects that the situation will soon return to normal. It is deeply shocked that several policemen were tortured and brutally murdered.

The various autonomous institutions responsible for justice and law enforcement, the public prosecutor, the defense lawyers, and the Ombudsman, are making efforts to clarify these unfortunate events, within the framework of democratic governance and the rule of law. The Government will continue to exercise the assigned powers by the Constitution, in order to guarantee the fundamental rights of all citizens without distinction of any kind and to provide legal assistance and supervision by competent authorities. In carrying out the corresponding judicial procedures, the government reassures those persons involved that they will continue to enjoy all the guarantees inherent to due process.

The international community is contributing to this effort. For example, the International Committee of the Red Cross (ICRC) is present on the ground and has unrestricted authorization to conduct its humanitarian mission. The Government encourages such activities.

The Government's objective is to avoid the destruction of the Amazon forest. Informal miners who pollute the rivers with mercury, illegal coca growers and those who practice illegal logging and timber smuggling have destroyed more than 10 million hectares (24.7 million acres) in recent years.

To defend and protect this ecological heritage of mankind, to reforest areas that were destroyed and to reestablish order, the Government approved legislation that reserves the ownership of 12 million hectares (29.6 million acres) to 320,000 native Amazonian inhabitants and 15 million hectares (37 million acres) as natural sanctuaries. But extremist political movements have convinced some of the indigenous population that they would be robbed of their land. This led to the blockading of roads and the interruption of production plants. As required by law, the police proceeded to clear the roads and were attacked with firearms, with the result of 24 casualties. The elevated number of civilian deaths reported by sensationalists is thus inexact.

It should be noted that, for the purpose of seeking a solution to this situation, the country's political forces have agreed to suspend the implementation of legislative decrees 1090 and 1064, and to establish the National Coordination Group for the Development of Peoples from the Amazon - formed by members of the Executive Branch, Chairmen of the Regional Governments of the Amazon and indigenous peoples' representatives - who will be responsible for formulating a comprehensive plan for sustainable development for the Amazon region and indigenous peoples in the areas of education, health, land ownership, titling and registration of land rights and any other necessary measures.

The Peruvian Government reiterates its firm commitment to democracy, the promotion and protection of human rights and the rule of law and its continued willingness to maintain an open-ended dialogue with all sectors involved in this sensitive issue, so as to avoid the destruction of the Amazon, and in order to fulfill their commitment to its own ethnic groups.

Lima, June 12, 2009.



EVENTS IN BAGUA, AMAZONAS

It is of public knowledge that on June 5 and 6, 2009, there were violent clashes between police agents and residents of the city of Bagua, located in the Amazonas Region, on the North-East of Peru.

According to official information, so far there are 33 deaths, 24 of them are police agents and 9 civilians. This information has been confirmed by other government organizations such as the Ombudsman's Office. Moreover, it has been confirmed that the officers were cold blooded murdered. The Peruvian Government regrets the death of the 33 fellow citizens and shares their families’ grief.

The Government of Peru, through its institutions responsible for justice administration and law enforcement (Public Prosecutor, Public Defenders, Ombudsman Office, the Police and the Army), is making every effort to clarify these unfortunate events, with due observance of the principles of a democratic Government and the Rule of Law.

There are inaccurate versions circulating not only in Peru but also internationally stating that the Peruvian Government had resorted to the use of force in a disproportionate and arbitrary manner, causing a high number of casualties among the civilian population.

The Government of Peru has made public in a timely manner about the actions adopted to restore security and public order, as well as to normalize the provision of essential services which were interrupted for 55 days. The residents who disturbed public order have justified their actions arguing that the “Forest and Wildlife Law” violates their rights, in particular property rights and that the Law was passed before consulting them. The Government believes that this position is the result of a flagrant disinformation caused by the leaders of those communities.

Peru has a long tradition and constitutional commitment to the protection and promotion of human rights. In this context, it has actively supported various international initiatives that seek to recognize the rights of indigenous peoples, such as the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples of the United Nations. In fact, the negotiating process that led to this agreement was chaired by Peru from its inception until its enactment by the General Assembly of the United Nations in 2007.


BACKGROUND

By Law No. 29157 published on December 20, 2007, the Congress delegated legislative powers to the Executive branch on various subjects related to the Peru-US Trade Promotion Agreement and to support improvements in economic competitiveness.

Under this provision, the Legislative Decree (LD) No. 1090 "Forest and Wildlife law” was enacted on June 28, 2008. This norm updated the old forestry system and aimed at promoting an orderly and sustainable development of our natural resources for the benefit of all Peruvians.

On September 26, 2008, a group of representatives of the Interethnic Association for the Development of the Peruvian Amazon - AIDESEP- requested the abrogation of LD 1090, because in their opinion a) it infringed their property rights and b) it was issued without prior consultation as called for by Convention No. 169 of the International Labor Organization (ILO) concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries.

From January to June 2008, the representatives of AIDESEP channeled their concerns through the Peruvian Congress, holding a number of meetings with members of relevant committees. These deliberations concluded with the drafting of an amended bill that included their recommendations. The Ombudsman and the Legal Defense Institute contributed with position papers to the drafting of the amendments.

On January 14, 2009, the Law No. 29317 was passed. This Law amended articles of the LD No. 1090[1].

Notwithstanding, representatives of AIDESEP pressured to obtain the repeal of both laws. By mid-April 2009, the AIDESEP’s leaders prompted their associate members to adopt a more belligerent stance, including demonstrations and roadblocks, which halted transportation of cargo and passengers, and the supply of energy. Simultaneously, the Congressional Constitution Committee continued discussing the possible unconstitutionality of the LD 1090.

As the interruption of public services and roadblocks worsened, on May 9, 2009 the Government of Peru issued Supreme Decree No. 027-2009-PCM declaring the state of emergency in certain districts of Cusco, Ucayali, Loreto and Amazonas (Bagua). Pursuant to the Convention on Civil and Political Rights and the American Convention on Human Rights, the Peruvian Government informed its decision to the General Secretariats of the United Nations and the Organization of American States (OAS).

On May 14, 2009, the President of AIDESEP, Alberto Pizango Chota made a further call on associate members and allied political forces to force a change of the Peruvian state model and to prepare to declare a state of insurgency.[2]

On May 20, 2009, and in part to address the lack of a national legislative framework to norm the implementation of the ILO agreement, the Peruvian government established a Multisector Standing Committee in order to enhance the participatory process and dialogue. The Committee comprised the Presidency of the Cabinet and 9 other State Ministers (Environment, Gender, Agriculture, Energy and Mining, Education, Interior, Health, Transport and Communications, Housing), 7 representatives of AIDESEP, a representative of the National Institute of Andean, Amazonian and Afro-Peruvians, and a representative of the mayors of the Amazon area plus one representative of the Amazon’s region Presidents.

At the same time, on May 20, 2009, the Commission on Constitutional Affairs approved the Report prepared by the minority in Congress that supported the abrogation of the LD 1090, with seven votes in favor, six against and one abstention. The Report was ready to be presented to all members of Congress.

The Government of Peru reaffirms, as it follows from the text of the above mentioned laws, that neither the LD 1090 nor the amending Law affect in any way the property rights of indigenous peoples. It is legally established that the 12 million hectares are rightfully owned by the 400 thousand native inhabitants of the Amazon, which together the 15 million hectares of reserve areas for ecological sanctuaries and natural parks are untouchable.


DIRECT DIALOGUE PROCESS BETWEEN STATE REPRESENTATIVES AND THE LEADERS OF INDIGENOUS PEOPLES[3]

There has been substantive progress to promote dialogue with the representatives of the indigenous people.

A Dialogue Roundtable of the Multisector Standing Committee was set up on May 26, 2009 and was chaired by the President of the Cabinet of Ministers with the participation of the representatives of AIDESEP.

After two meetings, the process was halted on June 1, 2009 by the decision of the leadership of AIDESEP of suspending the dialogue.

On June 4, 2009 the Peruvian Congress decided not to hold a plenary session to debate and vote on the report that recommended the abolishment of Legislative Decree 1090.


RESTORATION OF PUBLIC ORDER

The Peruvian National Police in coordination with the Ministry of Defense, according to the Articles 166 and 137 of the Peruvian Constitution, are in charge to restore and guarantee public order in areas disrupted by violence.

On June 5, 2009 the Government, in full power of its constitutional rights, instructed the National Police to re open the Fernando Belaunde Highway that was blocked by rioters in the location known as Devil’s Curve. In that occasion the National Police agents were attacked by organized rioters who acted violently against them, executing 13 agents. 38 other police officers and 1 civilian were taken as hostages when they were guarding Pump Station Number 6 of the Peruvian North West Oil Pipeline.

An urban mob that falsely claimed to represent the indigenous populations attacked and burned down public buildings and also destroyed private property. Police agents, in the presence of public prosecutors, arrested the rioters. The public prosecutors will be in charge of conducting the investigation of possible crimes and if applicable start criminal proceedings against the offenders.

In this context and due to the high number of persons detained as suspects of criminal acts, the “El Milagro” Military Base is used temporarily until the detainees are transferred to the locations were they will be taken to court. It is important to mention that this situation is closely monitored and supervised by the prosecutors especially appointed to guarantee the life and security of all parties involved. Legal public defenders have been appointed to provide legal assistance to all involved parties.

On June 6, 2009, it was learned that 10 of the police agents that were taken as hostages the day before had been executed. These police agents were instructed not to fire against the rioters.

In light of these events, the next day the Government extended the State of Emergency and established a curfew in Bagua. At the same time, the judiciary ordered the detention of Mr. Pizango, but in the event he has sought and obtained political asylum by the Embassy of Nicaragua in Peru on June 8, 2009.

The Ministry of Foreign Affairs of Peru informed of the declaration of the State of Emergency to the Secretary General of the Organization of American States and the United Nations.

The Government of Peru has requested the participation of prominent people and the mediation of the Church in order to reestablish the dialogue within the shortest time.

June 9. The Church agrees to mediate in the conflict.

June 10. The Congress suspends the application of LD 1090, to allow its full review. The previous legislation will be temporarily in effect while the Multisector Standing Committee will be broadened to enhance the representation of the indigenous communities.
FINAL COMMENTS

The Government of Peru considers that the sequence of events above described constitute a conspiracy against the democratic system, to which the State has responded according to the Constitution mandated authority. The fundamental rights of all citizens involved in these acts were respected without any kind of discrimination, providing them with legal assistance and under the supervision of relevant authorities. Once the judicial process begins, all persons involved will continue to enjoy all the guarantees provided by the law.

The Government of Peru is determined to protect all citizens and to take measures to prevent the resurgence of violence that may arise through the exacerbation of the original conflict with due respect to and observance of the Constitution.

The Government of Peru reiterates its firm commitment to democracy, the promotion and protection of Human Rights and the Rule of Law, and its permanent will to engage in a constructive dialogue with all parties involved.



Washington, June 10, 2009.






From:
Sent: Tuesday, June 09, 2009 1:46 AM
To: Luis Valdivieso
Cc: Eliana Moscoso; ysimon@pcm.gob.pe; rvasquezr@congreso.gob.pe; LimaACS@state.gov; rluque@defensoria.gob.pe; apalomino@defensoria.gob.pe; pdlcruz@defensoria.gob.pe; informaciones@ccffaa.mil.pe
Subject: End police attacks on peaceful indigenous protesters

Mr. President Alan García,

I am writing to express my deepest concern over the recent police attack on peaceful indigenous protesters in Bagua, northern Peru. Eyewitness reports from the field indicate that the police attacked in the early morning, firing tear gas and live bullets that resulted in the deaths of both protesters and police officers. I am strongly urging your administration to immediately stand down, refraining from using additional deadly force on indigenous demonstrators.

In the context of the Free Trade Agreement with the US, your administration has attempted to roll back the rights of indigenous peoples and open the Amazon rainforest to increased extraction of natural resources by multinational corporations in contravention of international laws and conventions that guarantee the rights of indigenous peoples, including those ratified by Peru.

In September 2007, the Peruvian government demonstrated true leadership in introducing and supporting the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples on the floor of the General Assembly. Today, your administration is acting in stark contrast to its stated commitment to this Declaration.

I respectfully urge your administration and the Peruvian Congress to:

1.Order an immediate cessation of violent police actions against peaceful protesters.
2.Suspend the State of Emergency, withdraw your Special Forces and decriminalize peaceful protests.
3.Uphold the constitutionally guaranteed rights of indigenous peoples to self-determination, to their ancestral territories, and to prior consultation and consent over any policies and activities that affect them.
4.Repeal the series of contested Decrees passed when Congress offered fast track authority to create laws facilitating the Free Trade Agreement with the United States.
5.Enter into good faith meaningful process of dialogue with indigenous leaders to resolve this conflict.


Respectfully,

Red Autónoma de Comunicación Ucayali
Peru

[1] The modified articles were: Article 1. Object of the law; Article 4. National Plan for Forest and wildlife Development; Article 6: National Forest and Wildlife Patrimony; Article 8 Forest zonification; Article 18. Economic compensation for the utilization of forest and wildlife resources; Article 25: Suppression of Vegetation Coverage in private land susceptible to agriculture and pecuary; Article 37: Evaluation and control; Article 41. Acquisition with good faith, confiscation and sanctions of products or forest and wildlife species.

[2]See:http://agenciaperu.tv/view_video.php?viewkey=48894b8ea294e4f23b41&category=§ion=12 and http://www.youtube.com/watch?v=WMwEiSiK3AM

[3] See the paper prepared by the Presidency of the Cabinet dated on 8.6.09: "Actions regarding the Amazonian communities strike,” which states that "the Third Session of the Multi sector Committee was not possible because of the absence of the representatives of AIDESEP.

Enlace de la Embajada de Perú en Washington