LA POLICÍA DEBE RESPETAR SIEMPRE LOS DERECHOS HUMANOS

Londres.- Tras la detención de 156 manifestantes en Perú, 127 de ellos en Lima, Amnistía Internacional ha pedido a la policía que se abstenga de usar fuerza excesiva, cuando las protestas entran en su último día.


“Las autoridades tienen la obligación de mantener el orden público”, ha declarado Nuria García, investigadora de Amnistía Internacional sobre Perú. “Sin embargo, las fuerzas de seguridad también deben asegurarse de que no se usa la fuerza a menos que sea necesario y sólo en el mínimo grado que sea preciso”.

“Las personas tienen derecho a protestar, y se les debe permitir que ejerzan pacíficamente este derecho sin miedo a ser encarceladas, a que se presenten en su contra cargos penales o a otras represalias”, ha afirmado Nuria García. “Las personas detenidas deben ser acusadas formalmente de un delito reconocible o ser puestas en libertad de inmediato.”

El Frente Nacional por la Vida y la Soberanía –formado por sindicatos y organizaciones indígenas y de la sociedad civil– convocó tres días de manifestaciones en todo el país, del 7 al 9 de julio. Las protestas se dirigen contra una serie de decretos legislativos relativos al uso de las tierras y los recursos naturales en la Amazonia. Las comunidades indígenas del Amazonas no fueron consultadas sobre esta legislación, a pesar de que Perú ha ratificado el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo), que le obliga a hacerlo.

En junio, al menos 33 personas perdieron la vida, entre ellas 23 agentes de policía, y 200 resultaron heridas tras retirar por la fuerza la policía a manifestantes indígenas que protestaban contra los mismos decretos legislativos y que habían bloqueado la carretera de entrada a Bagua, en la Amazonia peruana. Según los informes, 79 manifestantes fueron detenidos en Bagua, de los que 21 continúan bajo custodia. Algunas de las personas detenidas sufrieron tortura y malos tratos, según los informes, y se les impidió el acceso a asistencia letrada y a intérpretes.