A UN MES DE BAGUA: ¿QUE HEMOS APRENDIDO?

Desde el Tercer Piso

Hay varias lecciones que dejan los lamentables sucesos ocurridos en Bagua, un hecho que ha constituido un antes y un después en el segundo gobierno de Alan García. Cuestiones que, como veremos, parecen no ser del todo asumidas por algunos de los actores involucrados. Solo me concentraré en dos.


En primer lugar, una de las primeras víctimas de Bagua fue la verdad. Durante aquel 5 de junio y los días siguientes se insistió mucho en la tesis del genocidio, tanto “de policías” - en una “contribución” de Alan García al Derecho Internacional de los Derechos Humanos - como de los miembros de las comunidades amazónicas. De allí que fuera importante la labor de la Defensoría del Pueblo en tratar de esclarecer los hechos. Su informe final concluye que la cifra oficial de muertos es la que todos manejamos. Igualmente, una comisión especial investigará estos hechos. No se si todas las dudas serán despejadas, pues habrán quienes insistan en no creer estas versiones oficiales, tal como ocurrió a un sector de la izquierda frente a los hechos de Uchuraccay o a la derecha frente a las violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas y denunciadas por la CVR. Cabe recordar que AIDESEP reconoce la cifra oficial de fallecidos. Así, una lección es que, por más opuesto que se sea al gobierno, no se le pueden inventar muertos que no existen.

Pero la segunda compete al gobierno y no solo tiene que ver con el vocabulario frontal con el que desde Palacio de Gobierno han procurado enfrentar la crisis. Se vincula, fundamentalmente, con el modelo de desarrollo que se quiere para la selva. Dos recientes expresiones de representantes del gobierno sirven para reflejar un tipo de visión que solo procura la inversión privada, sin medir las consecuencias ambientales.

La primera viene, nada menos, que del Ministro del Ambiente, Antonio Brack. Entrevistado por El Comercio, soltó las siguientes declaraciones sobre la explotación petrolera:

¿Hay algún ejemplo de una explotación petrolera en operaciones que no contamine y que se lleve bien con la comunidad?
El Lote 8 de Pluspetrol.

¿Pero no se llevaban pésimo?
No es así.

Pero los nativos lo tomaron en el 2006…
Hace tres años, cuando se firmó el acta de Dorissa, todo se tranquilizó. Hoy en día solo hay algunas protestas.

¿Y la contaminación? La ONG WWF señala que reciben reportes de las comunidades achuar en los que dicen que se siguen produciendo derrames.
Dicen, dicen, dicen… Una comisión del Congreso ha aprobado que los bosques de neblina son importantes para el Perú para proteger al gorila de montaña. ¿En el Perú hay gorilas? No. Que alguien diga algo no significa que sea verdad. ¿Allá, dónde hay contaminación?

Pero es lo que señalaron Osinergmin y Digesa en su momento.
Es el pasado. Una cosa es Pluspetrol en el río Corrientes, otra es Pluspetrol en Camisea. En Loreto hay pasivos desde 1974 que derivan de la Occidental Petroleum Corporation.

Pero Pluspetrol no reinyectaba las aguas que sacaba del subsuelo para extraer petróleo, de modo que contaminara con una serie de fluidos tóxicos los ríos Corrientes, Tigre y Pastaza, como lo denunció la comunidad achuar en el 2006.
En el río Corrientes, en los lotes 1 A-B y Lote 8 se ha culminado con el 100% de reinyección, y ya se está descontaminando.

Pero ellos solo reinyectaban el 15%. ¿Ha podido confirmar esa versión?
Eso es lo que me dijeron cuando me invitaron a su planta, pero no pude ir.

¿No tiene otro mejor ejemplo para determinar que no se contaminará?
¡Pero te estoy diciendo que eso es distinto! Esos hechos son de hace cuatro o cinco años, ahora se reinyecta el 100% de agua.

¿Quién le garantizó eso?
Pluspetrol.

¿Cómo se lo demostraron?
Pluspetrol eleva informes al Ministerio de Energía y Minas, fiscalizados por el Osinergmin. Allí está el Instituto de Estudios de la Amazonía y Digesa, que han comprobado que la empresa ha invertido S/.40 millones para garantizar la salud de las comunidades, monto que se lo entregan a la Dirección de Salud del Gobierno Regional de Loreto, y eso no se ejecuta.

¿Todo el impacto negativo se ha corregido en dos años?
Pero ya se lo expliqué. ¿Usted me quiere fastidiar? Se están limpiando las zonas donde hubo derrames, eso demora porque hay que recoger el barro. Ya se hizo la labor en un lote y en el otro ya se está avanzando.

Se lo comento porque Roberto Ramallo, ex gerente general de Pluspetrol, reconoció que su empresa echaba las aguas contaminadas al río, producto de la explotación del Lote 8, lo que contaminaba con cadmio y plomo la sangre de los pobladores de la comunidad achuar. Por eso le digo que no parece el mejor ejemplo.
La extracción de petróleo implica un impacto, pero ahora, por los altos estándares de las empresas y la regulación, es mínimo. ¡Si no quiere petróleo entonces invirtamos US$12.000 millones al año en importarlo para que el Perú termine yéndose al diablo!

¿Qué harán como Gobierno con los que no piensan así?
Tenemos que tomar la decisión. En este momento el Perú importa US$2.500 millones al año en petróleo; si no encontramos más, decidamos. Juntémonos con los nativos que se oponen a esto y tomemos una decisión. Perfecto, no vamos a explotar ni gas ni petróleo, que se quede eso en el subsuelo, entonces no hay canon, no hay nada. El canon y las regalías mineras los invertimos en importar combustibles.

Alberto Chirif, antropólogo especialista en temas amazónicos, ha respondido a lo dicho por Brack, en un artículo bastante severo contra el titular del Ambiente. Aquí algunos extractos:

En una entrevista realizada por el diario El Comercio (junio, 2009, p. 2, sección B), el ministro del Ambiente sostuvo una vez más que ahora la explotación de hidrocarburos es limpia y se realiza con un mínimo impacto. Puso él como ejemplo el caso del Corrientes, donde opera Pluspetrol, heredera y continuadora de un trabajo sucio iniciado por Occidental Petroleum y PETROPERÚ. Frente a la pregunta de quién le ha garantizado que la empresa esté reinyectando el 100% de las aguas de formación, él respondió que la propia Pluspetrol: “Eso fue lo que me dijeron cuando me invitaron a su planta, pero no pude ir”.

Sorprendente respuesta la del ministro del Ambiente de un gobierno que, apenas tres años atrás, se negaba a reconocer los estragos causados sobre las personas y el medio ambiente en la cuenca del Corrientes, a pesar de que las demandas de los pobladores achuares estaban apoyadas por informes del hoy desaparecido INRENA y de análisis de los ministerios de Salud y de la Producción, que demostraban la presencia de metales pesados en seres humanos y peces, respectivamente. A la empresa, en cambio, el ministro le cree a ojos cerrados, y sobre esta creencia acerca de una experiencia que no conoce, basa su afirmación de que hoy la explotación de hidrocarburos es limpia no sólo en el Corrientes, sino en todo el país. Pero su respuesta es también sorprendente porque de haber ido, él no habría podido comprobar nada, no sólo porque no es especialista en la materia, sino porque las visitas de ministros son protocolares y terminan con una sonrisa, un par de chistes y un trago. Lo que el caso requería era un equipo especializado del Ministerio del Ambiente (MINAM) que comprobara el cumplimiento de la reinyección y por supuesto el avance de la remediación, nombre que se le da a la limpieza de las pozas donde se han depositado residuos de crudo y lodo de perforación.

Por lo tanto, en esta oportunidad el gobierno no ha comprobado si la empresa ha cumplido cabalmente su compromiso y sólo se basa en lo que la empresa dice. Es verdad que también los indígenas dicen que la empresa ha cumplido en un cien por ciento con la reinyección de las aguas de formación. Pero esto no es suficiente porque ellos no son técnicos en la materia, y así como para denunciar la contaminación tuvieron que basarse en análisis y supervisiones realizadas por terceros, así también el Estado, en cumplimiento de su fin supremo que es defender los derechos de sus ciudadanos (Constitución, Art. 1º), está en la obligación de constatar la veracidad de las afirmaciones de la empresa. En el momento actual, cuando la desconfianza es la principal característica de las relaciones entre las partes, un trabajo así debe hacerse además con participación de los indígenas y los equipos técnicos de su confianza, y de la propia Pluspetrol.

Pero sobre el tema hay más que decir. Una cuestión sobre la que ya he escrito antes, pero que vale la pena repetirla ahora, es que si en el Corrientes se reinyectan las aguas de formación a partir del año 2007 es por la decidida actitud de los achuares que denunciaron la contaminación y, al no ser escuchados, tomaron instalaciones de la empresa arriesgando sus propias vidas, ya que hasta el último momento el gobierno manejó la posibilidad de una intervención violenta para recobrar el control de la situación. La reinyección entonces no ha sido ni una concesión de la empresa ni resultado de una toma de conciencia del Estado sobre la gravedad de la contaminación. Por otro lado, la reinyección se realiza exclusivamente en la cuenca del Corrientes y no está prevista para otras cuencas donde se produce petróleo desde antes de 2006, año en que el Estado, tratando de paliar los reclamos de los achuares, aprobó el “Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos” (D.S. 015-2006-EM), que indica: “La exigencia de la disposición final del Agua de Producción mediante el sistema de reinyección operará para los Yacimientos que a la fecha de expedición del presente Reglamento no se encuentran en producción, salvo que en los respectivos instrumentos de gestión ambiental se haya considerado la disposición del Agua de Producción mediante la reinyección, en cuyo caso operará esto último” (quinta disposición final).

Con esto quiero decir que el ministro Brack no está dando el crédito de la reinyección a quien corresponde, como debería ser. Más aun, el hecho de que los achuares hayan logrado que se reinyecten aguas de formación de pozos que estaban en producción desde antes de la aprobación del citado reglamento, ha sentado un precedente para que se proceda de igual manera en otras donde se explota petróleo. Y esto es bueno para todo el país.

Otro asunto sobre el que quiero llamar la atención es que el acta de Dorissa (la que firmaron FECONACO -la organización achuar del Corrientes-, Pluspetrol y el Estado) limita su aplicación a los lotes 1AB y 8, pero no dice nada acerca del lote 8X, que se ubica nada menos que dentro de la Reserva Nacional Pacaya Samiria, que, como todas las áreas naturales protegidas, constituyen propiedad pública. Allí, las aguas de formación se siguen vertiendo a ríos, quebradas y cochas. En dicha reserva no existen achuares que protesten, lo que demuestra que si no hay presión externa, el Estado no tiene intención alguna de exigir otra de sus responsabilidades constitucionales. Tampoco el mismo Ministerio del Ambiente la tiene, aun cuando entre sus objetivos esté el de: “Prevenir la degradación del ambiente y de los recursos naturales, y revertir los procesos negativos que les afecten” y dentro de su estructura se encuentre el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, cuya principal función es “Conducir el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SINANPE)”.

Pero si ya esto es alarmante, lo que viene es aún peor. A raíz de los sucesos de Bagua, dos periodistas de Economía de El Comercio, Luis Felipe Gamarra y Luis Davelouis, hicieron para Día.1 un informe sobre el modelo de desarrollo que debía tener la selva peruana, para lo cual entrevistaron a varios expertos de diversas tendencias y profesiones, quienes coincidían en la necesidad de potenciar la producción de productos que fueran más allá de la mera extracción de materias primas, así como la artículación de negocios que respeten la forma de vida de las comunidades y su entorno ambiental, lo que en algunos casos incluye la participación de los nativos dentro de los negocios - incluso en las utilidades -.

Sin embargo, los dos únicos consultados en contra de esta visión eran dos hombres cercanos al gobierno. Veamos lo reportado:

Sin embargo, para el antropólogo Juan Ossio —que ha asesorado a los presidentes Toledo y García en temas amazónicos— “la única manera de desarrollar la selva es con grandes inversiones privadas porque el Estado no tiene los recursos”. Para él, no solo es inevitable sino deseable: “dejar la selva como está, es dejar a los nativos en manos de los taladores ilegales, el narcotráfico y los colonos. La única manera de protegerlos es teniendo el control”.

A pesar de que es difícil que un representante del Gobierno admita la tesis de Ossio, Iván Hidalgo, presidente del programa Juntos, que administra los principales programas sociales del Estado, le da la razón: “para sacar de la pobreza a las zonas rurales de la selva se necesita que entren a operar más transnacionales, para que a través de sus programas de responsabilidad social se generen oportunidades laborales”. Le preguntamos a Hidalgo si no había otra alternativa. Hidalgo contestó: “hay demasiada pobreza, el país está en vías de desarrollo, necesitamos energía para seguir creciendo. No existe otra posibilidad. Lo demás es utopía”.

Para una respuesta a esta visión cerrada, recomiendo leer a Frederica Barclay y Augusto Álvarez Rodrich. Las consecuencias de la misma, traducidas finalmente en corrupción y desconfianza hacia la inversión privada, son uno de los más tristes legados del gobierno de Alan García. Y es que la búsqueda de un modelo de desarrollo que compatibilice el crecimiento económico con el respeto ambiental y la preocupación por el ser humano sigue siendo una de nuestras tareas pendientes.

A veces olvidamos que la economía debe estar al servicio del ser humano. Ello no se logrará a través de estatismos o de ofertas de “socialismo del siglo XXI” sino repensando, sobre todo, la forma en como la política ve a la economía.

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