Ecos del discurso de Pastor ante el CERD, en Ginebra

Escribe Mar Pérez, desde Ginebra, en la reunión del CERD

Como era de esperar, la presentación de la delegación peruana ante el Comité para la Erradicación de la Discriminación Racial (CERD) en la sede de la ONU en Ginebra fue eminentemente política y no entró a analizar el fondo de las cuestiones planteadas. Lo que no era de esperar es que el gobierno enviara una delegación de alto nivel, presidida por el ministro de justicia, Aurelio Pastor. Este gesto y la puntual remisión del informe requerido por el Comité, tras varios años de incumplimientos consecutivos, evidencian un interés estatal que debemos valorar.


Pero más allá de estos gestos de buena voluntad, las exposiciones del ministro Pastor y sus acompañantes se redujeron a una enumeración superficial de normas que supuestamente supondrían un avance en la materia. El ministro tuvo la intrepidez de mencionar el Plan Nacional de Derechos Humanos, abandonado y olvidado por este gobierno, como una de las políticas implementadas por el estado contra el racismo. Otro gran avance mencionado por la delegación fueron los reglamentos de participación ciudadana en materia de minería e hidrocarburos, mencionando sosteniendo que serían suficientes para garantizar la participación de los pueblos indígenas en materia de actividades extractivas, según lo establecido en el convenio 169, y que “incluso está prevista la entrega de los resúmenes ejecutivos de los estudios de impacto ambiental a las comunidades”. Claro, lo que el estado no le ha contado al CERD es que los indígenas pueden dar su opinión, pero no existe ninguna obligación de respetarla. O que este gobierno ha reducido notablemente los plazos para la aprobación de los estudios de impacto ambiental, y por lo tanto la posibilidad de que incluso un especialista en el tema pueda dar una opinión.

Por otra parte, Pastor criticó a quienes cuestionan el desarrollo de actividades extractivas en el Perú, señalando que estas constituyen la principal fuente de financiamiento para los servicios públicos que brinda el estado como la educación y la salud. Por supuesto, no mencionó que el boom minero de los últimos años no ha venido aparejado de un crecimiento proporcional del presupuesto educativo, y que este es uno de los más bajos de la región.

Claramente, el fantasma del Baguazo se cernía sobre la delegación del gobierno peruano. Pastor repitió ante el CERD el discurso oficial que ya hemos escuchado hasta la saciedad, despertando un murmullo entre la gran cantidad de observadores de la sociedad civil: que los indígenas protestaron porque estaban desinformados y fueron manipulados por grupos con ambiciones políticas y por un sector de la Iglesia. Que los policías acudieron a la Curva del Diablo solo con escudos y lanzagases, pertrechos que son los habitualmente usados para reprimir manifestaciones en el Perú. Como si no hubiéramos visto todos los casquillos de bala del tamaño de un dedo pulgar regados en la Curva del Diablo. O como si no fueran más de treinta los muertos que ha generado la actuación policial en nuestro país en diversas intervenciones desde el año 2006. Despertando las sonrisas irónicas de los representantes de la sociedad civil, Pastor llegó a demandar al CERD que ideara un mecanismo de reparación para la imagen del estado, la que se habría visto seriamente perjudicada por las denuncias sobre lo sucedido el 5 de junio pasado.

Parece que esta línea argumental no convenció mucho a los integrantes del CERD, ya que su relator concluyó la reunión diciendo que, pese a la “hábil oratoria forense” de Aurelio Pastor, aún quedaban varias cosas por aclarar:

• La participación de los pueblos indígenas en el manejo del agua
• El papel de la Defensoría del Pueblo en la lucha contra la discriminación racial
• Las acciones que está desplegando el estado para combatir el racismo estructural
• El concepto de desarrollo propugnado por el estado, y el riesgo de que genere políticas asimilacionistas.
• La disminución del número de hablantes de lenguas indígenas.
• La discriminación hacia los mestizos
• La posición del estado en torno a la creación de una comisión para la investigación de los hechos de Bagua.
• Las medidas previstas frente a la discriminación en la administración pública.
• Los mecanismos de participación de los pueblos indígenas y afrodescendientes en las decisiones sobre el modelo de desarrollo del país, y los mecanismos para que estos grupos se beneficien también de este desarrollo.
• Las medidas estatales en relación a los incidentes de incitación al odio racial en los medios
• La falta de invocación de la Convención contra el racismo en las decisiones de los tribunales peruanos.

Esperaremos con interés las repuestas que el estado se ha comprometido a mandar por escrito sobre estos asuntos, así como las recomendaciones finales del CERD. De ahí la pelota estará en la cancha de la sociedad civil, que deberá monitorear su efectiva implementación.

* Mar Pérez asiste a la reunión del CERD como representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), parte de la sociedad civil peruana.