La LEY y La SELVA: Recordando el contenido de los decretos derogados

Revista IDEELE

Los pueblos indígenas deben ser agentes de su desarrollo
Margarita Benavides, Antropóloga - Instituto del Bién Común

Es preciso analizar los decretos legislativos cuestionados por los pueblos indígenas amazónicos en el marco de la política de desarrollo del Gobierno, que considera a la gran empresa como el principal agente de progreso y al indígena como un “obstáculo” (véase “El síndrome del perro del hortelano”, en El Comercio, Lima, 28 de octubre del 2007).


Los decretos legislativos mencionados están orientados a acelerar el mercado de tierras y recursos, buscando su concentración en manos de grandes inversionistas nacionales o extranjeros. Para lograrlo, el Gobierno no ha escatimado en contravenir el Convenio 169 de la OIT, tratado de derechos humanos y de pueblos indígenas suscrito por el Perú. Los decretos legislativos 1064 y 1090 han sido recientemente derogados, pero el 1089 aún no, y también preocupa. Todos ellos vulneran el derecho a la consulta que contempla el Convenio 169, ya que afectan a los pueblos indígenas.

Además, el 1064 disminuye la protección sobre los territorios indígenas, pasando por alto su condición de imprescriptibles al permitir que en las comunidades se pueda declarar tierras como “abandonadas”, reconocer derechos a terceros con posesión antes del 2004, y aplicar la servidumbre, incluso para actividades extractivas, sin contemplar un acuerdo previo. El 1090 permite el cambio de uso de tierras de aptitud forestal a aptitud agrícola si se declara el proyecto de “interés nacional”. Este término no ha sido claramente definido, de modo que se puede considerar como tales a extensas plantaciones a costa de la deforestación. Esto preocupa más cuando el Ministerio del Ambiente, en cuyas manos está la potestad de este cambio de uso, “garantiza” proteger 55 millones de hectáreas de bosques cuando en realidad son 67 millones. Más aun: dentro de estos 55 millones de hectáreas solo reconoce 11 millones como territorios indígenas, cuando en realidad son más de 21 millones de hectáreas: 13,3 ya demarcadas (1.232 comunidades y 5 reservas territoriales para indígenas aislados) y 8 por demarcar (entre comunidades por titular, comunidades por ampliar y reservas territoriales por crear).

Recordemos que el Convenio 169 dice: “Deberá reconocerse a los pueblos [indígenas] interesados el derecho de propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan”, y no solo a las que han sido legalizadas. El decreto legislativo 1089, sobre formalización y titulación, considera a los territorios indígenas como predios rurales, con lo que ignora que deben considerárseles en el marco del Convenio 169.

La política económica que promueve el Gobierno no es nueva para los pueblos indígenas amazónicos. Lo que ha cambiado en los últimos años es que estos pueblos están más organizados, son más conscientes de sus derechos y rechazan que se los trate discriminatoria y racistamente. A esto se ha sumado la intensidad que ha cobrado en los últimos años el avasallamiento sobre sus territorios. Para dar solo unos ejemplos: concesiones mineras han sido otorgadas en la Cordillera del Cóndor, donde nacen los ríos que recorren las comunidades awajun del Cenepa y el Estado había ofrecido crear un parque nacional; las empresas petroleras están por doquier anunciando que tienen contratos con el Estado que les permiten entrar en las comunidades y las áreas donde habitan los indígenas aislados. A esto se suma que las más de 277 comunidades pendientes de demarcar tienen sus procesos entrampados desde hace años; que existen comunidades que han tenido que rechazar a funcionarios de COFOPRI que intentaron parcelar sus territorios comunales; que comunidades como Puerto Azul, que reclama su ampliación desde 1991, haya sufrido la superposición de cuatro concesiones forestales sobre el área reclamada; que las seis solicitudes de reservas territoriales para indígenas en aislamiento han sido “mecidas” por diferentes instituciones del Estado y ahora están a la merced de la inoperatividad del INDEPA, mientras que los indígenas no contactados son cada vez más acosados por agentes externos.

Los pueblos indígenas “comen” de sus territorios y probablemente también “dejen comer”, siempre y cuando sean consultados, respetados y beneficiados, y sus territorios y medios de vida no sean contaminados. El reto para este Gobierno, como para cualquier otro, es considerar a los pueblos indígenas como sujetos de derecho y agentes de su propio desarrollo.