Representantes de CAOI, CONACAMI, AIDESEP y ORAU solicitaron al Relator de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, una Misión Oficial al Perú para constatar las graves violaciones a los Derechos Humanos a los Pueblos Indígenas por parte del Estado Peruano.
La situación que viven las Comunidades en la Amazonía y la zona Andina a causa de las Industrias extractivas, particularmente petroleras, mineras y forestales; Imposiciones legislativas que atentan contra los Derechos Colectivos Indígenas; Políticas de represión, criminalización y judicialización de la protesta social Indígena, son algunos de los antecedentes que han dado a conocer al Relator.
A su vez, las organizaciones han iniciado diversos procedimientos de denuncia ante los distintos mecanismos de protección de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
“Las organizaciones indígenas que suscriben, representativas en la promoción, exigencia y defensa de los Derechos de los diversos Pueblos Indígenas en los territorios del Perú, vienen ante Ud. en su calidad de Relator especial sobre Derechos Humanos y libertades fundamentales de los Pueblos Indígenas, para solicitarle e invitarle de manera urgente, atendiendo los mecanismos de prevención y protección, a realizar una Misión Oficial para constatar la situación de los Derechos Humanos que enfrentamos los Indígenas en este País”, señala en una misiva urgente, Miguel Palacin, dirigente de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI); Robert Guimaraes, Vicepresidente Nacional de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP); Daysi Zapata, Presidenta de la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU); Mario Palacios, Presidente de la Coordinadora Nacional de de Comunidades afectadas por la Minería (CONACAMI), entre otros.
“La situación que vivimos los Pueblos Indígenas en todo el Perú es grave y escandalosa, por las políticas de Estado y las disposiciones normativas que violan gravemente los Derechos Indígenas consagrados en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por Perú; y el Convenio de la OIT N° 169, Tratado internacional de rango Constitucional, como asimismo, los diferentes pactos y tratados internacionales en general, relativos a los Derechos Humanos”, señalan las organizaciones.
A continuación, presentaron un informe completo sobre los hechos que ocurren en el Perú actualmente, tanto en la sierra andina como en la Amazonía, donde se plantearon, entre otros temas: Nuevas reformas legales que vulneran nuestros derechos colectivos fundamentales como pueblos indígenas; Atentado a la Soberanía Alimentaria de los Pueblos Indígenas; Militarización de los Territorios; Conflictos territoriales causados por las Industrias extractivas en la Amazonía Indígena del Perú; Conflictos territoriales causados por las Industrias extractivas en los Andes del Perú; Represión, criminalización, Judicialización y persecución Política a los Pueblos Indígenas en el Perú, entre otros temas.
La acción solicita entre otras medidas a las diferentes instancias de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: Recolectar información y comunicaciones relativas a violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas; Formular urgentes recomendaciones sobre medidas para prevenir y solventar estas violaciones; y trabajar en coordinación con otros procedimientos especiales y órganos de derechos humanos ante la urgencia y alarma que enfrentan, según señalan.
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