(Diario La Primera, 11 de julio de 2009).- Aprodeh y Defensoría del Pueblo evalúan lista. Gobierno se aferra a cifra de 34 muertos.
Este diario tuvo acceso ayer a una información que indicaba que el caso de la desaparición del nativo Nelvin Wasum Kasem no es el único y que existen por los menos 16 nativos que están en calidad desaparecidos, a pesar de que el gobierno se aferra a la versión de que sólo hubo 34 muertos como saldo de los hechos trágicos en Bagua y que el premier Yehude Simon insistió en negar ayer que haya desaparecidos basándose en un informe parcial de la Defensoría del Pueblo que ni siquiera esta institución acredita como la última palabra.
El asesor legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), Juan José Quispe, confirmó que su organización está verificando la desaparición forzada de una lista de nombres, cuya cifra se excusó de no precisar, que en un primer momento sumaban 61, pero que en su mayoría fueron descartados de esa condición, pues estaban detenidos por la Policía o retornaron a sus comunidades de donde salieron para participar en las protestas en la Curva del Diablo en la carretera Fernando Belaunde Terry en Bagua Chica.
“Hay personas que tienen todavía la condición de desaparecidas. De una lista de 61 personas se han ido reduciendo tras corroborarse que unos estaban detenidos y otros habían regresado a sus comunidades de origen”, comentó.
Señaló que ha pedido a la Defensoría del Pueblo que confirme también, por su parte, la desaparición de estas personas que “en nuestra lista están como desaparecidas”.
Quispe se excusó de precisar el número exacto de los desaparecidos porque Aprodeh espera dar a conocer la cifra oficial tan pronto solicite a las organizaciones del Estado que informen sobre el paradero de los no ubicados, pues todavía faltan cumplir con algunos puntos que demanda el protocolo para estos casos.
No hay
LA PRIMERA habló sobre este caso con Gisela Vignolo, defensora adjunta para Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, quien no confirmó ni negó las desapariciones. Dijo que su despacho está haciendo las averiguaciones respectivas.
“La Defensoría continuará verificando denuncias sobre personas ‘no ubicadas’. Nuestro trabajo no ha terminado aún. Lo que dimos a conocer el 2 de julio es el reporte de las acciones humanitarias realizadas entre el 5 y el 30 de junio sobre los hechos ocurridos en las provincias de Utcubamba y Bagua”, subrayó.
Comisiones itinerantes de la Defensoría verificaron que 200 personas resultaron heridas y 83 detenidas. Además constataron que en 39 comunidades nativas ubicadas en Imaza (Bagua), El Cenepa, Nieva y Río Santiago (Condorcanqui), 1,244 personas retornaron a sus tierras de origen.
Wasum
Sobre la desaparición de Wasum, quien apareció fotografiado en un diario de Bagua cuando era detenido por la policía y desde entonces no es ubicado, informó que la próxima semana solicitará información sobre su paradero a la dependencia policial de Bagua y que Aprodeh busca contacto con Lewis Wasum, hijo del desaparecido y denunciante de la grave situación.
Rechazan órdenes de detención de nativos
Aprodeh expresó ayer su rechazo a las órdenes de detención que el Poder Judicial ha emitido contra dirigentes indígenas acusándolos de los delitos contra la tranquilidad pública y apología de sedición y motín, sin tener prueba alguna.
“El último lunes la justicia ordenó la captura de cuatro dirigentes de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), lo que demuestra ante la opinión pública internacional que el gobierno peruano orienta su política de represión a la población indígena en una evidente criminalización de la protesta social”, señaló Aprodeh en un comunicado. El miércoles el gobierno de Nicaragua concedió asilo político a los hermanos Servando y Saúl Peña, dos de los dirigentes con orden de captura y que buscaron refugio el lunes en embajada de la nación centroamericana.
Además, Aprodeh señaló que el caso del líder indígena Alberto Pizango, también asilado en Nicaragua, es un claro ejemplo de presiones políticas, como confirmó el propio presidente de la Corte Suprema, Javier Villa Stein. Del mismo modo ocurrió con el dirigente awajún Santiago Manuin, acusado del asesinato de nueve policías en la Estación Nº 6 de Petroperú, pese a que se encontraba en Chiclayo, inconsciente y gravemente herido por varios impactos de bala cuando este crimen se produjo.
Continúen búsqueda de Bazán
La defensora del Pueblo, Beatriz Merino, y el secretario ejecutivo de la Coordinadora de Derechos Humanos, Ronald Gamarra, exigieron ayer al gobierno no cesar la búsqueda del mayor PNP Felipe Bazán Soles, quien también está desaparecido desde el pasado 5 de junio.
“Le hemos escrito una carta a la ministra Mercedes Cabanillas en la que le pedimos que la Policía no detenga la búsqueda del cuerpo del mayor Bazán y que se agoten todas las posibilidades de ubicar el cadáver”, si hubiera muerto, indicó Gamarra.
Por su parte, Merino anotó que la creación de una comisión de la verdad que investigue los sucesos ocurridos en Bagua, es una decisión que compete exclusivamente al Ejecutivo.
Marco Cáceres
Redacción
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